Alhama de Almería descubre facturas sin pagar de 1.800 euros en churros y 2.980 en desayunos
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/2 ... 98488.html
Gaspacher escribió:Alhama de Almería descubre facturas sin pagar de 1.800 euros en churros y 2.980 en desayunos
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/2 ... 98488.html
4 milloncejos y pico de € debe el pueblo de 4.000 habitantes...
por cierto, el nuevo alcalde se ha bajado el sueldo 10.000€, para quedar en 22.000 brtuos al año.
MUNICIPIOS | Cobrará 65.000 euros anuales
El alcalde de Mollet del Vallès, increpado por los 'indignados' por subirse el sueldo
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/2 ... 68267.html
Después de repetidos intentos de colocar a la ex ministra en un puesto de relevancia en la ONU, los ímprobos esfuerzos del Gobierno han dado resultado.
Si bien Aído no ha sido ubicada como número dos de UN Women tal y como propuso el Ejecutivo de Zapatero, más tarde fue rebajando sucesivamente sus exigencias hasta que finalmente la responsable del organismo para la mujer, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha aceptado a la ex ministra en el Comité Ejecutivo.
Es un goteo incesante. En los dos últimos años, al menos una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía condenados en firme por diversos delitos, desde el tráfico de drogas a los atracos en cajeros automáticos, se han visto beneficiados por las decisiones del Ministerio del Interior.
La condena lleva aparejada la separación del Cuerpo. Sin embargo, perviamente, el Ministerio del Interior les ha blindado su jubilación. Según explicaron a este periódico fuentes policiales, antes de recibir su condena el firme, estos agentes reciben la jubilación anticipada.
De esta manera, cuando son condenados por los tribunales, únicamente pueden ser expulsados del Cuerpo o separados del Servicio, pero su jubilación queda al margen de las resoluciones judiciales.
Estas «maniobras» por parte del Ministerio del Interior no son nuevas. Ya se puso en marcha en el caso de los agentes de la Policía condenados por el denominado caso Bono (la presunta agresión al presidente del Congreso durante una manifestación de víctimas del terrorismo por la que fueron detenidos dos militantes del PP).
Los agentes condenados en primera instancia por detención ilegal de militantes del PP por la presunta agresión a Bono fueron jubilados de forma anticipada con el fin de que quedara blindada su jubilación. Aquel caso tuvo eco mediático y se interpretó como una situación extraordinaria.
Sin embargo, el método es muy habitual. Así, según las informaciones de que dispone este periódico, hay una veintena de casos de agentes condenados en primera instancia que, antes de que su pena sea firme, de que se pronuncie la segunda instancia judicial, son jubilados. En algunos casos, incluso, cobran más al retirarse que mientras estaban de servicio.
Entre los policías beneficiados por esta situación figuran varios condenados por tráfico de drogas, por delitos de violencia de género, por intentos de homicidios...
Pero, además de beneficarse de la jubilación blindada, en la gran mayoría de los casos, cuando estallaba el escándalo que dio pie a sus condenas, la Dirección General de la Policía tampoco adoptaba «medidas cautelares»; es decir, no les apartaba del servicio mientras se resolvía su situación judicial, una situación discriminatoria claramente respecto al resto de agentes sancionados.
Este es el caso, por ejemplo, de un agente de la plantilla de Melilla que fue condenado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro. Había una propuesta en su expediente de separación de servicio que no fue ejecutada ya que antes había sido jubilado. En la sentencia se detalla que este agente ofreció trabajo a mujeres de nacionalidad marroquí en un club de alterne. Ellas carecían de documentación para residir en España.
El condenado acordó con ellas repartir el 50% del importe de las copas que consumieran los clientes y de las relaciones sexuales que mantuviera con éstos. Las recogía en la frontera española, las trasladaba en su coche a su propio domicilio o al local de alterne donde trabajaban para él. Fue condenado a seis años de prisión. Pero antes de que la condena fuera firme, este agente destinado en la plantilla de Melilla logró su jubilación. Posteriormente, la Administración policial pidió su separación del servicio, pero ya esa sanción adminsitrativa quedaba sin efecto.
Esta situación de este grupo de privilegiados contrasta con la gran mayoría de los casos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que son sancionados por asuntos por los que ni siquiera son condenados posteriormente.
El régimen disciplinario obliga a tomar medidas cautelares en cuanto un agente se ve inmerso en un proceso penal. Se debe abrir un expediente disciplinario que queda congelado hasta que se resuelvan las actuaciones judiciales.
