Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos

Otros temas latinoamericanos, militares y civiles, no incluídos en los demás foros.
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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

Los tratados de libre comercio del país
Colombia mira hacia el mundo


Los productos nacionales más exportados durante la última década son los minero-energéticos, los cuales no necesitan TLC.

En los corredores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, afianzar las alianzas comerciales en el exterior es el tema de moda. Es que este gobierno no sólo tiene la tarea de concretar las negociaciones de tratados de libre comercio que se iniciaron en administraciones pasadas, sino insertar a Colombia en nuevos nichos de mercado que le permitan incrementar sus exportaciones de valor agregado y encontrar un socio estratégico en la región Asia-Pacífico.

Precisamente Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, reconoce que “Colombia es uno de los países menos exportadores del continente, con poca diversificación y con una concentración de productos en varios mercados”.

A pesar de que el país ha trabajado fuertemente desde 2002 para impulsar las relaciones comerciales con el mundo, la multiplicación de los destinos de las exportaciones avanza a paso lento. Hasta ahora, las ventas en el exterior han aumentado en sectores que generan poco empleo, como el minero-energético, y disminuyen en aquellas industrias que necesitan un TLC para obtener mejores condiciones de entrada, como las manufacturas y la agricultura.

Por ejemplo, el rubro minero-energético, que representaba en el año 2000 el 45% de las exportaciones totales, en 2010 concentró el 64% de las ventas externas del país.

Las compras desde el exterior de los productos agrícolas disminuyeron en 2010 a US$4.193 millones en comparación con 2009, año en el que estaban cerca a los US$5.000 millones. Una caída que se presentó a pesar de que en el ámbito mundial se viene dando una escalada en los precios de los alimentos.

En lo relacionado con el sector industrial, se registraron ventas cercanas a US$14.000 millones en 2009, mientras que el año pasado cayeron a US$10.300 millones. Según Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, la disminución en los volúmenes se debió a que “casi el 75% de facturaciones colombianas a Venezuela han sido industriales. Esto es una de la razones por las cuales Colombia necesita tener más tratados de libre comercio, para no depender de un mercado administrado como es el del vecino país”.

Aunque se anunció el Acuerdo de Complementación Económica con Venezuela, pues el 21 de abril de este año vencen los compromisos de la zona de libre comercio que tiene este país con la CAN —del cual se retiró en 2006—, los empresarios colombianos, en busca de una solución, han optado por reemplazar ese mercado por el ecuatoriano, pues el sistema de transporte es también vía terrestre y la demanda comercial es parecida a la venezolana. Con Ecuador se pasó de exportar US$1.257 millones en 2009 a US$1.824 en 2010, en cambio con los venezolanos pasamos de venderles US$4.049 millones (2009) a US$1.422 millones.

Al respecto, Díaz-Granados puntualizó: “Nuestro interés es seguir con el comercio que ya habíamos estructurado con Venezuela. Por lo pronto, el Gobierno continuará ayudando directamente a las ensambladoras nacionales con sus planes de expansión. Celebramos que Renault, Chevrolet y Mazda hayan anunciado su interés de producir y exportar modelos en Colombia usando los tratados comerciales, con lo cual queda demostrado que éstos sí son importantes para el país y que sí tenemos suficiente base industrial exportable. Con México iniciaremos ventas a partir del año entrante y probablemente lo haremos en los próximos años con Brasil y Argentina”.

Tal vez por eso el Gobierno y empresarios enfatizan en la búsqueda de mercados en los que estos renglones de la economía encuentren nichos. Tal es el caso de Corea del Sur —tratado que se encuentra en negociación— por ser un gran importador de alimentos y uno de los cinco países que paga los más altos precios de carne en el mundo.

La apertura económica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue uno de los muchos pasos que dio la región para integrarse a la economía global. A partir de 1991, durante el gobierno de César Gaviria, el país entró en un esquema de apertura económica y los primeros resultados se dieron con la creación del Ministerio de Comercio Exterior, en cabeza del actual presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

Conforme al análisis de Pineda, es positivo tener acuerdos comerciales porque “esto manda una señal de que cada vez somos una economía más abierta en materia comercial e inversión. Los países que tienen procesos de inserción exitosa son los que negocian TLC”.

En comparación con Chile, país que ha suscrito 21 acuerdos comerciales con 58 países, entre los que están aliados estratégicos en el Asia-Pacífico, Colombia se ha rezagado de la política económica internacional, pues en la actualidad la nación cuenta con tratados de libre comercio vigentes que le permiten acceder a 12 mercados. Esto hace pensar que, de acuerdo con Pineda, “Colombia apenas comienza la tarea de concretar los TLC, lo cual hace imposible tener el dato porcentual del intercambio comercial que se produce entre el país y naciones con las que tenemos alguna preferencia comercial”.

Según las conclusiones del estudio realizado por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, “el país concluyó una década perdida en materia de diversificación de mercados y productos. Hay que prender la locomotora de los tratados de libre comercio”.

El informe también muestra que se han tenido muy pocas variaciones en relación con los tres países en los cuales se había concentrado recientemente más del 60% de las exportaciones nacionales: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. La única diferencia significativa que se observa en el período 2000-2010 es la aparición de China como segundo destino de las exportaciones nacionales y la relegación de Venezuela al quinto lugar entre los socios comerciales.

