Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos

[Andrés Eduardo González]

Cambiando de tema, parece que la Corte Suprema de Justicia se acordó que también tenía estos procesos sobre sus escritorios...

Capturado excongresista del Guainía
Se mueve la farcpolítica

Se prevén nuevas decisiones de la Corte Suprema en investigación por presuntos nexos de congresistas con las Farc. La Fiscalía urge extradición de Ómar Zabala o 'Lucas Gualdrón', principal representante de las Farc en el Viejo Continente.

Con decisiones que prueban el interés de la justicia por activar el denominado expediente de la farcpolítica, este viernes se produjo la captura del exrepresentante a la Cámara por el departamento del Guainía, Pedro Nelson Pardo. Simultáneamente, la Fiscalía formalizó su petición al gobierno de Suiza para que colabore con la captura y posterior extradición a Colombia del principal representante del movimiento insurgente en Europa, Ómar Arturo Zabala Padilla, conocido con el alias de Lucas Gualdrón.

En cuanto al primer hecho, el político Pedro Nelson Pardo fue capturado en el municipio de Cunday, al oriente del departamento del Tolima, y de inmediato fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En los próximos días, empezará a rendir indagatoria ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, organismo que solicitó su detención por la presunta comisión de los delitos de concusión y corrupción al elector, derivados de un presunto acuerdo con las Farc para obtener una curul en el Congreso.

Simultáneamente, se conoció que la Fiscalía le ha pedido al Gobierno su colaboración para que ante las autoridades de Suiza se agilice la detención de alias Lucas Gualdrón. Se trata de un colombiano que se radicó en ese país desde septiembre de 2006 y que apareció relacionado en el computador encontrado durante el bombardeo al campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes como un importante contacto de las Farc para negociar armas y material de guerra en distintos países de Europa.

Según el dossier de inteligencia de Lucas Gualdrón, este sujeto natural de Bucaramanga lidera una célula de la comisión internacional de las Farc que se mueve con relativa facilidad entre Alemania, Francia e Italia realizando actividades proselitistas a favor de la organización insurgente. En la justicia de España existen dos sumarios donde además está vinculado en investigaciones por las conexiones entre la guerrilla de las Farc y la banda terrorista Eta.

Lucas Gualdrón, quien además utiliza los seudónimos de Lázaro Fuentes Girardot, Omar Otto o Lorenzo, fue mencionado en los computadores de Reyes como el canal de comunicación entre el secretariado de las Farc y el asesor de la cancillería de Suiza, Jean Pierre Gontard. Además, se estableció que el diplomático le escribió a Gualdrón para que a través suyo se le hiciera llegar una carta a Raúl Reyes en la que manifestaba su complacencia por la evolución de los hechos que condujeron a la liberación de varios secuestrados políticos de las Farc.

Según información de inteligencia, Zabala Padilla o Lucas Gualdrón se mueve en círculos prestigiosos de la sociedad, posee un lujoso apartamento en Francia, funge como profesor de filosofía y literatura y hace presencia en diversas instituciones académicas de Europa, especialmente en Suiza, donde cumple una misión específica dentro de la denominada diplomacia internacional de las Farc.

Al tiempo que se produjo la captura de Pedro Nelson Pardo y la petición de extradición de Lucas Gualdrón, El Espectador pudo establecer que la decisión de las autoridades judiciales, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, es activar de una vez por todas el llamado expediente de la farcpolítica con el propósito de cortar los nexos que hoy puede tener el grupo insurgente, no sólo con políticos en el poder legislativo, sino en otros sectores de la sociedad.

En este orden de ideas, a partir de la próxima semana la Corte empezará a resolver la situación jurídica de quienes han sido mencionados como eventuales protagonistas de la farcpolítica. La idea es establecer por qué aparecieron mencionados en el denominado computador de Raúl Reyes y cuál es su posible nexo con la guerrilla. En primera instancia, será evaluada la conducta de los congresistas Alexánder López y Armando Yepes, así como de los excongresistas Wilson Borja y Gema López.

http://elespectador.com/impreso/temadel ... rcpolitica

[And...]

