Volviendo al tema que
como chilenos nos interesa y que es de primerísima actualidad, dada la reforma educacional en curso, adjunto enlace y comentarios pertinentes, de un reciente estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile (CIAE), de los investigadores Cristian Bellei y Carolina Trivelli, titulado:
“Apoyo público a escuelas privadas. Casos nacionales y lecciones para Chile”. Acá se enalizan los casos de las escuelas privadas de Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Suecia, Inglaterra y Canadá y dado lo que se ha debatido, adjunto los comentarios acerca de Holanda:
Holanda
Contexto
El sistema holandés es reconocido como el sistema educacional de libre elección escolar más consolidado, pues data de inicios del siglo XX. Se estructura desde una amplia participación de escuelas privadas financiadas por el estado, las cuales educan a la amplia mayoría de la población. Aquello es fruto de un acuerdo social que puso fin a los fuertes conflictos religiosos-políticos en torno a la educación, estableciendo el derecho de los diferentes grupos religiosos –en un inicio fundamentalmente católicos y protestantes, aunque actualmente otros credos y filosofías educacionales también participan- a gestionar sus escuelas y recibir apoyo financiero del estado, y así garantizar la libre elección por parte de las familias. Por lo tanto, las garantías de libertad para crear escuelas, libertad para organizar la enseñanza y de libertad para determinar los fundamentos en los cuales ella se basa (religiosos, filosóficos, educacionales) son el principio rector del sistema educacional holandés.
Por cierto, a cambio de esta libertad y del financiamiento público que la sostiene, las escuelas privadas quedan sujetas a amplias regulaciones públicas, que incluyen ciertos requerimientos educacionales, de currículum y de la distribución del tiempo entre materias, evaluaciones nacionales, control de gastos y cumplir con ciertas condiciones laborales de los profesores. En la práctica, las escuelas privadas financiadas por el estado son consideradas parte del sistema público de educación, lo que incluye estar sujetas a regulaciones de la autoridad nacional y local. La tendencia es a diluir las diferencias entre ambos sectores.
En principio, las escuelas deben ser gratuitas para las familias. La libertad de enseñanza y elección escolar provocan que el sistema escolar reproduzca las dinámicas de mercado escolar, el cual tiende a reflejar las diferencias sociales y culturales de la sociedad. Es decir, las escuelas compiten por las preferencias de los padres, fundamentalmente basándose en su prestigio académico; de hecho, se estima que la mayoría de quienes asisten a escuelas religiosas no profesan la religión de la escuela. Mientras Holanda fue un país relativamente igualitario aquello no fue un problema. Sin embargo, en las últimas dos décadas el sistema holandés ha tendido a segregarse socialmente, asociado entre otros factores, a la inmigración y a la creciente presencia de población musulmana. Estos grupos sociales más desaventajados y/o minoritarios, se han visto crecientemente afectados por las tendencias inequitativas presentes del sistema holandés de educación. Por su parte, a nivel secundario el sistema es fuertemente estratificado en función del desempeño previo de los alumnos y de su elección de la modalidad educacional, lo cual también presiona hacia una mayor segmentación educacional.
Aspectos específicos
Las organizaciones privadas –muchas de ellas, grupos de padres de una comunidad local- pueden postular para abrir una nueva escuela, y las autoridades locales incluso pueden financiar los costos de iniciar las operaciones, mientras que las autoridades municipales proveen la infraestructura. Sin embargo, las escuelas deben satisfacer un tamaño mínimo para aspirar al financiamiento público para evitar la ineficiencia de una sobreoferta escolar. Además, los gastos e inversiones en infraestructura escolar son realizados directamente por la autoridad pública local; pero cualquier apoyo público es condicional a una planificación local de la oferta, que toma en consideración la densidad poblacional de la zona y la oferta disponible, planificación que debe repetirse cada tres años. Sólo si una escuela demuestra que tendrá la demanda mínima requerida, se le financia. De esta forma las autoridades públicas locales regulan fuertemente la oferta escolar disponible en el territorio. Además las autoridades locales implementan políticas de racionalización del gasto y el transporte de los alumnos, así como programas compensatorios que apoyen a grupos en desventaja educacional.
El sistema de financiamiento es equitativo para las escuelas públicas y privadas: el estado no hace distinciones. Las escuelas privadas que reciben recursos del estado deben ser administradas por un consejo escolar, y la naturaleza de sus propietarios debe ser estrictamente una entidad sin fines de lucro (el sector de escuelas privadas de elite y sin apoyo del estado es muy minoritario). En la práctica, es el gobierno quien paga la mayor cantidad de gastos de la escuela, incluyendo los costos básicos de su funcionamiento. El monto del financiamiento se calcula considerando el personal docente necesario y la cantidad de alumnos, esto ponderado por la composición social y étnica de la escuela, para así compensar a aquellas que recibirán a poblaciones en riesgo o más desaventajadas. Los salarios de los docentes son determinados por una escala de sueldos regulada públicamente y pagados directamente por la autoridad local.
