Así es, de acuerdo con Loneagle.
.Andrés Eduardo González escribió:Helboy escribió:Si pero ese mal es de hace muchos y muchísimos años en Bogota, tema Huecos incluso cuando estudie en la capital 1998 y eso es en todo el país son demandas de responsabilidad civil extracontractual del Estado, pero miremos a es men le han hecho de todo para bajarlo de la alcaldía, tan es así que se la ha pasado casi todo su mandato defendiéndose legalmente, mire no nos digamos mentiras cuando se había visto tal celeridad de la Procuraduira y la Contraloria en iniciar procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal a un alcalde en ejercicio de sus funciones, eso sucedía por lo general al final de mandato, no a este men todos los días le sacan algo, que los utilies, que la maquina tapa huecos esto y aquello, de manera imparcial se ve como un na especie de ataque sistemático.
O el mismo día salir campantemente en público y decir que no iba a invertir ni un centavo en infraestructura para la ciudad, ni una vía más, ni un puente más. A ver, ¿a quién carajos se le ocurre salir con semejante perla?. Las obras que se están ejecutando en la ciudad son obras que ya vienen aprobadas desde la época de Lucho Garzón (deprimido de la 94) y otras como la de la rotonda de la calle 6a con Av. 30 son incluso de la época de Mockus (Plan de Expansión de TransMilenio). Petro, de su propia idea, no ha hecho nada por la infraestructura de la ciudad, bueno, lo de la máquina tapahuecos, pero le tocaba porque el descuido vial ya estaba llegando a topes insospechados...
Loneagle escribió:'Justicia transicional para todos', pide César Gaviria
Llama a 'blindar' a la Fuerza Pública para que no ocurra lo vivido en otros países de A. Latina.
'Algunos de los debates que se han dado en el Senado de la República sobre el proceso la paz me han llevado a concluir que el proceso está generando la idea de ser uno recortado e insuficiente, muy a pesar de que estoy seguro que esa no es la intención del Gobierno ni de la Comisión Negociadora.
El debate de Iván Cepeda mostró el indeseable nivel de polarización al que hemos llegado, pero también señaló algunos nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la paz. Tanto Claudia López como Antonio Navarro fueron explícitos en mencionar la necesidad de un perdón mutuo de los sectores que han estado en conflicto y la necesidad de moderar el lenguaje y atemperar el clima de confrontación. La paz se dificulta en medio de un lenguaje tan agresivo y polarizante. Estoy seguro de que ellos piensan en justicia transicional, y no en un simple perdón como el que se aplicó después de la guerra de los Mil Días, o el que se adoptó para poner fin al llamado ‘periodo de la violencia’, o la decisión asumida por la sociedad para el proceso que se dio con el M-19, a lo largo del siglo XX, para no hablar del indulto automático que se ha otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares que se han desmovilizado en los últimos gobiernos. Fueron varios miles los que se beneficiaron de este mecanismo tanto en el gobierno del presidente Uribe, en sus dos períodos, como en el gobierno del presidente Santos. Y esto se ha estado haciendo en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma, sin que nadie haya acusado a nuestros gobernantes y autoridades militares por actuar de esa manera. Creo, por lo tanto, que muchos coincidimos con las afirmaciones del Fiscal General que ha estado hablando de justicia transicional para todos los partícipes del conflicto.
Como está planteado, el proceso de paz da la impresión de que este puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra, que solo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las Farc con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años. (Lea: El derecho no puede ser un obstáculo para la paz: Corte Suprema)
Cuentas pendientes
Comienzo por señalar que hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la Fuerza Pública tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Sería altamente inconveniente que, después de que la Ley de Justicia y Paz omitiera darles a estas personas una consideración especial, incurramos de nuevo en tal omisión. Eso dejaría por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho más rigurosas que las que se aplican a los jefes paramilitares. Si a los jefes paramilitares, esos sí, sin duda, incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas. A mi juicio se ha ignorado el principio de igualdad que debe regir en nuestra justicia según lo manda la Constitución de 1991. (Lea también: Santos afirma que militares tendrán seguridad jurídica en posconflicto)
También se corre un altísimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación.
Tener en las décadas siguientes a nuestro sistema judicial cargado con todos estos procesos impediría que nuestra justicia se concentrara en las nuevas organizaciones criminales y en la investigación de los delitos que hoy se cometen, perpetuando una impunidad ajena a los propósitos colectivos de nuestra sociedad. No será posible tener una justicia penal pronta y cumplida si ella tiene que cargar con centenares de miles de procesos surgidos de las acciones violentas de la guerra a la que tratamos de poner fin.
Para los miembros de la Fuerza Pública esto implicaría que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia. Sería vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y muchos de los oficiales de la Fuerza Pública que defendieron nuestro orden jurídico, aun los que cometieron excesos, vayan a la cárcel. Esa es una perspectiva inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos.