:cool: ¿Y usted sabe qué es el Estado?...

la constitución es el contrato social por el cual se establece el Estado Colombiano, luego el Gobierno Nacional debe garantizar aquellos acuerdos que le dan forma al Estado Colombiano, luego los gobiernos municipales y departamentales que son Estado obviamente no son los que primeramente deben garantizar esos derechos, más cuando Colombia es un Estado centralizado, por eso nuestra organización político administrativa es departamental, luego el Presidente como jefe de Estado es el que cae la máxima responsabilidad de hacer velar la constitución y los derechos de los ciudadanos.

Amén.

[Andrés Eduardo González]

Muy bonito, pero no es.

El Estado somos todos, TODOS.

El Estado no es sólamente el gobierno nacional.

El Estado no es sólamente el Congreo, las Asambleas o los Consejos.

El Estado no es sólamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Estado no es sólamente la Constitución Nacional.

El Estado no es sólamente el Municipio.

El Estado no es sólamente la ciudad.

El Estado no es sólamente el Departamento.

El Estado no es sólamente la gente.

EL ESTADO ES LA UNIÓN DE TODO ESTO.

Un claro ejemplo de la jerarquización de la que hablo es el actual caso del Municipio cundinamarqués de Nocaima. Éste fin de semana fue víctima de un poderoso vendaval que destechó el 90% de las casas del municipio.

Obviamente la situación superó las capacidades de la Alcaldía, que incluso resulto afectada. Así que el siguiente "doliente" es la Gobernación de Cundinamarca, quien está al frente de la situación y la ha atendido prontamente y bien. Hasta ahora no ha sido necesaria la intervención del gobierno nacional.

¿Ve?, así funcionan las cosas. Porque si fuera como usted dice, entonces ¿para qué elegimos gobernadores y alcaldes?... Para esa gracia, eliminemos la figura del Alcalde, del Gobernador y demos autoridad total y directa al Presidente de la República sobre todos los entes territoriales. Pero tenga por seguro que así se reventará el Estado muy rápidamente...

[And...]

:cool: Muy bonito, pero no es.

El Estado somos todos, TODOS.

El Estado no es sólamente el gobierno nacional.

El Estado no es sólamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Estado no es sólamente la Constitución Nacional.

El Estado no es sólamente el Municipio.

El Estado no es sólamente la ciudad.

El Estado no es sólamente el Departamento.

El Estado no es sólamente la gente.

EL ESTADO ES LA UNIÓN DE TODO ESTO.

Un claro ejemplo de la jerarquización de la que hablo es el actual caso del Municipio cundinamarqués de Nocaima. Éste fin de semana fue víctima de un poderoso vendaval que destechó el 90% de las casas del municipio.

Obviamente la situación superó las capacidades de la Alcaldía, que incluso resulto afectada. Así que el siguiente "doliente" es la Gobernación de Cundinamarca, quien está al frente de la situación y la ha atendido prontamente y bien. Hasta ahora no ha sido necesaria la intervención del gobierno nacional.

¿Ve?, así funcionan las cosas. Porque si fuera como usted dice, entonces ¿para qué elegimos gobernadores y alcaldes?... Para esa gracia, eliminemos la figura del Alcalde, del Gobernador y demos autoridad total y directa al Presidente de la República sobre todos los entes territoriales. Pero tenga por seguro que así se reventará el Estado muy rápidamente...

creo que lo dije explícitamente cuando dije que el actual Estado Colombiano le daba forma el contrato social que es la constitución, según esta frase dije que el gobierno nacional no es solamente el Estado, no sabia que tenía que ser tan explicito, de hecho al decir lo anterior estoy diciendo que todos somos Estado, pero el Estado se forma de acuerdo a la constitución, luego los tres poderes del Estado deben dar garantía de la constitución, ni vos ni yo tenemos ese poder, por eso la ausencia del Estado en muchas regiones pasa por la ausencia de la Justicia (poder judicial) en algunas regiones de Colombia se aplica la ley del más fuerte (ejemplo básico)