Pero si se concretan los acuerdos que están suscritos, además de los que se negocian con Corea del Sur, Panamá y Turquía, Colombia llegaría al grupo de vanguardia de América Latina en materia de diversificación de compradores, pues tendría 45 mercados y nueve acuerdos comerciales. Sin embargo, son necesarios empresarios y compañías innovadoras y competitivas, muchas de ellas en modelos asociativos, para hacerles frente a los desafíos que deben asumir a medida que el país se va internacionalizando. Con tal propósito el Gobierno ha repotenciado un programa de promoción con productos agrícolas y anunció que el 10% de los recursos provenientes de las regalías se destinarán a proyectos empresariales de innovación, ciencia y tecnología.

“No llegarán ríos de leche”

La Unión Europea (UE) es para Colombia el segundo socio comercial y, a la vez, el segundo mayor inversionista. Santiago Pardo, negociador colombiano, afirma que, a pesar de la negativa de algunos sectores del Parlamento Europeo, “tendremos un tratado comercial comprensivo y amplio que cubra los bienes, servicios e inversión, también, temas importantes como el desarrollo sostenible, basándose en que a mayor inversión, mayores estándares en los niveles labores y ambientales”. En cuanto al gremio afectado con la firma de éste, Pardo puntializó lo siguiente: “No llegarán ríos de leche o leche subsidiada a bajo costo. Es una apertura muy gradual en unas cantidades limitadas durante 20 años en el tiempo, que significa menos del 1% de la producción de leche, lo cual le dará el tiempo suficiente para que los empresarios lácteos puedan convertirse”.

Conquistar Asia-Pacífico

Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, asegura que Colombia no se cruzará de brazos a la espera del TLC con Estados Unidos y por eso adelanta negociaciones con Corea del Sur, un socio estratégico para la entrada al Asia-Pacífico. “Preferiríamos que la aprobación se diera en fecha cierta y mejor en 2011. Ahora, el TLC es necesario”. En algún momento se firmará el acuerdo con ese país, así lo considera Saúl Pineda, director del Centro de Pensamientos en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. “Hay que ver dentro de la política de alianzas globales qué papel desempeña Colombia para el país del Norte”.

El balance con la CAN

Santiago Pardo, negociador comercial de Colombia, considera que el proceso de integración con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es el más profundo que tiene el país y que para los empresarios ha sido una buena oportunidad para vender sus productos manufacturados y de valor agregado. Aunque reconoció que “no estamos en una negociación tan profunda de unidad aduanera, porque el esquema de aranceles en Colombia es distinto a los de los otros países de la CAN. No existe una libre circulación de nuestros bienes como tal”. Díaz-Granados expresó el interés que tiene el Gobierno en mantener las relaciones comerciales con esta comunidad, “pero si no se puede llegar a un consenso en el tema de unidad aduanera, trataremos de trazar nuestra propia política”.

Oportunidad de flujos de inversión

Suiza está de acuerdo con aplicar inmediatamente el tratado que firmó con Bogotá sin esperar si Noruega e Islandia lo aprueban. Díaz-Granados afirmó que “ya la Corte falló a favor del tratado, pero nos falta el texto de la sentencia”.

Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los países que conforman la Efta (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) ocupan un lugar destacado en el intercambio comercial con el mundo, tanto en bienes como en servicios, y se constituyen en uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión.

“Con Chile, las mejores relaciones”

Esto afirma Santiago Pardo, quien además asegura que este país puede servir como una puerta para llegar a Asia-Pacífico. “Con Chile, las mejores relaciones políticas, comerciales y económicas. Es una nación abierta a la economía mundial, que ha suscrito un importante número de tratados de libre comercio, con importante presencia en Asia, y Colombia lo ve como una aliado natural para seguir su inserción en la economía internacional”. Agregó que tal vez este sea el Tratado de Libre Comercio más profundo que existe entre países latinoamericanos, según él, porque cubre servicios, inversión y comercio.

Ampliación del Triángulo Centroamericano

Aunque con Guatemala el TLC entró en vigencia en 2009 y con Honduras y El Salvador en 2010, hay un destacado repunte de estos mercados para las exportaciones colombianas, que pasaron de US$306,8 millones en 2009 a US$560,8 millones en 2010, con una balanza comercial favorable para Colombia. El sector más favorecido es el de los combustibles, pero con diversificación en productos industriales (medicamentos, plásticos y productos cosméticos). En 2010 se concertó la ampliación de éste, denominado el tratado con el Triángulo Norte, en el ámbito de bienes y productos que están sujetos al orden preferencial. Santiago Pardo asegura: “Tenemos el compromiso de seguir ampliando durante este año, porque muchos bienes (sector automotor, confecciones y productos agrícolas con los que tenemos interés exportador) quedaron excluidos al principio”.

TLC con un G-8

El acuerdo recientemente ratificado por la Corte Constitucional con Canadá es el primero suscrito con una nación del G-8 (grupo de las naciones más desarrolladas del planeta: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia). Un acuerdo con el país del Norte a Colombia también le representaría dejar la dependencia con Estados Unidos.