La mayor regulación financiera se refiere a los gastos en profesores, considerando los períodos de enseñanza, la calificación de los docentes y su perfeccionamiento, entre otros factores. Las escuelas son autónomas en seleccionar y despedir al personal docente, pero están sujetas a las regulaciones especiales que rigen a los profesores. En definitiva, existe un estatuto laboral docente que es obligatorio para las escuelas que reciben recursos del estado. En la práctica su aplicación es similar en escuelas públicas y privadas, aunque los docentes de escuelas privadas no tienen el estatus de funcionarios públicos. Adicionalmente, existen instancias de negociación laboral entre las organizaciones sindicales docentes y las autoridades tanto a nivel nacional, como sectorial y local. Debido a que los docentes constituyen por lejos el mayor costo de operación de la escuela, el mayor peso de la gestión financiera de las escuelas privadas es responsabilidad de la autoridad pública. De hecho, a partir de 1995 se produjo un proceso de centralización de la gestión de recursos humanos (no sólo de docentes, sino de personal de apoyo en las escuelas), de forma que no es cada escuela la que contrata, sino la autoridad local, de forma que es más fácil transferir personal de una escuela a otra, ya que permanece sujeta al mismo empleador y no requiere procesos de despido/contrato adicionales.
Las familias pueden elegir libremente la escuela para sus hijos, sin restricciones por área de residencia. Los padres deben, eso sí, suscribir al ideario del proyecto educativo del colegio al que aspiran a matricular a sus hijos. Aunque las escuelas son en principio gratuitas, se les permite muy reguladamente solicitar contribuciones financieras adicionales a los padres: éstas deben ser voluntarias y en ningún caso a un alumno se le puede negar la matrícula o expulsar por no pago. Además, estos recursos no pueden gastarse en aspectos del funcionamiento de la escuela que la hagan depender de estos ingresos adicionales; por ejemplo, sí se pueden gastar en ciertos materiales didácticos, en transporte escolar o celebraciones.
Las escuelas tienen autonomía para decidir sobre cuestiones pedagógicas, pero el estado impone un conjunto de estándares de calidad, que incluye las materias y objetivos de la enseñanza, metas, sistemas nacionales de evaluación de los alumnos, los períodos de enseñanza para las diferentes materias en un año escolar, el tamaño de los cursos, reglas especiales de admisión de alumnos, entre otros. Las escuelas también están obligadas a ciertas planificaciones y reportes sobre su funcionamiento a la autoridad y a la comunidad. El sistema público de inspección visita las escuelas e incluso observa clases, y produce un reporte que puede implicar identificar a la escuela como de baja calidad (de acuerdo a criterios comunes) y ser sujeta a acciones de intervención por la autoridad pública. Las escuelas también son evaluadas en cuanto al desempeño académico de sus alumnos mediante pruebas nacionales en el último grado escolar, pudiendo llegar a ser identificadas como de baja calidad (según criterios relativos, considerando la composición de sus alumnos). Estos reportes de proceso y resultados son públicos. Con todo, rara vez las escuelas han perdido el financiamiento público por razones de desempeño; en la práctica, la razón principal para esta medida ha sido no lograr mantener el mínimo requerido de alumnos.
También se imponen a las escuelas ciertas reglas que promueven la participación de los padres y alumnos en decisiones escolares, de planificaciones y control. De hecho, la participación comunitaria en el gobierno escolar es fuertemente promovida; en efecto, los consejos escolares que administran las escuelas –incluyendo las privadas- típicamente incluyen miembros representativos de la comunidad local, padres y representantes de la iglesia local.
En definitiva, si bien el sistema holandés se basa en la libertad de enseñanza y provisión por escuelas privadas, dado que la inversión en infraestructura, el pago de los docentes y la inspección y asesoría técnica a las escuelas son responsabilidad de autoridades públicas, en la práctica las mayores atribuciones de gestión financiera y administrativa del sistema permanecen en la administración pública, especialmente de nivel local.
Y acá pueden leer este estudio completo y bajarlo en PDF:
Apoyo público a escuelas privadas. Casos nacionales y lecciones para Chile - junio 2014Acá los curriculum de los investigadores:
Cristian Bellei: Sociólogo de la Universidad de Chile, Máster en Política Educacional de la Universidad de Harvard y Doctor en Educación de la Universidad de Harvard.
Carolina Trivelli: Socióloga, Universidad Alberto Hurtado
Al igual que con todas las otras fuentes que he posteado (reitero, primerísimo nivel y credibilidad en Chile), quien piense que un informe contratado por un organismo internacional (publicado hace 1 mes), como el BID, a la más prestigiosa universidad del país (o la 2a, según sea el ranking visto), como la Universidad de Chile, realizado en medio de una reforma estructural en nuestro país de tanta trascendencia, va a tener información "falsa" a ojos de algunos "eruditos expertos en todo", bueno.....................no hay mucho más qué agregar..............si no que solo encontrarle toda la razón a Ortega y Gasset.
saludos
Falcon V8