Luego el ejecutivo siendo una rama del poder del Estado es la encargada de acuerdo a la constitución garantizar los derechos de todos los ciudadanos de dicho Estado, digamos que cada ciudadano siendo Estado garantiza ese derecho siendo un "buen ciudadano" y pagando sus impuestos, ahora el Ejecutivo es al que se le da esta responsabilidad, por eso la principal autoridad del Ejecutivo es el jefe del Estado colombiano de garantizar los derechos de los ciudadanos, las otras ramas del poder también, pero cada una dentro de sus funciones.

[Andrés Eduardo González]

El Título V de la Constitución Nacional es un buen referente para ver cómo se conforma y organiza el Estado y las funciones de cada uno de sus miembros.

[Andrés Eduardo González]

Ya saben, nada de romper las ciudades y ¡pilas! con los desagradables y nefastos colados...

[And...]

:cool: Ya saben, nada de romper las ciudades y ¡pilas! con los desagradables y nefastos colados...

Lastimosamente el gobierno de santos no puede ni garantizar un derecho elemental y constitucional como poder manifestarse popularmente, estamos ya amenazados por la violencia.

Pero bueno que Santos siga entregando narcos a Venezuela

[GUARIPETE]

:cool: Ya saben, nada de romper las ciudades y ¡pilas! con los desagradables y nefastos colados...

Lastimosamente el gobierno de santos no puede ni garantizar un derecho elemental y constitucional como poder manifestarse popularmente, estamos ya amenazados por la violencia.

Pero bueno que Santos siga entregando narcos a Venezuela

Tal como Venezuela en innumerables ocasiones les a entregado los Narcos Colombianos Solicitados por los tribunales de su pais, asi como guerrilleros que tambien se extraditaron a Colombia en su momento quid pro quo.

[And...]

:cool: Ya saben, nada de romper las ciudades y ¡pilas! con los desagradables y nefastos colados...

Lastimosamente el gobierno de santos no puede ni garantizar un derecho elemental y constitucional como poder manifestarse popularmente, estamos ya amenazados por la violencia.

Pero bueno que Santos siga entregando narcos a Venezuela

Tal como Venezuela en innumerables ocasiones les a entregado los Narcos Colombianos Solicitados por los tribunales de su pais, asi como guerrilleros que tambien se extraditaron a Colombia en su momento quid pro quo.

bahh los narcoterroristas de las farc todavía tienen sus campamentos en Venezuela

[Andrés Eduardo González]

:cool: Ya saben, nada de romper las ciudades y ¡pilas! con los desagradables y nefastos colados...

Lastimosamente el gobierno de santos no puede ni garantizar un derecho elemental y constitucional como poder manifestarse popularmente, estamos ya amenazados por la violencia.

Pero bueno que Santos siga entregando narcos a Venezuela

Bueno, para empezar, hay que felicitar a los manifestantes porque la jornada de protesta se desarrolló en paz o por lo menos así parece que fue. Hasta ahora no hay queja alguna, tal vez no más de las personas que les tocará mañana limpiar el desorden y lavar las pinturas y grafitis, del resto, todo bien. Felicitaciones.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Eso deben garantizarlo las personas u organizaciones que convocan las marchas o protestas, no el gobierno.

Y siempre han habido colados (anarquistas, milicianos y estudiantes violentos) que son los que empiezan los disturbios y obligan a la Policía a actuar, eso no es misterio para nadie.

Y lo que usted dice es una contradicción completa, es decir, detestan al establecimiento, pero le exigen que les garantice la seguridad...

[And...]

Y lo que usted dice es una contradicción completa, es decir, detestan al establecimiento, pero le exigen que les garantice la seguridad...

No señor usted esta muy mal, lo que detestamos es que a cada rato se quieran pasar la constitución de tatiquito, Colombia debería ser una nación muy diferente, hay muchas cosas por mejorar y como bien dijo alguien por ahí "yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice pero pelearía para que usted pudiera decirlo" y se supone que somos una democracia el gobierno debe garantizar nuestros derechos constitucionales, no es un regalo ni un favor el que el pueblo pueda expresarse.