De acuerdo con el ministro Sergio Díaz-Granados, este mercado es la oportunidad que tiene Colombia de exportar productos de valor agregado con acceso preferencial, ya que Canadá es el tercer importador per cápita del mundo.

Debido a la falta del tratado con EE.UU., los cereales canadienses ganarían más competitividad en el país, gracias a su entrada libre de arancel.


http://elespectador.com/impreso/negocio ... ra-elmundo


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

Exoneran a Juan M. Santos por ataque a campamento de 'Raúl Reyes'

El presidente, entonces ministro de Defensa, fue librado de culpa por la incursión militar en Angostura, que significó la baja de 'Raúl Reyes'.

La justicia de Ecuador exoneró este miércoles al entonces ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, por el ataque al campamento de Angostura, en Ecuador, donde estaba el guerrillero de las Farc 'Raúl Reyes', abatido en la operación.

El juez Daniel Méndez decidió exonerar a Santos por la acción militar, luego de que la Fiscalía de ese país señalara al entonces ministro de Defensa como autor “intelectual” de esa operación militar de marzo de 2008, haciendo énfasis en la violación de la soberanía de ese territorio, más no en el fin que perseguía tal acción.

En esa operación fallecieron unas 26 personas, entre ellas el guerrillero 'Raúl Reyes'; cuatro universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

El ataque colombiano en Angostura derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, situación que cambió hace poco cuando Santos, en calidad de presidente de la República, restableció relaciones diplomáticas con ese país, en cabeza de Rafael Correa.


http://elespectador.com/noticias/judici ... raul-reyes


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Mensaje por Andrés Eduardo González »

Reunión Santos - Chávez: ¿Ideología o pragmatismo?

El presidente Juan Manuel Santos se reúne este viernes en Cartagena con el mandatario venezolano. Comercio, turismo, infraestructura y proyectos sociales y energéticos dominan la agenda.

Hace poco más de tres años, Venezuela se perfilaba como un actor de peso en América Latina. 2006 y 2007 fueron quizá sus años más activos en el escenario internacional. En 2006 midió fuerzas con Estados Unidos en la ONU y después de 47 rondas de votaciones en las que disputó con Guatemala, candidato de EE.UU., el puesto rotativo del Consejo de Seguridad, en la ronda 48 se eligió a Panamá como una tercera opción ante el evidente bloqueo. En ese proceso, Venezuela hizo uso de su diplomacia petrolera como herramienta de política exterior al influir en las votaciones de aquellos países que se beneficiaban de programas como Petrocaribe.

En 2007 retó nuevamente el poder de EE. UU. al organizar una gira paralela a la del entonces presidente norteamericano George W. Bush por la región. Igualmente lo hizo con Brasil, al adelantar otra gira paralela a la del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Venezuela buscaba un puesto en la relación de fuerzas en América Latina y, con Argentina disminuida internacionalmente, México absorto en la lucha contra el narcotráfico, Brasil ávido de energía y EE. UU. enfrascado en la guerra contra el terrorismo, encontró el espacio para actuar con libertad en la región.

Pero las cosas cambiaron en 2008, con la caída de los precios internacionales del petróleo y el descubrimiento de grandes yacimientos en Brasil. La política exterior venezolana, sustentada en el recurso mineral, se fue desdibujando. La situación se agravó por el enfrentamiento con el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Venezuela pasó de ser un actor propositivo en América Latina a convertirse en un factor problemático junto a Colombia. Los proyectos de desarrollo e integración en la región se vieron bloqueados por la confrontación colombo-venezolana y las diferentes cumbres de países latinoamericanos se desgastaban tratando de solucionar la querella entre Chávez y Uribe.

Hoy, cuando el capítulo Uribe parece cerrado y la relación colombo-venezolana se sigue recomponiendo, el presidente Chávez busca recuperar el protagonismo que años atrás caracterizó a su país como un actor latinoamericano y Colombia juega un doble papel para dicho propósito. Por un lado, mantener una relación armónica con nuestro país, a pesar de las diferencias ideológicas, le representa poder priorizar la agenda internacional en temas que le signifiquen un protagonismo positivo y no negativo, como lo fue en los dos últimos años.

Y por el otro lado, recuperar la relación con Colombia en el mediano plazo le puede significar revivir el proyecto energético de Petroamérica —que pretende integrar las empresas petroleras estatales de América Latina y del Caribe para que inviertan conjuntamente en exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas natural—, bloqueado por los nuevos yacimientos de Brasil, y revitalizar la diplomacia petrolera. Colombia es fundamental para desarrollar el proyecto energético venezolano, la salida al Océano Pacífico y la posibilidad de llegar al sur con una red de oleoductos y poliductos es un imperativo.

Con el encuentro de los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, hoy en Cartagena, en el marco de una gira que adelanta el segundo por países amigos, el mensaje es claro: si la política exterior de Venezuela se sostiene sobre una serie de premisas ideológicas, no descarta el pragmatismo para la consecución de sus intereses. Y para Venezuela es más conveniente tener una buena relación con Colombia, como también lo es para Colombia. Sin embargo, el camino es largo y aún son muchos los temas pendientes en la agenda bilateral.