Uso legítimo de la fuerza Ya el presidente Santos ha dicho que las Fuerzas Armadas también van a tener acceso a otra forma de justicia transicional, pero falta por definir cómo se va a dar ese proceso que, de seguro, amerita características diferentes a las que tiene el que se adelanta con la guerrilla. Nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales. También se oye que en Colombia muchos oficiales, sin procesos pendientes, tienen más temores por denuncias temerarias en el futuro que los que sí tienen casos abiertos, y ello es tremendamente perturbador para el trámite del proceso. Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor.
Lo que hemos tenido en Colombia no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos, que muchas se han sancionado de manera ejemplar, como debe ser, por nuestros organismos de justicia, en particular por los jueces, las salas penales de nuestros tribunales y la Corte Suprema de Justicia, y por iniciativa de la Fiscalía General.
Debemos dejar claro que las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la hora de aplicar la justicia transicional, deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión. La teoría de los máximos responsables de que habla el Marco Jurídico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la Fuerza Pública. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras Fuerzas Armadas.
Es muy importante que en el establecimiento de estos procesos de justicia transicional participen y decidan el Gobierno, el Congreso y todos los ciudadanos por la vía refrendatoria. Como es importante, también, escuchar a las autoridades judiciales y a las cabezas de organismos de control para facilitar su consistencia y la cabal ejecución de las políticas criminales, fruto de esta decisión política colectiva.
Todas las medidas de justicia transicional que se vayan a aplicar de manera diferencial a los distintos actores, protagonistas del conflicto, deben ir en un mismo artículo, en una ley que autorice un referéndum para que tengan no solo rango constitucional, lo cual es altamente conveniente, sino la legitimidad política que ellas requieren. La ley de referendo solo debe tener el control de constitucionalidad que manda la Carta. Nada de choque de trenes ni de interpretaciones disímiles por parte de las distintas autoridades con funciones judiciales. Solo así podremos verdaderamente pasar la hoja de este conflicto que por cinco décadas ha desangrado la nación colombiana.
La decisión fundamental que debemos tomar los colombianos es si le vamos a poner o no fin al conflicto armado. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata entonces es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores.
Como es de todos conocido, este es el primer proceso de paz que se da bajo las nuevas reglas que han significado la creación de la Corte Penal Internacional y la necesidad de castigar los delitos de lesa humanidad. Me preocupa, sin embargo, que, de buena fe o con la intención de dañar el proceso, muchos traten de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra o en cada denuncia aún no investigada ni probada, y así no haya normas expresas que así los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional.
Decisión política
La paz que estamos buscando afanosamente los colombianos es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz. El respaldo internacional unánime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse así. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la Comunidad Internacional, puede esperar que surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la guerra fría. Si aludiendo al derecho penal internacional se pretende impedir que nuestra justicia transicional consolide una paz estable y duradera en Colombia, lejos de proteger a las víctimas y a los ciudadanos, se estarían perpetuando las condiciones de la violencia en perjuicio de sus derechos, y minaría gravemente la de los ciudadanos colombianos que tienen derecho a vivir en paz.
Esta idea de justicia transicional para todos se podría entender como la decisión política que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación, en aras de reconocer el daño causado a los civiles que han sido víctimas del conflicto armado.
Espero que los escépticos y opositores al proceso de paz tomen estas reflexiones con desprevención y serenidad. Ellas no van dirigidas a generar nuevas tensiones sino, por el contrario, a hallar puntos de encuentro y coincidencias. Parto de la base de que ningún ciudadano se está oponiendo al proceso de paz con razones mezquinas o antipatrióticas.
He discutido estos temas con algunos dirigentes, políticos, miembros de los organismos de control y con los responsables del proceso. La responsabilidad de estas opiniones son exclusivamente mías y en nada comprometen al Gobierno Nacional.
No quiero menoscabar mi decidido apoyo al proceso que el Presidente adelanta con las Farc y a la sabiduría y buen juicio con los que ha conducido el proceso hasta el momento. Lo que expreso aquí son opiniones y no propuestas. El proceso de paz debe tener la guía del Presidente de la República y él sabrá llevarlo a buen termino. No pretendo ser contradictor ni ofrecer un camino alternativo, y concluiré la tarea que me impuse expresando públicamente estas ideas y reflexiones.
CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO
Justamente en el momento en que publico comienzan a hablar en el debate de la Hbana de Caracol sobre la justicia transicional y que esta cobije a las Fuerzas Militares.