Saludos cordiales.

[Andrés Eduardo González]

Oh, claro, yo sé perfectamente qué es eso. Dediqué un año de mi vida en ello, así que no me venga a dar lecciones con frases de Monsieur Voltaire...

Y bueno, si el gobierno debe garantizar su seguridad en las protestas y marchas (así le hagan fieros y mala cara a la PONAL-ESMAD y luego les lancen bombas molotov, papas bombas, piedra, adoquines, etc, etc...), entonces los protestantes y organizadores deben garantizar también que no habrán daños a los bienes públicos y privados (es triste ver cómo termina de pintado el Museo Nacional), ni actos de vandalismo, ni ataques a los ciudadanos...

[GUARIPETE]

8 de abril. Miles de documentos internos de la empresa Chiquita Brands International comprueban que esa firma bananera se benefició de sus pagos a grupos paramilitares por servicios de “seguridad” de sus operaciones en Colombia, y también de sus acuerdos, incluidos algunos pagos a militares y políticos, entre ellos al entonces gobernador Álvaro Uribe, reveló hoy el centro independiente de investigación y transparencia The National Security Archive.

Los documentos son comunicaciones internas de Chiquita entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo judicial en el cual la empresa admitió haber hecho pagos ilegales a las paramilitares AUC, a los que calificó de “extorsión”, y pagó una multa de 25 millones de dólares.

Pero el National Security Archive, al divulgar hoy más de 5 mil 500 documentos internos de Chiquita entregados al Departamento de Justicia, afirmó que éstos revelan evidencia de “transacciones” de mutuo beneficio entre las subsidiarias colombianas de Chiquita y varias agrupaciones armadas ilegales, incluidos grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas de seguridad colombianas, y milicias de la iniciativa Convivir, patrocinada por el gobierno colombiano, y que estos pagos que se hicieron durante más de una década, fueron por servicios relacionados con la seguridad de sus operaciones.

“Estos documentos extraordinarios ofrecen la historia más detallada hasta la fecha sobre el costo real de hacer negocios en Colombia. El aparente quid pro quo de Chiquita con guerrillas y paramilitares responsables de innumerables homicidios pone en duda el acuerdo judicial de la empresa con el Departamento de Justicia en 2007. Lo que aún no sabemos es por qué los fiscales estaodunidenses no se fijaron en lo que parecen ser pruebas claras de que Chiquita se benefició de estas transacciones”, declaró Michael Evans, director del proyecto de documentación sobre Colombia del National Security Archive.

Uno de los documentos obtenidos demuestra pagos a fuerzas paramilitares derechistas con sede en Santa Marta por parte de Chiquita por servicios de seguridad, incluyendo inteligencia sobre operaciones de grupos guerrilleros después de que las AUC tomaron el control de la región a mediados de los 90.

Los documentos también revelan el papel de los militares colombianos en presionar a Chiquita para financiar a las AUC a través de agrupaciones Convivir, y facilitaron los pagos ilegales. En uno de los documentos se describe una reunión en 1997 con Carlos Castaño, el líder de AUC, en donde éste le sugiere a los gerentes de Banadex, subsidiaria de Chiquita, que apoyen un nuevo Convivir llamado La Tagua del Darién. Según el documento, los ejecutivos de Banadex informaron a su empresa matriz que no tenían otra opción más que asistir a esta reunión ya que no presentarse provocaría “el antagonismo de los militares colombianos, funcionarios de los gobiernos locales y estatales y Autodefensas”.

El National Security Archive indica que uno de los políticos que más promovía a los grupos Convivir en ese tiempo era Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, centro de las operaciones de Chiquita en Colombia. Uno de los documentos internos de Chiquita hace referencia a que tanto altos mandos militares como el gobernador promovían el establecimiento de los grupos Convivir. Otro documento fechado en 1995 indica que Uribe y otro político, Alfonso Núñez, habían recibido donaciones de otra subsidiaria de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla.