Antes de terminar no sobra decir que la confrontación con Colombia tuvo unos costos políticos y económicos muy altos para Venezuela, costos que no puede permitirse el presidente Chávez de cara a los comicios electorales del próximo año. Colombia es por naturaleza la despensa y el proveedor industrial de Venezuela. Importar alimentos y productos de otros países tiene un doble costo para el gobierno del vecino país, tanto en tiempo como en los precios, sin descontar que un país como Argentina, con el cual pretendía cubrir parte de sus necesidades, atraviesa una fuerte crisis productiva. Chávez, que es un estratega electoral, sabe que debe evitar el desabastecimiento porque el “pueblo” no vota igual con hambre o con el carro varado.

Libia, posturas encontradas

Durante su gira por Suramérica, el presidente venezolano Hugo Chávez calificó de “locura extrema” la intervención en Libia, autorizada por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que fue aprobada el 17 de marzo con 10 votos a favor, entre ellos el de Colombia, y cinco abstenciones. El Gobierno colombiano, en cabeza del embajador Néstor Osorio, asume a partir de hoy la presidencia rotativa del organismo, lo que implica que hasta el 1° de mayo será la representación colombiana la que deberá sortear la actual situación de crisis que se afronta en territorio libio. Ayer, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero —en representación de varios países, entre ellos Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua—, le entregó una carta al Consejo en la que pide de manera urgente “resolver el conflicto en Libia de una manera pacífica y sostenible”. Seguramente en privado los presidentes Santos y Chávez abordarán este espinoso tema.

*Politólogo, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.


http://elespectador.com/impreso/temadel ... ragmatismo


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Mensaje por And... »

KL Albrecht Achilles escribió:
Santos: Gobierno no va a permitir que la violencia se apodere de las universidades

Bogotá, 1 abr (dpa) - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insistió hoy en que las universidades públicas deben aceptar capitales privados para mejorar la calidad de sus programas, una iniciativa que en los últimos días ha sido rechazada en varios centros educativos, incluso con protestas violentas.

“La educación pública, si quiere ser competitiva y de buena calidad, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada”, dijo Santos.

Según el mandatario, el eventual ingreso del capital privado a las universidades del Estado, de los departamentos y los municipios “no puede ser entendido como una privatización ni mayores costos para los estudiantes”.

La iniciativa gubernamental se conoció hace varios días y ha originado protestas en algunas universidades, que esta semana pasaron a la violencia con enfrentamientos entre estudiantes y policías.

Los principales disturbios se han presentado en las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, así como en la de Antioquia, de Medellín. Las clases en ésta última fueron suspendidas hoy a raíz de desórdenes registrados el jueves.

El miércoles pasado ocurrió un hecho grave en la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto, cuando se presentó una explosión dentro de un salón de clases donde estudiantes supuestamente manipulaban pólvora para fabricar bombas de estruendo que pensaban usar en una protesta convocada para el jueves.

Un estudiante murió, en tanto que ocho sufrieron heridas de gravedad. Uno de los lesionados sufrió la amputación de los brazos.

“El gobierno no va a permitir que la violencia de unos pocos se apodere de las universidades. Actuaremos con toda la contundencia”, dijo Santos a raíz de esas protestas.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, también insistió en que ese proyecto se debe ejecutar porque “es necesario y conveniente para el país”.

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, expresó que los ataques de los estudiantes contra la fuerza pública pueden ser calificados de “terroristas” porque no se trata de hechos aislados y espontáneos.

“Notamos por las imágenes, por nuestra capacidad de inteligencia y de control, que había una estructura jerarquizada, de mando y control, que tiene todos los ingredientes para calificarla de terrorista”, dijo Naranjo.

“El gobierno ha tomado la decisión de avanzar en procesos de inteligencia que permitan depurar responsabilidades individuales”, agregó el oficial.

Sin embargo, el rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Osorio, dijo que aunque en su institución hay una “acción coordinada de grupos que promueven la violencia”, no dispone de información que diga que se trata de “grupos terroristas”.


http://www.noticias24.com/actualidad/no ... ersidades/

Saludos :cool:


mentiroso pinocho...... sabemos que la ley 30 implica que un estudiante se endeude para que pueda estudiar... mientras el Sr Santos pretenda con esa ley hacerse el loco con la educación que es derecho constitucional va haber violencia en las universidades y que se atenga porque vamos ha salir a las calles todos los universitarios de este País....

Para financiarles los aranceles a los empresarios que no son capaces de ser competitivos si hay plata, pero para financiar la educación publica no :roll:


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: Salgan a protestar, están en todo su derecho, pero ni se les ocurra volver mierd... las ciudades. Por eso es que la gente nunca termina apoyando las protestas o las iniciativas en contra de las del gobierno...


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Mensaje por And... »

Andrés Eduardo González escribió::cool: :cool: Salgan a protestar, están en todo su derecho, pero ni se les ocurra volver mierd... las ciudades. Por eso es que la gente nunca termina apoyando las protestas o las iniciativas en contra de las del gobierno...


siempre hay en todo lado unos cuantos revoltosos que salen a hacer lo que no se debe hacer, pero si ves son unos cuantos....


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: Pero por esos cuantos, la iniciativa real e importante se diluye...


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Mensaje por And... »

En univalle últimamente estos revoltosos han perdido fuerza de hecho la Universidad del valle ha sido de las pocas Universidades Públicas en que no ha habido revueltas violentas.

