Programas de Defensa Nacional, presupuesto militar. El nacionalismo, Cataluña y País Vasco. Ceuta y Melilla frente a Marruecos. Relaciones con la OTAN.
Demoledor análisis, afirmo . Para leer con tranquilidad
Desidia, Incapacidad e Incompetencia...y más-
Como el Presidente Zapatero y sus colaboradores han destruido a las Fuerzas Armadas españolas y puesto en peligro la seguridad nacional
Antonio J. Candil Muñoz
2011
Contenido
Introducción
Capítulo 1 6
La herencia recibida por Zapatero 6
Capítulo 2 20
Zapatero llega a La Moncloa: principio de un despropósito monumental 20
Capítulo 3 31
Carme Chacón, la ministra de Defensa 31
Capítulo 4 38
Una ojeada a la situación real del potencial actual de las Fuerzas Armadas 38
(Resultados de una gestión vacía: carencias esenciales de capacidades militares) 38
Capítulo 5 53
Estado de alarma. 53
Los cambios que se aplican a las Fuerzas Armadas son ya claramente contra “natura” 53
Capítulo 6 63
Un barco que se hunde... 63
Negros nubarrones en el futuro de las Fuerzas Armadas y de la Nación 63
Capítulo 7 72
¿Tiene España realmente unas Fuerzas Armadas profesionales? 72
Capítulo 8 78
Conclusiones 78
Introducción
La crisis internacional de la primera década del siglo XXI llegó también en España a las Fuerzas Armadas, como no era para menos esperar. El malestar ha ido acentuándose a medida que ha aumentado la arbitrariedad con la que se deciden los temas militares y como se gestiona el reparto de las diversas partidas presupuestarias, distribuidas con criterio político incluso entre las distintas unidades de las Fuerzas Armadas. A la par que esto sucede –a lo largo de los últimos años-, han ido llegando a España los cadáveres de algunos militares caídos como consecuencia de unas guerras que se disfrazan de misiones de paz, y que se deben esencialmente a la incapacidad e incompetencia con la que sus mandos dirigen las propias operaciones militares. Y como un ejemplo de sinrazón distributiva basta ver que, mientras a la UME -esa especie de guardia pretoriana al servicio directo de Zapatero-, se le vienen asignando millones de euros, solamente se invierten unos pocos millones en un equipamiento tan básico como pueden ser unos nuevos vehículos blindados antiminas, que tanto necesitan las fuerzas destacadas en misiones en el exterior.
Aún así, la disciplina militar, no siempre admirable –cuando es absolutamente ciega e irracional-, motiva que los militares afronten sus misiones con el más alto espíritu de obediencia, y sin que trascienda demasiado una triste realidad bien conocida ya: la falta de medios materiales para desempeñar esas misiones y, como consecuencia de ello, el alto riesgo de que se produzcan bajas. Lo que a su vez supone –para los desafortunados que sean afectados-, y especialmente para aquellos que queden con invalidez permanente para el servicio y no cuenten con la antigüedad necesaria, hasta una pensión indigna, y que no puede considerarse otra cosa que una burla y falta de respeto para su dedicación. Esto es especialmente sangrante en cuanto afecta a casi la totalidad de la clase de tropa, y a muchos de los suboficiales y mandos subalternos, que son, a pesar de lo que presume el Ministerio de Defensa, las clases más desfavorecidas de las Fuerzas Armadas.
El oprobio es tal que a finales de 2008 se pudo saber que el Ministerio de Defensa llegó incluso hasta a perder un litigio contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, frente a un grupo de Guardias Civiles que prestaron servicio en Bosnia, hacía entonces siete años. Por ello, el Ministerio fue condenado a abonar una cantidad determinada a cada uno de ellos. Sin embargo, se les respondió que "cobrarían cuando tocase", y eso sería "cuando hubiera dinero". La situación se comenta por sí misma.
Lo que Zapatero está haciendo con las Fuerzas Armadas es lo mismo que hizo Azaña: desmantelarlas y premiar sólo a los que colaboran con sus propósitos, y lo ha corroborado su propia ministra de Defensa, la Sra. Carme Chacón en declaraciones públicas . Ningún Gobierno democrático había actuado con tanto sectarismo en lo que respecta a las Fuerzas Armadas. El Ejército es el reflejo de la sociedad en la que vive, así ha sido siempre y lo será. En la crisis del 98, España tuvo quizás lo que se merecía, es decir, militares sacrificados inútilmente por una sociedad enferma. Pero esa sociedad miserable, e ingrata siempre, ignora y, hasta casi desprecia, a los que mueren por ella. En las guerras de Marruecos, sucedió otro tanto, y se exigió al Ejército una misión de colonialismo para la que no estaba preparado, ni era su función ni se le otorgaron los medios adecuados. España era, entonces, una sociedad manejada por unos políticos egoístas –como hoy-, que preconizaron y alentaron la división en el seno del Ejército, y estos políticos, de izquierdas sobre todo, se aprovecharon de ello para sus propios fines. Después del desastre de Annual, y el fin de la guerra, quedó sembrada la división en el Ejército y la Marina, y se llegó a los años 30 con una separación insalvable, con la UME (Unión Militar Española) –afín a la derecha tradicional-, y la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), de izquierdas. Se empezó por descontento y se terminó con el enfrentamiento.
Dado lo que le gusta a Zapatero la “memoria histórica”, conviene recordar que bajo el Frente Popular, al poco tiempo de su asalto al poder -en febrero de 1936-, se hicieron listas de militares "desafectos", por sus propios compañeros militares, que pagaron con su vida su desacuerdo. Hoy también hay listas ya, y algunos estamos en ellas.
Hoy en el sentido estricto de la palabra –parodiando al ex–ministro Alonso-, cuando decimos Ejército, en realidad no queremos decir Ejército, eso solo lo dicen los norteamericanos cuando dicen “Army”. ¿Qué ejército tiene hoy España? ¿El que puebla los pocos cuarteles y bases, que van quedando en España? ¿El que se ha llenado de inmigrantes porque ya no quedan españoles que quieran alistarse para defender lo poco que queda de la España de otras épocas? ¿El que celebra los enlaces matrimoniales entre miembros del mismo sexo? ¿El pésimamente abastecido y desarmado, equipado con material muchas veces no solicitado, como helicópteros NH-90 o Tigre? ¿El ejército que hace caso omiso a sus mandos, y que se manifiesta en las calles pidiendo sus derechos? ¿El que vive constantes "bajas por depresiones", aun no teniendo las mismas vivencias, valga la comparación, que el norteamericano? ¿O hablamos del ejército que paga a sus miembros lo suficiente para sacarlos de la calle y del paro, y por primera vez en muchos años hay más demanda que oferta? ¿De qué ejército hablamos y para qué creemos que sirve?
No nos engañemos más. La sociedad española no tiene, no quiere, y no lo permiten sus autonomías ni sus recursos, unas fuerzas armadas capaces de servir donde se necesiten. ¿Desde cuándo los militares no visten ya de uniforme por la calle? ¿Es por temor a los terroristas o porque incluso se avergüenzan, especialmente cuando los ciudadanos les miran inquisitivamente si lo hacen? Unos militares que no gustan de presumir vistiendo de uniforme dan mucho que pensar.
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Declaraciones de Carme Chacón en desayunos informativos de Europa Press, el 22 de febrero de 2011, al exponer el tema La transformación de las Fuerzas Armadas, un éxito democrático, afirmando que: "Tenemos el Ejército que Azaña soñó hace 80 años". Nada más y nada menos.(Libertad Digital España, J. Arias Borque)
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Solo se pueden ver algunos uniformes en los escasos actos públicos que no se pueden evitar, y en el día de las Fuerzas Armadas que, por cierto, podría ser suprimido en cualquier momento y nadie lo echaría de menos. Ejército, Fuerzas Armadas, ¿qué ejército? ¿qué fuerzas armadas? Solo nos quedan unas fuerzas, y no son militares: es el “ejército” de los políticos y sinvergüenzas, que, en muchas ocasiones, son una misma cosa.
Esta situación se ha conseguido gracias al esfuerzo personal y empeño del propio presidente Zapatero, y sus colaboradores más destacados, aunque ha venido fraguándose ya con mucha anterioridad y es solo el resultado y crónica de una muerte anunciada.
Como bien dice el historiador norteamericano Stanley G. Payne, en ningún otro país del entorno occidental han tenido las Fuerzas Armadas tanta trascendencia como en España, algo que la ignorancia de Zapatero y su caterva de colaboradores no ha podido ver, como tampoco les ayuda a ver que España se fundó tras ocho siglos de luchas ininterrumpidas contra una civilización que, de alguna forma, sigue caracterizando el prototipo de amenaza exterior tradicional que cualquier estudio o valoración estratégica que se haga –incluso hoy-, debe tener en cuenta. La geografía no perdona, y, no en vano, España ocupa la posición que ocupa, en la frontera sudoccidental de Europa, algo que no se puede ignorar, salvo si se es tan ignorante como lo son Zapatero y todos sus colaboradores.
La capacidad militar de España lleva en decadencia ya más de dos siglos, sin que se vislumbren signos de recuperación, y a pesar de ello el factor militar ha sido algo omnipresente en la vida y sentir nacionales. Las guerras con Marruecos –a finales del siglo XIX y principios del XX-, desangraron a la propia institución militar y a la economía de la nación y fueron, sin duda, un lastre para el desarrollo del país, lo que, unido a la Guerra Civil y a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundia, llevó a la situación de la postguerra, y, por ende, a la actual.
Tanto la influencia como el volumen de las Fuerzas Armadas españolas han disminuido significativamente desde el advenimiento de la democracia pero, en el momento actual, la capacidad militar española se caracteriza por un decrecimiento continuado, sin parangón con nada de lo que pueda estar sucediendo en otros países europeos. Y como dice Stanley Payne , “España ya no está en condiciones de defender ni su frontera Sur”. Gracias a Zapatero, y demás compañeros de viaje.
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Stanley G. Payne en el prólogo a la obra A Military History of Modern Spain, editado por Praeger Security International, a cargo de los profesores Wayne H. Bowen y José E. Alvarez
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"El día en que nos vayamos, a España no la va a conocer ni la madre que la parió."
Alfonso Guerra, Vicepresidente del Gobierno (1982-1991)
Efectivamente, las palabras de Alfonso Guerra resultarían proféticas, y cuando José María Aznar llegó al gobierno, en 1996, a España no la conocía ya nadie. Los catorce años de gobierno del PSOE habían hecho su estrago en la sociedad española, afectando a todos sus estamentos y niveles, y como ocurre en los regímenes socialistas, manteniendo a los “desheredados” en su sitio y a los detentadores de las grandes fortunas, intocables, mientras que otros muchos se habían enriquecido de manera fraudulenta y súbita, incluyendo aquí a muchos “socialistas” de escaparate. Fueron los años del “pelotazo”, del enriquecimiento injustificado de algunos, del abuso indiscriminado contra otros, del uso ilegítimo de los mecanismos del estado para fines perversos, y hasta de la transformación de las virtudes y principios de orgullo nacional en poco menos que costumbres trasnochadas y fuera de estilo, como conviniera más.
Las Fuerzas Armadas iniciaron una decadencia, sin parangones en la historia, y cuando –obligados por el devenir de los tiempos-, los gobernantes en el ejercicio del poder, aceptaron la integración en el Tratado de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), y en la Unión Europea Occidental (UEO), lo hicieron a regañadientes, sembrando la discordia –con el anuncio de un referéndum ya histórico –nunca antes celebrado en ningún otro país miembro de la Alianza-, y sin integrarse de forma plena ni a fondo, nunca. Por supuesto, las Fuerzas Armadas siguieron su marcha casi aisladamente, y tardarían todavía bastante –más de diez años realmente-, en sumarse a la estructura militar aliada.
Bajo el gobierno de Felipe González, con Narcís Serra como ministro de Defensa, comenzaron los planes sucesivos para desmantelar unas Fuerzas Armadas que parecían sobredimensionadas, pero que, en realidad, representaban muy poco, y a ello, algunos generales y almirantes se aprestaron con ahínco, para no perder sus humildes prebendas. La suerte estaba echada.
Los años 80, y primera mitad de los 90, fueron años complicados para las Fuerzas Armadas, pero sobre todo para el Ejército de Tierra. A los primeros balbuceos de la democracia se añadieron los coletazos provocados por el intento de golpe de Estado del 23-F, los aspectos ya citados del ingreso en la OTAN y el referéndum consiguiente, y también el ingreso en la Comunidad Europea. Todo ello provocaba no poca desorientación y los militares trataban de mantenerse a flote en un mar agitado, sin saber muy bien cuál era su rumbo, especialmente al no contar con generales cualificados, con clara visión de su cometido, que gobernasen el timón.
Ya bien enraizado en el poder el primer gobierno socialista que volvía a gobernar España desde los tiempos de la República, la tensión entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas seguía siendo palpable y la desconfianza era mutua. Narcís Serra, como ministro de Defensa, fue el encargado de aplicar un enorme número de reformas, y de reducciones drásticas, Todo aquello fue ciertamente no aburrido, pero sí amenazador y fatal para la seguridad nacional que pasó por momentos de vacio casi absoluto, cuando no de plena indefensión. Los generales, ante la reforma demoledora de Serra, envalentonado por su actitud, optaron por rendirse, y cuando menos seguir como estaban, aunque a la postre cedieron en todo aquello que se les indicó.
Durante casi toda la década de los 80 y principios de los 90, el panorama de la defensa nacional en España estuvo presidido por Narcís Serra, sin duda el personaje que más ha durado al frente del Ministerio de Defensa. Hay muchas especulaciones sobre las razones de su nombramiento, pero al igual que ha sucedido en la segunda legislatura de Zapatero –con Carme Chacón-, Narcís Serra era catalán, profundamente antimilitar, nacionalista hasta donde era posible e iconoclasta, y trató de derribar todo lo que hasta entonces había sido casi sagrado para el estamento militar.
Durante esta etapa, en la que estuvo algo más de ocho años al frente del Ministerio de Defensa, la actividad principal de la dirección política del gobierno para con las Fuerzas Armadas se centró en lograr de forma progresiva una casi total separación entre el Ejército y la sociedad, con los principales generales al mando aplaudiendo, y con la sombra del general Gutiérrez Mellado tras los bastidores. Temas como el de los accidentes de la "mili", la reforma del servicio militar, y su acortamiento y modernización, tuvieron escaso respaldo social, y ya a principios de los 90 sucedió lo mismo con la participación española en el conflicto del Golfo Pérsico –en 1991- y posteriormente en el Kurdistán –primeras intervenciones militares españolas en el extranjero-, que no fueron muy bien explicadas a la sociedad, o quizás ni quisieron explicarse.
De Narcís Serra se han dicho muchas cosas –y todavía se dirán más-, pero a título personal puedo aportar mis recuerdos, que son bastante ilustrativos de cuál era la visión personal del ministro sobre las Fuerzas Armadas. En 1986, encontrándome, como capitán ya diplomado de Estado Mayor, destinado en la Embajada de España en Londres, fui comisionado para esperar al ministro que llegaba a la base aérea de la RAF (Royal Air Force) en Brize-Norton, para trasladarse a Oxford y pronunciar una conferencia en el St. Antony’s College sobre el ingreso de España en la OTAN. Era el día 30 de enero de 1986, y en compañía del Agregado Naval en la capital británica, Capitán de Navío José Luis de Carranza, esperamos a Narcís Serra, le acompañamos a la Universidad de Oxford, y compartimos con él su conferencia, y una cena posterior ofrecida por el Rector de St. Antony´s. Ese día había tenido lugar en España el referéndum sobre el ingreso en la OTAN, y todavía no se sabían los resultados. Entre bromas y chascarrillos, Narcís Serra se expresó despectivamente sobre los militares españoles, y citando la llamada entonces Ley de la Reserva Activa –una rememoración de la Ley de Azaña de la República-, explicó –en inglés macarrónico-, que “para quitárselos de encima, los mandaba a su casa, con todo el sueldo”, con lo que propició que algunos ingleses asistentes al acto le preguntaran sí podían apuntarse ellos a ese esquema, todo con risas, y poca seriedad. Posteriormente, en el transcurso de la cena, y ya hablando español, teniendo al lado al historiador Raymond Carr, me preguntó si yo era capitán o comandante, y al oír mi respuesta le comentó a Raymond Carr “ves, Raymond, este joven es todavía capitán, y yo, como no hice el servicio militar, soy el Ministro de Defensa”, y naturalmente con más risas y bromas. Narcís Serra despreciaba claramente al estamento militar y no tenía ningún interés en hacer reformas constructivas.
Las nuevas exigencias de la Defensa Nacional, dictadas por Narcís Serra, se plasmaron en el Plan de Modernización del ET, más conocido como Plan META, que significó el inicio del desmantelamiento del Ejército. En 1990, Narcís Serra nombró una nueva Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) destinada a dirigir las Fuerzas Armadas durante el periodo que se extendería en principio hasta 1993, una época caracterizada por la incertidumbre y la crisis de identidad de las Fuerzas Armadas, a consecuencia del lastre que venían arrastrando ya desde 1981.
La principal característica de los nuevos jefes de los ejércitos nombrados en 1990, era que eran todavía coroneles cuando Narcís Serra llegó al Ministerio en 1982, pudo conocerlos, y aquellos a los que “seleccionó” –en alguna forma-, le inspiraban una confianza casi absoluta. Serra diseñó una cúpula militar cuya lealtad, y sumisión, estaba plenamente garantizada, y rechazó a candidatos carismáticos, o generales con cierto prestigio, y que tenían mayor capacidad de liderazgo, precisamente por esa cualidad. Solo le interesaban los más incapaces. Al mismo tiempo se saltó la costumbre según la cual los tres ejércitos debían turnarse al frente de la JUJEM. Nadie protestó naturalmente.
Entre algunas de las medidas que llegó a implantar estaba la denominada Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, llamada también de la Función Militar, que supuso una profunda reorganización de la carrera militar, y provocó malestar en numerosos sectores de las Fuerzas Armadas, determinando el pase forzoso a la reserva a los 32 años de servicio , y la unificación en un sólo cuerpo –Cuerpo General de las Armas-, de las armas tradicionales del Ejército de Tierra, entre otras medidas. Numerosos militares manifestaron su intención de llevar la ley a los tribunales, pero no ocurrió nada y Serra consiguió su propósito.
En 1994, el ministro Julián García Vargas -que había sucedido a Serra al ser éste nombrado vicepresidente del Gobierno-, procedió a un nuevo relevo de la cúpula militar, pero ya era obvio que en 1994, las Fuerzas Armadas no eran una prioridad. Tras más de ocho años continuados de actividad destructora, se consideraba que el estamento militar estaba ya incapacitado para hacerse oír o, siquiera, disentir en algo.
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Ello conllevaba en algunos casos –aquellos que habían ingresado los más jovenes en las academias militares-, su casi jubilación a edades en torno a los 55 años
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Se empezó a aplicar entonces el llamado Plan NORTE, continuación del Plan META, que intentaba remediar algunas de las deficiencias y carencias que éste había provocado, aunque irónicamente se empezó a decir aquellos días que a continuación vendría el Plan SUR (Supresión de las Unidades Restantes), que según las críticas debía tener por objetivo acabar desmantelando lo poco que sobreviviese de los planes anteriores.
El Plan Norte (Nueva Organización del Ejército de Tierra) supuso una revolución sin precedentes en la organización y despliegue del Ejército; así como una importantísima reducción, que llevó al cierre de numerosos cuarteles, a la supresión de muchas unidades y al traslado de otras.
Además de pretender adaptarse supuestamente al nuevo panorama internacional, en realidad pretendía hacer frente a la falta de personal, derivada del acortamiento del servicio militar obligatorio -la mili-, y de la caída de la natalidad, y al continuo recorte de los presupuestos. Acabó siendo una reforma puramente cosmética, de reducción, sin contenido.
En 1996 se produciría un importante cambio político, y el fin de una época, con el PSOE acosado desde todos los ángulos, implicado en turbias historias de corrupción que alcanzaban de lleno hasta al propio Director General de la Guardia Civil –el ínclito Luis Roldán, el mayor sinvergüenza de la historia reciente de España-, al Ministro del Interior, y en última instancia al propio Narcís Serra, que ya no pudo ampararse más en el general Alonso Manglano, director del CESID, que también fue cesado. Por si fuera poco, el teniente general Gutiérrez Mellado falleció en accidente de automóvil, el teniente general Veguillas –director de Política de Defensa-, resultó asesinado por ETA, Sabino Fernández Campo –jefe de la Casa Real-, fue cesado en 1993, y el Almirante Liberal –anterior JEMAD- carecía ya de influencia objetiva. Un desastre en cadena, para los socialistas, que significaba el fin de una época, pero del que lograrían recuperarse.
Las elecciones de 1996 pusieron punto final a un período de casi 14 años de gestión socialista de la defensa, y de predominio del Ministro y Vicepresidente, Narcís Serra, llamado “el pianista” en círculos del Ministerio, por su adquisición de un piano de cola con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa. Se puede decir que la estructura de mando de las Fuerzas Armadas había sido neutralizada –cuando no eliminada-, se había elevado al generalato a una generación de militares dóciles y sumisos, con algunas excepciones que nunca llegarían muy lejos, se había anulado a los estados mayores, y se había premiado el servilismo y la alineación política sobre la formación, la capacidad profesional y la integridad. Los ingredientes estaban listos, y lo peor aún estaba por venir.
Todo ello, sin embargo, no hubiera sido posible sin la colaboración de los mismos militares, especialmente generales como Gutiérrez Mellado, Liberal, Veguillas, Alonso Manglano, Fernández Campo,…etc, pero también hubo una generación de oficiales superiores -coroneles y tenientes coroneles-, oportunistas, y poco escrupulosos que se prepararon para tomar el relevo, que habían ayudado a los anteriores, y que serían ahora los generales dispuestos a seguir diciendo que sí a todo, en su propio beneficio, y en cierto modo, a garantizar que no había vuelta atrás y que la labor de Gutiérrez Mellado permanecía, confundiendo la identidad apolítica de lo militar con el servilismo hacia una clara orientación política que hacía apología de las libertades, de la transparencia, y de la democracia, pero que en el fondo no admitía otra ideología que no fuera la suya. La generación de generales que tomaría el relevo tras la dictadura socialista que finalizó en 1996, no iba a ser leal ni con la institución militar, ni con sus subordinados ni con el poder constituido y solo buscaría su permanencia en los cargos. Claro está que la alternativa de poder que sucedió al PSOE en 1996 –ocho años de gobierno del PP-, tampoco fue leal con las Fuerzas Armadas.
Y, sin embargo, la actitud oportunista y servil de muchos generales hacia la clase política se hizo patente ya desde los primeros momentos de la democracia, en la primera transición –en 1976-, cuando Gutiérrez Mellado se propuso lograr nada menos que la incapacitación de los ejércitos como un posible obstáculo al cambio político que se pretendía. No le preocupó para nada la tendencia de éste ni adonde podía llevar a España en última instancia. Este incapaz, Gutiérrez Mellado, destacó por el alcance de su entreguismo, escasa profesionalidad y desmedida ambición política, que le llevó a traicionar y vender a muchos de sus compañeros y superiores, quizás en venganza de su escaso éxito profesional. No recuerdo ningún general que haya sido acusado de traición en público por sus propios compañeros –los generales Atarés y García Manuel entre otros-, como él fue objeto, aspecto que ha sido siempre convenientemente silenciado.
Gutiérrez Mellado abrió el camino para la erosión del espíritu militar, algo que los políticos necesitaban para alcanzar sus propósitos. Nadie se paró a examinar ni sus consecuencias ni su alcance. Hoy se le venera por todos los papanatas del espectro político y militar en España como a uno de los artífices de la renovación. Toda historia tiene su cara oculta y Gutiérrez Mellado está mejor en la historia, al lado de los Condes de San Julián, Bellido Dolfos, Godoy y otros pintorescos personajes de la política picaresca. El pésimo clima político que se vivía en la transición, y que desorientaba especialmente a los militares se agravó con motivo de la política de nombramientos desarrollada por Gutiérrez Mellado. El vicepresidente de la Defensa necesitaba en la cúpula del mando militar a hombres leales a sus planteamientos, y también a la Constitución recién aprobada.
Conviene dejar claro que la reforma militar inicial fue posible por la existencia de unos militares liberales que resultaron indispensables para que Adolfo Suárez, encabezando a la clase política, neutralizase la oposición que podía darse desde los residuos del franquismo, no solo en las Fuerzas Armadas sino en el conjunto de la sociedad, y éstos, a cambio de ser beneficiados con su ascenso a puestos de mando, se encargaron de incapacitar al instrumento militar como elemento objetor a la reforma política. Gutiérrez Mellado fue, sin duda, el causante de que se enturbiase el ambiente entre los militares por su falta de práctica en el mando, y por falta de mano izquierda.
Para comprender la actitud de los militares españoles durante este período, se puede partir de tres premisas: la primera, es la complejidad del mismo proceso transicional, que hizo que los ejércitos no se librasen de la confusión que existía en toda la sociedad; la segunda, el mutuo desconocimiento entre los militares profesionales y el mundo de la política, lo que llevó a que la mayoría de los nuevos dirigentes políticos sólo tuvieran un conocimiento superficial del mundo militar; y finalmente, el proceso de común evolución que llevó a que, en la sociedad de mediados de los años 70, las fuerzas armadas, por su composición y mentalidad, fueran, naturalmente, muy diferentes de las que habían ganado la guerra civil en 1939.
Hoy mirando hacia atrás podemos preguntarnos qué fue de aquellos generales tan “capaces” de aquella época. A todos se los llevó el viento, su “constitucionalidad”, y los respetos humanos que les invadían, y que les impedían actuar con mano firme. Solo miraron al Poder Político, haciendo dejación las más de las veces de su verdadera responsabilidad. Sus herederos no lo harían mejor, en cualquier caso.
Hoy se da un clamor por un liderazgo militar para la profesión militar que entiendo se ha perdido, y si en las Fuerzas Armadas no hay ya Jefes dignos de tal nombre, ¿Dónde va a haberlos? La pérdida de este liderazgo militar se ha debido tan solo a aquellos precedentes que se sentaron bajo la reforma de Gutiérrez Mellado,…¡Descabezar a la Fuerzas Armadas! Tal pareció ser la consigna, y sin duda, se consiguió, con el propio beneplácito de muchos de los mismos generales. Que nadie busque hoy líderes, ni mandos, ni jefes,…solo se encontrarán burócratas más o menos acomodaticios y asépticos que dicen sí a todo.
En 1996 el Ejército de Tierra español, sobre todo, y en general las Fuerzas Armadas, estaban enfermos y eran incapaces de resolver su propia crisis, remontar y salir de ella, y atender a las misiones que les encomendaba la propia Constitución de 1978. La llegada al poder del Partido Popular –la supuesta Derecha-, supuso un estado de buena esperanza innegable y el sentimiento generalizado de los militares era, que por fin se enderezarían algunas cosas.
No solo nada se enderezó, sino que se continuó –de hecho-, la labor del PSOE y se sentaron las líneas generales de lo que luego, sin mucho problema, habría de continuar Zapatero. Otra cosa es que la economía mejorase, y la situación social también, e incluso la imagen internacional de España, pero la defensa se ignoró y se descuidó. Fue la gran decepción y el gran engaño, y muchos fueron los militares de graduación que perdieron definitivamente su fe y creencia en la política –y en los políticos-, cuando no se sintieron traicionados.
El Partido Popular ganó las elecciones generales con tan escaso margen que se llegó a pensar que, incluso, podía haber tenido lugar una segunda votación y declararse nula la primera vuelta. Quizás hubiera sido lo mejor, para que hubieran gobernado con plena libertad y confianza. Naturalmente no sucedió tal cosa, y José María Aznar pactó todos los pactos inconfesables, habidos y por haber, con quién hizo falta con tal de llegar a gobernar lo antes posible.