Otros documentos de contabilidad de 1997 y 1998 apuntan hacia el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en instar los pagos de Chiquita a fuerzas paramilitares, donde algunos de los pagos a Convivir eran referidos como pagos hechos a solicitud del ejército.

Estos documentos, comenta Evans, indican que para 1997, las AUC estaban en control de las regiones bananeras del norte de Colombia y que políticos, empresarios y militares apoyaban sus operaciones paramilitares. Recuerda que las AUC habían sido oficialmente designadas por el gobierno estadunidense como una agrupación “terrorista”.

Estas revelaciones, comentó el profesor Arturo Carrillo, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad George Washington, quien colaboró con el proyecto del Archive, fortalecen el punto avanzado en varias demandas legales pendientes contra Chiquita, “que la empresa fue conscientemente cómplice en, y por lo tanto responsable de, las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá durante el tiempo que estaban en la nómina de Chiquita”.

Para revisar los documentos obtenidos hasta la fecha sobre Chiquita, una cronología y otros documentos e informes relacionados en el sitio del Archivo:

www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/index.htm

[Andrés Eduardo González]

8 de abril. Miles de documentos internos de la empresa Chiquita Brands International comprueban que esa firma bananera se benefició de sus pagos a grupos paramilitares por servicios de “seguridad” de sus operaciones en Colombia, y también de sus acuerdos, incluidos algunos pagos a militares y políticos, entre ellos al entonces gobernador Álvaro Uribe, reveló hoy el centro independiente de investigación y transparencia The National Security Archive.

Los documentos son comunicaciones internas de Chiquita entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo judicial en el cual la empresa admitió haber hecho pagos ilegales a las paramilitares AUC, a los que calificó de “extorsión”, y pagó una multa de 25 millones de dólares.

Pero el National Security Archive, al divulgar hoy más de 5 mil 500 documentos internos de Chiquita entregados al Departamento de Justicia, afirmó que éstos revelan evidencia de “transacciones” de mutuo beneficio entre las subsidiarias colombianas de Chiquita y varias agrupaciones armadas ilegales, incluidos grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas de seguridad colombianas, y milicias de la iniciativa Convivir, patrocinada por el gobierno colombiano, y que estos pagos que se hicieron durante más de una década, fueron por servicios relacionados con la seguridad de sus operaciones.

“Estos documentos extraordinarios ofrecen la historia más detallada hasta la fecha sobre el costo real de hacer negocios en Colombia. El aparente quid pro quo de Chiquita con guerrillas y paramilitares responsables de innumerables homicidios pone en duda el acuerdo judicial de la empresa con el Departamento de Justicia en 2007. Lo que aún no sabemos es por qué los fiscales estaodunidenses no se fijaron en lo que parecen ser pruebas claras de que Chiquita se benefició de estas transacciones”, declaró Michael Evans, director del proyecto de documentación sobre Colombia del National Security Archive.

Uno de los documentos obtenidos demuestra pagos a fuerzas paramilitares derechistas con sede en Santa Marta por parte de Chiquita por servicios de seguridad, incluyendo inteligencia sobre operaciones de grupos guerrilleros después de que las AUC tomaron el control de la región a mediados de los 90.

Los documentos también revelan el papel de los militares colombianos en presionar a Chiquita para financiar a las AUC a través de agrupaciones Convivir, y facilitaron los pagos ilegales. En uno de los documentos se describe una reunión en 1997 con Carlos Castaño, el líder de AUC, en donde éste le sugiere a los gerentes de Banadex, subsidiaria de Chiquita, que apoyen un nuevo Convivir llamado La Tagua del Darién. Según el documento, los ejecutivos de Banadex informaron a su empresa matriz que no tenían otra opción más que asistir a esta reunión ya que no presentarse provocaría “el antagonismo de los militares colombianos, funcionarios de los gobiernos locales y estatales y Autodefensas”.

