El Mercurio.-Poco antes de las 21 horas de ayer, el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, hizo llegar a Francisco Vidal el informe de todo el personal contratado en el Ejército, ex miembros de los organismos de seguridad del régimen militar, condenados o procesados por delitos contra los DD.HH.
A esa hora, el ministro de Defensa ya había recibido documentos similares de la Armada y la Fuerza Aérea: en total,
14 uniformados en retiro con causas pendientes (13 en el Ejército y uno en la Armada), más un condenado en la rama castrense.Este último, dijo ayer Vidal, corresponde al
coronel (r) Pedro Teyssedre Cartagena, quien fue condenado en 2008 como autor del secuestro del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido en 1975. Según agregó el ministro, Teyssedre -quien hasta ayer ocupaba un cargo administrativo en el centro de salud que el Ejército tiene en Iquique- será desvinculado.
En el caso de la Armada,
es un oficial (r) procesado por el secuestro y desaparición del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward. Sin embargo, Vidal explicó que el uniformado en retiro trabaja en una empresa contratada por la institución naval.
Los informes recibidos por Vidal -quien hoy encargará indagaciones similares a Carabineros e Investigaciones- habían sido pedidos a primera hora de ayer. Esto, tras una denuncia publicada el domingo en "La Nación", acerca de varios ex agentes de la Dina, algunos de ellos procesados, que fueron recontratados a honorarios en cargos administrativos por el Ejército.
La información había gatillado un complejo cuadro para el Ejecutivo: inmediatas críticas de la agrupación de familiares de DD.DD. y dirigentes dirigentes oficialistas.
Posición del GobiernoAsí, ayer en la mañana, Vidal debió dar una primera versión oficial. Junto con señalar que había pedido informes a las Fuerzas Armadas, indicó que
el Gobierno, "para estos efectos, se mueve bajo principios, y el principio es el de presunción de inocencia". La misma tesis había planteado el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo:
"Hay un cierto número de personas procesadas, pero no han sido condenadas".Sin embargo, Vidal agregó luego un nuevo elemento: que
conocía "hace un mes" este tema.Según fuentes de esa cartera,
tres semanas atrás el ministro visitó un par de instalaciones castrenses. En una de ellas reconoció a un ex agente, y en la otra, el propio involucrado se acercó para saludarlo, dándole su nombre completo.Tras estos episodios,
Vidal pidió explicaciones a Izurieta y al jefe del Estado Mayor del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. La respuesta: ninguno de ellos estaba procesado e, incluso, uno había dejado la institución por razones ajenas a causas de DD.HH.Así,
al ver la información publicada el domingo, Vidal telefoneó nuevamente al comandante en jefe de la institución castrense.Los dichos de Vidal gatillaron fuertes reclamos desde la Concertación. Así, a las 11.30 de ayer, en la tradicional reunión de comité político en La Moneda, los presidentes de la Concertación plantearon una fuerte queja.
"Me permito disentir (...) ¿O acaso están en condiciones de poner las manos al fuego por estas personas?", dijo el presidente del PS, Camilo Escalona.En La Moneda dicen que, hasta el domingo, no manejaban antecedentes del tema. Y desde Defensa ratifican que el caso había sido manejado sólo al interior de la cartera.
Por la tarde, mientras la bancada de diputados PS anunciaba que pediría una comisión investigadora, el jefe de la bancada de senadores socialistas, Jaime Naranjo, reiteraba la queja en una reunión en Palacio con el ministro Viera-Gallo.
"Parece que Vidal sufre del síndrome de Estocolmo (...) Si sabía hace un mes, estamos hablando de complicidad", agregó el parlamentario.En paralelo, la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citó para las 18.30 horas de hoy a Vidal e Izurieta. En el Ejército dicen que sólo tras esta reunión el general hablará públicamente del tema, pues ayer -pese a peticiones en ese sentido- rehusó hacerlo.
Con todo, a las 09.30 horas de hoy, tanto el ministro como el comandante en jefe estará juntos en una actividad en calle Zenteno, en el edificio de las Fuerzas Armadas.
FRANCISCO VIDAL, MINISTRO DE DEFENSA:"El principio de presunción de inocencia está ganado desde la Revolución Francesa, y no funciona cuando me conviene o no me conviene".
CAMILO ESCALONA, PRESIDENTE DEL PS:"Me permito disentir (...) ¿O acaso están en condiciones de poner las manos al fuego por estas personas".
El caso en que la ministra Bachelet pidió la salida de Krassnoff"Hemos manifestado la no conveniencia de la permanencia de personas que estuvieran involucradas en este tipo de juicios y procesos". Con esas palabras, pronunciadas a mediados de abril de 2002, la entonces ministra Michelle Bachelet rechazó la permanencia en el Ejército de los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe Orellana, ambos implicados en causas de DD.HH. y recontratados por el Ejército tras su retiro para cumplir diversas labores.
Pese a que había sido procesado en tres casos, Krassnoff Marchenko ocupaba el cargo de gerente del Hotel Militar de Oficiales, mientras que Lepe Orellana se desempeñaba como asesor del Comando de Industria Militar.
La desvinculación de los oficiales en retiro fue cursada por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