Y si toda la razón anderson, el Gobierno ha aprovechado muy bien la violencia de estos grupos para desenfocar lo central de este tema.

Lo que es imposible es que se pretenda que los estudiantes se tengan que endeudar para estudiar por más "cómodos" que sean estos créditos.


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: Caballeros, parece que lo que quiere hacer el gobierno es implantar un modelo universitario similar al que hay en Brasil y adivinen quién lo implantó....

La universidad brasileña en tiempos de Lula
Valdemar Sguissardi
Profesor Titular de la Universidade Federal de S. Carlos y Profesor Titular de la Universidade Metodista de Piracicaba
Correo e: [email protected]

Traducción del portugués: Claudio Tavares

Ya han pasado dos años del inicio del gobierno del presidente Luiz Inácio da Silva Lula. Hoy se debate abiertamente un anteproyecto de Ley de Educación Superior para enviarlo al Congreso Nacional. Es momento oportuno para formularnos las siguientes preguntas: 1) ¿Qué ha cambiado durante este periodo en cuanto a las políticas públicas federales relativas a la universidad? 2) ¿Qué medidas legales y administrativas se han instrumentado que afecten directa o indirectamente al funcionamiento del “sistema” universitario? 3) ¿Qué se ha hecho para cambiar la orientación claramente privatizadora o casi mercantil de la educación superior que ha imperado en los años anteriores?

Las respuestas a estas preguntas, para ser consistentes, deben ser precedidas por las respuestas a algunas cuestiones previas relativas a aspectos de la administración pública federal que de alguna forma condicionan las políticas de educación en general, y de la educación superior en particular. Entre las mismas se cuentan: 1) ¿Qué es lo que caracteriza al gobierno de Lula desde el punto de vista de la conducción económica o el desarrollo? 2) ¿Qué puede verse como continuidad del gobierno anterior y qué puede verse como cambio? 3) ¿Es posible afirmar que se está fortaleciendo el sector público del Estado o, al contrario, se fortalece su sector privado o mercantil? 4) ¿Cómo se presenta la acción social del gobierno?

Según los analistas políticos de varias tendencias, al contrario de la expectativa general de que con Lula habría un significativo viraje hacia la izquierda, es decir hacia las políticas heterodoxas de la economía, o antiliberales en todos los campos de la administración pública, hoy que ya han pasado dos años de gobierno el cuadro que se presenta es el de una sorprendente continuidad en lo esencial de las políticas de los ocho años del gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso, especialmente en el campo de la macroeconomía, de los compromisos con el sector financiero y en las alianzas políticas con partidos de centro y de centro derecha, en una siempre afirmada búsqueda de gobernabilidad.

Ningún gobierno anterior fue tan fiel y puntual en sus pagos de intereses de la deuda pública (interna y externa), arriba del 60 % de PIB nacional, ni fue más cauteloso y condescendiente con las políticas del FMI en cuanto al índice de superávit primario, elevándolo de un 3.75 % a un 4.25 % del PIB; y en cuanto a las altas tasas de interés fijadas por el Banco Central (actualmente de un 17.75 % anual), que con el pretexto de combatir la inflación estancan a la economía (en el año 2003 el PIB se detuvo el crecimiento, y en 2004 no superó el crecimiento mundial promedio de 5.2 %), ni fue más contrario a una parte importante de sus aliados históricos, los funcionarios públicos, al impulsar la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, condenada cuando lo proponía su antecesor, ni hizo tantas concesiones doctrinarias e ideológicas en sus alianzas con los partidos dentro de un espectro que va del centro a la derecha, ya sea en la formación del gobierno o en el debate legislativo, así como en las elecciones estatales y municipales.

En una comparación con lo que está realizando el gobierno vecino de Argentina, el gobierno de Lula estaría dando continuidad a la política tradicional brasileña, que siempre representó el predominio de las élites, o del capital, sobre el trabajo (los principales bancos privados, nacionales y extranjeros, baten sucesivos récordes históricos de ganancias, por citar un ejemplo); el presidente Kirchner, al contrario, está haciendo en Argentina lo que se esperaba que Lula hiciese en Brasil, especialmente en cuanto a su enfrentamiento con el sistema político internacional.
El crecimiento del PIB en 2004, dentro de una coyuntura bastante favorable del comercio internacional, se debió básicamente al aumento excepcional de las exportaciones, especialmente las derivadas de la agroindustria, o las que beneficiaron a la industria de los productos con bajo valor agregado. La posición favorable en la balanza de pagos habría servido esencialmente para equilibrar las cuentas externas, es decir, para honrar los compromisos contraídos con el capital financiero internacional. El pago de las deudas públicas interna y externa (intereses nominales) en 2003, alcanzó la cifra de R$* 145 mil millones (aproximadamente US$ 52 mil millones o 9.3% del PIB), produciendo R$ 79 mil millones de déficit en las cuentas públicas, o un 5.1 % del PIB. En 2004 el pago de los intereses nominales alcanzó los R$ 128.3 mil millones, o 7.3% del PIB, produciendo un déficit del 2.7% del PIB.