Entre la multitud de pactos, graves cesiones de principios y dejación de sus propias facultades y atribuciones, por parte del PP ganador, estuvo la designación del nuevo ministro de Defensa. José María Aznar designó Ministro de Defensa, nada más y nada menos, que a Eduardo Serra Rexach, quién había sido el número dos de Narcís Serra, y uña y carne con Emilio Alonso Manglano, en la primera legislatura del PSOE!! Incomprensible, y ciertamente, peor no se podía hacer, era como poner al zorro a guardar el gallinero.
La presencia de Serra en el Gobierno del PP en 1996 facilitó ir colocando más “submarinos” del PSOE en todos los centros de decisiones, incluido el complejo de La Moncloa . Una vez más hay que pensar que el PP hizo todo lo posible para suicidarse políticamente al contar con esos individuos, y aceptar colocarlos en el propio entorno de la Presidencia del Gobierno.
Hoy está claro que a Aznar no le preocupó la defensa, y Serra llegó a Defensa con otros planes, y para otras tareas. No obstante, dos acciones importantes tuvieron lugar en el período de gobierno del PP, que tuvieron un significado y trascendencia importantes para la defensa y seguridad nacional: la integración de España en la estructura militar de la OTAN, y la implantación de las fuerzas armadas profesionales, derogando el servicio militar obligatorio. Ambas acciones eran valientes, tenían significado y suponían una ruptura importante con todo lo anterior. No obstante, ambas se hicieron de forma eminentemente política, sin contar debidamente con el factor militar que era imprescindible. La responsabilidad era, naturalmente, del Gobierno, aunque la cúpula militar hizo valer muy poco sus necesidades.
El pertenecer a la estructura militar aliada, y además contribuir activamente a las estructuras militares europeas que, por aquellos días, se habían comenzado a activar supuso un grave problema a la hora de conjugar esfuerzos y aportaciones dado que al mismo tiempo se puso en marcha el mecanismo de la profesionalización, deteniéndose el llamamiento anual a filas y la incorporación de nuevos reclutas. La caída de efectivos fue dramática y la situación de algunas unidades llegó a ser crítica. La solución no fue otra que ir suprimiendo unidades y cerrando acuartelamientos. Comenzó una época frenética de “rebajas por cierre” que conduciría, en última instancia, a la situación famélica actual de las fuerzas armadas y a la precariedad de la defensa. El desmantelamiento del servicio militar obligatorio tampoco se acompañó de un plan serio de movilización ni de creación de una reserva que pudiera activarse en caso de crisis grave y conflicto de alta intensidad. El sentimiento, imperante hasta el momento presente, parodiando a Don Miguel de Unamuno, era el de “¡qué nos defiendan la OTAN y los americanos!”.
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En el propio gabinete de Francisco Alvarez-Cascos –Vicepresidente del Gobierno-, estaba el coronel Francisco Parra Cuadro, uno de los hombres de confianza del general Alonso Manglano, y como responsable del Centro de Situación de Crisis, en el mismo complejo de La Moncloa, estaba el tambien coronel Manuel Durbán Romero, personaje clave igualmente en los servicios del general Manglano. Jorge Dezcallar, posteriormente nombrado, por Zapatero, embajador en Washington, fue director general del CNI, nada menos.
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Con el PP se enterró para siempre el servicio militar obligatorio y se abrieron las puertas a un ejército profesional. En un país donde el servicio militar obligatorio había llegado a ser muy impopular, cabe imaginar que se podía haber abierto el debate partiendo de la idea evidente de que un ejército profesional tenía un mayor coste económico, y ver hasta donde se podía llegar. Al fin y al cabo, de aquellas decenas de miles de soldados de reemplazo que cobraban poco más de mil pesetas al mes se iba a pasar a unas fuerzas armadas cuya tropa debía cobrar un sueldo digno. Se decía además que aquellas fuerzas armadas profesionales, siendo más pequeñas serían capaces de lo mismo o más, al modernizarse sus medios, y se empezaba a hablar ya de “un ejército más reducido pero mejor”, ¡gran falacia!, ya que se quedaría solo en más reducido.
No hubo ningún debate y, naturalmente, no hubo aumento de los presupuestos de defensa, y de hecho, éstos disminuyeron. Como hoy ha dicho uno de los altos cargos de la cúpula militar, eran también tiempos de apretarse el cinturón, al objeto de poder cumplir con los criterios de convergencia de la unión monetaria europea. Y lo que es peor: el sistema de profesionalización de las Fuerzas Armadas, concebido por Serra y el gobierno del PP concebía a los soldados profesionales casi como trabajadores temporales. En un país donde la aspiración era un contrato permanente para poder hipotecarse y pagar las letras del coche, las Fuerzas Armadas ofrecían contratos de tres años renovables a un máximo de seis. Ello, unido a la bonanza económica innegable que supuso el giro completo hacia una economía de mercado, provocaría, en última instancia, que no se cubrieran las plazas de tropa y marinería, y llevó a la disolución de unidades, al amarre de fragatas, al comienzo de la incorporación de extranjeros, y a la bajada del listón en los requisitos tanto físicos como intelectuales requeridos para la tropa.
El cambio necesario de la legislación sobre tropa y marinería ya lo había iniciado el gobierno socialista en la anterior legislatura, y el PP, con escasos cambios, todos cosméticos, continuó en la misma línea, y la cúpula militar ni respiró. Podría entenderse, por consiguiente, que resuelto el problema jurídico, solo quedaría resolver –¡ahí es nada! el problema económico-, pero, sin embargo, no todos los problemas de las Fuerzas Armadas españolas se reducían después del problema de personal, al económico, ya que cabe preguntarse sí primero se habían definido los criterios a seguir en el gasto del presupuesto y en cómo distribuir el contingente. Este es un debate interesante y se tiene la impresión de que, mientras la Armada y el Ejército del Aire han sabido dotarse de los medios necesarios y adoptar tanto los esquemas organizativos como las doctrinas operativas adecuadas –lo que tampoco es cierto del todo-, el Ejército de Tierra ha seguido sumido en una situación de crisis existencial desde esa época.
La profesionalización de una fuerza armada es un proceso mucho más complejo de lo que fue, y de cómo se entendió. Para Serra , y el PP, se trataba de demostrar que se cumplía un compromiso electoral –como para Zapatero lo sería la retirada de Irak en el futuro-, y se debía haber empezado por examinar y responder varias preguntas como: ¿Qué es lo que España espera y necesita de sus fuerzas armadas?, y en consonancia con lo anterior ¿Qué fuerzas armadas se necesitan para responder a esa necesidad? A continuación habría que haber definido una organización, tipo de unidades, equipo y material,..etc. y calcular que presupuesto mínimo se iba a requerir, teniendo en cuenta, naturalmente, los nuevos sueldos de los soldados profesionales, y si no era posible tal presupuesto, modificar, limitar el alcance del proyecto, o incluso abandonarlo, y explicárselo a la nación. Claro que ello hubiera implicado tener clara una política de defensa, una estrategia nacional –todavía hoy más de 10 años después, por definir-, una política militar, y un horizonte presupuestario capaz. Elementos todos ellos ausentes, incluso hoy día, en el planeamiento del Ministerio de Defensa, como demuestran los hechos. A todo eso no se opuso la cúpula militar, ni se oyó ninguna voz pidiendo sensatez. El ministro Serra, cual perfecto esquirol o capitán araña, montó el circo, acometió lo que, en verdad, había venido a hacer, y se fugó con sensacionales “ganancias”, políticas y de todo tipo, dejando en su puesto a quién demostraría ser el peor ministro de defensa de España en toda su historia, mientras Carme Chacón no demuestre lo contrario, ya que lleva camino de ello.
Federico Trillo fue nombrado Ministro de Defensa en abril de 2000, en la segunda legislatura ya del gobierno de José Mª Aznar, y llegó al Ministerio desde su puesto como Presidente del Congreso, donde había protagonizado alguna que otra anécdota simpática e inconsecuente, que le daban el aire de un ministro menos circunspecto y rígido que algunos de sus antecesores. En las Fuerzas Armadas su nombramiento fue bien recibido. Estaba relacionado estrechamente con la Marina, era oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada en situación de supernumerario, hijo de un general también del Cuerpo Jurídico, y de alguna manera se le consideraba un “militar”, aunque se tratase de un “aspirino” (apodo cariñoso con el que se designaba a los oficiales de los Cuerpos de Sanidad, Jurídico, Intervención,..etc) por parte de la oficialidad del Cuerpo General de las Armas, en Tierra y Aire, y del Cuerpo General de la Armada. De alguna manera, en las fuerzas armadas se pensaba que alguien que conocía al estamento militar llegaba por fin al Ministerio, en plena democracia.
No resultaría así, sino más bien casi al contrario. A pesar de lo que se ha dicho numerosas veces, Trillo fue un continuador de la labor de Serra, y los civiles siguieron controlando la cúpula del Ministerio de Defensa. No solo mantuvieron sus altos cargos, sino que los ampliaron. De hecho, la Dirección General de Política de Defensa –tradicionalmente un puesto ocupado por un militar-, se vio relegada, de alguna forma, y subordinada ahora a una pomposa Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), de nueva creación y totalmente innecesaria, y a cuyo frente Trillo puso al diplomático Francisco Javier Jiménez-Ugarte, un personaje complicado y arrogante que añadió una considerable dosis de tensión a las relaciones cívico-militares en el seno del propio Ministerio. Como Director General de Política de Defensa –y subordinado directo del Sr. Jiménez-Ugarte-, se designó al Vicealmirante Rafael Lorenzo, que en su momento pasaría a ser consejero de la Empresa Nacional Santa Bárbara, sin duda en premio a su docilidad.
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Sorprendentemente este personaje declaró a la Revista Atenea (Abel Hernández, 2/07/2009) que: “A mí nunca me gustó suprimir el servicio militar obligatorio. Se debió a la circunstancia social de entonces, en la que el número de objetores había crecido muchísimo más que en ningún otro país del mundo. Cualquier país medianamente serio exigía para ser objetor el cumplimiento de unas condiciones; aquí bastaba la mera declaración. …No había más remedio que suprimirlo. Personalmente sigo creyendo que el servicio militar tenía muchas virtudes. Pensadores orientales han dicho que el suicidio de Occidente consiste en pensar sólo en derechos y no en deberes”. No puede haber mayor maniqueísmo.
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Si Trillo puso al frente de la Dirección General de Armamento y Material nuevamente a un militar –el General de División del Aire Miguel Valverde, ascendido casi inmediatamente a Teniente General-, en sustitución del Sr. Pery, no es menos cierto que designó a un energético y activo civil como Secretario de Estado de Defensa, el Sr. Fernando Díez Moreno, que llegaba desde el Ministerio de Hacienda, en un momento en que en ese ministerio había estallado el escándalo de Gescartera. Para la Subsecretaría de Defensa, Trillo optó igualmente por alguien de su absoluta confianza y nombró a Víctor Torre de Silva, que había sido jefe de su gabinete en la Presidencia del Congreso de los Diputados, una persona quizás excesivamente joven para el cargo, y para la labor que tenía que realizar, especialmente en el ámbito de la gestión de personal militar y de los recursos humanos.
El incidente más sonado durante su mandato fue, sin duda, el llamado conflicto de Perejil. Se desarrolló del 11 al 20 de julio de 2002, tras la ocupación del islote Perejil por 6 gendarmes marroquíes, y tras un cruce de declaraciones entre España y Marruecos, finalmente, tropas españolas desalojaron a los soldados marroquíes que habían llegado a relevar a los gendarmes iniciales. La falta de apoyos internacionales, especialmente de los principales socios de la OTAN y de la UE, formuló la teoría según la cual, en caso de conflicto con el Norte de África, España estaría sola, por lo que modernizar y reequipar las Fuerzas Armadas era un requisito importante. No fue mucho lo que se hizo. Trillo se apuntó la “gloria de Perejil” como si hubiera sido el salvador de la Patria, solo hay que ojear su libro para darse cuenta, pero no hizo nada más.
Las carencias militares de España salieron a flote tras el incidente con Marruecos en el islote Perejil, siendo patente que la política del Ministerio de Defensa debía de cambiar si
se pretendía actualizar y modernizar a los ejércitos españoles. Desde el Ministerio de Defensa se llevaba algún tiempo planificando una reforma de las Fuerzas Armadas, que la crisis de la isla de Perejil aplazó, quizás, para no dar imagen de provisionalidad militar del país. Lo que se llevó a cabo fue una reforma cosmética sin alcance alguno ni influencia en la operatividad de los ejércitos. Así el Gobierno puso en marcha cuatro decretos-leyes que configuraban el alcance de la supuesta reforma: reestructuración del Ministerio de Defensa, modificación de las agregadurías militares, establecimiento de las Delegaciones de Defensa en las provincias, y representación institucional de las Fuerzas Armadas. Todo un asombroso paquete de medidas “esenciales” para la defensa nacional, como resulta obvio para cualquier persona con sentido común, y que revelan la superficialidad y escaso interés real por la defensa del mandato del Sr. Aznar.
En el Ejército de Tierra, que se consideró el más afectado por la reforma, desaparecieron las históricas regiones militares y fueron sustituidas por la Inspección General del Ejército -en Barcelona, naturalmente con un Teniente General para no perder esa vacante y Capitán General de Cataluña en cierto modo-, por el Mando Logístico Operativo, en La Coruña, que sustituía así a la Capitanía General de Galicia, y por el Mando de Doctrina, en Granada, que sustituía a la antigua Capitanía General de la IX Región Militar. Para paliar la pérdida de la Capitanía General de Sevilla se creó un denominado Mando de la Fuerza Terrestre -¡en el propio seno del Ejército de Tierra, como si éste no fuera “Terrestre” en su totalidad!-, en Sevilla, con otro teniente general. Todo un modelo de eficacia y organización, la supuesta Inspección General –un organismo que nadie comprendía-, en Cataluña, la Logística Operativa en Galicia, la Doctrina en Granada, y la Fuerza Terrestre en Sevilla; todo era, y es, una completa locura. Ciertamente no se podía haber hecho peor, pero, claro, el objetivo no era otro que preservar las vacantes de teniente general.
También el Ejército del Aire tuvo un Mando para las Fuerzas Aéreas Auxiliares y la Marina, un Almirante al Mando de las patrulleras y buques no adscritos a la Flota. En suma, certificar la permanencia de los cargos. Los políticos, que no eran tontos, no tuvieron mayor problema en dejar a los generales y almirantes seguir gozando de sus pequeños “cortijos”. Era el precio a su silencio y a su pasividad ante la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas que se estaba acometiendo. Y todo esto lo presidió un gobierno que se decía “de derechas”, o mejor dicho ya entonces “de centro”, el Gobierno de José María Aznar.
La realidad en el mundo de la defensa era otra, y esa poca profundidad de los juicios del gobierno del PP pronto se vio reflejada en una importante serie de acontecimientos. El primero de estos acontecimientos, cuya situación y consecuencias todavía perduran, fue la guerra de Irak. El Gobierno de Aznar se alineó, sin más, con la política del Presidente Bush, considerando tanto los conflictos de Afganistán como de Irak, como poco más que excursiones campestres sin ninguna implicación ni consecuencia posterior. Y se apuntó a participar en los mismos, aunque eso sí, con unas reglas de enfrentamiento propias y hasta independientes de lo que el Mando de la Coalición Aliada pudiera decretar o decidir en cada caso. Las tropas españolas –al igual que hoy-, iban por libre y tenían que informar al Ministerio en Madrid, antes de decidir y obedecer al Mando de la Operación, lo que las colocaba siempre en una posición difícil, cuando no vulnerable.
Tanto a Irak como a Afganistán se mandaron tropas cuando se pensaba que ya no había conflicto, y solo se trataba de ayudar en la reconstrucción y en tareas de ayuda humanitaria. Y ello motivo que se enviasen tropas poco preparadas, y mal dotadas. Ya en 2003 el vehículo blindado BMR, omnipresente en todos los escenarios donde había fuerzas españolas, tenía casi 25 años de servicio, y todavía estaba en marcha un programa de modernización del mismo. Pero no había que preocuparse, total las tropas iban a desplegar “en una zona hortofrutícola, totalmente tranquila y pacífica” . El resultado es de sobra conocido, hubo bajas en Irak, y hubo bajas en Afganistán. Y la saga continúa.
Las carencias iniciales de las tropas fueron tremendas, y casi nada de eso se ha dicho abiertamente, en medios públicos, aunque ahora empiezan a trascender bastantes aspectos.
El segundo acontecimiento, de gravedad extrema éste, fue el tremendo accidente del avión Yak-42 sobre Turquía, en el que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Se ha escrito mucho sobre ello y el asunto en sí no es objeto de estas páginas, pero todo parece indicar que ninguno de los implicados –o afectados-, dijo la verdad. La sombra de la catástrofe aérea del Yak-42 planeará todavía por mucho tiempo sobre los que tuvieron alguna capacidad de decisión en aquellos días. Fue el mayor desastre sufrido por el Ejército español en muchos años y una pérdida irreparable para cada una de las familias, a cuyo dolor hay que añadir la confusión generada por el Gobierno y el propio Ministerio de Defensa, que dura hasta nuestros días. Máxime cuando los máximos responsables políticos tanto del accidente, en sí, como de la negligente investigación posterior sobre el mismo, no han sido capaces, ni han querido dar una explicación coherente de lo que ocurrió, ni asumir sus responsabilidades.
Independientemente del resultado de todo el proceso, la imputación de la cúpula de defensa de aquellos días, el hecho no tuvo la repercusión que tenía que haber tenido y que posiblemente hubiese alcanzado si el ex-ministro Trillo hubiese sido imputado también. Las razones son obvias, pero no justas. Independientemente de ello, que se impute por homicidio imprudente, como ocurrió, a los más altos responsables de la defensa -todos ellos generales, con altísimas responsabilidades en la cúpula de la defensa militar- por presunto incumplimiento de sus responsabilidades es gravísimo. Algo iba yendo –y sigue yendo-, muy mal en las Fuerzas Armadas, y no tiene más significado que el que unos oficiales –de la más alta graduación, responsabilidad y supuesta preparación- habrían olvidado el sagrado deber de velar por sus subordinados y, pese a conocer las quejas e informes sobre la inseguridad y el riesgo que entrañaban aquellos vuelos, los pusieron en riesgo gratuitamente por negligencia, o incompetencia, o autocomplacencia, o cobardía, o por todo ello junto.
Sea como sea, aquellos que hoy demuestran no ser capaces de remediar la situación en la que se encuentran las fuerzas armadas, y las exponen a riesgos innecesarios por negligencia, o incompetencia, o autocomplacencia, o cobardía, o por todo ello junto, deberían tomar también nota. Las decisiones tomadas tienen siempre un altísimo precio al final de la cadena. Y lo deberían pagar muy caro cuando se demuestra que tomaron sus decisiones, a pesar de que con ello ponían, y ponen, en peligro las vidas de sus subordinados.
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Federico Trillo ante el Congreso de los Diputados, en 2003, explicando la participación de tropas españolas en el conflicto de Irak.(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm.799, 17/07/2003)
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2003 fue, sin duda, un año negro para el Ministerio de Defensa, y, por ende, para el Ejército de Tierra. Cuando todavía seguía el ruido provocado por el accidente del Yak-42, en noviembre cayeron en una emboscada, en Irak, siete oficiales del CNI, todos ellos pertenecientes al Ejército de Tierra. La forma en que el Ministerio, y el Ejército, trataron el asunto, casi ocultándolo, y no concediéndoles siquiera a los fallecidos una recompensa propia de zona de combate, fue un despropósito más, y no colocó en buena posición a ninguna autoridad. El suceso no revistió mayores complicaciones y no se buscó profundizar en sus causas. Nada se dijo de cómo, porqué, donde, con qué medios contaban aquellos oficiales. Nada, silencio absoluto y ausencia total de medidas. ¿Quién era el responsable? Nadie, realmente, había sido solo culpa del “modus operandi” de los mismos oficiales, pero la forma en que prácticamente las autoridades se inhibieron dijo muy poco a favor del Ministerio de Defensa.
La prueba de fuego para las Fuerzas Armadas, para todo el Ministerio de Defensa, y para toda la nación, fue, sin duda, el tremendo suceso del 11-M. No es que la defensa nacional tuviera responsabilidad en lo que sucedió aquel día en Atocha, pero aquel día cambió, para siempre, la orientación de una España que, quizás, vivía demasiado feliz y alejada de las realidades geopolíticas del mundo. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para afrontar tal catástrofe, y tras el fin de la Guerra Fría, no había habido una transformación seria de las mismas, para afrontar los nuevos desafíos, y lo peor es que sigue sin haberla. Esa última lección de la Historia aún no ha sido asimilada por los españoles. Unos asesinos implacables atacaron a España el 11-M provocando un sinfín de horrores y de dolor como no recordaba nadie ya, y motivando toda una serie de reacciones aún confusas y atolondradas que fueron, sin duda, celebradas por los asesinos y los que les aplauden. España, sin embargo, aún no ha salido del marasmo en que esa fecha la sumió y que supuso un cambio social cuyo resultado está por ver.
La actitud que cabe esperar de los que nos gobiernan deja mucho que desear en este contexto y, sin duda, nos ha llevado a dar a entender a los causantes del mal que se claudica ante sus exigencias, y que nos plegamos a sus demandas. España no había declarado la guerra a nadie ni ha atacado a nadie en 2001. Las tropas en el exterior cumplían esencialmente misiones de ayuda humanitaria, o de apoyo y no de combate. La única acción en que España había llevado a cabo acciones ofensivas había sido en Kosovo en 1999, cuando aviones con la escarapela roja y gualda castigaron reductos serbios, en defensa de una minoría étnica que estaba siendo subyugada y acosada casi hasta el borde del genocidio. En aquella ocasión, hay que recordarlo, no había tampoco mandato de las Naciones Unidas que amparase nuestra acción ni la de nuestros aliados.
El 11-M España fue atacada. En el discurso de nuestros gobernantes debió darse otro talante, debió cesar la disputa entre galgos y podencos y debieron haberse concentrado en prevenir las amenazas. La sangre de los muertos lo exigía entonces y lo exige todavía hoy.
Puede parecer exagerado, pero la realidad es que España en 2004 entró en guerra, una guerra asimétrica, contra un enemigo furtivo, sin identificar, sin bandera, sin capital y sin estado, pero en guerra contra un enemigo exterior por primera vez, una vez más desde 1808. Si una nación identificada, con estado, con capital, con bandera, se hubiera declarado responsable de los ataques del 11-M, España habría estado entonces en estado de guerra oficial, declarado y con las Fuerzas Armadas movilizadas y desplegadas en defensa de la soberanía, integridad física y moral y territorial. El que no se identificase al enemigo no hacía nula la situación de estado de guerra. España había sido atacada por su participación en la guerra de Irak, según decían unos, y se debió decir valientemente que no era cierto. Los Estados Unidos fueron atacados el 11-S cuando ni siquiera había ninguna guerra en curso en Oriente Medio, aparte del sempiterno conflicto árabe-israelí; la participación de países como Italia y el Reino Unido en Irak era considerablemente mayor que la aportada por España y no habían sido atacados en aquellos días. España fue atacada porque era el eslabón débil, porque la sociedad española se había vuelto tan decadente y laxa que resultaba tremendamente vulnerable al chantaje y a la coacción, y porque nuestra defensa y seguridad habían sido reducidas a los umbrales mínimos indispensables.
El 11-M dio al traste con el proyecto del PP, acabó con el gobierno de Aznar y devolvió el poder al PSOE. Había sido un “impasse” de ocho años, en el que no se había aplicado ni un solo proyecto que se pudiera juzgar como original ni de factura conservadora. Los ejércitos habían seguido su trayectoria descendente y la defensa se hallaba bajo mínimos. No en vano se había encargado su gestión a personas si no simpatizantes del PSOE, cuando menos pasivas e indolentes, que se limitaron, como ya era habitual, a pavonearse y a agradecer la distinción recibida.Durante los 8 años del PP en el poder se había llevado a cabo una consolidación de la política de personal en las Fuerzas Armadas, vigilada por todos los afectos a Eduardo Serra, y por ende al PSOE. Los ascensos a general fueron, si cabe, más caprichoso que nunca, y sobre todo en el Ejército de Tierra sin atender a los respetos más elementales ni considerando realmente la trayectoria mantenida por los oficiales que llegaban a ser seleccionados para el ascenso. Fue muy corriente mantener en sus destinos a ciertos generales “amigos” al pasar a la reserva, aunque ello conllevase bloquear el ascenso de los más jóvenes.
Con el 11-M se puso final a ocho años de “querer y no poder”, y de medidas aplicadas con paños calientes, cuando no con desidia, en las que las Fuerzas Armadas fueron, una vez más, las grandes olvidadas, y convidados de piedra en la tarea de construcción nacional. Atrás quedaban Afganistán, Irak, Perejil, el accidente del Yak-42, los siete muertos del CNI, el fin del servicio militar obligatorio, la integración en la estructura militar de la OTAN y la reforma del CESID/CNI. Ciertamente había sido un período activo, pero del que no se había aprendido nada, los ejércitos seguían prácticamente como siempre. La lección suprema vino el 14-M.
Capítulo 2
Zapatero llega a La Moncloa: principio de un despropósito monumental
“Esta mañana, una vez que el Ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Iraq regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles”
José L. Rodríguez Zapatero, Palacio de La Moncloa, 18 de abril de 2004
El atentado del 11-M supuso mucho más que un acto de agresión terrorista contra un estado soberano y sus repercusiones no pueden quedarse dentro de las fronteras nacionales. Si finalmente, fue solo el islamismo radical la mano autora de la masacre, Al-Qaeda habría cruzado un umbral que nunca, antes de ese momento, había cruzado: atentar en suelo europeo. Después de Madrid vino Londres, pero si en España no lo había hecho antes, no fue ciertamente por falta de capacidad, sino más bien porque no le había interesado para sus planes. En contra de lo que el CNI decía, Al-Qaeda, contaba con una infraestructura mucho más letal de lo que se podía imaginar.
Sin duda, el impacto político del atentado pudo ser producto de la casualidad, pero si se asume que el 11-M estaba ligado al 14-M, el panorama es ciertamente, sombrío, y quitaría la legitimidad a las elecciones celebradas en 2004. Fuese como fuese, no hay que descartar que Al-Qaeda hubiera alcanzado la capacidad de comprender, incluso, nuestro modelo de sociedad, o que alguien le hubiera ayudado a ello, al igual que sucedió en 711 con la invasión árabe. Desde un punto de vista práctico, el atentado del 11-M resultó ser una acción táctica de implicaciones políticas estratégicas enormes: logró derribar a un Gobierno, que creía tener ampliamente ganadas las elecciones, y con ello se forzó la retirada de las tropas españolas en Irak, abriendo una brecha en la coalición occidental, y sentando un precedente.
La victoria del PSOE en las elecciones del 14-M de 2004, supuso una nueva época que daría paso a la actual, y que vendría a continuar la labor de los gobiernos de Felipe González, si acaso ligeramente ralentizada por el interregno del PP, y muy especialmente en lo que se refiere a la defensa y seguridad nacional, y por consiguiente, a la gestión de las Fuerzas Armadas.
José Luis Rodríguez Zapatero no era una persona precisamente conocida en el ámbito castrense y no daba la impresión de estar muy versado en temas de defensa y seguridad. Nadie esperaba una victoria socialista en 2004, y nadie había considerado realmente que Zapatero podía llegar a convertirse en Presidente. Posiblemente ni él mismo lo había considerado con seriedad. Por eso, cualquier cosa podía pasar, y efectivamente pasó. Para empezar, Zapatero designó a José Bono como nuevo Ministro de Defensa. Sin duda, había toda una intención tras ese nombramiento ya que Bono había sido su rival en la pugna por el liderazgo del PSOE en 2000, y solo un margen escaso de votos entonces, había hecho que ahora fuera Zapatero el nuevo inquilino de La Moncloa, en lugar de Bono.
