Expreso.El principal encausado fue dado de baja y actualmente está detenido.
En setiembre de 2004, una operación combinada entre la Policía Anticorrupción y personal de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú puso al descubierto una red de traficantes de piezas, repuestos y equipo logístico de aviones Mirages, Tucanos y helicópteros de guerra sustraídos de los hangares y almacenes de la FAP.
Se trataba nada menos que de una mafia dirigida por el suboficial FAP (r) Segundo Sergio Reyes Moya, dado de baja en octubre de 1997 por medidas disciplinarias a quien se intervino junto al millón de dólares en piezas sustraídas, pero que a pesar de ello continuó trabajando en dicha institución como mecánico de helicópteros.
Casi cinco años después, el Poder Judicial decidió abrir un juicio oral contra este personaje junto a miembros del Ejército en actividad como el Tco 2da EP Luis Gregorio Castro Hidalgo, incluidos también en el proceso que acaba de iniciar la Segunda Sala Penal Especializada en delitos de corrupción.
“Videíto” manda
Según el expediente obtenido por EXPRESO, los hechos que se le atribuyen a los procesados es integrar una red delictiva dedicada a la comercialización ilícita de repuestos de aeronaves, insumos, accesorios de aviones y helicópteros de combate.
Para ello realizaban “contactos” con diferentes personas dedicadas a la adquisición ilícita de repuestos, accesorios e insumos nuevos o usados de aeronaves nacionales y extranjeras que llegaban a los hangares de mantenimiento (Seman FAP) y de los almacenes del Servicio de Abastecimiento (Sebat FAP), así como para los almacenes aéreos Nº 03 y Nº 08.
Para sustentar lo anterior el Ministerio Público tiene como prueba principal diversos videos de vigilancia hechos a los procesados con los que se logró determinar que Reyes Moya se reunía con Aurelio Vásquez Pariona, Eduardo Santana Machego (fuera del proceso por prescripción de delito), Gregorio Castro Hidalgo en el inmueble ubicado en la dirección Paseo de la República Nº 1539, Balconcillo, La Victoria a fin de almacenar lo sustraído.
Piezas de MACCHI
En las distintas intervenciones, realizadas tanto en La Victoria como en el Jr. Zepita 538 (Lima) y Los Misioneros 614 (Callao) se les halló PCR PE (Pegamento de uso aeronáutico), además de placas originales y placas en blanco, etiquetas, stickers y certificados en blanco (pasaportes), los cuáles –en el caso de ser productos originales– van adheridos en piezas de aeronaves nuevas.
Además, se encontraron facturas y guías que correspondían a las empresas AMB COR SAC y a representaciones LEYVAS ASOCIADOS SAC, las que se encuentran vinculadas a Reyes Moya.
Sin embargo, las investigaciones, y según consta en las actas de registro domiciliario e incautación realizada por la Policía Judicial, entre los repuestos, accesorios y piezas incautadas por un valor de US$. 1.000.000.00 (un millón de dólares americanos) se encontraron diversos lotes para helicópteros y aviones de combate MACCHI, que habían sido adquiridos por el Estado peruano representado por el Ministerio de Defensa.
Helicópteros del VRAE}
No obstante, los agentes policiales se dieron con una sorpresa aún mayor. Según consta en el expediente el técnico FAP Aurelio Vásquez Pariona (procesado en su momento y actualmente fuera del proceso por prescripción de delito) manifestó que Reyes Moya vendía los repuestos a Pascual Ráez Rojas.
Raez Rojas es un oficial de la Marina en situación de retiro quien por entonces era representante de la empresa “Fénix Support" e "International Gulf Stream”, que era proveedor de la Aviación Naval, Aviación del Ejército y Aviación de la Policía Nacional del Perú.
Por boca del mismo Ráez se confirmó que Reyes Moya traía repuestos usados para su reparación y pintado a fin de poder venderlos como nuevos a las diversas instituciones armadas.
El testimonio de Ráez fue corroborado con otro video en el que se aprecia a Vásquez Pariona y Reyes Moya, trasladando un equipo de sistema eléctrico del Helicóptero MI-8 hacia la empresa de Ráez.
Delitos al descubierto
Por todo lo anterior la Segunda Sala Penal Especializada en delitos de Corrupción, presidida por Jorge Egoavil Abad, e integrada por José De Vinatea Vara Cadillo y Norma Farfán Osorio, acaba de llevar a juicio oral a Segundo Reyes Moya, quien desde el 2004 se encuentra con mandato de detención.
A él se le imputa ser autor del delito contra el patrimonio-receptación, así como coautor del delito contra el patrocinio-estafa en agravio del Estado. Además está acusado de ser coautor del delito contra la Seguridad Pública-Atentado contra los Medios de Transporte Colectivo o Comunicación, en agravio del Estado-Fuerza Aérea del Perú.
Por ello el Ministerio Público solicitó seis años de prisión, noventa días multa y el pago de una reparación civil de S/. 50 mil a favor del Estado.
Junto a él siguen procesados Roberto Yesquén Fiestas, por los delitos de receptación, coautor de estafa y coautor de atentado contra los medios de comunicación y trasporte, para quien se ha pedido cinco años de pena privativa de libertad, noventa días multa y S/. 30 mil como reparación civil a favor del Estado.
Para Pascual Ráez Rojas se ha pedido también cinco años y S/. 10 mil nuevos soles como reparación civil por estar acusado de receptación y estafa. Mientras que la misma pena y reparación civil se pidió para Luis Castro Hidalgo por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de atentado contra el transporte colectivo.
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