El National Security Archive indica que uno de los políticos que más promovía a los grupos Convivir en ese tiempo era Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, centro de las operaciones de Chiquita en Colombia. Uno de los documentos internos de Chiquita hace referencia a que tanto altos mandos militares como el gobernador promovían el establecimiento de los grupos Convivir. Otro documento fechado en 1995 indica que Uribe y otro político, Alfonso Núñez, habían recibido donaciones de otra subsidiaria de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla.

Otros documentos de contabilidad de 1997 y 1998 apuntan hacia el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en instar los pagos de Chiquita a fuerzas paramilitares, donde algunos de los pagos a Convivir eran referidos como pagos hechos a solicitud del ejército.

Estos documentos, comenta Evans, indican que para 1997, las AUC estaban en control de las regiones bananeras del norte de Colombia y que políticos, empresarios y militares apoyaban sus operaciones paramilitares. Recuerda que las AUC habían sido oficialmente designadas por el gobierno estadunidense como una agrupación “terrorista”.

Estas revelaciones, comentó el profesor Arturo Carrillo, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad George Washington, quien colaboró con el proyecto del Archive, fortalecen el punto avanzado en varias demandas legales pendientes contra Chiquita, “que la empresa fue conscientemente cómplice en, y por lo tanto responsable de, las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá durante el tiempo que estaban en la nómina de Chiquita”.

Para revisar los documentos obtenidos hasta la fecha sobre Chiquita, una cronología y otros documentos e informes relacionados en el sitio del Archivo:

www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/index.htm

Se nota que las FARC tienen severo reguero de amigos por todo el mundo. Como Uribe los jodió en Colombia, ahora buscan la manera de joderlo cómo sea y en cualquier parte del mundo...

Yo sólo digo una cosa: ¿si los gringos ya sabían todo esto, por qué dejaron que Uribe Vélez fuese Presidente?...

Ah... Guaripete, papelitos para desviar la atención sobre Chávez, ¿cierto?...

Nosotros no olvidamos, no somos tontos; por más buena relación que hay ahorita, sabemos bien para quién es el apoyo de Chávez...

[Andrés Eduardo González]

A veces los periodistas son como bruticos...

"Proponemos cambiar unas ‘multicas’ por sanciones ejemplares"

El ministro de Defensa Rodrigo Rivera sugiere que la filtración pública de información reservada de inteligencia encierra actos de corrupción.

En sus cáusticas respuestas no excluye de tales actos a los medios de comunicación y a los periodistas. Aclara que aunque éstos no serán sujetos de sanciones penales por revelar secretos, los servidores públicos sí. Polémica.

Cecilia Orozco Tascón.- En el proyecto de la ley de inteligencia que el gobierno radicó en el Congreso, queda la inquietud de la penalización que se propone para los servidores que den información. Parece ser una medida para obstaculizar la labor de la prensa ¿Se trata de una especie de censura previa?

Ministro de Defensa Rodrigo Rivera Salazar.- Para que la inteligencia sea inteligencia tiene que ser reservada. Esta no es solamente la posición del Ministerio de Defensa. Es también la de la Corte Constitucional que en reiteradas jurisprudencias protege la reserva de esta clase de datos. Admito que hay algunos que quisieran que toda la información fuera pública. Pero eso es una ingenuidad suponerlo porque prima la seguridad del Estado. Vamos a proteger la reserva castigando con sanciones penales la entrega de información. Recuerde que en otros países se penaliza incluso con traición a la patria, a quienes incumplan esta norma.

C.O.T.- ¿Se pretende penalizar también a las empresas periodísticas y a los comunicadores que publiquen datos que el gobierno considere que pertenecen a la reserva?

R.R.S.- La jurisprudencia que hoy protege a los periodistas y a los medios de comunicación y que dice explícitamente que no se les aplica la norma, continúa vigente. En la ley se repiten los tipos penales que existen en el Código pero se aumentan las penas por violación de secretos para los servidores públicos. La ley también castigará a los agentes que recolecten información ilegal. El caso de las chuzadas del DAS no podría repetirse. En el artículo 28, Parágrafo 3 del proyecto, se dice que “El servidor que tenga conocimiento de la recolección ilegal de información de inteligencia y contrainteligencia, la transmitirá a las autoridades a las que haya lugar, sin que ello constituya una violación a la reserva”.