Aunque Bono había sido totalmente rotundo en enero de 2004, afirmando que "en ningún caso sería ministro de ningún gobierno" , apenas dos meses después cambiaba de opinión, y aceptaba que José Luis Rodríguez Zapatero le ofreciese la cartera de Defensa. Centrista, moderado y muchas veces populachero, Bono era, y es uno de los personajes clave del Partido Socialista. Logró imponerse a los criterios de los gobiernos de Felipe González en asuntos como el uso del campo de tiro de Cabañeros –en la provincia de Ciudad Real- , para el Ejército del Aire, en el que, paradojas de la vida, se enfrentó al Ministerio de Defensa, del que ahora se hacía cargo.
Bono asumió el Ministerio de Defensa en uno de sus momentos más críticos. La promesa electoral de Rodríguez Zapatero de que las tropas españolas dejarían Irak antes del 30 de junio, a menos que una resolución de la ONU avalase su permanencia en el país árabe, colocaba al Ministerio en el ojo del huracán.
El plan inicial de Bono para la defensa no fue otro que cumplimentar las promesas electorales del PSOE, a saber:
• Retirar las tropas españolas de Irak salvo que una resolución de la ONU avale su presencia. Algo que se revelaría mentira y que dejaría a Bono en mal lugar.
• Culminar la profesionalización de las Fuerzas Armadas, desarrollando un modelo "realista" basado en la calidad y estructurado de acuerdo con las necesidades tecnológicas, la modernización y organización de unos ejércitos para el siglo XXI, es decir desarrollar la conocida Ley de la Carrera Militar.
• Que fuera el Parlamento quién se pronunciase sobre la intervención de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones militares en el exterior. Un aspecto que a medida que se avanzara en las legislaturas dejaría de cumplirse.
• Aprobar un Plan Global de Calidad de Vida y un Servicio de Apoyo al Personal de Defensa, así como una Ley de derechos y libertades del personal militar y los mecanismos efectivos para garantizar su ejercicio. Mejorar la situación laboral de los soldados profesionales, impulsando programas de orientación que permitan mejorar sus perspectivas profesionales al finalizar su contrato.
• Indemnizar a los familiares de las víctimas del Yak-42, proporcionando pensiones en cuantía suficiente para impedir que se produzcan situaciones de desamparo.
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El Mundo, Elena Mengual, 18/03/2004
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En suma, una serie no pequeña de proyectos e ideas altamente polémicos cargados de una gran dosis de demagogia, como, por otra parte, cabía esperar, e incumplidos en su mayoría, y ciertamente con efectos, posiblemente esperados y buscados por el Presidente Zapatero, pero directamente destructivos para la moral y cohesión de las Fuerzas Armadas.
La decisión del nuevo gobierno de retirarse de Irak era, sin duda, legitima. Otra cosa es que fuera apropiada y conveniente –tanto desde un punto de vista militar como de relaciones internacionales-, y más en aquellos días y de forma tan apresurada. Zapatero había prometido electoralmente la retirada de las tropas, pero eso fue antes del 11-M. El atentado legitimaba, más que nunca, la presencia de tropas españolas en Irak, aunque solo fuese por el hecho de no ceder a la amenaza de los terroristas que cometieron la masacre de Atocha. Al tomar la decisión de retirarse, Zapatero cedía ante el chantaje y daba la imagen de un gobierno débil, incoherente, y ciertamente, no solidario con el resto de los aliados implicados en Irak. La historia lo reflejará, sin duda, así en el futuro. El hecho se agravó considerablemente al no respetar, ni siquiera, los mismos límites impuestos por el propio Presidente Zapatero de esperar a una decisión de las Naciones Unidas, y adelantar, de forma totalmente unilateral, la retirada, algo que nunca hasta ahora se ha explicado ni justificado desde el gobierno.Para el Ejército no fue un asunto fácil.
Al
margen de la dificultad propia de la operación, que era considerable, se daba una imagen pobrísima de la nación, del gobierno y de la actitud moral de España, en un momento de tanta gravedad. No importa que se diga ahora que los aliados lo entendieron, y lo comprendieron, si, pero no es menos cierto que no lo aplaudieron, y las tropas fueron objeto de cierto escarnio y burla. No vale de nada negarlo. Polacos, italianos, e incluso británicos, acabarían retirándose, pero cuando sus gobiernos lo decidieron soberanamente, y no a resultas de amenazas y chantaje. No cabe duda de que el episodio pasará también a la historia como un momento de vergüenza para las armas españolas.
Fueron muchos los caprichos y extravagancias cometidas desde el Ministerio de Defensa, bajo Bono, ya desde los primeros días, y la historia continuó. Una de las más notables fue la mentira flagrante efectuada por el propio Bono, cuando en una de sus mejores exhibiciones teatrales, escribió una carta personal, con tratamiento de Tú, a todos los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas, anunciándoles que les subía el sueldo en una cantidad tal como para que se le estuviese agradecido eternamente. La carta era de una demagogia sin precedentes, pero también representativa de un paternalismo sin límites y su divulgación provocó un sentimiento social contrario, en muchos sectores, ya que parecía que se concedía un privilegio sin justificación a los militares, al hablarse de hasta una subida de un 20%, cantidad que pareció desproporcionada y abusiva en muchos estamentos sociales. La realidad fue muy distinta, ya que la subida de sueldos, se distribuyó, en primer lugar, a lo largo de tres años, y luego fue proporcionalmente inversa a la graduación, de modo que a la tropa se le acabó subiendo la cantidad ridícula de alrededor de 300 euros, en el mejor de los casos, y nada, o incluso se llegó a que algunos sueldos disminuyeran realmente, al pasarse al umbral de impuestos superior, en el caso de algunos coroneles. Por otra parte se redujo, para compensar la subida, el complemento de dedicación específica asignado a los diferentes ejércitos, que era de aplicación graciable, y que, en consecuencia, muchos oficiales y suboficiales dejaron de percibir, con lo que el tan cacareado aumento de sueldo se diluyó en casi nada.
Los generales y almirantes no se vieron afectados naturalmente, y la cúpula militar –que ya era la nueva-, no solo no expuso la realidad al Ministro, sino que adoptó la misma postura de complacencia y paternalismo. Todo era ya prueba de un patetismo y de un espectáculo verbenero que rayaban en el ridículo más sobresaliente.
El período iniciado por Bono, y su nueva cúpula militar, no iba a estar exento de sobresaltos, en ningún caso. Primero sería, ya en 2005, el accidente de dos helicópteros del Ejército de Tierra en Afganistán, y más tarde sería el asunto del Teniente General Mena, que acabaría ocasionando hasta el cese del propio Bono. El mandato de Bono fue breve, en cualquier caso, pero activo. Bono era, y es, una persona activa, extrovertida, y cuyas acciones tenían eco, lo que, sin duda, no era muy del agrado de La Moncloa, ya que quitaba protagonismo al propio Presidente Zapatero, quien no olvidaba que Bono había sido su contendiente en la lucha por el liderazgo del PSOE.
No se puede establecer una responsabilidad política directa de Bono ni de la cúpula militar de aquellos días, en lo sucedido en Afganistán, pero indirectamente habría mucho que decir y desde luego se podía haber hecho bastante para evitar el accidente. Resulta del todo incomprensible que prácticamente la totalidad de la flota de las FAMET llevara, por aquellos días, casi UN AÑO en tierra por falta de certificado de aeronavegabilidad, ya que al fin y al cabo, la responsabilidad del citado certificado de aeronavegabilidad era, y es, del Ministerio de Defensa. ¿Cómo es que no se resolvió este tema? ¿Puede concebir alguien que los carros de combate no pudieran salir del acuartelamiento por falta de ITV?
Independientemente de la no disponibilidad de aeronaves y de la imagen penosa que se daba, ello también motivaba que hubiera pilotos y tripulaciones que no volaban desde hacía más de SEIS MESES con la consiguiente disminución de operatividad del conjunto. Este era un tema urgente y prioritario, aquí si había responsabilidades y no pocas, de la autoridad política y de la autoridad militar que, con la cúpula militar en pleno, estaba, y sigue, empeñada en un “Sin Novedad” permanente, trasnochado, que no lleva a ninguna parte.
Como expuso el propio Bono en el Parlamento, en aquellos días, las FAMET disponían de 15 helicópteros Cougar –ya solo de 13-, y de ellos solamente CINCO estaban capacitados para lanzar bengalas y señuelos, y tras el accidente, solamente TRES. No se puede entender qué otras prioridades podía tener el Ministerio de Defensa ante una situación tan patética, y como la cúpula militar, en especial el General García González y el mismo General Sanz Roldán, no tomaban medidas urgentes e inmediatas. Aquí es donde está la responsabilidad política, y la militar por no atreverse a decir abiertamente al Mando que las FAMET simplemente no existían más que sobre el papel.
Las Fuerzas Armadas se entrenaban, y se entrenan, poco y quizás no muy bien, sobre todo debido a la carencia de presupuestos pero últimamente debido también a la falta de personal y a la multiplicidad de misiones que los soldados deben desarrollar y que van desde proteger las líneas férreas y los pantanos, centrales eléctricas y nucleares ante una posible amenaza terrorista, a su participación en misiones internacionales. Misiones todas ellas en las que muchas veces no hay ninguna relación con el verdadero cometido y tareas que desempeña la unidad que ejecuta la misión. Enviar tripulaciones de carros de combate, pie a tierra, a Kosovo durante SEIS MESES a realizar misiones de infantería a pie, es una barbaridad, al igual que enviar paracaidistas dentro de vehículos acorazados que no son su medio habitual de empleo. Claro está que no hay ya fusileros ni Infantería suficiente para cumplir con las misiones internacionales en las que el Gobierno se ha implicado. Aquí falla, sin duda, la responsabilidad de la cúpula militar.
No son pocas las lecciones y consecuencias a extraer de lo ocurrido en Afganistán, y del resto de misiones internacionales en que se participa. Lo importante era introducir medidas que contribuyesen a evitar todo el cúmulo de carencias detectado. Una tarea nada fácil, en la que sobre todo se debe dar la voluntad política de dotar a los ejércitos con todo lo que necesitan para el mejor cumplimiento de sus tareas, y la voluntad de los jefes de los ejércitos de exigir los medios adecuados. Tan fácil y tan complicado, a la vez. No se hizo nada, y años más tarde, por poner un ejemplo, la carencia de vehículos protegidos sería un hecho palpable que padecerían las tropas desplegadas. La escasez de helicópteros sigue siendo endémica.
El 10 de abril de 2006 cesaba de manera sorprendente el Ministro Bono. Su cese, casi igual de rocambolesco que su toma de posesión del Ministerio, ponía fin a un período ciertamente llamativo, complicado y que había tenido no pocos sobresaltos. El Presidente Zapatero se libraba de alguien que le resultaba incómodo a todas luces, y que casi le hacía sombra en algunos momentos, y se aprovechaba la circunstancia para poner punto final al control de las Fuerzas Armadas, dejando abierto el camino para todos los desaventurados proyectos que desde La Moncloa se querían realizar.
A Bono le sucedió en el cargo, José Antonio Alonso, hasta entonces Ministro del Interior, y un antiguo juez, amigo personal del Presidente Rodríguez Zapatero y también natural de León, portavoz del movimiento Jueces para la Democracia entre 1994 y 1998, y considerado como una de las personalidades más progresistas dentro del PSOE. José Antonio Alonso accedió a la cartera de Defensa con un perfil moderado, en antítesis a la estridencia de Bono, y tras la utilización que éste hizo del ministerio para sus propios intereses, se llegó inocentemente a creer que Alonso arreglaría una cartera de Defensa sin rumbo ya desde hacía tiempo. Pero su primera decisión fue cesar al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General José Antonio García González, siguiendo con el proceso de politización de la cúpula militar. Se trataba finalmente de consolidar a los generales y almirantes "afines", frente a los profesionales que no entraban en juegos partidistas.
Alonso fue un ministro desconocido para las Fuerzas Armadas, trató de depurar de seguidores de Bono el Ministerio, imponiendo sus propios colaboradores del Ministerio del Interior, y poco más, y obviamente llevaba órdenes para ello, pero ante todo, su gestión fue una gestión vacía, ni le gustaba la defensa ni le gustaban los militares, eso resultaba evidente. Casi resultó tan malo como Federico Trillo, sino fuera porque éste además de hacerlo mal, hizo daño a los militares, que esperaban mucho más de él.
Alonso, el amigo de Zapatero, fue, sin duda, firme en sus compromisos, pero no con Defensa sino con Zapatero. Se entregó en cuerpo y alma al “pacifismo” del presidente del Gobierno, tergiversando el concepto de misión de paz, de misión humanitaria y de cooperación cívico-militar para esconder la naturaleza esencialmente militar de las acciones en el exterior. Contribuyó al proceso de desintegración de las Fuerzas Armadas sacando adelante el gran proyecto esperpéntico de Zapatero: la Unidad Militar de Emergencia (UME), ya empezado con Bono. Ante el estupor surgido en el seno de las propias Fuerzas Armadas, la cúpula militar no se plantó una vez más, dejando una vez más huérfanas las verdaderas necesidades militares, y hubo quién, enseguida, aceptó el mando de semejante bodrio a cambio de un ascenso fulgurante. La pérdida de expectativas profesionales, la desmotivación, la ralentización de los ascensos, y la degradación de la enseñanza militar son sólo algunas de las consecuencias de la reciente Ley de Carrera Militar, que se puede atribuir principalmente a la gestión del ministro Alonso, con la colaboración de la cúpula del momento.
Tampoco fue capaz –ni le interesó-, el ministro Alonso de garantizar la seguridad de los efectivos militares fuera de nuestras fronteras. Alonso se recreó una y otra vez en recordar los buenos orígenes de la ISAF (Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad en Afganistán), que se asentaron en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, arrinconando burdamente el hecho de que la OTAN asumió la responsabilidad de la coordinación estratégica en el verano de 2003. Impuso restricciones a la libertad de actuación en los despliegues en el exterior de nuestros efectivos y dejó a la improvisación la compra urgente de material militar necesario para la seguridad de las tropas españolas. Propició el envío de un numeroso contingente al Líbano bajo el paraguas de la ONU, y de una débil y ambigua resolución, que agravaba la peligrosidad de la misión –como así sucedió, muriendo seis soldados españoles en julio de 2007-, y luego desentendiéndose de ello.
En septiembre de 2007, anunciando pomposamente una llamada “Propuesta de Capacidades Militares” que iba a someter a la aprobación del presidente Zapatero, el Ministro Alonso destacaba que las FAS iban a contar, así, por primera vez en su historia con un sistema integrado y global que permitiría su crecimiento armónico y la mejor racionalización de la toma de decisiones. Pocos meses después, cuando era sustituido por la Ministra Chacón, las cosas seguían como estaban y nada se había hecho. Sobran comentarios cuando entonces no se hacía ni una referencia al problema de verdad candente, entonces, y hoy: los vehículos acorazados de ruedas, o posibles de cadenas, que se envían a las misiones de paz, y a la protección con que deben contar contra los ingenios explosivos improvisados (IED,s), ni tampoco a la falta endémica de personal que padecen las Fuerzas Armadas, ni a las bajas expectativas profesionales que vienen motivando que jóvenes oficiales –o incluso cadetes en las academias militares-, abandonen la milicia a una velocidad alarmante.
Y, por citar un ejemplo, la compra de vehículos especiales protegidos MRAP se tuvo que realizar mal y tarde. No fue sino una reacción improvisada a las bajas sufridas y la vulnerabilidad de los viejos BMR, que sólo tienen capacidad para resistir minas de hasta tres kilos de explosivo. Sólo es uno de los numerosos ejemplos de la pésima planificación en materia de Defensa del Gobierno, y del propio Ministerio, desoyendo las peticiones soterradas del mismo Ejército, y del EMAD, si acaso. Si de verdad, la citada Propuesta de Capacidades hubiera tenido alguna realidad y consistencia, no habría habido necesidad de arbitrar estas compras por procedimiento de urgencia, síntoma de que las verdaderas necesidades no están siendo satisfechas mediante los procedimientos normales, por mucho proceso de transformación y modernización que sugiriese entonces el Sr. Alonso, cuando estaba a punto de acabar su mandato. Aún así, a fecha de hoy, como es sabido, sigue sin acometerse la plena sustitución de los BMR,s, por muchos programas nuevos que se anuncien.
Francamente, en 2007 sobraba la presentación tan pomposa de una propuesta, de un nuevo plan, de repetir la palabra integración, de hablar de racionalización, de gestión unitaria para dos años después no haber hecho nada de nada. No se puede pensar siquiera que aquello fuese una buena exposición de buenas intenciones, intenciones ya pasadas de moda, ya viejas, y por supuesto “Déjà Vu”, sino que eran tan solo palabras, de un ministro que cumplía un papel, y sobre las que no había ningún deseo de acompañarlas con hechos, y que iban destinadas exclusivamente a la galería, a engañar a la cúpula militar y a aquellos dispuestos a creer y a aplaudir. Con la seguridad no se debería jugar, y hoy transcurridos ya cuatro años después de aquellas palabras huecas, se deberían exigir responsabilidades desde las más altas instancias –véase el Parlamento-, por la inacción y falta de interés demostradas.
El ministro Alonso no hizo apenas casi nada, pero si llevó a cabo una “limpieza” metódica de los restos de oficiales capaces, y buenos profesionales que quedaban y que, en el generalato ya, podían representar algún tipo de disidencia. Alonso heredaba los problemas acumulados por Bono, a los que tendría que añadir los problemas que surgirían en su propio mandato, que no fueron pocos. Ni solucionó unos ni otros. Alonso, si no fuera porque nadie hiere como el que se considera además como perteneciente a la propia familia, podría ser considerado como uno de los peores ministros habidos, pero ese honor todavía no se lo ha podido arrebatar nadie a Federico Trillo.
Uno de los proyectos más controvertidos iniciados bajo el mandato de Bono, y claramente inspirado desde La Moncloa, fue el de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), inicialmente considerada como una especie de guardia pretoriana del Presidente Zapatero, pero realmente destinada a liderar la desmilitarización de las Fuerzas Armadas. El 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros –tras una oleada espectacular de incendios en Galicia, y anteriormente en Guadalajara, con graves repercusiones que ponían de manifiesto serias deficiencias de los mecanismos de protección civil-, había aprobado la creación de una Unidad Militar con definición de Emergencias, en el seno de las Fuerzas Armadas. El propósito era simple: la Unidad Militar de Emergencias se ocuparía de dar respuesta en situaciones en las que existiera peligro para la supervivencia de la ciudadanía o de sus bienes materiales, en los niveles de gravedad que se determinasen en cada momento. Bono no tuvo tiempo material para acometer el proyecto, sería Alonso el encargado de hacer que arrancase, y de que se encaminase de la forma deseada. Pero tuvo, además, la colaboración “desinteresada” y entusiasta de toda la cúpula militar, que nunca llegó a presentar ni siquiera la más mínima objeción.
Se puede entender que las Fuerzas Armadas puedan actuar puntualmente en desastres naturales cuando las circunstancias así lo requieran, pero no que se destine toda una unidad en exclusiva a tareas para las que no se ha formado al personal militar. Circunstancia que, aunque no pasó inadvertida entre los Ejércitos y la Armada, aflorando voces contrarias a la creación de semejante unidad -por todos los esfuerzos diversos que ello conllevaba-, para realizar finalmente misiones impropias del estamento militar, éstas fueron prontamente silenciadas desde la cúpula. Y lo que menos se podía entender era que la Unidad de Emergencia Militar recibiera beneficios que se les negaban a las propias Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus misiones específicas. Desde 2005 hasta 2008 -fecha en la que se completó la plantilla de 4.310 efectivos-, la UME recibió nada menos que 1.600 millones de euros. La UME, además, reclutó su personal aplicando una generosa política de sueldos, no ampliada al resto de la institución militar, en clara discriminación respecto del personal operativo militar, y todo ello en plena polémica sobre la aplicación de las nuevas retribuciones laborales y el nuevo modelo de carrera militar. “El Gobierno no va a escatimar esfuerzos para dotar a la UME de los mejores medios humanos y materiales” , sostuvo entonces el ministro Alonso, mientras que para adquirir unos vehículos protegidos contra minas y explosivos improvisados destinados a las fuerzas desplegadas en Afganistán y Líbano, se han necesitado más de dos años.
La decisión de crear una unidad militar para intervenciones típicas de Protección Civil, detrayendo sus efectivos y medios de los que deberían corresponder a la Fuerza de Maniobra o Ejército Operativo, fue, cuando menos, sorprendente, y no cabe extrañarse de que la unidad se acabara bautizando en los pasillos de los estados mayores como el “capricho militar” del presidente Zapatero. Sin embargo, nadie movió ficha.
La nueva unidad no salió de la nada, y, sin duda, se aprovechó del hecho de la disolución de la División Mecanizada, como Gran Unidad -cuyo núcleo de tropas divisionario coincidía sospechosamente en número en cuanto a personal con el personal asignado a la UME-, desarticulando la organización existente y dejando consecuentemente a la Brigada como la mayor de las unidades existentes en el Ejército de Tierra. Al igual que la Armada, en su día, se convirtió en una Marina de “fragatas y corbetas”, al retirarse de la plantilla las unidades navales más pesadas tipo destructor y crucero, y el Ejército del Aire perdió sus aviones de bombardeo –aunque nunca fueran muchos tampoco-, el Ejército de Tierra pasó a ser un ejército de brigadas -pocas-, y batallones, sin contar con posibles nuevas reducciones en un futuro próximo. A todo ello ni un solo comentario ni un solo estudio por parte de los estados mayores. Ni pedido ni deseado realmente, pero consentido desde el generalato.
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Julio de 2004, EUROPA-Press
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Alonso fue, sin duda, firme en sus compromisos, con Zapatero. Se entregó en cuerpo y alma al pacifismo del Presidente del Gobierno, tergiversando el concepto de misión de paz, de misión humanitaria y de cooperación civil-militar para ocultar las acciones militares. Contribuyó al esperpéntico proceso de desnaturalización de las Fuerzas Armadas sacando adelante el gran proyecto de Zapatero: la Unidad Militar de Emergencia (UME). Ante el estupor de las maltratadas Fuerzas Armadas españolas, la cúpula militar no se plantó ante tal brutalidad, dejando una vez más huérfanas las conocidas necesidades del estamento militar. La pérdida de expectativas profesionales, la desmotivación, la ralentización de los ascensos, y la degradación de la enseñanza militar iban a ser sólo algunas de las consecuencias del proyecto de la Ley de la Carrera Militar, una de las hazañas del tándem Zapatero-Alonso, con la colaboración de toda la cúpula escogida al efecto.
José Antonio Alonso fue un ministro que pasó sin hacer apenas ruido, por el Ministerio, como subrayaron desde el propio PSOE como si fuera todo un mérito. Alonso decidió seguir con el proceso de politización y de purga de la cúpula militar iniciado por Bono. Había que dar cabida a los generales y almirantes "políticos" amigos, y vinculados al poder frente a los profesionales militares que no entran en juegos partidistas para ejercer su función.
Tampoco fue capaz Alonso de hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los soldados españoles fuera de nuestras fronteras. Alonso se recreó una y otra vez en recordar los buenos orígenes de la ISAF (Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad en Afganistán), que se asentaron en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, arrinconando burdamente el hecho de que la OTAN asumió la responsabilidad de la coordinación estratégica ya desde el verano de 2003. Por el contrario reforzó las restricciones a la libertad de actuación en los despliegues en el exterior de nuestros efectivos, y dejó a la improvisación la compra urgente de material militar necesario para la seguridad de las tropas españolas. Y como se ha dicho ya, aceptó enviar a un numeroso contingente al Líbano, bajo el paraguas de la ONU y de una débil Resolución que agravaba la peligrosidad de la misión, produciéndose en el verano de 2007 las primeras bajas mortales, sin poner remedio inmediato.
Alonso cerraría su periplo en Defensa sin pena ni gloria, tras las elecciones de 2008. Pero lo más grave era la pasividad, cuando no su connivencia, de generales como Carlos Villar y Félix Sanz. Mientras, el proyecto socialista de Defensa seguiría siendo un completo misterio, aunque se podía intuir un futuro oscuro y un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas sin parangón en la historia. Con colaboración desde la propia institución militar.
Se podrá criticar o no al Presidente Obama, gustar o no su gestión, pero no hay duda de que posee coraje y grandeza de espíritu. Encerrarse en el “sancta sanctorum” del Ejército norteamericano –la Academia Militar de West Point-, rodeado de todos los cadetes, como hizo en el invierno de 2009, para explicar como ve el problema de Afganistán requiere valor. ¿Se imaginan al Presidente Zapatero encerrándose en la Academia General Militar, de Zaragoza, con los cadetes para explicar los tremendos desaguisados que afectan a la defensa nacional en España? Inviable, ¿verdad?, imposible e increíble. Y sin embargo, Zapatero tiene un buen ejemplo a seguir en la conducta del ex –Presidente Felipe González, quien al poco de ser elegido se atrevió a engullirse toda una misa de campaña, y los actos consiguientes, en el Regimiento de Infantería Acorazada “Alcázar de Toledo 61”, en el Goloso, en una gélida mañana del mes de diciembre de 1982, cuando todavía coleaban las consecuencias del fallido 23-F.
Zapatero no es ni González ni Obama, eso está claro. Pero si descuidar la defensa nacional en tiempo de paz es una irresponsabilidad, hacerlo en tiempo de crisis –y con una guerra, en curso, le guste o no-, es un crimen de estado, cuyas primeras consecuencias vienen siendo ese goteo de víctimas de la incompetencia militar, que han venido sucediendo en Afganistán, a causa principalmente de la falta de prestaciones del material obsoleto con el que están equipadas las fuerzas españolas allí desplegadas.
Y no vamos a culpar más ni a la ministra Chacón, ni al general hoy jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se limita a asentir, sonreír, y decir que él solamente se ciñe al cumplimiento de la misión asignada, apretándose el cinturón ante la crisis actual, y repitiendo con firmeza Sin Novedad. La culpa y responsabilidad últimas es siempre del jefe, y aquí el jefe no es otro que el Presidente del Gobierno.
Hubiera sido exponente de una grandeza de espíritu, sin parangón, que el Sr. Rodríguez Zapatero hubiera comparecido –o compareciese en un futuro próximo-, y confesase públicamente que su administración ha fallado en proporcionar en tiempo útil a los soldados españoles los medios que necesitan para el cumplimiento de su misión, una misión que él ha autorizado y sometido a la aprobación del Parlamento. Y que afirmase su disposición sincera y firme a resolver el tema con carácter inmediato.
Es una pena que no suceda así, pero cuando han transcurrido más de 4 años ya, desde que saltaron todas las alarmas con la muerte de 6 soldados en el Líbano , es inadmisible que solo haya un número mínimo de los nuevos vehículos protegidos desplegados, y que, incluso, los que se han enviado no se utilicen bien, o como se desprende de lo que cuentan los soldados, todavía están aprendiendo a utilizarlos. Es igualmente inadmisible que un vehículo con más de 30 años, del que ha probado fehacientemente su incapacidad e inadecuación para las misiones a desempeñar, siga en servicio y no se haya dado de baja ya, y también resulta inaceptable que se filtren ahora informes que apuntan a que uno de los vehículos elegidos para sustituir paulatinamente al BMR, el italiano Lince de IVECO, no da los resultados esperados, habiendo sido destruidos ya algunos por la acción enemiga.
Es igualmente inadmisible que desde el Ministerio de Defensa se distorsione la realidad, e incluso se anuncien ahora negociaciones, que se dice están estudiándose, para adquirir nuevos vehículos, que, como pronto, tardarían más de un año aún en fabricarse, y comenzar a entregarse, y eso, si no se producen retrasos, como ha sido la tónica hasta ahora. O anunciar pomposamente la próxima contratación de un nuevo vehículo 8x8, que sustituirá al BMR, allá nada menos que en 2014, cuando ya se habrán retirado las tropas de Afganistán, como preconiza el Presidente Obama, y en España ya habrá otro gobierno. Es triste pero solo hace pensar que se toma el pelo a las Fuerzas Armadas, con la connivencia de los generales, y con el apoyo de las medidas de engaño y decepción orquestadas desde el Ministerio de Carme Chacón.
