La Paz, (JORNADA/Agencias) jueves 17, junio 2010
APG Con la celebración ayer de un seminario, intitulado "Reforma Institucional 2010-2025", el Ejército boliviano aspira a profundizar en cambios profundos en sus estructuras y estrategias.
El taller de Reforma Institucional, que se realizó de forma paralela en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, consideró que Bolivia está en periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que afectan a todo el que hacer nacional.
De acuerdo con el Comandante de las Fuerzas Armadas, General Ramiro de La Fuente, la institución castrense no se quedará enclava en el pasado y asumirá el desafió de acompañar el proceso de cambio del Estado.
"Las instituciones que no cambian corren el riesgo de quedarse enclavadas en el pasado, condiciones arcaicas y retrógradas, constituyéndose en una pesada carga para el Estado de la que son parte", advirtió.
A su juicio, las estructuras, las organizaciones y doctrinas militares, deben adaptarse a las transformaciones, para acompañar al Estado para "lograr el objetivo nacional".
Para el Comandante en Jefe de las FFAA, la reforma institucional del Ejército es una temática muy importante, porque sobre la base de las conclusiones y sumado otras propuestas de la Armada y la Fuerza Aérea Boliviana se encarará las reformas en la institución castrense.
"A partir del intercambio de criterios entre los expositores y participantes del taller de Reforma Institucional, se podrá disponer de conceptos y decisiones y consensuarlas, por parte de los actores que influyen en la vida institucional del Ejército", remarcó.
De La Fuente advirtió que si la entidad castrense no quiere "encasillarse en el papel de observadoras periféricas de la situación nacional, tiene que modificar su organización y estructura".
A partir de la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, con activa participación de los militares, el Presidente Evo Morales llamó al Ejército a desempeñar un papel social en beneficio de todos los bolivianos.
Actualmente, los uniformados participan, entre otras, en políticas públicas como la distribución de ayuda económica mediante bonos a sectores desprotegidos históricamente, como ancianos, escolares y mujeres embarazadas.
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