C.O.T.- bienvenida esa parte pero la que supone castigo penal para quienes den información, apunta directamente a impedir que ciertas fuentes entreguen información a los periodistas.

R.R.S.- Si usted trabaja para la inteligencia del Estado, jura cumplir la ley que le imponen el deber de guardar reserva y lo viola, tendremos que castigarla en la medida en que es servidora. Y le repito que esa medida no aplica a los medios de comunicación.

C.O.T.- Pero les corta el acceso a las fuentes.

R.R.S.- Lo que respondo a esa pregunta es que el Estado se debilita frente a los delincuentes cuando no se protege la reserva de la información.

C.O.T.- ¿Qué le ha molestado tanto al gobierno de los medios de comunicación que se preocupó por incluir este punto específico en la ley de inteligencia?

R.R.S.- la inteligencia colombiana desarrolla líneas de recolección de información que son inimaginables por parte de los terroristas que estamos enfrentando. Apenas se divulgue cualquiera aspecto vital por un propósito subalterno, por dinero generalmente, se pone en peligro la seguridad del Estado.

C.O.T.- Si se refiere a oferta de dinero por información, por parte de los medios de comunicación, le garantizo que, al menos aquellos establecidos formalmente, no lo hacen.

R.R.S.- Yo le creo a usted, pero me cuesta mucho trabajo pensar que un policía, que un militar, que un servidor público para quienes el honor es algo tan importante; que alguien que jura cumplir la Constitución y la ley, simplemente dé información o incumpla su obligación de guardar reserva, solo por altruismo.

C.O.T.- Entonces usted debe conocer un caso específico de algún medio o periodista que haya pagado con intenciones torcidas a alguna fuente y que esta haya cedido…

R.R.S.- Estamos en el campo de las convicciones: yo le creo a usted pero tampoco creo que un servidor público viole su deber constitucional y legal; su honor y su palabra empeñada simplemente por filantropía. Cuando esto ocurre, se trata de casos de corrupción que tenemos adentro. Aquí hay que estar con los ojos muy abiertos. Por eso hablamos de contrainteligencia. Nos toca investigar las manzanas podridas que a pesar de todos lo procesos de selección rigorosos que tenemos, se nos cuelan en las instituciones. Y lo estamos haciendo.

C.O.T.- ¿Qué están haciendo al respecto?

R.R.S.- Hemos actuado contra policías que deshonran la institución; contra miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada en los últimos siete meses. Y lo vamos a seguir haciendo. Que nadie crea que va a poder violar la ley desde nuestras instituciones y que por el amparo de un uniforme va a estar sustraído de responsabilidad. Además le cuento que esto no lo establece el proyecto que cursa en el Congreso sino la ley penal actual. No estamos inventado nada. Solamente proponemos cambiar unas multicas de las que todos se burlan por unas sanciones verdaderamente ejemplares.

C.O.T.- ¿Hay medios de comunicación o periodistas que están en la mira de los cuerpos de inteligencia presuntamente por haber pagado por información o por el “delito” de conseguir una chiva?

R.R.S.- En absoluto. Hay que ser muy claros. Entre otras cosas, esas ambigüedades son las que indican la necesidad de establecer una ley de inteligencia. Lo que dice el proyecto es que las actividades de investigación deben dirigirse únicamente contra los delincuentes o contra las personas que están violando la ley. Si un servidor público viola su deber y comete un delito, contra él vale establecer labores de contrainteligencia. Si un periodista divulga información reservada, su trabajo está plenamente amparado y cualquiera que lo investigue o que desarrolle labores de inteligencia contra él, actúa ilegalmente y debe ser castigado.

...

La entrevista completa, acá:

http://elespectador.com/impreso/cuadern ... multicas-s