Lo mínimo que se le puede pedir a una autoridad responsable es que sea coherente, que no sacrifique innecesariamente a los soldados de España, y que no se engañe sistemáticamente ni a la opinión pública ni a las familias de los caídos.
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El Mundo, 25/06/2007
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Carme Chacón, la ministra de Defensa
“Capitán, ¡Mande Firmes!
Carme Chacón, 14 abril 2008, en su toma de posesión del Ministerio de Defensa
Tras las elecciones de 2008 que confirmaron a José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno, José Antonio Alonso fue sustituido en el Ministerio de Defensa por Carme Chacón. Carme Chacón llegó al Ministerio casi de forma inesperada, y debido mucho más a sus condiciones personales que a sus propias capacidades personales. Dados sus antecesores, no le resultaría muy difícil mejorar la gestión del Ministerio. En contra tenía la propia idiosincrasia y parálisis de los propios ejércitos, especialmente el de Tierra, y su servilismo –que no es sino una tremenda falta de lealtad, después de todo-, el desinterés de la nación y los ciudadanos por la defensa y la seguridad nacional, y, para terminar –como obstáculo más importante-, el desconocimiento, la desgana, y la escasa atención del propio Gobierno, y en particular del propio Presidente para con la defensa nacional, que, sin duda, no constituía tampoco una prioridad en ésta, su segunda legislatura. No parece que estos hechos le preocupasen lo más mínimo. El hecho de haber sido nombrada a pesar de sus circunstancias personales no tiene mayor importancia, y la Ministra, sin duda, no es reprobable por ello, pero sí lo es quien la nombró, poniendo la defensa nacional en manos de alguien que casi de forma inmediata tuvo que ausentarse de su puesto, lo que a la postre, además, no fue sino un desprecio notable hacia el propio estamento militar.
De Chacón, y sin que ello deba significar discriminación por razón de sexo, un joven militar de reconocido prestigio, todavía en activo, escribía de forma anónima en Internet, en abril de 2008, a raíz de su nombramiento como ministra:
“Es profundamente injusto. Es injusto nombrar a Chacón ministra de defensa cuando hay personas (no hombres ni mujeres, sólo personas) mucho más preparadas que ella en el PSOE en asuntos de defensa. Personas que llevan partiéndose la cara años en un partido al que no gustan estos temas per se, bichos raros, personas al fin y al cabo, que saben, gustan y entienden de defensa.
Es injusto que se acceda a un cargo por cuota, ya sea la cuota de género, de región o de partido.
Es injusto que se asocie a las FAS con el último reducto machista a conquistar en la sociedad española.
Es injusto promover a personas basándose en otros criterios que no sean otros más que la más absoluta eficacia, justicia y equidad.
Es injusto que en esta sociedad prime la arbitrariedad, el favor y el mamoneo para repartir cargos, vacantes o subvenciones.
Es injusto que a los cargos se acceda como premio para servirse y no como carga para servir.
Es injusto que toda aproximación se haga por etiquetas. Que en nada valga el sacrificio, la vocación de servicio y la abnegación.
Es injusto que todo el mundo tenga que guardar silencio para no ser postergado.
Es injusto que se eduque a los que lealmente sirven al Estado en el peloteo, en la falta de valor, en la complacencia y en la permanente genuflexión.
Es injusto que pongan al frente del Ministerio de Defensa a una persona que declara que la única guerra que quiere luchar es "la guerra contra el hambre, la pobreza y las enfermedades". Y ¿qué pasa, señora, con todos aquellos que han muerto -y siguen muriendo- en "otra guerras " en nombre de esta Nación y de la libertad de su pueblo?
Dicho esto, he de decir también, que es profundamente injusto, pero legítimo. El Jefe del Ejecutivo tiene todo el derecho y la legitimidad para nombrar a quién le parezca. Espero que este observador tenga todo el derecho como ciudadano para criticarlo. O no.”
Duro y triste a la vez, tristísimo. Pero real, y solo un reflejo de los sentimientos provocados por los designios de los políticos de turno en el poder.
En aquellos días, despertó además una gran expectación su anuncio de cese de la cúpula militar. Supuestamente una gran noticia, esperada después de todo, aunque en realidad lo novedoso es que ese cese se anunciase en el Parlamento, y luego se produjera en fecha posterior y no al día siguiente, o en el mismo momento. Que se renueve el Mando militar es normal; que se anuncie su cese pero que no se haga efectivo, resultó sorprendente y nunca antes había sucedido.
Es difícil indagar y especular sobre las motivaciones que la Ministra podía tener para obrar de ese modo y su actuación no parece tener justificación, en ningún caso. Que tenía que renovar la cúpula militar estaba claro, y podemos decir que era hasta necesario. Cuando escogió a los que escogió para desempeñar los más altos puestos militares, no hay duda que era porque los consideraba entre sus principales colaboradores, y los cree como los más capaces para sus propósitos, y como los más afines a la línea del Gobierno, lo cual es obvio, y no habla muy bien de los elegidos.
No deja de ser interesante la atención que se dio a los nuevos nombramientos por los medios de comunicación, y en cierto modo es lógico que, incluso, se hiciera una semblanza de cada uno de los nuevos jefes de los tres ejércitos, pero especular con sus mejores o peores capacidades y cualificaciones, estaba y está de más. Que nadie tenga duda de que, hoy en España, alguien pueda llegar al generalato sin ser políticamente correcto, y obediente para con el Gobierno en ejercicio. Tras cuatro años de gobierno del PSOE, no hay ningún teniente general ya que pueda resultar ni lejanamente incómodo para La Moncloa. Por lo tanto, daba igual quien resultase elegido para los puestos más altos de las Fuerzas Armadas. Fuera el que fuera, su actuación hubiera sido la misma. Hoy la cualidad esencial para el ascenso a general no es otra que la que dan en llamar “Lealtad”, es decir sumisión al poder político establecido. En España la situación no es como en los Estados Unidos, donde la legislación establece claramente que el Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor tiene el deber de presentar su opinión, aun cuando difiera de la del resto de Jefes de los tres Ejércitos, y de la del propio Secretario de Defensa. Así están las cosas, no nos engañemos.
De la primera comparecencia de la Ministra ante el Congreso se dedujo, y se ha confirmado luego, que tenía, y tiene la misión del Presidente, de civilizar la defensa y “modernizar” todo su entorno, en el sentido que, desde Moncloa, se tiene de lo que es modernizar, y sin duda, al tiempo, continuar con la desmilitarización de la defensa, ya iniciada por José Bono.
La gran novedad presentada por la Ministra en la segunda legislatura de Zapatero, fue, sin duda, el anuncio de la creación de una División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, en el seno de la SEGENPOL, en el propio Ministerio. Nuevamente más catalanes, y si la SEGENPOL está al mando del catalán Lluis Cuesta Civis –que sustituyó al Almirante Torrente-, la nueva División estaba dirigida por el catedrático catalán Pere Vilanova, politólogo y pacifista reputado, afín al PSC, licenciado en Filosofía y catedrático de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Barcelona, con amplia experiencia internacional, y amigo también del Ministro Moratinos, según reza su currículum. Y por supuesto, no nos olvidemos de Jordi Marsal, cerebro gris en la sombra, y asesor personal principal de la Ministra. Si José Bono llenó el Ministerio de manchegos, la Ministra los sustituyó con catalanes, suponemos que todos conocidos y amigos personales. Incluso en ISDEFE, empresa creada para asesorar al Ministerio ya desde los tiempos de Narcís Serra, ha habido un catalán, procedente del Ministerio de Industria, como nuevo y flamante vicepresidente ejecutivo, interlocutor directo con el Secretario de Estado de Defensa, a quien nombró la Ministra para el puesto, creado expresamente al efecto, y que cuando el catalán decidió optar por un mejor puesto en otro sector, quedó ya sin cubrirse, demostrando su innecesariedad. Pero volviendo a la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, surgen aquí varias preguntas: ¿cuál es la finalidad de tal organismo? Suponemos que, ni más ni menos, la definición de la estrategia española de seguridad, pero ¿se atreve alguien hoy en el Ministerio, e incluso en el Gobierno, a definir cuáles son los intereses nacionales de España?
Tal y como establece el Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Defensa, la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad tiene como finalidad potenciar los órganos encargados del estudio y valoración de todos los asuntos relacionados con la política de seguridad y defensa, así como el impulso y desarrollo de las acciones necesarias para potenciar el pensamiento estratégico en el ámbito del Ministerio de Defensa, ¿significa esto que va a coordinar, orientar, e incluso dirigir la labor de los estados mayores?, ¿está esto dentro de la tan cacareada potenciación del JEMAD?, ¿se hizo en el fondo, para que civiles “acreditados”, y amigos, trabajen en los ámbitos de decisión del Ministerio con posibilidad de proyección en el Gobierno y organizaciones multinacionales? O al final, después de todo ¿constituye solo un ajuste, a lo largo de la Legislatura, en función del "enfoque integral" y del irrenunciable consenso a alcanzar con el PSC?
El nombramiento del catedrático Vilanova supuso una afrenta a los estados mayores, al EMAD, al CESEDEN, y a las mismas escuelas de guerra de los tres ejércitos, consentida por los generales, almirantes, y por toda la cúpula militar, ¿para qué hay ya en el Estado Mayor de la Defensa una División de Estrategia y Planes?, ¿era necesario colocar en el Ministerio de Defensa a un pacifista socialista catalán, y darle el rango de director general? Hoy en día se ignora si su nombramiento dio algún fruto, ya que se sigue careciendo de una estrategia de seguridad nacional, a pesar del compromiso anunciado por la Ministra, y del panfleto redactado por otro estratega aficionado, Javier Solana –Mr. PESC-, contratado al efecto. Es algo que se supone debía haber estado hecho mucho antes y no se comprende bien, si no es así, que se aborde en una segunda legislatura del mismo gobierno, cuando se trata de un asunto tan vital; quizás sea ésta una de las tareas urgentes que debía haber abordado el Ejecutivo al día siguiente del 14-M. Una nación no puede carecer de una estrategia de seguridad nacional y tanto en el Estado Mayor de la Defensa como en el CESEDEN se ha sido siempre consciente de ello. La inacción en este capítulo, de personajes como el almirante Torrente y el general Félix Sanz, es llamativa, por aplicar un calificativo moderado.
Hoy el profesor Vilanova ha dejado ya el Ministerio de Defensa, y aquí paz y después gloria. Ni ha definido ninguna estrategia seria ni nada de nada, ya que lo único hecho es lo escrito posteriormente por Javier Solana, que son solo conceptos teóricos sin apenas aplicación que nadie tiene en cuenta ya ni siquiera a fecha de hoy. No se sabe para qué se le nombró. Muy posiblemente para eso, para que no hiciera nada, ni dejara hacer a los que saben. Aun así, algunos “equivocados” como el general Alejandre –siempre desde Menorca-, loan su inexistente labor.
La aplicación de la política de defensa está íntimamente asociada a creer en la nación. Sin esa premisa resulta imposible creer en su defensa. Las primeras actuaciones de la Ministra han contrastado, en alguna forma, con su fama, o manifestaciones anteriores a su nombramiento, en ese sentido, que pueden llevar a pensar que éste, en realidad, no obedece más que al propósito del Presidente de lograr en tiempo récord la completa desmilitarización de los ejércitos. Su currículum, tanto en Vivienda como en el PSC, no anima a pensar otra cosa y conviene tenerlo presente.
La primera decisión importante del Ministerio se tomó, no obstante, en ausencia de la Ministra. Suponemos que estaba informada puntualmente y estuvo al corriente de los pasos dados en cada momento. Hoy no se puede decir más que, cuando ya había transcurrido más de UN MES –a mediados de 2008-, de la decisión tomada sobre un tema de tanta urgencia y necesidad, como fue el de dotar a las fuerzas desplegadas en Líbano y Afganistán con los vehículos necesarios para garantizar su seguridad y protección, se seguía sin firmar el contrato pertinente, por lo que la gestión de la Ministra tenía ya su primer suspenso, y suspenso mayúsculo.
Se trataba del primer gran programa de material militar de la responsable de Defensa, y aún no se había especificado qué modelo ni de qué empresa iban a ser los vehículos, aunque se aseguraba ya –como así fue-, que se trataba del RG-31 Mk5E, de BAE Systems, presentado por GD-Santa Bárbara Sistemas como contratista principal, aunque no era su producto. El comunicado de prensa, hecho público entonces por el Ministerio de Defensa, afirmaba que "la adjudicación de este contrato se adoptará en base a los informes técnicos de los vehículos que han sido examinados en el proceso de selección" y agregaba que para esta decisión, Defensa, "tendrá que cuenta las condiciones de operatividad y prestaciones de seguridad de cada uno de los modelos, así como el calendario de entrega, precio y plan industrial asociado". Sin embargo, se explicaba igualmente que el calendario de entrega de los vehículos blindados "está pendiente de negociación. No obstante –se enfatizaba-, la previsión es que antes de fin de año -2008- pudiera efectuarse una entrega de, aproximadamente, 40 vehículos, mientras que el resto sería entregado a lo largo de 2009". Nada de esto tuvo lugar, y los primeros vehículos no se entregaron hasta ya 2010. Y, sin embargo, no pasó nada ni se penalizó a la citada GD-SBS.
Una vez más ocurrió que los sistemas que se adquirían no coincidían necesariamente con lo que deseaba y necesitaba el Ejército, sino que fueron los que necesitaba y quería vender la propia industria, o la comunidad autónoma pertinente, ¿había tanta necesidad de cofabricar en Sevilla –con Santa Bárbara-, cuando había urgencia en equipar al Ejército, y ello solo encarecía y retrasaba el proceso? Por otra parte, los procedimientos de la contratación provocaron, como cabía esperar, que se designasen unos contratistas que no siempre eran los mejores preparados, pero sí los “preferidos” por la Administración, con el consiguiente encarecimiento de los productos, y con retrasos adicionales en las entregas, en la mayoría de las ocasiones, y como sucedió en esta ocasión. Nada cambiaba, solo cambiaba el que –con Chacón al frente-, quien era jefe del Ejército de Tierra pasaba a dirigir la aludida GD-SBS, sin ninguna incompatibilidad. Pelillos a la mar.
De la primera comparecencia de la Ministra ante el Congreso se dedujo, y se confirmó, que tenía la misión del Presidente Zapatero, de civilizar la defensa y “modernizar” todo su entorno, en el sentido que desde Moncloa se tiene de lo que es modernizar, y sin duda, al tiempo, continuar con la desmilitarización de la defensa, ya iniciada por José Bono. Un mandato y un proyecto muy claro. En comparación con Alonso ya era mucho, porque no parece que éste tuviera ningún proyecto, salvo no hacer nada positivo.
En todo caso, lo más relevante del largo texto leído por la Ministra en la sede parlamentaria, fue el énfasis puesto en que los ejércitos españoles habían recorrido ya un largo camino hasta su plena democratización. La equiparación de las Fuerzas Armadas a dictadura y golpismo continúa, incluso hoy, siendo una obsesión de la izquierda radical que ya debería haber quedado ampliamente superada. Ciertamente es un tema permanente en algunas universidades catalanas, de donde proviene la Ministra. Sacar el tema una vez más, en 2008, decía mucho sobre la mentalidad de la Ministra, de sus asesores, y del Gobierno, y probaba que en España, la defensa nacional reviste unas características peculiares, que agravan o complican el problema, al mezclarse con asuntos ciertamente externos como son la historia reciente, el revanchismo incoherente de la izquierda más extrema, el reavivamiento de polémicas trasnochadas por culpa de demasiadas memorias históricas, cierto protagonismo esgrimido por algunos altos mandos militares, y sin duda, el tratar de detentar casi en exclusiva, conceptos como la defensa de la soberanía, de la patria, de los ideales nacionales, y de la integridad territorial por parte de algunos representantes relevantes del estamento militar, como si el resto de la sociedad civil no tuviera nada que ver con ello. Todo esto repercute, sin duda, en las fuerzas armadas, y en la sociedad, y como la Ministra puso de relieve en el Parlamento, sin quererlo, y aunque una vez más se niegue, venía a provocar una mutua desconfianza entre ambas. En este marco, no hay duda de que el Ejército de Tierra sigue siendo considerado, en bastantes ámbitos sociopolíticos, como el sector más inmovilista, no entendiéndose la necesidad de invertir demasiado en su potenciación para, en su caso, afrontar unas amenazas que la sociedad desconoce, o en las que, ni siquiera, cree. Pero era innecesario hablar del pasado, ni despertar memorias; al igual que en Francia nadie habla de Napoleón al presentar el libro blanco de la defensa francesa, la Ministra hubiera hecho mejor centrándose en la actualidad y en los temas candentes que debería resolver, y para los que se supone iba a necesitar todo el apoyo posible del Gobierno y del Congreso. Ahí estaba su desafío, pero era obvio que de eso no se trataba.
Dentro de este marco de despropósitos, la Ministra volvió a poner el énfasis en las cuestiones de género, algo que sigue haciendo cada vez que le conviene. Se puede entender que la Ministra se apasione con que las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas sean cada vez más numerosas, y las Fuerzas Armadas españolas estén en el primer puesto mundial, en cuanto a número de mujeres militares, pero eso ¿significa algo en cuanto a eficacia, capacidades, resultados, contribución a la defensa occidental? No vamos a entrar en por qué se ha producido un aumento relevante del número de mujeres en las Fuerzas Armadas, pero a lo mejor sería conveniente que se encargase un estudio a algunos sociólogos, y quizás las conclusiones serían llamativas, cuando menos. La Ministra compareció ante el legislativo, en 2008, por primera vez desde su nombramiento, desarmada de información, de prioridades y de voluntades claras; y quizás no por empeño propio. No muy hábil, por parte de su Gabinete, y de sus asesores, pero ¿qué más da? Después de todo, la oposición no le puso ninguna pega, ni hizo ninguna pregunta. Al PP tampoco le importaba nada la defensa, y lo ha venido poniendo de manifiesto repetidamente.
Todo lo expuesto entonces no fue sino fachada, que en nada interesaba a los hombres y mujeres que sirven bajo su mando en las Fuerzas Armadas (ni antecedentes históricos, ni cultura de defensa, ni igualdad de sexos, ni embarazos...). Aquellos cuyas lealtades debería preocuparse por ganar son las tropas en el exterior, que siguen usando medios obsoletos. Es urgente que el Ministerio de Defensa se conciencie de que aquel material con el que se dotará a la fuerza dentro de tres o cuatro años no es tan importante como aquello con lo que les puede dotar hoy, o el mes que viene. Se detectan hoy tres deficiencias serias en la cúpula del Ministerio de Defensa:
• Falta de visión o sentido de lo urgente,
• falta de voluntad para romper prejuicios y prácticas que se han ido acomodando durante un largo tiempo de paz en la institución militar y
• una creencia generalizada de que las guerras actuales acabarán pronto, y son solo conflictos locales sin repercusiones internacionales que afecten a España.
La Ministra insistió, no solamente en la primera comparecencia ante el Congreso, sino en algún otro ámbito posterior, como seminarios,…etc, en el proceso de transformación a aplicar a las Fuerzas Armadas, mencionando incluso un Plan de Transformación. Pero ni el Gobierno ni el Ministerio de Defensa fueron capaces de explicar que había detrás de ese proyecto de transformación del que hablan. Parece que consideran que transformación significa sólo reducción, modernización y actuación en apoyo de la acción de Estado, o sea UME. La transformación tiene implicaciones que van más allá de la adquisición de nuevo equipamiento. El concepto requiere también recursos humanos formados y adiestrados y exige una revisión conceptual, doctrinal y táctica de las operaciones militares. Significa adoptar las tecnologías y sistemas más punteros, cancelar los programas que no se ajustan a los nuevos planes, e impulsar la innovación.
La Ministra pidió consenso en el Congreso para algo llamado política de estado. Todo es política de estado pero no le hizo falta ningún consenso, el Gobierno ha contado siempre con mayoría aplastante, sumados todos los votos de izquierda, para hacer todo lo que quería, y además la oposición sigue mirándose al ombligo y decidiendo si son galgos o podencos. No hay duda de que su proyecto ha caminado en la senda de sus antecesores y se enmarca en el rumbo desmilitarizador dictado por el Presidente Zapatero, necesario, por otra parte, para lograr la federalización de la nación, objetivo último, sin duda. Es sorprendente en todo esto la ausencia de una oposición que debiera liderar el poco sentido común que aún debe quedar escondido en España. La forma en que esta oposición sigue expresándose, cuando desde todos los ángulos parece que va a entrar a gobernar, sigue siendo preocupante y no permite ser optimista
Capítulo 4
Una ojeada a la situación real del potencial actual de las Fuerzas Armadas
(Resultados de una gestión vacía: carencias esenciales de capacidades militares)
“Ser capaz indica la posibilidad de poder llevar a cabo aquello que está en nuestra mano. La motivación determina lo que de verdad vamos a hacer y estamos dispuestos a hacer. La actitud define el grado de perfección con que lo vamos a hacer”
Lou Holtz, Universidad de Notre-Dame, Indiana- USA
Cuando a principios de septiembre de 2007 el que fue ministro de Defensa –José Antonio Alonso- destacaba que las Fuerzas Armadas iban a contar por primera vez en su historia con un sistema integrado y global que permitiría su crecimiento armónico y la mejor racionalización de la toma de decisiones, pareció muy interesante, aunque llamaba la atención que se quisiera destacar que era la primera vez que se contemplaba semejante situación, ¿para qué estaba el Estado Mayor de la Defensa, entonces?, ¿y qué había hecho hasta ahora?, por poner un ejemplo. Se le ocurría esto tan conveniente al Gobierno cuando prácticamente iba a acabar su primera legislatura, con lo cual naturalmente nunca se llegó a aplicar, y ahora ya constituye una herencia dudosa que no ha quedado en nada.
El problema de la seguridad y defensa en España se ha convertido en una asignatura pendiente que ningún gobierno resuelve. Los españoles, por otra parte, no se sienten amenazados –a pesar del 11-M-, y no ven apremiante la necesidad de aumentar los presupuestos de defensa, ni siquiera de gastar en ello. En consecuencia, se dan palos de ciego aquí y allá, y muchas veces se compra, no lo que necesitan las Fuerzas Armadas sino lo que las empresas exigen en aras de mantener unos puestos de trabajo –Santa Bárbara y Navantia son buena prueba de ello-, o lo que no hay más remedio –como son los vehículos aéreos no tripulados UAV,s, o los vehículos protegidos MRAP,s, contratados a toda prisa para el ET-, pero la realidad es que, a pesar de ello, las capacidades de defensa y seguridad se han encogido de forma alarmante. España hoy no puede garantizar por sí sola su defensa y seguridad, y sus Fuerzas Armadas no pueden satisfacer las misiones que les encomienda la Constitución, quizás como algún otro país europeo de nuestro entorno también. Esto, que es una realidad palpable, es algo que ningún Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos sigue sin atreverse a exponer en los discursos programáticos que se efectúan con ocasión de la Pascua Militar.
Las necesidades –según dijo el ministro entonces-, iban a ser abordadas con una perspectiva unitaria, y una vez más no podemos más que preguntarnos por el significado de tal unicidad: ¿qué había venido haciendo hasta entonces el Estado Mayor de la Defensa?, ¿y los demás organismos conjuntos?, ¿y el propio Ministerio? ¿favorecía las soluciones parciales de los tres Ejércitos en vez de soluciones conjuntas?, claro es que se podrá achacar a gobiernos anteriores el no haber hecho nada en este campo. El ex-ministro Alonso presentó en aquellos días la llamada Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares (POCAM) , que a fecha de hoy aún no se sabe si fue elevada o no al Presidente del Gobierno, con el objeto de crear lo que se dijo sería el nuevo Sistema de Planeamiento de la Defensa para aumentar la eficacia de las Fuerzas Armadas.
El ex-ministro afirmaba que las Fuerzas Armadas españolas contarían, por primera vez en su historia, con un sistema integrado y global que iba a permitir su crecimiento armónico, racionalizar la toma de decisiones y anticiparse a las decisiones que exigen hoy las nuevas amenazas y la situación internacional. “Vamos a invertir los recursos financieros de los ciudadanos con el máximo rigor para que ofrezcan los mejores resultados”, subrayó el ministro, como si se pudiera decir otra cosa. La POCAM, por otra parte, se entiende que era el resultado de un proceso iniciado por la Directiva de Defensa Nacional, -Directiva que por decir algo es vigente ya desde 2004 y que establece las líneas generales de actuación y las directrices para el planeamiento de la Defensa y aquí hay que tener presente, sin que sea irrespetuoso, que suena a tomadura de pelo decir en aquellos días que la POCAM era uno de sus resultados ¡casi CUATRO AÑOS DESPUÉS! Y cuando el Gobierno precisamente iba a cesar en breve plazo, y a fecha de hoy sigue sin hacerse nada.
El planeamiento militar debería ser un proceso flexible, racional y ordenado, con la finalidad última de fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que no debe buscar sino la coherencia en los criterios y procedimientos, la adecuación de los medios a los fines y, en definitiva, la gestión de los recursos. El proceso debe de desarrollarse en coordinación entre el Estado Mayor de la Defensa, la Secretaría de Estado y la Subsecretaría, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y de la Armada. En definitiva, lo que destacaba el ex-ministro Alonso, no era sino volver a inventar la rueda, y algo que desde el propio Estado Mayor de la Defensa se ha venido reclamando con insistencia, desde hace ya varias generaciones.
En la anunciada Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares se contemplaba el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en su conjunto, y se preveía potenciar de manera significativa la obtención y elaboración de inteligencia, el transporte estratégico, la protección de las unidades operativas y el uso intensivo de tecnologías de la comunicación para el control de las operaciones. Nada más y nada menos, y de forma conjunta. Y naturalmente surge la pregunta más importante ¿Con qué presupuestos? ¿Se iban a van aumentar éstos? ¿se iba a recurrir una vez más al subterfugio de que pague el Ministerio de Industria? Llama la atención de que este aspecto no se mencionase entonces para nada, salvo que todo fuera a ser gratis, o , claro, fuera solo una propuesta, sin ninguna intención de compromiso. Naturalmente de todo ésto, durante la campaña electoral posterior de 2008, ni una palabra, no fuera que se produjera alarma social.
La osadía de la propuesta era tremenda, ya que se establecían siete áreas de capacidad, no jerarquizadas, y 40 capacidades militares ¡con 185 objetivos!. Estas áreas eran el Apoyo a la acción del Estado; Mando y control integrado; Vigilancia y reconocimiento, obtención y elaboración de inteligencia; Movilidad y proyección; Sostenibilidad; Supervivencia y protección; y Superioridad en el enfrentamiento. Estupendo e inaudito, se querían unas fuerzas invulnerables y superiores a las del adversario, a toda costa, y naturalmente, aunque el ministro lo niegue, o no lo mencionase, sin aumentar los presupuestos; seguramente solo con el planeamiento y con el apoyo de ingeniería de sistemas de ISDEFE, que cada día sustituye “más y mejor” las carencias de las fuerzas armadas. Por otra parte, lo más grave era que el simple hecho de proponer tantas capacidades no era sino una confesión a voces de las carencias más acusadas, y solo se puede encontrar un calificativo adecuado: ¡Tremendo! No era culpa solo, sin embargo, del Sr. Alonso, ni del Gobierno de entonces ni del actual, sino que era el resultado de una falta de interés endémica por las asuntos de defensa, que se viene arrastrando desde el momento mismo del comienzo de la democracia, por no querer remontarnos ya a momentos anteriores.
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Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares, Gabinete de Prensa del Ministerio de Defensa: “Alonso crea un nuevo sistema para aumentar la eficacia de las Fuerzas Armadas” , 4/09/2007. A su mayor gloria, ahí es nada.
