En línea con informaciones y comentarios que hemos ido dando en el tiempo, adjunto interesante columna que ahonda en el drama que tenemos con Chile con el sistema de AFPs:
Javier Gonzalez / Investigador doctoral de la Universidad de Cambridge
Blog de La Tercera
Pensiones (I): $190.503
Seamos honestos, nuestro sistema de seguridad social basado fundamentalmente en un sistema privado obligatorio de capitalización individual constituye una rareza en el mundo. Una “innovación” que según el Banco Mundial (2013) compartimos sólo con un pequeño grupo de países (en general no muy desarrollados), tales como Kosovo, Malawi, Maldivas, Nigeria y República Dominicana. Por cierto existen otros países que también ocupan sistemas de capitalización individual, pero en esos casos, dichos sistemas sólo juegan un rol complementario. La mayoría de los países del planeta canaliza su seguridad social a través de sistemas de reparto únicos o mixtos, basados en principios de solidaridad social.
Seamos éticos. A 33 años del inicio del experimento, debemos reconocer que nuestro sistema previsional no cumple con los convenios internacionales de la OIT, tampoco con principios básicos de solidaridad social, ni con los estándares mínimos necesarios para otorgar una vejez digna a nuestros adultos mayores. ¿O acaso se puede justificar que un país que aspira a ser desarrollado y que es considerado desde el 2013 por el Banco Mundial como un país de ingresos “altos” entregue pensiones promedio de $190.503 mensuales[1]?
Las razones técnicas que explican las bajas pensiones del sistema son diversas: bajos sueldos, baja densidad de cotizaciones, mayor expectativas de vida, entre otras. Sin embargo, poco sirven de consuelo para quienes sufren (hoy!) el costo de una política pública que se diseñó pensando en un país que no existe. Duele decirlo, pero es cierto: al final de cuentas, las explicaciones entregadas por los expertos comúnmente terminan apuntando a que lo que tenemos es un sistema previsional que no se ajusta a la realidad de nuestro precario mercado laboral y la real capacidad de ahorro de los chilenos. En otras palabras, sólo funciona en el mundo de los supuestos y modelos de mis colegas economistas, donde los trabajadores poseen empleos formales, estables y con remuneraciones adecuadas que les permiten ahorrar lo suficiente para la vejez. Pero la realidad es otra: la inestabilidad, informalidad y precariedad laboral abundan. Las lagunas previsionales son la norma. De hecho, la propia Comisión Marcel convocada durante el primer gobierno de Bachelet concluyó que “una parte importante de los trabajadores del país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema y el rendimiento de sus aportes no ha sido suficientemente alto para subsanar esta situación. Por ello, de seguir las cosas como están, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones”.
Si bien las reformas del 2008 significaron un avance, los problemas de fondo están lejos de estar resueltos: las pensiones que reciben nuestros ancianos son indignas.
Aun así, algunos defienden el régimen actual. Guillermo Arthur Errázuriz, actual presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyos socios plenos incluyen principalmente a AFPs de Bolivia, Bulgaria, Curacao, El Salvador, Kazajstán y Ucrania, afirmaba hace un tiempo que “las AFPs han administrado los recursos de los trabajadores de una manera extraordinariamente eficiente…”. Y es verda; de hecho, nadie duda de la “eficiencia” de las AFPs. Entre 2004 y 2011, la rentabilidad promedio anual sobre el patrimonio propio de estas instituciones fue 22%, algo muy por encima de lo que rentaron los fondos de pensión de los trabajadores en ese mismo período. ¿A quién está beneficiando este sistema? Usted dirá. No se requiere ser un economista radical para preguntarse si los incentivos están bien puestos. De hecho, sólo en 2011, mientras los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad negativa, las AFPs obtuvieron una utilidad de US$ 400 millones. Mientras tanto, el Estado chileno debe cubrir 7 de cada 10 pesos del gasto total anual que realiza el país para pagar las pensiones. Con este nivel de subsidios, pareciera paradójicamente que el sistema de capitalización se encuentra quebrado y que su función dentro del sistema previsional no corresponde a lo esperado. Es más, pareciera que nos encontramos ante un especie de sistema de reparto “velado”.
Por eso más allá de las utilidades de una u otra AFP, lo importante es centrar la mirada en el tipo de sistema que tenemos y el nivel de pensiones que es capaz de generar. Es inadecuado justificar la existencia del actual sistema sobre la base de su capacidad para aumentar los fondos nacionales disponibles para la inversión y el crecimiento económico. Si bien este es un punto importante (qué duda cabe), no debiera ser ésta la función central del sistema previsional, ni tampoco debiera constituir su principal criterio de evaluación.
Una evaluación desapasionada de los datos muestra que la cruda realidad dista bastante del discurso de quienes defienden el actual sistema. Aquí no existen recetas mágicas, por lo que es crucial que la Comisión Bravo analice los principios que guían nuestro sistema y los resultados que arroja. ¿Se requiere volver a un sistema de reparto? No necesariamente, aunque tampoco se debe vetar esa posibilidad a priori. Seguramente una combinación inteligente de ambos mecanismos sea lo más adecuado. Lo importante es buscar un diseño que equilibre adecuadamente principios de sustentabilidad fiscal, solidaridad social, y suficiencia y dignidad de las pensiones, combinación que no se está logrando en la actualidad.
En mi próxima columna discutiré algunos mitos que sostienen al actual sistema, pero por ahora sólo quisiera dejar un dato en la cabeza del lector paciente: mientras en 1981 se proyectó una tasa de reemplazo (valor de la pensión como porcentaje de la remuneración antes de jubilar) del 70%, el último informe sobre pensiones de la OCDE (2013) muestra que la tasa de reemplazo neta para los chilenos es 51,8% y para las chilenas 41,6%. Esto no sólo está por debajo de las proyecciones iniciales, sino que también de la tasa de reemplazo promedio de 65% observada en los países de la OCDE.
Los chilenos y chilenas merecemos un mejor sistema. No se necesitan utopías, sólo seriedad para admitir que el caso chileno, tal como funciona hoy, es un invento exótico fracasado, cuyos costos los paga mayoritariamente el Estado y por supuesto los adultos mayores de nuestro país.
1.-Superintendencia de Pensiones. Monto promedio pensiones de vejez edad pagadas al 31 de agosto de 2014 (Ficha Estadística Previsional, octubre 2014).
+Sobre el autor
Investigador Doctoral de la Universidad de Cambridge y Profesor de Desigualdad Social en el Centro de Estudios Latinoamericanos de esa misma universidad. Además, es Presidente de la Cambridge Society for Social and Economic Development e Investigador Asociado al Centre for New Development Thinking de la Universidad de Chile. Es Ingeniero Comercial, Magister en Economía de la UC y Magister en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Cambridge. Ha sido Asesor de Políticas Educativas e Innovación en el Ministerio de Hacienda, Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para la Formación de Capital Humano Avanzado, Director de Estudios de CONICYT, Investigador en el Ministerio de Educación y Consultor de la UNESCO y el Banco Mundial. Le interesan los temas ligados al desarrollo económico y social de los países, con un especial énfasis en la justicia social. Está comprometido con la búsqueda de una nueva forma de entender el vinculo entre la economía, política y sociedad.
enlaceEn un 3-2-1, saldrá Manolo dando sus "ejemplos".................
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