Recuerdan estas fuentes que desde el Ministerio del Interior hay dos varas de afrontar los procedimientos sancionadores contra los policías. Así, ponen como ejemplo el caso de los agentes presuntamente implicados en el caso del chivatazo policial a ETA. Hay dos: un jefe superior y un inspector que están imputados por su presunta implicación en los hechos. En principio son sospechosos de haber perpetrado un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos. Ambos delitos deberían haber conllevado, inmediatamente, la apertura de un expediente disciplinario. Pero en este caso, al igual que ocurrió con los policías que detuvieron a los militantes del PP por el llamado caso Bono, el Departamento de Alfredo P. Rubalcaba no inició ningún procedimiento contra ellos. Las voces que se levantan en la Policía denunciando tratos de favor a determinados integrantes de este Cuerpo son cada vez más claras.
Silencio en los tribunales
El Ministerio del Interior opta para mirar a cualquier lado menos a los tribunales. No quiere atender las reclamaciones que le han llegado ya desde distintas instancias. Sigue haciéndose el sueco cuando las críticas llegan sobre la situación por la que atraviesa el catálogo de puestos de trabajo de la Policía. Y sigue sin aprobarse un nuevo catálogo policial. Y sigue sin atenderse a los requerimientos judiciales. Y sigue mirándose hacia otro lado desde el Ministerio del Interior cada vez que los tribunales le reclaman medidas inmediatas. Y es que la Justicia, después de que los sindicatos policiales SUP y SPP le reclaman que actuara, entiende que el nuevo catálogo aprobado por el Departamento de Alfredo P. Rubalcaba no justifica el gran aumento de los cargos de libre designación (más conocidos por cargos a dedo) en el seno policial. Los juzgados le han requerido a Interior para que argumente las condiciones que se dan para que haya un gran aumento en estos cargos. Los jueces entienden que la Administración debe explicar cuáles son los requisitos para que cada cargo del catálogo de puestos de trabajo quede al arbitrio de una decisión gubernamental. Además, a la Policía aún le queda otra patata caliente: dar explicaciones claras sobre los fallos que se han producido en las elecciones policiales.
Multas por más de 14 millones
El caso de dos policías de Jerez de la Frontera es uno de los más llamativos. Uno de ellos fue condenado por un delito contra la salud pública, otro de cooperador necesario en un cohecho activo y otro de cohecho pasivo. Más de siete años de pena y multas por valor superior a los 14 millones de euros. Su compañero fue condenado a más de cinco años de prisión por delitos similares. La fianza fijada por los tribunales también ascendía a más de 14 millones de euros, según consta en la documentación del expediente disciplinario abierto por Interior. Ambos se dedicaban a facilitar la introducción de droga desde Marruecos a España a través del puerto de Cádiz. Ambos, casualmente, fueron jubilados antes de que la sentencia fuera firme.
Atracador a punta de cuchillo
Una de las imágenes más ilustrativas de los delincuentes beneficiados por Interior es la de un agente de la Policía, que estuvo destinado cuando sucedieron los hechos en la plantilla de Fuenlabrada (Madrid). Fue condenado como autor de un delito de robo con violencia por intimidación. En concreto, este agente abordó a una mujer en un cajero automático colocándole un cuchillo en el cuello. Le pidió que le entregara 300 euros que acababa de sacar. Pero llegó otra persona a la zona del cajero y la atracada pudo huir sin que le quitaran el dinero. Este policía fue condenado. Pero Interior ni siquiera adoptó medidas cautelares cuando se inició el procedimiento judicial contra él. Después, antes de que la sentencia fuera firme, le blindó la jubilación.
Encañonó con su arma a su pareja
Un agente destinado en la plantilla de Valencia también resultó agraciado por los beneficios policiales. En este caso, el policía fue condenado por los delitos de amenazas y maltratos además de otro delito de atentado a agentes de la autoridad y una falta por lesiones. Según consta en el expediente, los hechos por los que fue condenado se produjeron en un hotel de Valencia. Libre de servicio y tras ingerir cocaína, durante una discusión con la mujer con la que mantenía una relación sentimental, la encañonó en el pecho y estómago con su arma reglamentaria haciéndola salir de la habitación. La amenazada tuvo que volver después al interior donde continuó sufriendo amenazas con la pistola. Interior no adoptó medidas cautelares tampoco.
Detenido con 200 kilos de hachís
La implicación de estos agentes en delitos relacionados con drogas es frecuente. Este es el caso de otro de los agentes beneficados, de la plantilla de Las Palmas. Fue condenado por un delito contra la salud pública a tres años y seis meses de prisión y una multa de 500.000 euros además de 15 años de inhabilitación. Vestido de uniforme llegó en un vehículo policial a una barriada de Las Palmas. Poco después fue interceptado a bordo de otro automóvil en cuyo maletero transportaba 200 kilos de hachís. En este caso, en el expediente se detalla que la decisión de su pase a jubilado fue adoptada por el secretario de Estado de Seguridad. En la mayoría de los afectados la causa es por «incapacidad permanente».
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