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Veamos cuáles son las principales carencias de la Defensa Nacional, tal y como el propio ministro las expuso:
Apoyo a la acción del Estado: Nadie ha definido el concepto de acción de Estado, pero resulta obvio que cualquier acción que emprendan las FAS debe ser en apoyo, o para reforzar la acción del Estado, ¡solo faltaría! Las Fuerzas Armadas colaboran en la protección de los intereses nacionales apoyando a las autoridades civiles ante catástrofes, y realizando tareas complementarias en ámbitos como la lucha contra la inmigración ilegal, el terrorismo, la vigilancia y defensa de las zonas de interés económico o la vigilancia aduanera, entre otras. Este área se reforzó considerablemente con la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que, con una inversión superior a los 400 millones de euros, estaría plenamente operativa en 2008 con alrededor de 4.300 efectivos. Con un 50 por ciento de operatividad, la UME ha venido participando en las campañas contra incendios forestales, unas intervenciones en las que ya se han percibido dificultades de coordinación con otros organismos administrativos, aparte de carencias e insuficiencias de la propia UME, seguramente inevitables dada la lógica falta de experiencia militar en este tipo de catástrofes. La actuación de las fuerzas Armadas en acciones de interés público, catástrofes declaradas, o necesidades no militares se llama ahora Apoyo a la acción del Estado…¡Sin Comentarios! Y claro, es la primera prioridad, y a ello se dedica una sustanciosa parte del presupuesto de defensa, tanto es así que incluso los componentes de la UME perciben un salario mayor que el resto de sus compañeros destinados en unidades operativas. La misión del Ejército está perfectamente identificada en la legislación vigente y todo el mundo tiene en mente que no le cabe otra tarea que la conducción de las operaciones en caso de guerra, así como la formación y capacitación, precisa y únicamente con el objetivo de preparar las unidades que lo forman, para su empleo en guerra. La decisión de crear una unidad militar para intervenciones típicas de la Defensa Civil, Protección Civil o Defensa Pasiva, como se llamó en sus comienzos, detrayendo sus efectivos y medios de los que deberían corresponder a la Fuerza de Maniobra o Ejército Operativo, es cuando menos sorprendente. El que sucesos como lo ocurrido durante el verano de 2006, con una plaga desmesurada de incendios asolando Galicia, y otros anteriores de diversa índole, lleven a que la Administración Central de la Nación tome conciencia de que debe disponer –a pesar de la descentralización de competencias vigente-, de medios de relieve para atender catástrofes y emergencias que puedan llegar a superar las capacidades de la comunidad autonómica afectada, no significa que deban ser las Fuerzas Armadas las que atiendan a tal necesidad. La medida conlleva además serias implicaciones. De entrada, falta de confianza de la Administración en los mecanismos civiles de protección, y muy posiblemente renuncia implícita –tras la creación de la UME-, a mejorar sus niveles de eficiencia y capacidades. Por otra parte, encargar a las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército de Tierra, esas tareas desvirtúa la esencia de sus funciones y añade confusión sobre el papel y misiones del Ejército en una sociedad como la española de comienzos del siglo XXI. Si, además, se pretende que esa nueva unidad llegue a tener poderes policiales en caso de intervención, ello rompe de algún modo ya casi definitivo con la cadena de mando militar. Por otra parte, ¿cómo se atreven los responsables del Ministerio de Defensa a justificar un presupuesto tan elevado y difícil?, cuando, por poner un ejemplo, en el Líbano las tropas desplegadas carecían de gafas de visión nocturna –solamente hay un par por pelotón-, los vehículos utilitarios 4x4 carecen de blindaje, hoy por hoy, ya que la compra a toda prisa de MRAP,s no permitió que se pudieran enviar a las zonas de conflicto, y no había ni siquiera disponibilidad suficiente de inhibidores electrónicos para hacer frente a posibles ingenios explosivos improvisados que pudieran colocarse en emboscadas, o en trampas, para las patrullas móviles que recorren las carreteras, tanto en el Líbano como en Afganistán, hasta que éstos se adquirieron de urgencia finalmente, ya después de otras adquisiciones “urgentes” para la UME.
Mando y Control integrado: Es un área de elevado interés, que permite el planeamiento y conducción de las operaciones. Se prevé reforzar con el uso intensivo de las telecomunicaciones y las más avanzadas tecnologías de la información, con el fin de operar en red e interconectar los sistemas de mando, control e inteligencia. En este área se encuentran también capacidades como la guerra electrónica, la protección de la información o la respuesta ante incidentes informáticos. Aquí, curiosamente, no se daban cifras entonces, ¡porque ni las había ni las hay naturalmente!, y todo ello cuando este área debería ser casi la primera prioridad, o ¿es que puede incluso existir apoyo a la acción del Estado sin comunicaciones y sin mando y control? Como de costumbre aquí se hace referencia a puras teorías: uso intensivo de las telecomunicaciones, avanzadas tecnologías, guerra electrónica,….nada concreto, puras abstracciones, que al nivel que el ministro habló, deberían haberse traducido en algo más que simples conceptos aprendidos de prisa para quedar bien ante un auditorio.
Vigilancia y reconocimiento, obtención y elaboración de inteligencia: la capacidad de obtención de inteligencia se beneficiaría a corto plazo, decía el ex-ministro, pues bien, un contrato para 4 UAV,s tácticos se había firmado ya en febrero de 2007, luego no era novedad, aunque la sorpresa vino en enero de 2008, con la firma de un nuevo contrato para 27 mini-UAV,s, todos ellos para el Ejército de Tierra, pero hay que aclarar que se trataba solo de vigilancia táctica y reconocimiento, a nivel unidad tipo Batallón, nada de estrategia ni nivel operativo, cuando se lleva ya hablando tiempo de adquisición de UAV,s, tanto para el Ejército del Aire como para el Ejército de Tierra, sin que se haya decidido nada hasta ahora. Asimismo, hizo una referencia a sistemas espaciales de observación, y cabe preguntarnos si se referiría el ex-ministro a los llamados mini-satélites desarrollados por el INTA, lo que no deja de ser un exceso de optimismo, y el optimismo no es precisamente una buena cualidad en política.
Afirmar, además, que la elaboración de inteligencia estratégica, operacional y táctica se verá reforzada considerablemente a medio y largo plazo con la participación en proyectos multinacionales y con los dos satélites nacionales de observación de la Tierra por medios ópticos y radar presentados en julio de 2007 por los ministros de Defensa y de Industria, Turismo y Comercio, cuando aún no estaban en el espacio, no es sino una aventurada declaración de intenciones. Y ¿de qué sirven las intenciones? ¿para qué interesa tener capacidad de reconocimiento estratégico, cuando no se tiene capacidad de proyección estratégica? Igualmente, contemplaba el ex-ministro, la potenciación plena del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) pero ¿a qué se refería el ex-ministro con la potenciación del CIFAS? ¿Cómo se potencia un organismo de inteligencia, sino es con presupuesto, mejores medios, y personal más capaz? ¿se es consciente de que sin adquisición de inteligencia propia no hay tal? ¿no se sabe que la colaboración entre el CNI y el CIFAS es nula?.....y la progresiva integración de los sistemas de inteligencia nacionales con los de organismos internacionales y aliados……¿qué se entiende por progresiva integración con los sistemas de inteligencia internacionales y aliados? ¿es, de verdad, tan cándido el ex-ministro que creía que los demás sistemas de inteligencia aliados, o no tanto, nos van a contar todo lo que necesitemos saber, sin más? Y, después de todo ¿de qué sirve saber, conocer, disponer de inteligencia, si no hay capacidad de actuar, o incluso voluntariedad de hacer algo?
Movilidad y proyección: Ésta se refiere fundamentalmente a la capacidad para garantizar la proyección de fuerzas al teatro de operaciones, esté donde esté. El objetivo a medio y largo plazo, se decía, es mejorar la capacidad propia de transporte estratégico de carácter permanente. Sinceramente, alguien debería haberle explicado al ex-ministro la diferencia entre táctica y estrategia, ya que ni siquiera el A-400M -que nadie sabe cuándo entrará en servicio con todos los problemas que aquejan a EADS y a Airbus-, puede ser considerado como un avión de transporte estratégico, y mucho menos el C-295, y no hablemos ya de helicópteros; el helicóptero de transporte táctico NH-90, en su versión TTH, es tan solo un helicóptero de asalto táctico –el único helicóptero en servicio en España de transporte táctico es el Chinook CH-47-, y aún así, como pronto, ¡los helicópteros NH-90, que se construirán en la planta proyectada por el ex-ministro José Bono, no entrarán en servicio hasta por lo menos 2012 o más allá!
En el ámbito marítimo entraría en servicio el nuevo buque de proyección estratégica –casi se acababa de botar-, cuando en el área de transporte y despliegue terrestre se planteaba la necesidad a medio plazo de renovar el parque de vehículos ligeros y pesados tácticos y logísticos, algo todavía por resolver en 2011, y una carencia ya apremiante.
La necesidad de renovar el parque de vehículos ligeros y pesados tácticos del Ejército de Tierra es una carencia endémica a la que el Ministerio no se ha enfrentado desde hace años, y entonces el ex-ministro Alonso hablaba de afrontarla a medio plazo! Además, se hablaba de prever el refuerzo de la capacidad de abastecimiento en vuelo a corto y medio plazo con la adaptación de aeronaves, y a largo plazo con la capacidad de reabastecimiento de las nuevas aeronaves A400M, ¿a largo plazo el A400M? ¿se sabía en el Ministerio qué los demás países de lo que estaban hablando es de un nuevo avión, un nuevo Airbus, para las misiones de reabastecimiento en el aire, y no del A400M?
Sostenibilidad: Igualmente se decía, obviamente sacado de algún prontuario de logística, que la exigencia de apoyo logístico a fuerzas desplegadas en operaciones en teatros alejados y el sostenimiento de operaciones nacionales conjuntas y combinadas requiere incrementar el esfuerzo dedicado a esta capacidad, ¡a buenas horas mangas verdes. También a corto y medio plazo se mejorará la capacidad de apoyo para la reconstrucción de infraestructuras, como pistas de aterrizaje e instalaciones de apoyo. El área de asistencia sanitaria mejorará a corto plazo con la entrada en servicio de un hospital de campaña para su empleo en operaciones. Hubiera sido mejor aquí que se expusiera la realidad de la Sanidad Militar en el momento actual, y como se envían dentistas, en lugar de médicos de medicina general a las operaciones, porque ya no quedan médicos disponibles, la carencia urgente de médicos anestesistas,…y como se intenta recurrir a contratar por procedimientos de urgencia –y a precios naturalmente más elevados-, a médicos civiles, que naturalmente rehusan cualquier compromiso.
Supervivencia y protección: Se afirmaba igualmente que la capacidad de búsqueda y rescate se estaba mejorando con la modernización en marcha de medios aéreos. ¿En marcha?, ¿se refiere a los pocos Super Puma del Ejército del Aire, y a los C-212 y CN-235? Y que se potenciará a largo plazo con los nuevos helicópteros NH-90 ¡nuevamente aquí estamos hablando nuevamente de 2012 como pronto!. En el apartado de defensa aérea, se afirmó que las fuerzas navales cuentan ahora con las avanzadas fragatas F-100, pero ¿y la defensa antiaérea de las fuerzas terrestres?, ¿y la defensa de bases aéreas y de objetivos puntuales?. La defensa aérea, y en concreto, la defensa antiaérea, constituyen la eterna asignatura pendiente de la seguridad de España, casi al igual que la defensa de costas, para la que se dijo que se dispondrá a corto, medio y largo plazo de los buques de acción marítima. Según el ex–ministro, la defensa de costas ¿se le iba a encargar a la Armada? ¡Increíble!. La Armada puede, ciertamente, contribuir enormemente a la defensa de las costas, pero esencialmente eliminando en la mar a los medios navales agresores, y para eso la Armada debería tener otras dimensiones y muchas más capacidades a las que ya ha renunciado por imposición. Sorprende que el EMAD, o el EMACON, no puntualicen, aunque sea de forma interna, estas barbaridades. La obediencia debida no puede ni debe ser ciega.
Superioridad en el enfrentamiento: se trataba de poner a punto sistemas que permitan enfrentarse con garantías de éxito a los oponentes… ¿a qué oponentes?... ¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta hoy España y en qué escenarios. Bajo el paraguas bucólico de la Alianza de Civilizaciones no hay amenaza que valga,…entonces ¿para qué la defensa?... ¿O tenemos unas Fuerzas Armadas solo para mantener una industria de defensa y unos puestos de trabajo? El Sr. Alonso dijo que estaban en marcha una serie de grandes programas de modernización que, a corto y medio plazo, supondrían un avance sustantivo en esta área de capacidad, como los carros de combate Leopardo, los vehículos de infantería Pizarro,…Santa Bárbara no había entregado al Ejército nada más que TRES carros de combate Leopard 2 hasta septiembre de 2007, cuando debería haber entregado 40 y finalizado un programa, que todavía hoy sigue sin acabar con un retraso de más de CUATRO AÑOS cuando entre el Ministerio de Industria y el propio Ejército se ha abonado a la citada Santa Bárbara Sistemas la módica cantidad ya, de más de 2.000 millones de Euros, sin que se le hayan impuesto penalizaciones de ningún tipo, y sigue hoy todavía sin firmarse el contrato de la segunda fase del vehículo Pizarro –pero se dan créditos a la industria vasca para que siga desarrollando un concepto obsoleto ya de cajas de velocidades-, y no hay munición de guerra suficiente ni para los carros Leopard 2 ni para los citados Pizarro ni para los Centauro,…motivo, sin duda, por el que seguramente no se envían a misiones en el exterior ninguno de estos vehículos, aunque nadie se atreva a confesarlo.
Y llegamos al nuevo caza europeo ‘Eurofighter’…¿cuántos Eurofighter hay en servicio operativo a fecha de hoy? y por operativos se entiende con armamento, con todo, no solo haciendo bonito en los desfiles, ... y ¿ los helicópteros Tigre?…..cabe decir lo mismo. En el ámbito naval se ha aplazado la modernización del porta-aeronaves ‘Príncipe de Asturias’, por falta de presupuestos, aunque se ha botado el buque de proyección estratégica BPE/LHD. En este área se encuentra también el programa ‘Combatiente del Futuro’, de futuro cada vez más incierto, y de utilidad cuando menos discutible.
Sobran más comentarios cuando entonces no se hacía ni una referencia al problema de verdad candente, entonces, y hoy todavía, en alguna manera: los nuevos vehículos acorazados de ruedas, o posibles de cadenas, que sustituyan a los obsoletos BMR y a la protección con que deben contar contra los ingenios explosivos improvisados (IED,s), ni tampoco a la falta endémica de personal que padecen las Fuerzas Armadas, ni a las bajas expectativas profesionales que vienen motivando que jóvenes oficiales abandonen la milicia a una velocidad alarmante.
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Aparentemente, éste es un proyecto que ya el Partido Popular, en la eventualidad de que llegue a gobernar, se ha apresurado a anunciar que cancela por falta de presupuesto. El Confidencial Digital, 14/10/2011
-------Los nuevos escenarios responden a la principal amenaza a la que se puedan enfrentar las tropas españolas en toda su historia de participación en misiones de paz, los denominados IED (artefactos explosivos improvisados) y los de tipo EFP.
La compra de vehículos MRAP se tuvo que realizar mal y tarde. No fue sino una reacción improvisada a las bajas sufridas y la vulnerabilidad de los viejos BMR, que sólo tienen capacidad para resistir minas de hasta tres kilos de explosivo. Sólo es uno de los numerosos ejemplos de la pésima planificación en materia de Defensa del Gobierno, y del propio Ministerio, desoyendo las peticiones del mismo Ejército, y del EMAD.
Francamente, en septiembre de 2007 sobraba la presentación tan pomposa de una nueva propuesta, de un nuevo plan, de repetir la palabra integración, de hablar de racionalización, de gestión unitaria para siete meses después no haber hecho nada de nada. No se puede pensar siquiera que fuese una buena exposición de buenas intenciones, intenciones ya pasadas de moda, ya viejas, y por supuesto “Déjà Vu”, sino que eran tan solo palabras, sobre las que no había ningún deseo de acompañarlas con hechos, y que iban destinadas a la galería, a engañar a la cúpula militar y a aquellos dispuestos a creer y a aplaudir. Con la seguridad no se juega, hoy cuatro años después de aquellas palabras huecas, se deberían exigir responsabilidades por la inacción y falta de interés demostradas. La desmilitarización de la defensa estaba ya en marcha, como dijo en repetidas ocasiones, Alejandro Muñoz Alonso. La Ministra de Defensa ha tenido la palabra, y el resultado está ahí. La derrota de Guadalete va a ser un juego de niños comparado con el futuro que se adivina. Se admiten apuestas.
En lugar de perder el tiempo, y hacérnoslo perder, el Ministerio debería explicar a qué objetivos responden las compras de material, cuando se hacen, y en razón de a quién se otorgan, exponer sí son compras motivadas por necesidades reales, o son compras destinadas a preservar y favorecer solo la industria de defensa y el mantenimiento de los puestos de trabajo. ¿Se han analizado cuáles van a ser las capacidades futuras de las Fuerzas Armadas españolas dentro de una década, y dada su dimensión potencial, cuáles son los objetivos a alcanzar? ¿Para qué se quieren tales capacidades, si al final, después de todo, las unidades solamente van a participar en operaciones de paz y apagar incendios forestales? Sin duda, para tales cometidos no hacen falta ni los Leopard 2 ni los Pizarro. Véase el caso de Bélgica, y, en cierto modo, también Holanda. En términos similares se ha manifestado recientemente el Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, denunciando que se han comprado sistemas de armas que nunca se van a utilizar, al menos en la medida de su entendimiento, obviando por completo la pregunta de ¿cómo van a contribuir las FAS españolas a la defensa colectiva europea? ¿quizás solo aportando generales, y cuarteles generales?
Las cuentas públicas en su partida de Defensa, siempre pequeña y casi ausente de cualquier debate o discusión –como prueba de lo poco que interesa la defensa a nuestros próceres-, siguen siendo inferior a Fomento, Vivienda o Medio Ambiente. La Secretaría de Estado de Defensa que siempre promete un notable incremento presupuestario para respaldar el profundo "proceso de transformación" de las Fuerzas Armadas y cumplir así con el compromiso adquirido en la Directiva de Defensa Nacional de 2004, queda en evidencia de forma continua.
La cuestión aquí y hoy, es sí realmente está teniendo lugar un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas. Todo indica que lo que el Gobierno entiende por transformación no es lo mismo que lo que se ha puesto en marcha en Estados Unidos, ya desde la primera administración Bush, que verdaderamente tomó un nuevo cariz tras el 11-S, y que posteriormente se exportó a algunos países europeos. A España no solamente la idea llegó tarde sino que bajo la misma palabra el Gobierno entendió algo muy diferente a lo original. Ni el Gobierno ni Defensa han sido capaces hasta ahora de explicar que hay detrás de ese "proyecto de transformación" del que hablan. Han decidido creer –o hacernos creer – que transformación significa sólo modernización. Sostienen que con material nuevo las Fuerzas Armadas harán mejor las cosas. Sin embargo no las harán de forma diferente, que es lo que realmente significa transformar. La transformación tiene implicaciones que van más allá de la adquisición de nuevo equipamiento. El concepto requiere también recursos humanos formados y adiestrados y exige una revisión conceptual, doctrinal y táctica de las operaciones militares. Significa adoptar las tecnologías y sistemas más punteros, cancelar los programas que no se ajustan a los nuevos planes, e impulsar la innovación.
La transformación tampoco es exclusivamente un mero reflejo de la tecnología, porque no implica el final de las fuerzas calificadas como convencionales hasta ese momento, sino que un proceso de transformación no está exclusivamente regido por los presupuestos, como parece querer decirse desde el Ministerio. Es más que un simple reflejo de los presupuestos. Y es aquí, en este proceso, donde carecen de sentido la UME, la Ley de la Carrera Militar, o la adquisición urgente de vehículos protegidos, y UAV,s, para acallar las críticas.
Integración, racionalización y optimización, todo ello suena a REDUCCIÓN, no vale decir otra cosa ni disfrazar la verdad. El aspecto de la perspectiva unitaria es ya agua pasada, y algo que desde la óptica del Estado Mayor de la Defensa se ha venido reclamando con insistencia, y en lo que ya nadie cree, por desánimo, y que resulta dudoso que se pueda conseguir, ya que, en cierto modo, daría una capacidad de mando al JEMAD que no se desea políticamente, incluso aún con un JEMAD “muy obediente”. Y ningún gobierno quiere eso, de ningún signo que sea, no nos engañemos.
Francamente, sobra ya la presentación de nuevas propuestas, de nuevos planes, de repetir la palabra integración, de hablar de racionalización, de gestión unitaria para después no hacer nada de nada. Las manifestaciones del Ministerio de Defensa son tan solo palabras, sobre las que no parece haber ningún deseo de acompañarlas con hechos, y que van destinadas a la galería, a engañar a la cúpula militar y a aquellos dispuestos a creer y a aplaudir. Con la seguridad no se juega, y se deberían exigir responsabilidades y resultados.
Sea como sea, cuando se analizan los presupuestos de defensa de 2011, es una realidad constatada que son unos presupuestos para una época compleja e incierta en el presente momento político, en el que nunca hasta ahora había tenido lugar un deterioro de las cuentas públicas y de la actividad económica tan grave como el que existe en la hacienda pública española. Otra cosa es que se podrían haber tomado las medidas adecuadas antes y paliar los problemas actuales, en alguna medida.
En alguna manera se ha entrado ya en una auténtica carrera de desarme, sin coordinación y sin más criterio que luchar contra el déficit económico. No es la primera vez. Ya cuando llegó el PSOE al poder en 1982, como hemos dicho, se recortaron sustancialmente los ejércitos (Plan META, Plan NORTE,..). Pero aquello podía responder, si se quiere, a una “lógica” tras la desaparición de la dictadura, el ingreso en la OTAN, y por supuesto, el 23-F, pero ahora no hay ya más lógica estratégica ni política alguna, habida cuenta de que se están realizando más operaciones que nunca en la historia de las fuerzas armadas españolas, se libra una guerra real en Afganistán –le guste o no al ex – ministro Alonso y a otros muchos-, y la amenaza del terrorismo radical islámico sigue presente.
Con todo, la tijera de los recortes se viene aplicando implacablemente por la ministra Carme Chacón. Pero no lo hace, como se ha hecho en otros países aliados, tras definir una nueva estrategia de seguridad nacional, junto con una nueva revisión estratégica de la defensa. Y es que si se trabaja con seriedad, primero hay que definir las amenazas, luego analizar los medios para luchar contra ellas y, finalmente, elegir entre las diversas alternativas disponibles. Esto es, si se realiza un recorte, se debe hacer pensando estratégicamente, y con la finalidad de no poner en peligro la seguridad nacional. Aquí sigue sin definirse ninguna estrategia, y además, el flamante profesor universitario que la ministra Chacón nombró como director de estrategia en el Ministerio, ha desaparecido ya del escenario, como es sabido, por lo que salvo las elucubraciones de Javier Solana, no hay nada nuevo.
Por otra parte, dado que en España, según parece, es posible planificar sin amenazas y sin revisiones estratégicas, la incertidumbre permite no solo recortar programas por capricho o por intereses corporativos o espúreos y sin sentido, sino que además se prescinde de material y equipo, como si sobrase, y se vende o transfiere a terceros. Estas ventas o transferencias de armamento son, en realidad, nuevos recortes añadidos encubiertos, ya que, al final, es menos material con el que se va a contar –y menos personal necesario para su manejo-, y probablemente lleve inexorablemente a una nueva reducción de unidades, algo que sí ocurre debería tener lugar en el marco de una revisión estratégica global, y no para hacer que cuadre el balance a fin de año. No hay otro calificativo que el de incompetencia manifiesta, y desinterés patente, como digo en el título de esta obra.
Y con estos mimbres surge una vez más el Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, diciendo que “la capacidad tecnológica de España no ha tenido reflejo en la gestión de programas”, criticando las deficiencias de gestión –que entiende existen-, a lo largo del ciclo de grandes adquisiciones para la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. A pesar de que quien garantizaba la adecuada transferencia de tecnología –en el caso de los grandes programas-, era la famosa Gerencia de Cooperación Industrial, de ISDEFE, creada con la colaboración de Eduardo Serra. Nada más ni nada menos.
El Secretario de Estado, D. Constantino Méndez, dice además que en España se carece de medios para lograr obtener la “máxima eficiencia de los recursos", y “… del personal necesario para aplicarlo", por lo que "se hace necesario un estudio integral de sistemas y servicios"…¿A estas alturas? Francamente increíble, ya que –entre otras cosas-, por eso se ha sacado adelante una controvertida Ley de la Carrera Militar, para proveer a la defensa del personal necesario,… ¿O no es así?
Constantino Méndez clausuraba no hace mucho las XIV Jornadas de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad , con un discurso sobre la adecuación de las grandes adquisiciones con respecto a los recursos financieros disponibles. "No deberíamos haber adquirido sistemas para escenarios que no existen y con un dinero que no teníamos", declaró este gran “genio” de la administración. Por eso, tanto él como su ministra insisten en sacar adelante el proyecto del avión de transporte A400M, un proyecto heredado de la época del PP del que España –como hizo Italia-, podría haberse salido ya hace tiempo, buscando cualquier otra alternativa de las existentes en el mercado, por un precio razonablemente inferior. Parece ser que el A400M si es un medio idóneo para un escenario que nadie sabe, y naturalmente se está pagando con dineros que tampoco se tienen. No puede haber mayores falacias. Constantino no dice que la razón esencial de todos esos programas ha sido la de mantener unos puestos de trabajo, y asegurar –con el A400M en Sevilla-, el rédito electoral que proporcionan. Y por eso su gobierno hace lo mismo que hicieron otros ya, ¿O el A400M es otra cosa diferente?. Los intereses de la defensa, como ya se ha dicho, vienen después, o ni siquiera vienen.
El crédito otorgado igualmente a una industria vasca moribunda, por el Consejo de Ministros en fecha no muy lejana, tiene por objeto obtener favores del PNV, y no favorecer ni apoyar a la defensa. La deuda de 26.000 millones de euros –que se dice-, contraída por el Ministerio de Defensa no es tal, ya que se trata de dinero proporcionado por el Ministerio de Industria para apoyar precisamente a las industrias de defensa. Industrias que, en casos sonados, como son los de la antigua CASA, o la Empresa Nacional Santa Bárbara, ahora no son solo privadas por completo sino que además ni siquiera son ya españolas.
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Las XIV Jornadas de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, organizadas por la Fundación Circulo de Tecnologías, en Madrid, tuvieron lugar los dias 26 y 27 de octubre de 2010, en la Real Casa de la Moneda.
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Por otra parte, la afirmación gratuita de que condicionan el Presupuesto de Defensa en los próximos 15 años, es no solo poco objetiva sino que, en realidad, es un simple truco de ingeniería financiera aplicado por el propio Estado dentro de sus propios departamentos y con sus propios presupuestos, por lo que ¿Dónde está el problema? Hacer críticas además sobre la imprevisión de los gastos de sostenimiento y ciclo de vida en el proceso de compra de los equipos, recordando que pueden alcanzar del 60 al 80% del valor de adquisición, es maniqueísmo puro, una vez más, ya que el problema no radica sino en la gran desatención a la logística que tiene lugar desde el Ministerio de Defensa.
El mantenimiento de los sistemas de armas y de los ejércitos es algo que también parecen haber descubierto ahora en el Ministerio de Defensa, pero si viene al caso recordar que el propio Director General de Armamento actual –teniente general García Sieiro-, declaró una vez, desde el EMACON, que el mantenimiento era cuestión del MALE, y que en el Estado Mayor no se ocupaban de esos temas. Los ejércitos han venido avisando de las necesidades, pero han sido ignorados una vez tras otra, mientras el Gobierno potenciaba otras áreas como la UME,…etc. No es ahora el momento de las lamentaciones, sino el momento de las realidades.