Este cambio radical de las expectativas, que se presenta de una forma muy real, comenzó durante la campaña presidencial del 2002. Luego de tres derrotas sucesivas (1989, 1994 y 1998), en julio de ese año la dirección del Partido de los Trabajadores hizo público el documento conocido como Carta al Pueblo Brasileño (Carta ao Povo Brasileiro). Este documento, que contiene diez compromisos básicos del futuro gobierno de Lula, significa un rompimiento con el pensamiento tradicional del Partido de los Trabajadores e inaugura “una perspectiva más técnica sobre la conducción de la política económica con el objetivo de crear un ambiente seguro para las inversiones productivas”. En esta Carta no hubo espacio, por ejemplo, para las propuestas de alteración profunda de la estructura productiva del país (incluyendo la económica), para la adopción de los impuestos progresivos ni para la discriminación de la inversión pública sobre una base de criterios sociales (Rudá Ricci, “Lulismo: três discursos e um estilo”, Revista Espaço Acadêmico, n. 45, febrero de 2005).

En esta Carta se destacan algunos compromisos: 1) Plan de gobierno sustentado en la reducción de la vulnerabilidad externa, en las reformas estructurales (fiscal, agraria, de la seguridad social y del trabajo), en el combate al hambre, a la inseguridad pública y al déficit de vivienda; 2) Gobernabilidad a través de la coalición nacional, que implica un proceso exhaustivo de negociación, alianzas, pacto social y crecimiento con estabilidad; 3) Respeto a los contratos y obligaciones del país, no a la estafa en la deuda externa, y una política austera para el control de la deuda pública; 4) Seguridad para los inversionistas no especuladores; 5) Control de la inflación; 6) Equilibrio fiscal; 7) Superávit primario, con el objetivo de tener capacidad de honrar los compromisos, etcétera.
La búsqueda a cualquier precio de la estabilidad de los mercados y de la gobernabilidad parece haber contaminado a todas las acciones gubernamentales de estos primeros años del gobierno del presidente Lula. Esto hizo palidecer a las acciones en el campo social, que debieron constituir el lado más visible y “revolucionario” de un gobierno con la marca del Partido de los Trabajadores, partido que ya había dado ejemplos convincentes de ruptura con las tradicionales políticas públicas conservadoras en gobiernos municipales y estatales, como en la alcaldía de Porto Alegre a lo largo de 16 años, hecho reconocido a nivel mundial.
La inexistencia de programas y proyectos bien articulados o de una administración eficiente y, en especial, los magros recursos financieros destinados a los mismos –dada la utilización del superávit para el pago de la deuda pública– provocaron en la población un profundo descrédito sobre la posibilidad de cambios significativos con respecto al gobierno anterior en el campo de las políticas sociales, descrédito que sólo pudo acallarse gracias al crecimiento de la economía, de los índices de empleo y de la ayuda a los más necesitados a partir de mediados de 2004.

En el ámbito de las políticas públicas de corte social se destacan las acciones en el campo de la educación. Pese a la existencia de un Plan de Gobierno para la educación llamado Una Escuela del Tamaño del Brasil, ampliamente debatido durante la campaña electoral del 2002, éste sólo habría servido parcialmente como directriz de las acciones oficiales en esta área hasta el presente. Fue en el segundo año de gobierno, 2004, bajo el comando del nuevo titular del Ministerio de Educación –el ex alcalde de Porto Alegre Tarso Genro– que salieron a la luz una serie de medidas, especialmente legales.

El anteproyecto de Ley de Educación Superior, actualmente en debate –hecho impensable durante el gobierno anterior–, y que será enviado al Congreso Nacional en los próximos meses, tal vez llegue a constituirse, para bien (público) o para mal nacional (privatización y mercantilización) en el documento más importante de las últimas décadas sobre el presente y el futuro de la educación superior en el país. Entre tanto, este anteproyecto fue antecedido, durante el gobierno del presidente Lula, por cuatro leyes que directa o indirectamente ya configuraban en buena medida el nuevo estilo de la educación superior y que, en gran medida, definen los límites del eventual progreso en cuanto al fortalecimiento del polo público que podría representar este anteproyecto.

El año pasado se sancionaron cuatro leyes:

1) Ley 10861, del 14 de abril de 2004, que crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES). Con esta ley se pretendió superar los conocidos límites del Examen Nacional de Cursos (Examen único aplicado al final de los cursos de graduación, vulgarmente llamado “Provão” [la Pruebota]), por un sistema mucho más complejo de acciones de evaluación, entre las cuales se destacan dos pruebas realizadas por muestreo: una a la entrada y otra a la salida. A pesar de los grandes logros alcanzados en relación al modelo anterior, a menudo se acusa a este nuevo sistema de no respetar la autonomía universitaria y de ser excesivamente centralizador, principalmente en la constitución del Consejo Nacional de Evaluación de la Enseñanza Superior (CONAES), responsable de la creación de las principales normas y directrices del Sistema.