Como ya lo he mencionado en otros posteos y en otros temas es muy acertado que se discuta este tema y que nuestros militares no queden a merced de una guerra juridica en una etapa del postconflicto entonces lo llamo (a los Colombianos) a unirse al golpe de opinion...
en definitiva para usted Petro no hizo nada
camilo1ats escribió:en definitiva para usted Petro no hizo nada
No no hizo nada, supérelo Helboy, ha sido un pésimo Alcalde por donde lo mire. Seguridad pésima, movilidad pésima, aseo pérsimo, vías pésimas, infraestructura pésima, construyó tres colegios y dos jardines y es un éxito?.
Convencerlo a Usted es arar en el mar, pero créame si hubiera sido un buen alcalde harían falta más que tres líneas para demostrar lo contrario...
Oiga si es amigo de Petro dígale que la cultura ciudadana comienza en casa, que vaya y pague sus cuotas de administración, y que nadie en su conjunto lo quiere más de vecino.
Saludos,
Loneagle escribió:Ojo que cuando yo hablo de la justicia transicional lo hago en pro de los militares porque fueron ellos acotres activos del conflicto y si las farc van a tener beneficios juridicos y procesales en un eventual postconflicto entonces los miembros de las fuerzas armadas con mayor razon.
Ahi no incluyo ni a los politicos, ni a los empresarios...
Helboy escribió:Loneagle escribió:Ojo que cuando yo hablo de la justicia transicional lo hago en pro de los militares porque fueron ellos acotres activos del conflicto y si las farc van a tener beneficios juridicos y procesales en un eventual postconflicto entonces los miembros de las fuerzas armadas con mayor razon.
Ahi no incluyo ni a los politicos, ni a los empresarios...
Si pero usted cree que los políticos se quedaran mani-cruzados, ellos también pedirán ni que decir de los empresarios y alegaran que fueron presionados por las armas a cooperar y hacer alianzas y armarse.
Helboy escribió:El hombre no fue tan malo, dejo sus cositas buenas
Bogotá se volvió Venezuela
Bogotá es un verdadero desastre. Sus calles con huecos, la sensación de inseguridad en la que se vive, los grafitis en las calles y los trancones la hacen un lugar muy difícil para vivir.
Por: Luis Carlos Vélez
El problema es que criticarla se ha convertido en un pecado y por lo tanto el debate para encontrar soluciones está sepultado.
Su actual alcalde, Gustavo Petro, ha logrado dividir el discurso de tal manera que aquel que se atreve a hacer una observación sobre la capital se convierte en enemigo automático de su ideología y por lo tanto blanco de ataques de aquellos que se sienten protegidos y beneficiados por una Bogotá Humana insostenible e ineficiente.
Bogotá es una realidad y merece gerentes, no ideólogos. Las ideologías y teorías son perfectas para la academia y la plaza pública, pero enemigas de la gerencia, el liderazgo y la ejecución.
Hablar de este modelo de gobierno inevitablemente nos lleva a Venezuela, donde los discursos populistas y la ejecución de planes para atraer votos de las masas abundan y perpetúan la ineficiencia del siglo XXI en el poder. Hugo Chávez y sus seguidores institucionalizaron iniciativas que solucionaron problemas de corto plazo pero que en el mediano carecen de sostenibilidad financiera.
Como en Venezuela, en Bogotá los problemas son engendrados por la oposición, los medios corruptos o la oligarquía. No hay evaluación interior sobre la falta de ejecución, promesas incumplidas y malas prácticas.
Según esta administración, en la capital no hay metro no por que se haya incumplido la principal promesa electoral, si no por que el Estado no dio la plata para construirlo. En este mundo bogotano no hay inseguridad sino una percepción negativa infundada por los medios y los enemigos del alcalde. En la ciudad hay huecos y basura porque el modelo empresarial es equivocado y no porque no se carezca de una buena ejecución y planeación de mantenimiento de la malla vial. En este universo, los problemas no son de la Alcaldía sino de sus enemigos, tal y como en Venezuela no hay escasez sino una guerra económica de la oligarquía y los gringos.
Las elecciones para un nuevo alcalde de Bogotá ya vienen. Los bogotanos tenemos que ponernos las pilas para hacer una nueva elección y salir de esta espiral de destrucción que nos ha venido acompañando desde hace ya tres administraciones. La capital debe mirarse en el espejo de Venezuela y darse cuenta de que hemos caído en un escenario similar en donde se ha creado una guerra de clases para esconder una verdadera ausencia administrativa y gerencial. El doctor Petro se montó en la Alcaldía para hacer trampolín presidencial anteponiendo sus objetivos personales a los de todos los bogotanos y por eso su nombre se sumó a los de los últimos dos burgomaestres que destruyeron la capital.
Nuevamente llegó el momento para elegir el nuevo rumbo de la ciudad, una que ya no tiene muchas más oportunidades para evitar caer en este cada vez más certero camino hacia la venezolanización del país, que ya comenzó por Bogotá.