Lo que el Sr. Méndez califica ahora como "…singular sistema de adquisiciones", haciendo referencia al adelanto de los créditos blandos del Ministerio de Industria, fue un invento de su propio partido en el gobierno, en la época de Felipe González, y su ejecutor principal –el ex - ministro García Vargas-, preside hoy la principal asociación de industrias de defensa españolas, industrias que se han beneficiado extraordinariamente de la llamada "ilusión financiera" que ha contaminado a todas las instancias del Ministerio de Defensa y del propio Ministerio de Industria, como demuestra la reciente negociación entre los titulares de esos departamentos –Chacón y Sebastián-, cuyo resultado es el de que el Ministerio de Industria inyectará al Ministerio de Defensa 1.250 millones de euros en los próximos tres años –a pesar de las reducciones de presupuestos anunciadas-, según el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa (DIGENECO), Mariano Rojo. O sea, que seguimos aumentando la llamada deuda. Y además es lo que el propio Sr. Méndez ha invocado para abordar el hipotético futuro programa 8x8. ¿Se puede ser más incoherente?
Ser incoherente es, por lo visto, ya una característica inherente de las autoridades en general, y del Ministerio de Defensa en particular, ya que cuando se afirma, demagógicamente, que “no se debían haber adquirido sistemas para escenarios que no existen” no podemos hacer otra cosa que preguntar si alguien se hubiera atrevido a vaticinar los escenarios que iban a surgir. Es muy fácil afirmar cosas banales en coloquios multitudinarios con auditorios entregados, pero llama la atención que nadie recuerde ya que tanto el programa Eurofighter, como la fragata F100, como el carro Leopard son programas heredados de una administración socialista, en especial el Eurofighter que data incluso de la época de Narcís Serra. Posteriormente, el programa de la segunda fase del vehículo de combate acorazado Pizarro, el helicóptero NH-90 y el submarino S-80, son todos programas lanzados ya bajo la presidencia del Sr. Zapatero, y su ministro José Bono. Lo más lamentable es, sin embargo, la falta de preparación y seriedad que todo esto revela.
El estado de situación de la defensa nacional no es bueno –se viene diciendo ya muchas veces-, y si hubiera una oposición política en España como es debido, se habría pedido con urgencia un debate parlamentario de urgencia y una revisión estratégica generalizada. Cuando asociaciones o centros de estudios tan eclécticos o moderados como el Grupo Atenea, advierten de que la defensa está bajo mínimos, es que algo ocurre, sin duda. Las repercusiones en los ejércitos, de tres años consecutivos de reducciones en los Presupuestos de Defensa, hasta dejar su porcentaje sobre el PIB en menos de la mitad de la media de los aliados europeos con los que queremos compararnos es motivo serio y suficiente como para llevar a a cabo a un debate de altura en el Congreso, y también en el Senado.
Y no solo nos preocupa la faceta económica de la defensa, sino que resulta más lamentable aún la penuria de personal real en que se vive, ya que se limita el número de personal de tropa y marinería a 83.000 efectivos en 2011, y muy posiblemente a 80.000 en 2013, lo que en términos reales supone una efectividad práctica de fuerza terrestre de combate de 20.000 efectivos como máximo, aunque hay que dar por seguro que para 2013 ya no habrá contingente en Afganistán, y quizás tampoco en Líbano. Aún así, son efectivos humanos escasos que limitan seriamente la capacidad de proyección e imagen de un país que aspiraba a ingresar en el G-8, y estar en el G-20. Los recortes, es obvio que no influyen solamente en el número de efectivos, sino que afectan seriamente a los planes de instrucción y entrenamiento de las unidades terrestres, navales y aéreas, con graves limitaciones a los mismos en forma de inmovilizaciones de materiales, disminución de vuelos o salidas a la mar, y reducción de los ejercicios y maniobras, tal y como han confesado los jefes de los ejércitos, con lo que se disminuye peligrosamente la capacidad operativa de las fuerzas armadas, ya de por sí no muy alta.
Naturalmente, los recortes en inversiones obligan a nuevos aplazamientos en los programas de modernización, entre los que el relevo de los BMR por un hipotético nuevo 8x8 es ya casi un recuerdo. Lo de menos aquí es el perjuicio que se supone pueda causar a la industria de defensa, ya que, contrariamente a lo que piensan algunos inocentes, cualquier programa a quién beneficia realmente es a la industria extranjera, ya que la nacional solo puede aspirar a llenar huecos de subcontratistas o a hacer trabajos de integración, y todo al precio de encarecer el producto en forma abusiva e inaceptable, como ha sido el caso de los grandes programas anteriores, dadas sus carencias en el nivel tecnológico, como el Secretario de Estado, Constantino Méndez ha reconocido a los cuatro vientos. Las Fuerzas Armadas no deberían servir al sostenimiento de una mal llamada “industria militar española” carente de empuje y de competencia en los mercados exteriores –especialmente la terrestre-, ni servir de sostén a dudosas prácticas políticas aplicadas desgraciadamente desde hace ya mucho tiempo.
Obviamente, la carencia de inversiones ahonda aún más el desequilibrio entre lo que se dedica a gastos de personal y material, un índice realmente improcedente para un país cuyos gobernantes se jactan de haber estado a punto de integrarlo en el G-8. Por supuesto se oculta que el aparato militar actual sostiene numerosas capacidades inútiles, gastos redundantes, mantenimiento de sistemas ya desfasados, y, sobre todo, una creciente burocratización de la función militar en paridad con el conjunto de la sociedad española.
También resulta obvio que no solo el Ejército de Tierra, sino la Armada, y su Objetivo de Fuerza, están en peligro. Cuando se analiza el coste de mantenimiento de las 5 fragatas F-100 disponibles respecto del conjunto del presupuesto de la Armada, entran muchas dudas sobre la operatividad de la Flota.
El Ejército del Aire tiene ante sí el reto de la obsolescencia de sus aviones -y helicópteros- tripulados –como se ha dicho-, y el desafío de entrar en la era de los UAV,s y tras el Eurofighter no se sabe que habrá, algo resuelto en la mayoría de países con los que nos queremos comparar. Los posibles 27 A400M comprometidos ya veremos cuando llegan, mientras que el resto de la flota de transporte languidecerá por vetustez.
Lo más grave de todo, sin embargo, es el adelanto que ha hecho el Ministerio de Defensa en su proyección plurianual de continuidad en las reducciones hasta el año 2014. Se esperan por tanto años de mayores restricciones y sacrificios que, sin duda van a mermar muy significativamente las capacidades militares y por tanto de la seguridad nacional, y el Partido Popular se apresta ya a seguir recortando.
Curiosamente, el Secretario de Estado, Constantino Méndez, nuevamente como si no hubiera pasado nada, y los mismos presupuestos expuestos por él mismo ahora, por arte de magia, no tuvieran nada que ver ya, enumeró en una de sus últimas comparecencias a finales de 2010, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el estado de cada programa de inversiones, así como los pagos que deberá afrontar la Administración, a pesar de los recortes presupuestarios, sabiendo que no se iba a a cumplir nada de lo que dice. No sabemos si es caradura, mentiras compulsivas ya, o un esfuerzo en engañar y ocultar la realidad ante el Parlamento, pero supone insultar al auditorio, aunque éste no lo sepa o no le preocupe, o se deje insultar.
Sin embargo, y con respecto al material para el Ejército de Tierra, en una comparecencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa -el general del Aire José Julio Rodríguez- recordó que en 2011 deberá aprobarse el programa especial de servicio limitado implantado ya en 2009, que se traduce en "la inmovilización transitoria de una parte de los materiales principales del Ejército de Tierra con mayor antigüedad, con la finalidad de garantizar que los materiales restantes mantienen un adecuado nivel de operatividad", o sea casi todo, y no obstante, aunque esta medida debe ser "limitada", apuntó el JEMAD, "la falta de los créditos de mantenimiento suficientes obliga a estudiar la adopción de nuevas medidas que garanticen su sostenimiento, entre las que se incluyen adelantar la baja de determinados sistemas de armas". Por supuesto el general Rodríguez –fiel lacayo de las autoridades-, no dice a que se va a dedicar el personal de esas unidades que queden inmovilizadas, ni nadie se lo pregunta, y tampoco se ha vuelto a hablar de este asunto más.
En resumen, tal como se puso de relieve en un encuentro de analistas, periodistas y expertos en cuestiones de seguridad y defensa, que tuvo lugar en Madrid durante el último trimestre de 2009, España carece de un debate serio y profundo sobre la política de seguridad y defensa, y como han expuesto en sus conclusiones, para que “…España tenga una adecuada política, haría falta un debate serio y profundo, y una necesidad de consenso, y si esta inquietud no se comparte por los dirigentes políticos no será posible generar una cultura de defensa en la sociedad. Para ello, el principal reto será convencer a la opinión pública, pero no será posible si no hay auténticos liderazgos, tanto en el Gobierno como en la oposición…”, en suma que la batalla está perdida de antemano, porque es obvio que esos parámetros no se dan en la clase política española actual, ni tampoco en la sociedad tras la labor de zapa desarrollada a lo largo de estos varios años. Máxime cuando la percepción de amenazas a la paz y la seguridad por parte de la sociedad es casi nula, estando por detrás de otros asuntos que se perciben como más preocupantes e inmediatos como son el paro y la propia situación económica.
Por eso, es imprescindible un debate a fondo sobre el estado de situación de la seguridad nacional, y deben cesar todas esas continuas apariciones de comediantes-que dicen ser autoridades-, mintiendo descarada e insistentemente a la nación sobre programas, proyectos e hipótesis que, es sabido, que no se van a materializar nunca.
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España carece de un debate serio y profundo sobre la política de seguridad y defensa. Esta sería la conclusión del IX Encuentro de analistas, periodistas y expertos en cuestiones de seguridad y defensa que tuvo lugar el 29 de octubre de 2009, en Madrid, organizado por Diálogo Europeo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa, y el Grupo Atenea,
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Estado de alarma.
Los cambios que se aplican a las Fuerzas Armadas son ya claramente contra “natura”
La guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es mas querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros.
Sun Tzu, El Arte de la Guerra (siglo IV a.C.)
Es evidente que desde 2004 las Fuerzas Armadas, con la llegada del Sr. Ródriguez Zapatero al poder, han venido siendo sometidas a un proceso de desmilitarización creciente como hemos visto. Por un lado, mediante su utilización en misiones que van desde ejercer de cuerpo de bomberos o de ejército laico de salvación, y por otro, mediante una limitación de las misiones y reglas de enfrentamiento en las operaciones en el exterior. Respecto a lo primero, es la Unidad Militar de Emergencias, creada y dependiente directamente del Presidente Zapatero –ya citada-, la más privilegiada dentro de las Fuerzas Armadas, la que mejores sueldos paga y mejores medios cuenta, la que ejemplifica este proceso de desmilitarización de nuestro ejército. Respecto a lo segundo, se trata de la sospecha y las certezas sobre la inacción militar que recaen sobre las misiones españolas en Afganistán y Líbano, y de lo que se quejan “sotto voce” los aliados.
Al mismo tiempo que se desmilitarizan los ejércitos para uso partidista, existe una creciente y cada vez más agresiva intervención del poder ejecutivo en la vida pública, a través de la utilización ilegítima de los instrumentos del Estado. Si Zapatero ha utilizado desde 2004 al Ministerio del Interior, al de Justicia y hasta el de Industria para la lucha política, ¿alguien pensaba que no acabaría usando el de Defensa? Lo ocurrido con el caso de los controladores aéreos fue la culminación de un proceso de utilización ilegítima de los instrumentos del Estado para fines sectarios. Sólo a un gobierno predispuesto a abusar de la fuerza y a intervenir en la sociedad "como sea", se le ocurre dar un salto cualitativo y utilizar al Ejército –en este caso el del Aire-, las tropas y la jurisdicción militar, en un conflicto laboral interno, por grave que éste sea.
La comparecencia de Zapatero en el Congreso , en aquellos días, puso de manifiesto hasta qué punto el Gobierno de la nación era perfectamente consciente de que su decreto sobre condiciones laborales llevaría al decreto sobre la militarización, que éste alteraría gravemente el normal desarrollo de las instituciones, y que consideraba al ejército como un instrumento más en su mano. Se dio un salto cualitativo, utilizando un instrumento ilegítimo en la lucha política, y se ha abierto un precedente preocupante para la democracia en España.
Pero además de la gravedad de someter a medias, según conveniencia, y según necesidad ante la opinión pública, a los controladores aéreos a la autoridad militar, y de la gravedad de situar al país en la excepcionalidad constitucional, está la gravedad del papel “contra natura” que se está haciendo jugar a los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas. Tanto éstas como sus miembros tienen como finalidad combatir a los supuestos enemigos de la nación, así como defender sus intereses y su seguridad. En determinadas ocasiones, los límites están borrosos, pero no es ésta, de ninguna forma, una de ellas. Ni el Ejército ni los militares tienen como misión desplegarse por los aeropuertos y controlar y someter a disciplina castrense a quienes de manera salvaje e injustificada dejan en tierra a cientos de miles de personas. Para los controladores existían y existen los suficientes recursos administrativo-laborales, judiciales y policiales que sin alterar la normalidad institucional de la nación, paliasen la salvaje huelga y restaurasen la normalidad en el tráfico aéreo.
Pero además, causa indignación, cuando menos, que las mismas Fuerzas Armadas que por orden del gobierno hacen la vista gorda ante el rearme de Hezbollah en el Líbano, no persiguen a los talibanes en Afganistán, y fracasan en la defensa de los pesqueros españoles en Somalia por no herir a los piratas, utilicen su “sobrada capacidad operativa” para que el gobierno amedrente, obligue y controle a ciudadanos españoles, según tradición del gobierno, "como sea".
Sólo hay una cosa más escandalosa que la imagen de que camiones militares, en tiempo de paz y con el orden institucional funcionando con normalidad, se estacionen a la puerta de terminales e instalaciones civiles, o que miembros del Ejército del Aire vigilen a un sector determinado de la población civil. Y es la existencia de un gobierno que de manera premeditada, planificada y pensada de antemano, crea que puede utilizar esas fuerzas armadas cuando le interesa.
Y veamos que ocurre con otros asuntos, como la enseñanza militar, que se complica –día a día-, en casi todos sus aspectos. Al hecho, nunca antes sucedido, del 22% de bajas entre los cadetes en el primer trimestre del curso del nuevo plan de formación (título de oficial más el de ingeniero), en la Academia General Militar de Zaragoza, se suma el problema de los cierres como centros superiores de enseñanza de las Academias Especiales de las distintas Armas, o especialidades fundamentales como ahora se ha dado en llamarlas: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros.
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El presidente Zapatero considera aplicable el Código Militar en su comparecencia en el Congreso para explicar el caos aéreo. Pleno extraordinario del Congreso, 9/12/2010, El País, Fernando Garea.
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Así, la falta endémica de recursos en Defensa obliga al Ejército de Tierra a concentrar toda la formación de oficiales en Zaragoza, y al malestar interno se añade la protesta política en las ciudades afectadas, en especial en Segovia y Toledo, sedes de los centros superiores desde los siglos XVIII y XIX. La reforma de la enseñanza militar fue diseñada por el Gobierno socialista para dar una “doble titulación” a los oficiales, castrense y al tiempo civil, –como “ingenieros de organización industrial” en el caso del Ejército de Tierra– con el argumento de que así se facilitaba la posible salida al mercado laboral de los militares, si abandonaban su carrera.
La realidad es que en los nuevos planes de estudios, de todas las academias militares y escuela naval militar, se aumenta la preparación técnica a costa de reducir la instrucción militar, se persigue la endogamia militar al cambiar la oposición de acceso a las academias y escuela naval, por el criterio de acceso a la Universidad basado en la nota de selectividad y se exige a los futuros oficiales que en los cuatro primeros años tengan una formación de ingeniería para recibir el despacho de teniente en el quinto y último curso (el de instrucción más específicamente militar), sin pasar ya por la etapa de especialización en Toledo (Infantería), Valladolid (Caballería), Segovia (Artillería) y Hoyo de Manzanares (Ingenieros) como centros superiores de enseñanza. Todo en Zaragoza, se supone que para ahorrar en instalaciones, medios, mantenimiento, profesores y traslados.
De momento, en el primer trimestre del curso 2010-2011, 60 cadetes de primer año de la Academia General Militar, el 22% de la promoción, se han dado de baja sin superar la primera fase de instrucción militar básica, al aducir falta de vocación o desinformación sobre la carrera que habían iniciado. El cambio del modelo de enseñanza militar, que es casi una revolución, se quiere justificar en parte, como obligado para adaptarse a los criterios de la reforma de la enseñanza en toda la Unión Europea (Plan Bolonia) –algo irrelevante en el ámbito de la defensa y de la formación de4 los futuros oficiales-, cuando la realidad es que se ha confesado que viene impuesto por los recortes presupuestarios que el Gobierno aplica en Defensa desde 2008. Pero esa tampoco es la verdad.
Y lo peor del caso es que la supuesta solución a la falta de recursos habría sido ideada por el propio Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Fulgencio Coll, que ha asumido la impopularidad de los cierres de las academias ante sus subordinados, además de esforzarse en explicar la drástica medida –siempre con el argumento de que no hay dinero– a las autoridades políticas que han protestado ante Defensa, cuando lo curioso del caso es que se dice luego que las instalaciones de los centros superiores se utilizarán para la formación de suboficiales y para cursos especiales. O sea, que las academias seguirán abiertas en alguna forma, ¿Dónde está aquí el ahorro de recursos, entonces? Se trata simplemente de controlar la formación de los futuros oficiales, y mantenerlos dentro de un mismo entorno socio-político en forma a que no ocurra ningún despiste.
Y la confirmación no ha tardado en llegar. En las vísperas del aniversario del 23-F, Carmen Chacón, hizo una de sus intervenciones públicas, que tuvo lugar en el marco de los desayunos informativos de Europa Press , donde presentada por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, impartió la charla “La transformación de las Fuerzas Armadas, un éxito democrático”. Pués bien, la ministra señaló que Fuerzas Armadas han pasado de cometer hace treinta años –en alusión al 23-F– el acto que "mayor distanciamiento" ha creado entre los Ejércitos y la ciudadanía, a ser ahora la institución del Estado "más valorada" por los propios ciudadanos. Esto se debería, según dijo, a “siete hitos en la modernización” de las FAS.
En estos hitos incluyó el proceso de reorganización, con una estructura de mando unificado y abandonando los criterios de despliegue territorial que, según dijo, "estaban más enfocados a la ocupación del territorio que a su defensa"; el ingreso en organizaciones internacionales como la OTAN; la profesionalización del Ejército en 1999, con el fin del servicio militar obligatorio; o la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas en 1988, y a lo que hay que añadir el nuevo modelo de enseñanza militar, ya citado, aprobado por el Gobierno Zapatero, con “doble titulación” –algo que está por ver como queda-, civil-militar para oficiales y suboficiales; los programas de renovación tecnológica, que han hecho que las fuerzas armadas cuenten con material como los "Eurofighter" o los "RG-31" –¡¡el Eurofighter se contrató realmente en 1985!! y del RG-31 es mejor no hablar-, y asimismo la participación de las Fuerzas Armadas en las misiones del exterior, en las que más de 120.000 militares españoles han cumplido ya con su deber en más de 60 misiones en cuatro continentes, y en las que han fallecido 159 militares (62 solo en el accidente del Yak-42). Aspectos todos ellos que el lector puede ver claramente que preocupan sobremanera a la sociedad española actual, y por eso ha tenido lugar ese “acercamiento”. Goebbels no era mejor, desde luego, que Chacón en el mundo de la propaganda, o ¿debemos decir “agit-prop”?
Tras ese repaso, dijo- ni más ni menos-, en un alarde de ignorancia mayúsculo, que el 25 de abril de 1931 fue el primer intento de “modernización” de las Fuerzas Armadas, en alusión al decreto de reforma de los Ejércitos que firmó el por entonces ministro de la Guerra, Manuel Azaña, o sea su antecesor, de alguna manera. "Fue el primero en concebir un ejército eficaz como lo eran el de Francia y Alemania , pero aquel proyecto se truncó por la guerra y la larga sombra de la dictadura", dijo, para sentenciar después: "tenemos el Ejército que Azaña soñó hace 80 años". Lo que se dice, ¡toma tela!, delante, naturalmente, de la cúpula militar que asistió impasible al espectáculo.
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Declaraciones de Carme Chacón en desayunos informativos de Europa Press, el 22 de febrero de 2011, al exponer el tema La transformación de las Fuerzas Armadas, un éxito democrático, afirmando que: "Tenemos el Ejército que Azaña soñó hace 80 años"
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Para nada quería Azaña crear un ejército similar al alemán de entonces –la Wehrmacht de Adolf Hitler-, y el ejército francés ya demostró en mayo de 1940, lo eficaz que era. No se puede demostrar mayor ignorancia histórica.
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El ejército de Azaña –el ejército rojo, no tenía otro nombre-, era el peor ejército de Europa, y lo demostró en combate, perdiendo una guerra frente a un puñado de militares rebeldes que supieron organizarse y creer en un ideal. Hoy esos ideales ya se han borrado del ideario de los militares españoles, de los “nuevos” militares de la Chacón. Ha vuelto el ejército “rojo” –que sigue siendo el peor ejército de Europa-, aunque no se mencione tal calificativo, y ha vuelto con la aquiescencia de los generales, de aquellos que hicieron en su día un juramento en la Academia General Militar, en la Escuela Naval Militar, y en la Academia General del Aire. No es posible caer más bajo.
La Sra. Chacón, en el mismo entorno, apostó nuevamente por alcanzar un importante consenso en la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes de los ciudadanos, a la que los grupos parlamentarios de la oposición han registrado casi 250 enmiendas. "La ley no debe salir sin un gran consenso, haríamos un flaco favor a nuestras Fuerzas Armadas", dijo.
Tampoco quiso aclarar más lo ya conocido sobre el llamado ahora “Observatorio de la vida militar” –una especie de comisariado político, sin duda-, del que volvió a insistir en que estará conformado por “expertos” en materia de Defensa y se supone que será "un órgano independiente de los gobiernos"; ni entrar en excesivos detalles sobre cómo se definirá el concepto de neutralidad política de las Fuerzas Armadas….???, aunque sobre esto recordó que "hay unas líneas rojas claras marcadas por la jurisprudencia", ¿De qué habla esta señora?
La ministra señaló que Ley de Derechos abre "espacios de participación" y auguró que con esta ley y "con nuevo régimen disciplinario se cerrará un ciclo" en cuanto a normas para los Ejércitos se refiere. Y es que, según dijo, el Gobierno intentará sacar adelante en esta legislatura el nuevo régimen disciplinario militar, pero tendrá que hacerlo una vez se haya aprobado ya la Ley de Derechos. Y sobre la polémica Ley de Carrera Militar, que ha supuesto un profundo malestar en el seno de las Fuerzas Armadas y ha llenado de recursos los estamentos del ministerio, naturalmente negó que los recursos presentados contra la misma sean más de 12.000 y los cifró tan sólo en unos 5.000, "de los que 1.881 han sido desestimados y aceptados 341". ¿Le parece poco o despreciable?
Chacón dijo que el año 2012 "será clave, el principio del fin de la misión en Afganistán" porque se "empezará a ceder el poder" al Ejército y la policía afgana. Según avanzó, se “prevé transferir la responsabilidad a las autoridades locales en Herat en este 2011 y en Badghis en 2012”. Aunque esas transferencias "no suponen la vuelta inmediata de las tropas" a España porque los objetivos de los aliados son "irrenunciables". "Volverán a casa cuando los objetivos estén cumplidos", insistió.
Como en ocasiones anteriores, aprovechó la ocasión para destacar la labor que están desarrollando los militares españoles en el país asiático y reconoció que es posible que en los próximos meses aumenten el números de ataques que las tropas reciben de los talibanes, aunque prefirió utilizar el eufemismo "más dificultades".
"Conforme más espacio de territorio garantizas a los afganos más la insurgencia trata de impedir que eso sea así", dijo, para insistir en que las dos carreteras que construyen los españoles, la denominada ruta Lithium y la Ring Road son "rutas estratégicas para el comercio y el desarrollo social y económico de la zona", que pasan por zonas que "antes controlaban talibanes e insurgentes". Por ello, tuvo que admitir que según se gana terrerno hacia el norte, adentrándose hacia el valle de Bala Murghab, "los talibanes y la insurgencia tratan de seguir controlando espacios que los militares devuelven al comercio afgano. Y ahí entramos más en lo que llamamos hostigamientos", reconoció, para plantear después que si los españoles no saliesen de su base no recibirían ataques pero tampoco podrían desarrollar el trabajo para el que han sido enviados.
En cuanto a los programas de modernización, la ministra de Defensa habló también de algunos de los programas de modernización en los que se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas. Así, destacó que el programa del Airbus 400M "es ya una realidad" y "un éxito de Europa", y avanzó que Francia recibirá la primera unidad en 2012, todo ello cuando en realidad se trata del avión de transporte más caro del mundo conocido, y un avión que se contrata, exclusivamente, para mantener una industria –de ningún modo española ya-, y unos pocos puestos de trabajo. Así, descartó que los 2.700 millones de euros extra que hubo que aportar para que el proyecto del Airbus A400M saliera adelante, no obligarán a Defensa a abandonar otros programas de modernización, aunque sí reconoció que las dificultades económicas han hecho que se tenga que priorizar en programas como los del RG-31 o los Lince, para dar más seguridad a las misiones exteriores, y que se tengan que renegociar los pagos de algunos otros procesos: "Gracias a los ministerios de Ciencia e Industria hemos podido revisar los plazos de algunos pagos. Todo el mundo es consciente de que los pagos llegarán". Y ello, en plena crisis económica galopante.
Del mismo modo, negó que el programa de los blindados 8x8 esté descartado, después de los continuos retrasos por los que se está viendo afectado. "Se acaba de terminar la elaboración de los pliegos de los contratos. No hemos abandonado el programa", afirmó la ministra. Desde esas sus palabras, no se ha vuelto a hablar del asunto. Los hipotéticos 8x8 –nunca se ha sabido si se necesitan realmente-, duermen el sueño de los justos por ahora.
A pesar de todo, la historia atestigua que las Fuerzas Armadas constituyen unos de los exponentes más relevantes del carácter de una nación. En la España actual, de entre las instituciones del Estado que cumplen su cometido de forma solvente, quizás hay que destacar a las Fuerzas Armadas, a pesar de todo. Su valoración por la sociedad española es muy alta, en comparación con otras instituciones, como dejan constancia los resultados emitidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este hecho, poco publicitado siempre en los medios de información, parece chocante dado el crónico desinterés de la clase política española por los temas relacionados con la Defensa, lo que se traduce, sin duda, en falta de apoyo a la labor de aquellas.
Las Fuerzas Armadas de un estado democrático están subordinadas al poder político. Esta subordinación se materializa en que el poder político determina en qué debe ser empleado el potencial militar de la nación y las condiciones generales para ello. La contrapartida es que el poder político tiene que mantener un potencial militar adecuado y eficaz como uno de los instrumentos que garanticen la supervivencia de la propia entidad política.
Las Fuerzas Armadas en activo y la capacidad de movilización de la nación constituyen el potencial militar. Pero sin institución militar, sin ese grupo humano basado en las denominadas “virtudes militares” -valores, que se mantienen desde Escipión a Petraeus-, sin ese factor esencial, el potencial militar nacional, no existe. Hay que tener presente que los valores que conforman el ethos militar están orientados a su razón de ser: el combate. El sentido del deber, la disciplina, la lealtad, el compañerismo -lo que ahora se diría descafeinadamente ser solidario- y el espíritu de sacrificio son, entre otros, valores esenciales para las Fuerzas Armadas. En buena medida, de ellos depende su supervivencia, y eso es lo que se tratado de desvalorizar desde las estructuras políticas. Cuando las Fuerzas Armadas tenían a gala contar con unas Ordenanzas Militares de gran raigambre y tradición, la autoridad política se ha inventado ahora unas Leyes de Derechos y Deberes de los Militares –el gran logro de la ministra Chacón-, que son poco más que un conjunto de reglas laborales prácticamente disputadas por la mayoría de los militares.