2) Ley 10937 (Ley de la Innovación Tecnológica), del 2 de diciembre de 2004, que reglamenta los incentivos a la innovación y a la investigación científica y tecnológica dentro del ambiente productivo. Esta ley, adaptada de la legislación vigente en países centrales, crea facilidades para que las empresas puedan utilizar recursos –físicos, materiales y humanos– de las universidades, así como la transferencia de tecnología de las universidades a las empresas. Hace posible la asignación de recursos públicos a las empresas para los llamados proyectos de innovación, prevé la remuneración de los investigadores cuyos conocimientos lleguen a ser utilizados por las empresas, garantiza al investigador que también desempeña una actividad docente el derecho a separarse de sus actividades académicas (por un periodo de hasta seis años) para intentar una carrera en el sector empresarial (convertirse en un “emprendedor”) manteniendo su salario, ventajas económicas, ascenso funcional y beneficios de seguridad social. Con el pretexto de la necesaria aproximación entre la universidad y la empresa esta ley distorsiona la verdadera función de la universidad en el campo científico y en el de la innovación, y crea todas las facilidades, dado el desamparo financiero en el que viven las universidades públicas y sus docentes e investigadores, para la subordinación de la agenda universitaria, es decir de la universidad, a la agenda empresarial. Por si esto fuera poco, se crea una directa y explicita la privatización de los recursos públicos cuando, entre otros casos, se financian a docentes por largos periodos de tiempo en sus intentos de convertirse en empresarios tecnológicos, sin riesgo para ellos y sin cargo para las empresas. ¿Y qué podemos decir de la libertad académica tan comprometida en todo cuanto atañe al conocimiento dentro de tal intercambio?

3) Ley 11097, del 30 de diciembre de 2004, que instituye las normas generales para la licitación de la Sociedad Público-Privada (PPP por sus siglas en Portugués, Parceria Público-Privada) en el ámbito de la administración pública. Permite la sociedad del Estado con empresas privadas en las más diversas áreas de la producción, comercio de bienes y servicios de naturaleza pública y colectiva, es decir, investigación, desarrollo tecnológico, medio ambiente, patrimonio histórico y cultural, y servicios de educación y enseñanza. Apenas se excluyen de la sociedad los poderes legislativos, reguladores y policiales. Permite y otorga recursos públicos para administrarlos. Lo que se pretende de la empresa privada, en cambio, además de la administración de los recursos públicos, no es otra cosa que el 30 % del valor de los esfuerzos emprendidos, y esto bajo fuertes salvaguardas oficiales. Los supuestos fundamentales de las PPP son la baja capacidad de inversión del Estado y la supuesta superioridad gerencial del sector privado. Así es como, con esta ley, sin hablar del ámbito más general del fortalecimiento del polo privado del Estado, en el caso de la educación superior vemos una puerta más que se abre totalmente para la utilización de los recursos públicos por las entidades privadas, con o sin fines de lucro.

4) Ley 11096, del 13 de enero de 2005, que instituye el Programa Universidad para Todos (PROUNI), reglamenta la actuación de entidades de beneficencia y de asistencia social en la educación superior. Este pretencioso programa encubre una de las más perversas medidas que, pretendiendo hacer público lo privado, acaban fortaleciendo a las instituciones privadas y comerciales de enseñanza. Constituida como la primera aplicación del espíritu de las PPP en el campo de la educación superior, en vez de crear cientos de miles de espacios para los estudiantes en las universidades públicas, para los que ya existe el espacio en el horario nocturno (70 % de las matrículas son diurnas) a bajo costo y calidad razonables, se aprobó la posibilidad del intercambio de aproximadamente el 8 % del cupo ociosos en las instituciones privadas, en la forma de becas otorgadas a alumnos egresados de las escuelas públicas, entre otros, por la exención de un conjunto de impuestos. La propuesta oficial era, en su comienzo, de un 20 % del cupo por igual cantidad de impuestos, lo que hacía que estos espacios fuesen menos onerosos que los de las universidades federales, aunque de esta operación quien saldría fortalecido sería el sector privado que más ha crecido en los últimos años, es decir, el sector con fines de lucro. La ley, finalmente sancionada por el presidente Lula, luego de la intervención de los integrantes del lobby de la educación particular y comercial durante su trámite en el Congreso, transformó esos espacios en instituciones privadas –que otorgan prioridad a las actividades educativas con baja calidad– mucho más caras de lo que costarían en las universidades públicas que dan prioridad a las actividades educativas y de investigación y, sin lugar a dudas, de mayor calidad.

Por último, vale la pena destacar que el total de los recursos financieros destinados a las instituciones federales, reducido de 0.91 % a 0.6 % del PIB en los últimos ocho años, se mantuvo prácticamente sin cambios en los dos primeros años del gobierno del presidente Lula, pero con promesas de un reajuste significativo en el presupuesto del año 2005.
Este espectro legal y administrativo que parece dar continuidad a las políticas de la ortodoxia neoliberal de fortalecimiento del polo privado del Estado, ya sea en el campo de la producción, de la ciencia, de la tecnología o en el de la educación superior, no permite prever con optimismo la aprobación de una Ley de Educación Superior que fortalezca al sector público y promueva una efectiva regulación del sector privado comercial, según vemos insistentemente manifestado en el discurso de las autoridades federales y delineado, de un modo aún bastante imperfecto, en los cien artículos del Anteproyecto de Ley que actualmente está en debate. En el discurso, el diagnóstico contra el neoliberalismo adquiere formas muchas veces convincentes; en la práctica, el pronóstico y las soluciones propuestas guardan, infelizmente, una decepcionante proximidad con el recetario Consenso de Washington, aún no totalmente muerto, o con las recomendaciones de organismos financieros multilaterales.


http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies ... 34/06.html

Les recomiendo que en vez de buscar piedras, papas explosivas o cuanta cosa arrojable, se documenten y lean bien; tanto la reforma del actual gobierno como modelos en la región. Aprovechen que el Gobierno Nacional anuncia que habrá talleres y reuniones para consultar con el estudiantado y rectores el proyecto, y no olviden eso, es un proyecto, todavía no está aprobado, es más, ni siquiera ha pasado por el Congreso y no ha sido debatido.