Luis Carlos Vélez | Elespectador.com
http://www.elespectador.com/opinion/bogota-se-volvio-venezuela-columna-542870
Rafael Pardo hace unas reflexiones interesantes sobre Bogotá...Porque veo que la ciudad está viviendo una falta de gerencia y de ejecución. Bogotá se ha retrasado en comparación con otras ciudades; perdió el orgullo y lo que ha sido siempre, es decir, un modelo para el país. Esta ciudad tiene un espíritu bajo, está deprimida y creo que eso no es proporcional con lo que es Bogotá: la ciudad más importante del país
Recuperar la confianza de los ciudadanos en su ciudad y en la Administración. Eso se ha perdido. Cuando arrancó la gigantesca corrupción del gobierno de Samuel Moreno, la gente, por ejemplo, dejó de pagar un porcentaje de más en sus impuestos, como ocurría durante la alcaldía de Antanas Mockus. Se ha perdido la confianza por la falta de ejecución de las obras y se perdió la confianza en instrumentos muy importantes, como la valorización. La gente paga lo que ve, y aquí no está viendo.
A su juicio, ¿Petro ha sido un buen o un mal alcalde?
En unas cosas ha sido malo; en otras, inexistente; en otras, bueno y en otras, exagerado.
[/quocesar cardenas escribió:Helboy escribió:El hombre no fue tan malo, dejo sus cositas buenas
Estimado, esto que dices no me deja indiferente. Me preocupas en serio viejo, de veras, te dejo esto para apelar a tu sentido de patria:
Bogotá se volvió Venezuela
Bogotá es un verdadero desastre. Sus calles con huecos, la sensación de inseguridad en la que se vive, los grafitis en las calles y los trancones la hacen un lugar muy difícil para vivir.
Por: Luis Carlos Vélez
El problema es que criticarla se ha convertido en un pecado y por lo tanto el debate para encontrar soluciones está sepultado.
Su actual alcalde, Gustavo Petro, ha logrado dividir el discurso de tal manera que aquel que se atreve a hacer una observación sobre la capital se convierte en enemigo automático de su ideología y por lo tanto blanco de ataques de aquellos que se sienten protegidos y beneficiados por una Bogotá Humana insostenible e ineficiente.
Bogotá es una realidad y merece gerentes, no ideólogos. Las ideologías y teorías son perfectas para la academia y la plaza pública, pero enemigas de la gerencia, el liderazgo y la ejecución.
Hablar de este modelo de gobierno inevitablemente nos lleva a Venezuela, donde los discursos populistas y la ejecución de planes para atraer votos de las masas abundan y perpetúan la ineficiencia del siglo XXI en el poder. Hugo Chávez y sus seguidores institucionalizaron iniciativas que solucionaron problemas de corto plazo pero que en el mediano carecen de sostenibilidad financiera.
Como en Venezuela, en Bogotá los problemas son engendrados por la oposición, los medios corruptos o la oligarquía. No hay evaluación interior sobre la falta de ejecución, promesas incumplidas y malas prácticas.
Según esta administración, en la capital no hay metro no por que se haya incumplido la principal promesa electoral, si no por que el Estado no dio la plata para construirlo. En este mundo bogotano no hay inseguridad sino una percepción negativa infundada por los medios y los enemigos del alcalde. En la ciudad hay huecos y basura porque el modelo empresarial es equivocado y no porque no se carezca de una buena ejecución y planeación de mantenimiento de la malla vial. En este universo, los problemas no son de la Alcaldía sino de sus enemigos, tal y como en Venezuela no hay escasez sino una guerra económica de la oligarquía y los gringos.
Las elecciones para un nuevo alcalde de Bogotá ya vienen. Los bogotanos tenemos que ponernos las pilas para hacer una nueva elección y salir de esta espiral de destrucción que nos ha venido acompañando desde hace ya tres administraciones. La capital debe mirarse en el espejo de Venezuela y darse cuenta de que hemos caído en un escenario similar en donde se ha creado una guerra de clases para esconder una verdadera ausencia administrativa y gerencial. El doctor Petro se montó en la Alcaldía para hacer trampolín presidencial anteponiendo sus objetivos personales a los de todos los bogotanos y por eso su nombre se sumó a los de los últimos dos burgomaestres que destruyeron la capital.
Nuevamente llegó el momento para elegir el nuevo rumbo de la ciudad, una que ya no tiene muchas más oportunidades para evitar caer en este cada vez más certero camino hacia la venezolanización del país, que ya comenzó por Bogotá.
Luis Carlos Vélez | Elespectador.com
http://www.elespectador.com/opinion/bogota-se-volvio-venezuela-columna-542870
ALEXANDERMAGNO escribió:DIOS nos libre de estos personajes siniestro otra vez en la alcaldía de nuestra ciudad ¡.
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