Está claro que Zapatero ha socavado la Defensa Nacional. De la constante actividad de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, desde 2004, para implantar sus extravagancias ideológicas en la sociedad española -modelo de familia, educación, sobre la concepción de la vida o hasta en la oportunidad de la muerte- no podían escapar las Fuerzas Armadas. La Ley de la Defensa Nacional de 2005, llevada apresuradamente al Parlamento por el ministro Bono, -que en su faceta chirigotera se dedicó a cambiar las letras de himnos y canciones militares-, a pesar del desconocimiento de lo que incluía la norma, posibilitó la adopción de una organización militar que pugna por abrirse paso entre reticencias corporativistas, y, aun así, sin recibir el impulso político necesario.
Pero la Ley de la Defensa Nacional nació ya del lado oscuro: su intencionalidad ideológica es sólo comparable con su baja calidad técnica. Esta intencionalidad quedaba de manifiesto en la pintoresca Disposición Final Tercera, por la que se instaba al Gobierno a remitir al Congreso, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley Reguladora de los Derechos Fundamentales de los militares profesionales, que incluiría la creación del “Observatorio de la vida militar”, una aberración demagógica sin parangón, a la que los generales, sorprendentemente, ni siquiera se opusieron.
Por supuesto que este mandato no se cumplió ni a los tres meses, ni en los tres años y medio siguientes hasta nuestros días, pero se abría la puerta a algo muy delicado: la intromisión partidista en el ethos de la milicia: ¿Qué es eso del “Observatorio”? En cualquiera de las Fuerzas Armadas, de Francia a China, del Reino Unido a Rusia, no hay derechos fundamentales de los “militares profesionales”: todos los que se exponen a los mismos peligros, sean o no profesionales, tienen los mismos derechos y, sobre todo, las mismas obligaciones. Además, los derechos fundamentales de los militares son los del resto de los españoles, con la única limitación que imponga la Ley. Lo que tienen los militares son obligaciones fundamentales, que en parte no les diferencian del resto de los ciudadanos, pues la Constitución establece, en su artículo 30, el deber de todos a la prestación personal de contribuir a la defensa.
La tentación totalitaria para las Fuerzas Armadas, parafraseando a Revel, se concretó en la Ley de la Carrera Militar, un bodrio legislativo de proporciones monstruosas que incorpora todos los tópicos progresistas y burocráticos habidos y por haber, algunos difícilmente compatibles con la disciplina necesaria en la institución militar. Sus 141 artículos, 11 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias y otras 11 disposiciones finales, están faltos de sistemática, su lectura es agotadora y enfarragosa, ya sea lo referido incluso al empleo militar del Rey o la asistencia sanitaria, algo que nada tiene que ver con la carrera militar. Y es que la primera característica es su falta de claridad y su nulo carácter práctico.
Otra de sus características es mezclar reglas de comportamiento con competencias del Subsecretario de Defensa. La confusa técnica legislativa, el horroroso título de “carrera militar”, la legalización de materias cuya naturaleza no requeriría para regularlas norma de más nivel que orden ministerial o simple instrucción, hacen de ella algo confuso y desordenado, que no pasará, precisamente, a los anales de la excelencia jurídica. Como era de esperar, los disparatados resultados de su aplicación se han visto contestados por centenares de recursos.
Como escribía no hace mucho el que fue Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Luis Alejandre, esos recursos son 17.112, nada menos. Podría ser un número agraciado en el sorteo de la Lotería Nacional, como él decía, pero son los recursos que a fecha de 23 de diciembre de 2010 habían tenido entrada en el Mando de Apoyo al Personal del Ejército, contra la llamada Ley 39/2007 de la Carrera Militar.
Por ello, mientras en las encuestas se valora positivamente a las Fuerzas Armadas; mientras las palabras pronunciadas sobre Afganistán y Líbano por responsables ministeriales hablan de sacrificios, de libertades y de seguridades; mientras se usa a los militares como incentivo en luchas políticas sucesorias, o en corregir desaciertos reiterados en la gestión del espacio aéreo, siguen sufriendo las Fuerzas Armadas recortes sangrantes, incluidos sueldos e incentivos y se puede llegar a vender a precio de saldo desde los pocos terrenos que restan de un patrimonio trabajosamente conseguido por las generaciones anteriores, hasta un batallón de carros «Leopard» a Arabia Saudí o un submarino a quien de más, en el mercado de invierno. Súmenle menos horas de vuelo, menos carburantes para ejercicios, menos mantenimiento y cuidado de instalaciones. Mientras todo esto pasa, 17.112 cuadros de mando del Ejército han recurrido una mal concebida y no consensuada Ley de la Carrera Militar. Sobre un colectivo de 25.800 mandos -jefes, oficiales y suboficiales- y teniendo en cuenta que algún recurrente puede haber presentado más de un recurso, se trata de alrededor de un 65% de contestación, elevada a los organismos judiciales.
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Artículo de Luis Alejandre publicado en el diario La Razón del día 23 de diciembre de 2010. Solo hay que añadir que el general Alejandre nunca se expresaba en estos términos cuando estaba en activo, y lo que es más, fue confirmado en su puesto por el Sr. Zapatero, en abril de 2004. Sobran comentarios.
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Para Zapatero y Chacón, las Ordenanzas eran pieza de caza mayor. Su valor y significado es fundamental –como ya se ha citado-, y desde tiempos inmemoriales las Ordenanzas han sido el cuerpo donde, desde hace siglos, se han venido plasmando de manera concisa, clara e indubitada, las obligaciones comunes a todos los militares, y las particulares de los diferentes empleos, desde generales a soldados o marineros. Son consideradas en la milicia como un código ético y una referencia profesional. Las Ordenanzas son Reales porque no son de partido, ni de estamento, ni de gremio alguno, ni de una determinada legislatura: son del Estado, encarnado en este caso en el Rey –guste o no-, para regular una institución que tiene encomendada la “última ratio regis”, la última oportunidad de supervivencia de la entidad política. Su carácter valioso se muestra en el hecho de que las de Carlos III duraron más de dos siglos, y no porque hubiese un ambiente reaccionario que impidiera su reforma, sino porque cualquier cambio que afectase a los “valores corazón” de la milicia, tendrían que ser constatados suficientemente por la experiencia, antes de introducirse, algo que, naturalmente, ahora no se ha hecho. Ahora, en cambio, las Reales Ordenanzas promulgadas por la Ley 85/1978, han sido modificadas por un Real Decreto. ¿Qué significa esto?. Las Reales Ordenanzas hasta ahora en vigor, fueron promulgadas el 28 de diciembre, un día después de la Constitución. Seguramente que si se hubiese retrasado su entrada en vigor, se hubiera necesitado una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales. Deslegalizar las Ordenanzas, reducirlas a un Real Decreto, que es el instrumento del Poder Ejecutivo para llevar a cabo su política, es dejarlas sin contenido. El código ético de las Fuerzas Armadas, que afecta a derechos fundamentales, no puede ser dejado al capricho de que cualquier gobierno pueda cambiarlas a su antojo. Zapatero lo ha hecho, y sin ninguna opinion autorizada en contra.
El Real Decreto de las actuales Ordenanzas, es además brutalmente ideológico. Introduce rasgos pacifistas y de ideología de género, -no compartidas por gran parte de la sociedad española, militar y no militar-, establece conductas diferentes dependiendo de la casuística, situaciones propias del código penal y un largo etcétera. Generaliza conductas que siempre han sido específicas de generales, oficiales o tropa, a todos los militares, con lo que ha perdido su carácter regulador de una institución jerarquizada –que aquí tiene todo su sentido- y lo que es más grave se hace eco de la teoría de “antes morir que matar”, un contrasentido y una irresponsabilidad en las Fuerzas Armadas. Quizás debieran haberlo experimentado los redactores antes de introducirla en la norma. Todos estos acontecimientos de gran importancia, para el presente y futuro de la nación, han pasado desapercibidos, no ya para la sociedad, sino para la clase política, y para gran parte de los propios militares. El desinterés ha permitido una manipulación ideológica y una burocratización inauditas, del que las Fuerzas Armadas salen muy tocadas, y de las que será difícil rescatarlas más adelante.
Lo expuesto debería ser suficiente para que dimitiesen de sus cargos actuales y de sus escaños, quienes hicieron posible que la citada ley se publicase en el Boletín Oficial del Estado y pedir públicamente perdón por el innecesario desgarro producido en una institución más que respetuosa con el ordenamiento constitucional y con las alternancias políticas, que -luego- innecesaria y cínicamente, éstas ensalzan. Se ha jugado con el peligroso juego del «no a la guerra» e incluso se suprime esta palabra de las ordenanzas, y ahora se pretende suprimir el término «disciplina» en las calificaciones personales de los cuadros de mando, cuando ésta es una de las columnas vertebrales que sostienen a las Fuerzas Armadas. Todo viene de personas desconectadas de la realidad en la que viven las tropas, teñidas de frustraciones personales e influenciadas por lecturas mal digeridas de los decretos de Manuel Azaña, a quien todos citan y veneran. Todo se produce cuando se aprueba además otra Ley ya citada, totalmente innecesaria, que lleva ocho prórrogas en su trámite parlamentario y que se aprueba cuando se entra ya en periodo electoral. Por supuesto, esta ley es un compromiso del Gobierno –no se sabe con quien-, pero con los antecedentes de la anterior, se mira con recelo cuando se sabe que quienes a última hora han definido el texto proceden, como en la anterior, o de un «envidiable» comunismo cubano, o de la extrema izquierda nacionalista gallega cuando no catalana.
Con todo, en los difíciles momentos por los que atraviesa España hoy, las Fuerzas Armadas son sin duda, todavía, la institución más sólida del Estado. El amor a España, que refuerza su sentido de la disciplina y del deber, y la preparación y solvencia de su personal les permiten afrontar con éxito difíciles situaciones, y constituyen la garantía de supervivencia de la democracia española, aunque esa misma democracia les niegue el pan y la sal. No hay duda de que las Fuerzas Armadas seguirán siendo reflejo del carácter de la nación española, aunque la supervivencia de los valores que Zapatero ha llevado a aniquilar ahora –servicio a la nación, patriotismo, y concepto de servicio- les dan un valor especial para una nación que está sumida en una crisis profunda.
No se da la alarma, sin embargo, y sigue sin debatirse sobre las Fuerzas Armadas, que seguirán viviendo a golpe de la oportunidad del momento, de la orientación partidista gobernante, y de las ambiciones personales de generales oportunistas, y de políticos egoistas y mal intencionados.
Un barco que se hunde...
Negros nubarrones en el futuro de las Fuerzas Armadas y de la Nación
Las políticas -en general- sin dineros que las respalden no valen de nada. Ni reformas de la enseñanza, ni leyes de personal, ni estrategias integrales de seguridad. Sin la adecuada dotación económica, todo esto es un engaño, un muy triste teatrillo, donde de vez en cuando mueren unos cuantos muñecos del guiñol.
El Alijar, 2009
Sin que se pueda acusar a quien esto escribe, de actitud negativa, la realidad es que se ve todo de forma cada vez más nítida aunque quienes deberían verlo antes que nadie y, lo que es más importante, velar porque no se materialicen, parecen ignorarlo. No hacen falta complejas pruebas ni estudios sociológicos para confirmarlo, sino que basta con salir a la calle y ver el panorama desolador que nos acompaña cada día: empresas que cierran, jóvenes que no encuentran trabajo por falta de preparación o, lo que es más grave, por estar, como decían los anuncios de los años 90, sobradamente preparados. Cabezas de familia de 45 a 55 años que se quedan en el paro, perdiendo cualquier esperanza de tener una jubilación apacible e incluso perdiendo la casa cuando ya casi no quedaba nada para terminar de pagar. Inmigrantes que han de retornar a sus países, comedores de Cáritas atestados, ahorros que se esfuman y suma y sigue hasta completar cada uno de los brazos de esta rueda de timón sin piloto en que se ha convertido España.
Al margen de los “indignados”, no se entiende que nadie eleve la voz, nadie salga a la calle y nadie exija elecciones anticipadas o un Gobierno de gran coalición o cualquier cosa que al menos, suponga un cambio, aunque solo sea de aires. Mientras tanto, vemos como la dislocación entre la sociedad y los políticos crece hasta niveles insospechados, a la misma velocidad a la que aumentan las cuentas corrientes y los bienes de algunos politicastros sin escrúpulos, y que las familias, que durante años trataron de ser honradas, pierden ya, también todo rastro de escrúpulo, acuciadas por la necesidad, para agarrarse al clavo ardiendo de la economía sumergida, en los casos en los que las ayudas estatales -pan para hoy y hambre para mañana-, no llegan ya ni para “ir tirando”.
Y más allá de la economía o la sociedad, como siempre, impertérritos, santiguándoe por lo que se les viene encima, pero firmes pese a todo en el cumplimiento del deber, los militares. No se puede dejar de pensar que todo este endeudamiento desaforado en que el Gobierno actual –y veremos si no el venidero- está incurriendo, todo el gasto en inútiles paliativos -cuando lo que se necesita es inversión en I+D, en educación y en infraestructuras-, todo este despilfarro, va a tener dos víctimas: En primer lugar, lógicamente, los ciudadanos, que tendrán que pagar de sus bolsillos todo lo que ahora se gasta. En segundo lugar y atención, porque esto será dramático, el colectivo militar, y la defensa y seguridad nacionales.
Sea cual sea el Gobierno en los próximos 4, 8 o 12 años, hay cosas que son evidentes. Ante la presión inmensa existente de los varios organismos internacionales, de los mercados y al final, , de los propios electores, los gobernantes, sea cual sea su color, tendrán que recortar dramáticamente el gasto público, el número de funcionarios y bastantes prestaciones sociales. Esa será quizás su única tabla de salvación, incluso a pesar del desgaste político y no escatimarán en estupidez y mala gestión a la hora de hacerlo. No escatimarán porque para la clase política, la elección entre perder el poder y que otros pierdan trabajo, dinero o futuro, no existe.
Llegados al momento de decidir donde aplicar los recortes, quizás se hagan pequeños recortes aquí y allá y se eliminarán probablemente, incluso, aquellos Ministerios que el Parlamento les ha dicho por activa y por pasiva que han de eliminarse, pero que suponen un gasto mínimo. Cuando nada de eso sea suficiente, sino antes, buscarán aquella institución que sea más dócil y que carezca de la posibilidad de llevar a la calle sus reivindicaciones. En realidad, buscarán también aquella institución en la que difícilmente puedan, a estas alturas del partido, colocar a sus hijos, amigos o lo que sea. Es ahí en donde entra la milicia.
Con un gasto anual que ronda los 8.000 millones de euros entre gasto propio y de otros ministerios y sin una función clara que pueda o deba -según la mentalidad actual- ser vendida al electorado, es el lugar más fácil por el que empezar a hacer recortes. Bien pensado, sus miembros, atados de pies y manos, no tienen ni por asomo la misma capacidad de influencia o de presión que el resto de funcionarios. Además, entre el generalato, elegido a dedo y por razones exclusivamente de sumisión política, es casi imposible que aparezca alguien que -y que nadie malinterprete ni busque segundas intenciones- diga al Gobierno de turno las cosas como son y que se enfrente o dimita para dejar claro que la defensa no es algo en lo que se puedan admitir recortes.
Además, como ya se ha dicho, los políticos no ignoran que los militares se han comportado siempre de forma más que ejemplar. Sin crédito para las maniobras necesarias, sin recursos, ni medios, sin la instrucción adecuada incluso, han sacado adelante sus misiones con éxito en cualquier lugar del mundo y muchas veces, en condiciones impensables (que se lo pregunten a los infantes de Marina recién desembarcados en Líbano, que aun tienen pesadillas cuando escuchan la palabra “bocadillo”). Son por tanto las Fuerzas Armadas, la víctima más propicia y serán quienes más platos rotos paguen.
En realidad, la fiesta ya ha empezado. En 2010, el recorte presupuestario fue de un 6,2% respecto al año anterior. Si a esto le sumamos que hay programas inaplazables como la adquisición de más vehículos protegidos RG-31 y Lince, podemos empezar a hacernos a la idea de lo que queda para la renovación del material adscrito a las diferentes unidades. En 2011 se han vuelto a ver nuevos recortes y, probablemente, el gasto militar se congele de cara al futuro lo que, en la práctica, supone siempre un recorte más.
Si alguien eleva la voz, será tachado de “antipatriota” o de cualquier otra cosa parecida, cuando no se esgrima la obediencia debida o la disciplina. Es lógico que como parte del Estado, todos, militares incluídos, se aprieten el cinturón. No obstante, el problema será el dislate entre el número de puntos que deban apretárselo unos y lo que puedan incluso llegar a aflojárselo otros.
A partir de ahora, durante bastante tiempo, los militares van a ver como su situación se deteriora día a día. Ya han comenzado los recortes en cuanto a maniobras o uso de vehículos, reduciéndose a lo imprescindible, que siempre es menos de lo adecuado y muchísimo menos de lo ideal. A estos “pequeños” recortes, seguirán la cancelación o prórroga de varios programas y después, la reducción de personal, en la forma de un nuevo recorte de unidades, una nueva reorganización o lo que haga falta. Veremos como novísimos A400M (es un programa político y es irrenunciable) duermen en tierra el sueño de los justos mientras son canibalizados para mantener a unos pocos operativos. La segunda fase del Pizarro solo podremos encontrarla en la “tercera fase” y las F-110 -o como quieran llamarlas- serán una suerte de barcos grandes y lustrosos, pero vacías, al carecer de medios para dotarlas de misiles e incluso de sistemas de defensa de punto, o quién sabe si, ya puestos, de botes salvavidas. Veremos unidades de menor porte ancladas permanentemente a puerto, al necesitarse las tripulaciones en las mayores. Veremos, en fin, muchas cosas con las que ningún país serio jugaría porque aunque no haya grandes amenazas a la vista, al menos eso se piensa en el corto plazo -el único del que entienden nuestros políticos-, los riesgos objetivos siguen ahí. Puede sonar catastrofista, pero esa es la realidad aplastante.
Sucede que tanto para la izquierda como para la derecha, las Fuerzas Armadas son una “patata caliente” de la que huir como la peste. Defenderlas, resta votos. Olvidarlas, genera tensiones. Renunciar a ciertos programas, es granjearse la enemistad de los sindicatos y las empresas -a los que desde luego poco les importa si lo que se construye es lo más adecuado o siquiera necesario-, pero incluso los sindicatos pueden ser obviados hasta cierto punto en un país en el que cualquier recorte en las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis -y máxime si no hay una amenaza clara e inmediata-, será bien recibido por un electorado que no percibe la necesidad ni la utilidad de las Fuerzas Armadas.
Será necesario evitar que en la década que acabamos de empezar, haya que participar en más misiones internacionales. Esto, como puede verse en el Reino Unido tras la reducción reciente aplicada a la defensa británica, permitiría liberar una serie de “dineros” que ahora más que nunca son necesarios y que mañana más que hoy, serán imprescindibles. De lo contrario, habrá que encontrar nuevas formas de hacer más con menos, lo que, bien mirado, es una oportunidad de oro para avanzar en tres aspectos clave, y que serian la base mínima a abordar en cualquier racionalización de la defensa: Homogeneización del parque de material de los tres ejércitos -solo hasta donde sea posible sin que ninguna de las unidades pierda capacidades-, implementación de sistemas y métodos de mantenimiento predictivo que a la larga ahorrarían mucho dinero y permitirían aumentar la productividad, abordar la reorganización de la logística y profundizar en las llamadas Iniciativas de Defensa Privada, si acaso.
El barco, efectivamente, se hunde y las vias de agua son numerosas y casi imposibles de atajar ya. Aunque los militares se caracterizan por su mudez y estoicismo, en los últimos tiempos vienen mostrando en privado –y en raras ocasiones también en público- no pocas críticas hacia bastantes de las decisiones y medidas del Gobierno y del Ministerio de Defensa. Aparte de los recortes presupuestarios, de la falta de medios en las zonas operativas y varios asuntos más, la conflictividad se disparó, sin duda, tras la entrada en vigor de la Ley de Carrera Militar y la reciente Ley de Derechos y Deberes de los militares, destacándose de alguna forma las vias de agua más sobresalientes de las que advierten numerosos miembros de las Fuerzas Armadas:
-- Escasez presupuestaria y de gastos de funcionamiento en acuartelamientos y bases: la polémica medida del Gobierno de recortar un cinco por ciento el sueldo a todos los funcionarios también ha afectado a los militares. Pero no ha sido la cuestión laboral la que más ha ‘calcinado’ a los militares, sino los recortes en material y servicios. En la Armada, por ejemplo, se dio orden de que se debería mantener la operatividad de los buques, pero reduciendo drásticamente el combustible disponible para ello. En el Ejército de Tierra, se dictó una instrucción por la cual los soldados tendrían que turnarse en labores de limpieza de los cuarteles. Los militares consideraron estas medidas un atropello, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas ya han cumplido diez años como cuerpos profesionales.
-- Ley de Carrera Militar: es, sin duda, la normativa militar más polémica aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, como se ha dicho, y que ha disparado desde su aprobación, en 2008, el índice de conflictividad laboral del Ministerio de Defensa. La integración de las Escalas Superior de Oficiales y la Superior en un único estamento, los recursos de la Armada por el proceso de unificación, las diferencias generadas con los Suboficiales o los ascensos “a dedo”, escalafonamiento, expectativas de carrera, pases a la Reserva y la nueva reorganización de la Fuerza, son las principales motivos de quejas de los militares a los que les afecta la nueva normativa.
-- Ley de Derechos y Deberes de los Militares: totalmente innecesaria, la ley ha sido el ‘caballo de batalla’ de las principales asociaciones, legales e ilegales, de militares. Los puntos más problemáticos tienen que ver con la libertad religiosa y las vías de participación de los Ejércitos, la creación de un polémico Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas-, y el derecho de asociación. Como es obvio y evidente, nada que ver con la operatividad.
-- Medios para las misiones internacionales: la misión de Afganistán es la más difícil que desarrollan actualmente los militares españoles en el extranjero. Y posiblemente, la más dura de su historia. Casi un centenar de españoles fallecidos en este escenario así lo corroboran. Pero las quejas de los militares se circunscriben sobre todo a la falta de diversos medios técnicos. Antes, la mayor prioridad era dotar a las tropas españolas de un vehículo blindado efectivo con el que poder patrullar las carreteras y pistas de la provincia de Badghis, a la vista de la ineficiente protección que otorgaban los obsoletos blindados de ruedas BMR, de más de 30 años de vida ya. Llegaron los RG-31 y Lince, y el asunto parecía que iba a solucionarse. Sin embargo, faltan medios más contundentes para dotar de mayor operatividad a las tropas. Estos son, por ejemplo, vehículos de combate de cadenas Pizarro –que darían mayor potencia de fuego y con efecto disuasorio sobre la insurgencia-, helicópteros de ataque Tigre –para apoyar las misiones terrestres- y aviones no tripulados (UAV.s) para vigilancia de bases y para su utilización en patrullas. En los dos últimos casos, cuando se les ha necesitado, España ha tenido que recurrir a pedir ayuda a italianos y norteamericanos.
-- Reglas de enfrentamiento demasiado suaves e independientes: fue un hecho que se puso de manifiesto en Irak, pero que también afecta a las misiones en Afganistán, Líbano y a la misma Operación Atalanta. Los españoles tienen terminantemente prohibido apretar el gatillo si no es estrictamente necesario. Y en ocasiones, aunque para los militares esté justificado iniciar un tiroteo con el enemigo, la orden nunca llega. Fue lo que ocurrió con el caso del atunero Alakrana. El hecho de que el Ministerio ordene a los mandos responsables, sobre el terreno, desobedecer prácticamente las ordenes del mando superior aliado, coloca a las tropas en una dificil e inexplicable postura.
-- Cierre del Cuartel General de la Fuerza Terrestre de la OTAN en Retamares: la clausura del Cuartel de Retamares es otro tema espinoso para los militares, que consideran que este centro daba un peso específico a España en la estructura militar de la Alianza Atlántica. El Gobierno no prestó suficiente interés a este asunto, lo que ha traído críticas de los militares ante lo que consideran una mala gestión de las negociaciones con la OTAN, y con el resto de aliados.
-- Papel de la UME: la Unidad Militar de Emergencias nació en 2005 acompañada de una intensa polémica, considerándose un ‘invento político’ del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Seis años después, el cuerpo sigue siendo cuestionado por muchos militares. Consideran que las labores que desarrolla la UME son propias de otros cuerpos civiles, y no militares. Atribuyen parte de sus competencias, por ejemplo, a Protección Civil. Y además, muchos la califican como un ‘agujero de dinero’ que, en plena crisis, podría dedicarse a otros campos militares mucho más necesitados de financiación pública.
La degradación máxima a la que la defensa nacional llega surge cuando se entra en el campo de los programas de equipamiento. La experiencia enseña que un programa militar importante, es decir una adquisición de armamento significativa, es siempre un acto político. Esto se puede comprobar tanto a nivel nacional como multinacional. Pero a lo que se debe aspirar es, al menos, a que los requisitos técnico-operativos se equilibren con los considerandos políticos, consiguiendo así un resultado equilibrado aceptable. Considerandos políticos como los que a nivel nacional han influido, por ejemplo, en el programa del avión A400M, o han resultado en la instalación de una fábrica de montaje de Eurocopter para helicópteros en Albacete, decidida unilateralmente por el ministro Bono, responden quizás a una necesidad operativa, pero el tipo de productos, su precio y el número de unidades a adquirir no deberían responder a intereses políticos, sino a un planeamiento de fuerzas operativo.
España necesita en el siglo XXI una concepción de su seguridad y defensa que vaya más allá de lo militar. La respuesta, tanto en el ámbito nacional como multilateral, está en trabajar en tres dimensiones: defensa, diplomacia y desarrollo. En nuestros días los medios militares han dejado de ser la mejor baza para garantizar la defensa y seguridad. Siguen siendo, obviamente, elementos importantes de la ecuación -como instrumentos de disuasión y de último recurso-, pero ya hace tiempo que dejaron de ser los primeros (sirvan Alemania y Japón de ejemplos hoy, tras su derrota militar hace décadas).
Si analizamos esta realidad desde España -como potencia media, si acaso, que goza de cierta estabilidad estructural, con intereses globales que no puede defender en solitario-, se impone un urgente ejercicio de reevaluación de su enfoque de seguridad y de las capacidades a su servicio. Es una tarea derivada tanto del preocupante escenario de crisis económica actual, como del desequilibrio del instrumental de respuesta ante las amenazas que se configuran, aunque la sociedad no las reconozca como tales. Es cada vez más evidente la insostenibilidad de unas visiones y sistemas de seguridad que siguen lastrados por el pasado, preferentemente inclinadas a considerar los medios militares como los elementos centrales de la seguridad.
Si algo hemos aprendido –con el sempiterno caso de ETA como ejemplo-, es que la amenaza terrorista -que algunos siguen calificando como la de mayor rango- no puede eliminarse por vía militar ni con parcheos a corto plazo que desatiendan sus causas profundas. Y esto vale aún más para el resto de las amenazas que configuran el catálogo de nuestros días -desde las pandemias al cambio climático, pasando por la pobreza, los flujos descontrolados de población, el crimen organizado o los comercios ilícitos. Dado que todas ellas hunden sus raíces en problemas sociales, políticos y económicos, parece inmediato concluir que los instrumentos protagonistas para hacerles frente deben ser igualmente de esa misma naturaleza (con los militares como un elemento más), en el marco de una estrategia sostenida, multidimensional y multilateral. El esfuerzo a realizar no obliga tanto a crear algo inexistente hasta ahora, como a reformular la ponderación que debe recibir cada una de ellas. España, a pesar de todo, ciegamente hoy no reconoce ninguna amenaza en fuerza, aunque está expuesta a todas las existentes y citadas.