Así que ya saben, no vayan a destruir las ciudades por algo que ni siquiera existe, por algo que no está aprobado...


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Mensaje por And... »

destruye más a nuestras ciudades las políticas del señor santos, no me gustaría traer fotos de escuelas sin techo y no precisamente porque estudiantes fueran los causantes.

Le hace más daño a Colombia, a sus instituciones, a nuestro pueblo y en general a nuestra seguridad nacional hacerse amigo del dictador bolivariano que apoya el terrorismo de las FARC.... ESO HACE MÁS DAÑO EN COLOMBIA!


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: Dispersión de objetivos, craso error...

En vez de andar chamuscando todo el bosque, primero enfóquese en el árbol...

Por eso es que nadie apoya sus demandas. No pretendan hacer todo a la vez...

NOTA: Las escuelas sin techo o dañadas no son culpa del gobierno nacional, eso es responsabilidad de los municipios, ciudades y departamentos.

Y que yo sepa, por muy Presidente que sea, Santos no tiene autoridad directa sobre municipios, ciudades y Departamentos; para eso elegimos Alcaldes y Gobernadores.

Que la ira que le tienen a Santos no ciegue su juicio...


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Mensaje por And... »

Andrés Eduardo González escribió::cool: :cool: Dispersión de objetivos, craso error...

En vez de andar chamuscando todo el bosque, primero enfóquese en el árbol...

Por eso es que nadie apoya sus demandas. No pretendan hacer todo a la vez...

NOTA: Las escuelas sin techo o dañadas no son culpa del gobierno nacional, eso es responsabilidad de los municipios, ciudades y departamentos.

Y que yo sepa, por muy Presidente que sea, Santos no tiene autoridad directa sobre municipios, ciudades y Departamentos; para eso elegimos Alcaldes y Gobernadores.

Que la ira que le tienen a Santos no ciegue su juicio...


si, los municipios tienen su responsabilidad, pero una parte de los recursos de la educación para cada región viene del Gobierno Nacional, ejemplo la UNIVALLE, obvio el departamento y en el caso de la sede melendez y san fernando el municipio de Cali destina recursos, pero el principal aportante es la nación.

Disculpame que me preocupe por los niños que estudian sin techo, por las escuelas en pésimo estado, por la falta de recursos a las universidades, por como se pierde oportunidades y se niega oportunidades para que por medio de la educación se salga de la pobreza es un deber constitucional del Gobierno Nacional garantizar la educación, el día que eso pase, el día que se haga esto la pobreza disminuirá significativamente en Colombia y con ello también la violencia.

Saludos.


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: Todo eso de lo que usted se queja, no es culpa del gobierno nacional, vendría a ser culpa de los entes territoriales.

Veo que hay una terrible confusión de obligaciones. El gobierno nacional sólamente interviene en los asuntos territoriales o locales cuando se presentan situaciones de gran calamidad o tragedia y estos superan las capacidades de los municipios, ciudades o Departamentos afectados; como la reciente emergencia invernal. También se hace cargo de los colegios "nacionalizados", pero de esos hay pocos, puesto que la mayoría son del resorte de municipios y Departamentos.

Y está en todo su derecho de preocuparse por los niños que tienen que estudiar en escuelas dañadas o sin techo, incluso sin escuela, pero las responsabilidades hay que dárselas a los que les competen en realidad, no inventarnos dolientes.

En Colombia existe la mala costumbre de "papá gobierno" y que él debe dar todo, pero eso es una equivocación puesto que la responsabilidad recae en los entes territoriales primero y si estos se ven superados o sin capacidad, entonces ahí sí recurrir al gobierno nacional. Eso también tiene su jerarquía o conducto regular...


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Mensaje por And... »

En Colombia existe la mala costumbre de "papá gobierno" y que él debe dar todo, pero eso es una equivocación puesto que la responsabilidad recae en los entes territoriales primero y si estos se ven superados o sin capacidad, entonces ahí sí recurrir al gobierno nacional. Eso también tiene su jerarquía o conducto regular...


Aquí nunca hemos tenido un Estado de Bienestar, luego los Colombianos no han tenido nunca "papá gobierno" que pobre de Colombia le podría decir a santos papá? :mrgreen:

Para que exista un Estado de Bienestar y un "papá gobierno" se necesita de un Estado fuerte, Colombia nunca ha tenido un Estado fuerte, de hecho en algunas regiones del País el Estado brilla por su ausencia.

La constitución de Colombia es muy clara el Estado debe garantizar....... no simplemente los municipios o departamentos, porque cree usted que existe el ministerio de educación nacional??? :shock:


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Andrés Eduardo González
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Mensaje por Andrés Eduardo González »

:cool: :cool: ¿Y usted sabe qué es el Estado?...


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