A falta de un debate nacional -pendiente desde hace al menos 20 años- se ha optado por seguir invirtiendo/gastando en un sistema de defensa militar que no ha sido sometido a un serio escrutinio ni análisis. Si primero se hizo para evitar reacciones desmedidas de un antiguo poder fáctico, luego se entendió que el tema no estaba en la calle y ningún gobernante quiso arriesgarse a entrar en una cuestión que no garantizaba rédito electoral alguno. En consecuencia, se ha mantenido una inercia -salpicada de reformas y modernizaciones parciales, para alinearnos operativamente con nuestros aliados en la OTAN- que hoy absorbe en torno a los 17.000 millones de euros (si se añade al presupuesto de defensa lo que determinan los criterios OTAN) para conformar unas fuerzas mucho más reducidas, pero igualmente desajustadas con respecto a las necesidades previsibles (ligeras, interoperables, desplegables...). A la espera de resolver el problema, seguimos: apostando por grandes programas de eficacia cuestionable, acumulando una deuda con las industrias de defensa que ya alcanza los 27.000 millones de euros, gestionando un presupuesto que se lleva el 70% en gastos de personal y tratando a duras penas de cuadrar una plantilla de poco más de 120.000 efectivos (de los que realmente solo 7.000 son susceptibles de despliegue en el exterior, y menos de 40.000 –entre Tierra, Mar y Aire-, formarían una fuerza efectiva de combate).
La diplomacia es un activo de primer orden para una potencia media (Países Bajos y Noruega pueden servir de ejemplo) y España necesita superar esta asignatura pendiente cuanto antes. De su rendimiento depende en gran medida nuestra seguridad, no solo por lo que atañe a la defensa de los intereses estrictamente geopolíticos en juego sino, de modo cada vez más sobresaliente, de los de carácter geoeconómico. Lo mismo cabe decir en términos de imagen exterior -véase al respecto la pésima imagen dejada tras la retirada unilateral de Irak, o el problema suscitado en Kosovo, donde España se desmarcó de toda la Unión Europea-, aspectos que han dejado su huella.
El tercer pilar se refiere al desarrollo que, además de la imprescindible ayuda al desarrollo, engloba también la implementación de reglas comerciales justas, la apuesta por un orden financiero internacional más abierto y por una gestión de la deuda externa volcada al bienestar de las poblaciones menos favorecidas. España -que pretende ser identificada en este terreno como un activo contribuyente a la construcción de la paz y a la lucha contra la pobreza- ante la crudeza de la crisis económica ha decidido reducir en 800 millones de euros (de un total que ronda los 6.500) el presupuesto de cooperación, lo que hace imposible llegar al emblemático 0,7% del PIB en 2012. En añadidura, a elementales consideraciones éticas, la apuesta por el desarrollo de quienes nos rodean es puro egoísmo inteligente, en la medida en que su bienestar y su seguridad son vías preferentes para consolidar nuestro bienestar y nuestra seguridad.
En definitiva, se impone una concepción de la seguridad que sepa ir más allá de la defensa militar, entendiendo la necesidad de adoptar un modelo que cabría calificar como posmilitar. Esto no significa la desaparición de los ejércitos, sino su redimensionamiento, para articular -dado el imperativo económico de atender necesidades infinitas con medios finitos- un sistema de seguridad equilibrado. Es dudoso que la clase política actual esté a la altura de este desafío.
Las Fuerzas Armadas se sostienen sobre principios morales y politicos, y lo decía incluso Azaña. En primer lugar, los militares están llamados a matar y morir por la comunidad, finalidad que da sentido a la profesión, y de la que surgen las clásicas virtudes militares, plasmadas en siglos y siglos de herencia moral de la profesión militar: la valentía –“primer requisito del soldado”, dirá Clausewitz-, el heroísmo y el sacrificio. Pero también aquellas que limitan el uso de la fuerza a unos límites razonables: la caballerosidad, el reconocimiento, y el honor. En segundo lugar, los militares no matan y mueren sin más, arbitrariamente o sin sentido: están llamados a hacerlo por la patria. El militar es aquel que mata y muere por su nación; cuando no lo hace por ésta, se convierte en mercenario; cuando se dedica a otras cosas, se convierte en bombero o médico, pero no en militar. Éste es aquel que legítimamente encarna al Estado en el exterior, tal y como la policía lo hace en el interior; el uniforme representa a la nación armada y personifica al Estado.
Por ambas cosas, por ser depositarios del uso de la fuerza, y por descansar sobre ellas la defensa nacional, las Fuerzas Armadas son depositarias de principios y valores que sus soldados no han elegido, que se les imponen y que impregnan todas sus actividades, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Existe un ethos militar, un conjunto de costumbres y tradiciones propiamente militares que son, primero del militar en cuanto tal; segundo, el militar en cuanto miembro de las fuerzas de una nación; y dentro de éstas, de cada unidad o arma. Sin ellas, las Fuerzas Armadas se desharían como un azucarillo, por muchos vehículos blindados, aviones no tripulados, o helicópteros de última generación con que los políticos los agasajen.
En democracia, la mejor forma de acabar con un ejército es eliminando estos principios que le dan sentido: y hoy los socialistas de Zapatero han vencido legalmente en la guerra que perdieron en 1939, algo a lo que se han dedicado desde 2004. La ministra Chacón venía precedida en el cargo, además de por Alonso, por José Bono, que bajo un discurso patriotero de corte tabernario y chusquero, había comenzado con la agenda socialista para las Fuerzas Armadas: en lo administrativo, con la politización radical de la cúpula de los ejércitos; en lo militar, con la desmilitarización progresiva, efectiva con la creación de la Unidad Militar de Emergencias en 2005; en lo nacional, con la despatriotización, y las primeras retiradas de lemas patriotas de los cuarteles. A Bono debemos los primeros grandes nombramientos políticos en el Estado Mayor, de militares peor cualificados pero políticamente más dóciles y debemos el “prefiero morir a matar”, aberración política en un Ministro de Defensa, puesto que no era él, sino sus hombres, quienes sufrirían su preferencia. Fue quién aplicó a ultranza la agenda socialista de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, continuada después hábilmente por Alonso y Chacón, con la ayuda y connivencia del generalato elegido al efecto.
Pero ha sido con Carmen Chacón, tras el breve paso de Alonso, cuando el ejército ha sufrido los principales problemas. La ministro llegó al Ministerio con dos agendas; la propia, y la de Zapatero. La propia le llevó a utilizar las Fuerzas Armadas como instrumento de autopromoción política; su embarazo se convirtió en un publirreportaje con los militares como atrezzo castrense. Embarazada viajó los primeros meses, rodeada de periodistas, como no ha vuelto a viajar jamás. Valorada como posible sucesora de Zapatero, ha sometido a los ejércitos a una tensión ideológica inaudita: transexuales, ley de memoria histórica, homosexuales, y hasta feminización. Y en lo relativo al uso de la fuerza, restricciones en su uso en Afganistán, Somalia o Líbano, a unos contingentes ya de por sí limitados y dotados con medios escasos para cumplir la mission a la que se les enviaba.
Se ha acusado a Chacón de no creer ni en el uso de los medios militares ni en la defensa de España. Y a la luz de los hechos, es así: con ella se ha acelerado el proceso de desmilitarización de los ejércitos, y se ha avanzado en su utilización para cosas que nada tienen que ver con la defensa de los intereses y la seguridad y defense nacional. En lo material, la gestión de Chacón ha constituido un fracaso considerable, con paralización de programas y reducción de presupuestos, con unas ordenanzas que echan por tierra cientos de años de reglamentación, y una Ley de la Carrera Militar que, como se ha dicho, ha provocado protestas masivas dentro del obediente estamento militar. Las misiones en el exterior que ha gestionado, ni son más seguras ni son más exitosas, y los vehículos blindados protegidos han llegado mal, tarde, y de manera dificultosa y a cuentagotas.
Con todo, pese a no ser lo más espectacular, el peor problema es el progresivo desmantelamiento de las costumbres y tradiciones militares, que son las que dan sentido a las Fuerzas Armadas, y que se ha convertido en el objetivo primario de una agenda ideológica radical. Destrucción de emblemas y lemas castrenses, eliminación de tradiciones centenarias en unidades, prohibición de costumbres religiosas que están en el corazón de cuerpos y unidades militares españoles. Esto es lo más dañino: sin alma, sin corazón, las Fuerzas Armadas pueden recibir los últimos juguetes tecnológicos, las últimas adquisiciones de material, pero su labor déjà de tener sentido, y no sólo moral, sino estratégico: el fiasco de Somalia puede ser responsabilidad de Chacón, pero el fracaso práctico es, en sentido estricto, responsabilidad de los ejércitos.
Que esto se haga con la aquiescencia de la cúpula militar, los llamados “generales de Zapatero”, no hace sino acrecentar el problema, porque la metástasis postmoderna que encarnan Zapatero y Chacón se ha extendido a la propia cabeza de las Fuerzas Armadas. Es ésta la que dócilmente ejecuta políticas que atacan radicalmente el sentido de la propia institución, y es ésta la que legitima ante la comunidad militar una política que está dirigida contra ella en cuanto tal; en el fondo, tras la polémica sobre el Corpus de Toledo o el Cristo de la Buena Muerte de Málaga, se esconde el desprecio socialista hacia valores íntimamente castrenses: el honor, el heroísmo, el amor a la patria, el sacrificio por España.
Sin estos valores, las Fuerzas Armadas españolas dejarán en breve de tener sentido, por muchos nuevos vehículos blindados 8x8, UAV,s, aviones A400M, o inhibidores de última generación que se utilicen, algo que también está por ver.
¿Tiene España realmente unas Fuerzas Armadas profesionales?
«Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su ejército mide
con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales».
José Ortega y Gasset
Hoy las Fuerzas Armadas españolas no tienen soldados profesionales, solo reclutas mal pagados y con una escasísima motivación. Después de más de un lustro de Ejército supuestamente profesional, las gravísimas carencias de todo tipo que viven no solo la Defensa Nacional sino también los propios militares colocan al Ministerio de Defensa en un momento crítico. La dejadez institucional y el rechazo social solo pueden abandonarse si se dan transparencia y coherencia por parte de los politicos, y en base a una profunda revisión de la estructura y volumen de las Fuerzas Armadas y de los medios y salarios.
Con un presupuesto de Defensa que no alcanza el 0,9% del PIB, frente a un mínimo del 2% recomendado por la OTAN, España puede avergonzarse de tener que pagar sus adquisiciones con financiaciones del Ministerio de Industria, entre otros o de tener unos soldados con sueldos de miseria, un entrenamiento deficiente y de los cuales apenas un tercio son operativos, en el mejor de los casos, ya que las cifras están hinchadas y muchas unidades solo existen sobre el papel.
Como ejemplo se puede citar, según relata el Sr. Villanueva López , el caso de la Brigada de Cazadores de Montaña "Aragón I". Dotada de dos regimientos, el "Galicia 64" y el "América 66" resulta que en realidad, el primero de estos solo cuenta un con Batallón, el "Pirineos I/64" que a su vez solo tiene dos compañías de fusileros, al estar desactivada por falta de personal la segunda. Por si esto fuese poco, ninguna de estas compañías está al completo de efectivos y para su futura inclusión en el Battlegroup de la Unión Europea –tal como resulta de la contribución que España voluntariamente aporta-, necesitan de la inclusión de secciones enteras de la compañía de Mando y Apoyo del Batallón. Lejos de lo que pueda pensarse éste no es un caso aislado sino que se repite una y otra vez por toda nuestra geografía, independientemente de las palabras de la ministra de Defensa alegando que ya no existen en España problemas de reclutamiento.
Del mismo modo, la existencia de acuartelamientos difícilmente justificables ya, como el de Loyola en San Sebastián (Guipúzcoa), dedicados en principio a la defensa del territorio, pero sin medios ni posibilidad de llevar a cabo de forma efectiva su mission, sigue siendo una lacra estructural y económica.
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Christian David Villanueva López, soldado de la Infantería española, ha estado destinado en Afganistán, y ha sido director de la revista digital EJÉRCITOS.
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Desgraciadamente, los problemas del Ejército no se circunscriben únicamente al terreno de la mala organización, el escaso gasto o unos salarios que impiden que muchos se alisten, incluso después de las últimas subidas, más espectaculares sobre el papel que en la cartera.
En un ejército del siglo XXI un soldado, además de saber utilizar su armamento individual, ha de saber más que nunca manejar todo tipo de información, desde la proveniente de las telecomunicaciones, a la relativa a los sistemas de armas tanto propios como del enemigo. Ha de tener nociones básicas, en muchos casos, de la cultura de aquellos lugares en los que realiza su misión y sobre todo, ha de poseer la capacidad y versatilidad suficiente para actualizar sus conocimientos de forma permanente y adaptarse a nuevos escenarios y realidades en un periodo en el que el tiempo se ha acelerado. Del mismo modo, las tropas enviadas al extranjero deben conocer los rasgos básicos de la cultura nativa sobre el estado en cuestión adonde se les envia.
Lamentablemente, con los requisitos que España pide a sus soldados, nada de esto es posible. En primer lugar, el nivel exigido hasta ahora se limita en muchos casos al antiguo Graduado Escolar, equivalente a únicamente 2º de la ESO, lo que convierte a muchos de nuestros soldados -y lo que es peor aun, a cabos y cabos primeros que en muchos casos mandan pelotones- en analfabetos funcionales. Esto, lógicamente, tiene importantes repercusiones tanto en la calidad de la tropa, no solo como militares, sino como colectivo. Además, como colectivo, los soldados son en su mayoría un grupo marginal, gravemente afectado por las drogas y dejado de lado por la sociedad. Dicho más claramente, ser soldado hoy en España no es una profesión y cada vez menos, una vocación. Solo es, en muchos casos, el camino de los que no tienen otra salida y esa es una derrota que pocos ejércitos pueden remontar en una guerra.
Lejos de lo que se cree comúnmente, el problema no solo afecta a los niveles más bajos del escalafón, sino que por cuestiones que se extiende incluso hasta las escalas de oficiales y suboficiales.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre las medidas llevadas a cabo por el Gobierno socialista para mejorar la vida en las FAS y favorecer el reclutamiento. La mayoría de analistas y de militares concluyen en que ha sido un fracaso rotundo ya que no se ha conseguido ni premiar el mérito, ni favorecer los puestos de mayor responsabilidad ni terminar con la arbitrariedad, que se ha visto favorecida con complementos como el de "Dedicación Especial" que queda a criterio de los Jefes de Unidad.
En cualquier caso, el salario en sí no es tan importante como las consecuencias que tiene sobre la moral y la autoexigencia de las tropas. En realidad, una de las causas del bajo nivel de entrenamiento y operatividad de nuestras tropas radica en la imposibilidad de exigir un esfuerzo constante a soldados que, o bien no tienen ninguna esperanza de mejorar su situación o bien no tienen coeficiente intelectual para formar parte de un ejército modern, o bien encuentran como única salida el alcohol y las drogas, verdadera lacra, aunque nadie lo diga en alto, de las Fuerzas Armadas hoy. Un Ejército, entre otras cosas, tiene lo que paga y con lo que se ofrece, es imposible que saque adelante una sola misión, algo más de agradecer al carácter hispano y al orgullo de nuestros soldados -algo que viene de siglos-, que no a los medios de que se dispone y recompensas escasas que se ofrecen.
En el día a día, la desmotivación se traduce en la cantidad de horas que los soldados pasan inactivos, dentro de los acuartelamientos, bien limpiando armamento y vehículos, una y otra vez, en lugar de hacer salidas al polígono de maniobras, de practicar instrucción de combate, o de mejorar su instrucción. Parece haberse asumido, de alguna manera, tanto por parte de la tropa como de los oficiales y suboficiales, que el trabajo verdaderamente militar debe reducirse a cuatro o cinco jornadas al mes mientras que el resto del tiempo se pierde irremisiblemente debido a la falta de recursos. Lo cierto es que con los salarios y presupuestos actuales, no puede exigirse más, resultando un panorama absolutamente desmotivador y contraproducente, produciéndose con mayor frecuencia cada vez, situaciones de frustración y de bajas y fracasos de todo tipo, en unidades que no están entrenadas ni instruidas para realizar las misiones que se les imponen. Todo ello además, cuando el nivel de entrenamiento y preparación es, consecuentemente, ostensiblemente menor de lo que podría ser si hubiera una mayor y mejor planificación.
Lo normal hoy, en la mayoría de unidades, es salir al campo de instrucción únicamente un día a la semana, haciéndose solamente breves sesiones de tiro de 20 o 30 disparos por combatiente, en el mejor de los casos, y dándose escasísimas lecciones teóricas y prácticas. Éste es, sin duda, un modelo de mal hacer que no puede aplicar un Ejército occidental y europeo, que se precie, en la era de la información y tecnología. De hecho, ya no son tanto los medios o la cantidad de recursos, como la calidad e instrucción de la fuerza lo que marca el resultado de un combate.
Creer en la nación y su defensa. Es una regla fundamental en la política exterior y de defensa: quien no crea en su país jamás creerá en su defensa. Y eso es precisamente lo que le pasa a Zapatero y sus colaboradores. En primer lugar, se asocia con quienes no creen ni en la Constitución, ni en España. Repite que eso de la nación española es discutido y discutible. Así que, ¿para qué le sirven entonces las Fuerzas Armadas, cuya finalidad es la defensa de los in-tereses nacionales y de la nación misma?
Creen que España no tiene amenazas que afrontar militarmente, y no creen necesario el empleo de la fuerza en el exterior. Así que, ¿para qué le sirven entonces las Fuerzas Armadas, cuya función es ejercer y soportar la violencia en nombre de nuestra nación? Algunos de los anteriores gobiernos tuvieron como proyecto fundamental la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, o eso decían.
Ahora bien, si uno no se cree eso de la nación y mucho menos lo de su defensa, no podemos extrañarnos de que el principal proyecto de Zapatero sea la Unidad Militar de Emergencias,. Como no hay intereses nacionales que defender, nada mejor que dedicarse a apagar fuegos en vez de procurar los recursos para instruir y preparar unas fuerzas armadas capaces. Esta actitud, disfrazada de un pacifismo demagógico, proyecta una falsa percepción sin peligros para la paz, y por lo tanto se considera innecesario prepararse para la guerra.
Las operaciones exteriores multinacionales en curso tienen poco que ver con las necesidades reales de la defensa y seguridad nacional, y no justifican, por sí, la existencia de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, por otra parte, hay un notable desequilibrio entre lo que se enseña en los centros de formacion y academias militares, y lo que los militares se encuentran en el plano operativo cuando tienen que intervenir.
Ello provoca una considerable falta de reflejos, y desconcierto, que se agrava cuando además la estructura es lenta, compleja, burocrática y acomodaticia. La estructura militar está diseñada, en realidad, -en palabras del propio general jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército-, partiendo del número de tenientes generales que el Ministerio permite tener, no al revés –tener el número de tenientes generales que necesitemos-, lo que crea una estructura compleja y redundante que asfixia el presupuesto, la iniciativa y lo que es peor, a las propias unidades.
El objetivo de la profesionalización era conseguir unas fuerzas armadas que otorgasen al Estado, en el contexto de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, una auténtica capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de defenderse frente a una agresión. Las fuerzas armadas que España necesita, por lo tanto, deben ser flexibles, polivalentes, móviles, operativas y eficaces. Nada de eso se ha conseguido sino todo lo contrario, las Fuerzas Armadas españolas de 2011 están mal equipadas, medianamente instruidas, peor mandadas, dependientes de ayudas, en casi todos los campos, y casi totalmente desmotivadas. Una receta perfecta que invita al desastre.
El plazo de consecución del modelo profesional –allá por 1996- era el del año 2001, siempre y cuando lo permitiesen las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa. Y ya entonces se afirmaba, en el apartado del acuerdo sobre el servicio militar, que las Fuerzas Armadas españolas carecían de una capacidad disuasoria efectiva. Además, seguían estando muy presentes las necesidades presupuestarias -más que económicas-, en el proceso de profesionalización de los Ejércitos. Sin embargo, en el texto del acuerdo no se decía nada de un aspecto fundamental del problema: los efectivos de las futuras Fuerzas Armadas profesionales, de cuyo número depende lógicamente el coste del modelo. El Gobierno de entonces contempló en un principio unas Fuerzas Armadas profesionales integradas por 150.000 hombres y mujeres, cifra a la que nunca se ha llegado. Las intenciones reales de Zapatero, y sobre todo de los resultados finales de la política de defensa de su Gobierno, unidas a las limitaciones presupuestarias, han dado como resultado un Ejército profesional, sí, pero ineficaz.
En lo que se refiere a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, se afirmaba que la plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas constituye un instrumento para incrementar el grado de disponibilidad operativa y la eficacia de las unidades militares, lo cual no es necesariamente cierto, pues la operatividad y eficacia de los Ejércitos no son sólo la consecuencia de su profesionalización o, dicho de otra manera, ésta es una condición necesaria, pero no suficiente, para la modernización de las Fuerzas Armadas españolas.
La profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas ha presentado siempre el problema de su coste. El problema de la financiación fue subrayado ya por los mandos militares, en 1996, que alegaban que el proceso de profesionalización sólo podría aplicarse seriamente por medio de un incremento sustancial del presupuesto del Ministerio de Defensa, que, sin embargo, era -y sigue siéndolo- difícilmente compatible con la reducción del déficit público y con la distribución actual del gasto público, y que no solo no se ha producido, sino que se ha reducido considerablemente, y podríamos decir, hasta conscientemente.
El problema del coste ha dado lugar a una auténtica guerra de cifras. Inicialmente se filtró que la profesionalización de unas Fuerzas Armadas tendría un coste adicional de un 5% de increment del presupuesto de 1995. No obstante, el coste total tenía que ser forzosamente mayor, pues en el mismo había que contabilizar no sólo el incremento de los gastos de personal, sino también los de material, siempre y cuando se quisiera tener unas Fuerzas Armadas profesionales y eficientes. Pero, resulta obvio hoy que ese no era el objetivo.
Sin embargo, a juicio de otras fuentes, el coste tendría que ser el doble que el anterior, pues las mismas consideraban que los salarios que estaban sirviendo de base para la realización de estos cálculos no eran realistas ni competitivos, por lo que el Ministerio de Defensa debería haber visto a su presupuesto pasar del 1,1% del PIB hasta el 1,5%, y en cambio, no llega hoy ni al 1%, por lo que dificílmente la profesionalización se ha llevado a cabo con eficacia, sino todo lo contrario. Lo que empezó siendo pura demagogia del entonces presidente Aznar, y su ministro Serra, es hoy obra consumada de Zapatero, y sus colaboradores.
A todo ello hay que sumar, como se viene diciendo, el principal problema: el desinterés de la sociedad por la defensa. La falta de conciencia de la sociedad española acerca de la defensa nacional, no es sólo teórica, sino sobre todo práctica. Por una parte, la profesionalización y, sobre todo, la modernización de las Fuerzas Armadas conllevan un incremento notable del gasto militar que, sin el respaldo de la llamada opinión pública, es difícil que sea ejecutado por un gobierno preocupado fundamentalmente por el cumplimiento de pactos de estabilidad, y otras excusas, que exigen la contención del déficit público por debajo del 3% del PIB. Por otra, la supresión del servicio militar obligatorio obliga a las Fuerzas Armadas a acudir al mercado de trabajo, como cualquier empresa, y competir con otros empleos hasta cierto punto similares -guardia civil, policía nacional, autonómico o local, y vigilantes jurados-, que perciben salarios considerablemente más altos, para contratar una misma mano de obra.
Hoy por hoy, la postura de los españoles hacia sus Fuerzas Armadas es contradictoria, pero es clara: aceptarían unas Fuerzas Armadas mejores y totalmente profesionales, pero sin gastar un céntimo.
Es decir, la sociedad española estaría de hecho a favor de que las Fuerzas Armadas se profesionalicen, pero no de que se modernicen. Dado que, más allá de lo que diga en las encuestas, la sociedad civil no va a presionar en pro de la modernización de los Ejércitos, puesto que, entre otras razones, ha sido mantenida al margen del debate sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, como tampoco lo hace la oposición, para la que su prioridad es una distribución del gasto estatal que prime a la educación, sanidad, pensiones, etc., ni está dispuesto a hacerlo el Gobierno, cuyo objetivo es muy distinto, parece evidente que, nadie va a impulsar en la práctica -es decir, más allá de meras declaraciones retóricas- la modernización de las Fuerzas Armadas españolas.
Todo ello ha llevado a que, en 2011, se tengan unos Ejércitos tan profesionales como ineficientes, en un país que cree mayoritariamente que está a salvo de amenazas a su seguridad exterior. No obstante, en toda esta política existe una contradicción obvia: la política de seguridad exterior parece ser activa –de cara a la galeria y a los aliados-, pero tiene a su servicio unas herramientas –las Fuerzas Armadas-, totalmente inadecuadas. Y ello, sin tener en cuenta algunos riesgos en la seguridad exterior, en particular, el contencioso existente entre Marruecos y España por las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, que se podría tornar con rapidez en amenazas, aunque no se quiera admitir por parte ni de Zapatero ni de la señora Chacón.
Confirmando lo expuesto, ya en 2004, las Fuerzas Armadas contaban con poco más de 70.000 soldados y marineros, unos 30.000 menos del mínimo previsto por la ley entonces vigente. Pero lo más preocupante no era el creciente abismo entre la plantilla real y la legal, sino la tendencia. En vez de aumentar, la cifra de soldados profesionales había ido disminuyendo desde la supresión del servicio militar obligatorio, en 2001. Muchas unidades del Ejército eran cáscaras vacías y algunos buques de guerra no salían a navegar por falta de marineros. La nueva Ley de Tropa y Marinería, que alargó la carrera profesional del soldado hasta los 45 años de edad, y el aumento retributivo marcaron un punto de inflexión. Pero, aun así, la profesionalización no hubiera sido posible sin el ingreso en los cuarteles de más de 14.000 mujeres y 5.000 extranjeros. El valor práctico de todo ello es muy discutible.
Por otra parte, incluso si solo se tienen en cuenta algunos aspectos dramáticos de la evolución demográfica española y cómo es probable que puedan afectar al número de efectivos de las fuerzas armadas en el futuro, resulta que, basado en los datos de reclutamiento en 2001 y 2002, las fuerzas armadas españolas corren el riesgo de disminuir en 1.000 soldados anuales como resultado de la desfavorable evolución demográfica del país. De confirmarse esta predicción, las consecuencias eran las de traducirse en unas fuerzas armadas de 62.000 efectivos –como así ha sido- en 2010, y de solo 52.000 en 2020, sino son ya menos para entonces.
¿Podemos concluir que nuestro país cuenta con un ejército profesional?, en mi opinión no; y, como consecuencia de ello no estamos en condiciones de hacer frente a un conflicto, en el sentido clásico de la expresión, a poco que este se prolongue algunos meses. Cuando uno se inclina por dotarse de un ejército profesional, no se le abre después la posibilidad de optar por tener o no tener una potente reserva, o dispones de ella o no tienes ejército profesional.
Vicente Ferrer, diputado y miembro de la Comisión de Defensa del Congreso
En el aspecto organizativo y material, el gran volumen adquirido por el Ministerio de Defensa, unido al riguroso centralismo administrativo practicado, ha incrementado notoriamente la burocratización del conjunto de la Defensa. Pese a ello, los tres Ejércitos se han esforzado en ajustar sus particulares estructuras a los modelos establecidos por la NATO modernizándolas sensiblemente, aunque con dotaciones materiales diferentes derivadas de la cuantía de los recursos recibidos. Aire y Marina disponen de medios escasos, pero cuentan con equipos relativamente modernos aptos para la colaboración en un plano de igualdad con homólogos extranjeros. Por el contrario, el Ejército de Tierra, perdida la anterior ayuda norteamericana y fuertemente reducidas las asignaciones presupuestarias, se encuentra en estado de profunda postración material con equipos anticuados generalmente –a excepción de unos pocos carros de combate Leopard-, y gravemente desgastados que imponen un costoso y difícil mantenimiento a pesar de haber liquidado buena parte de sus instalaciones patrimoniales.
En el plano de los recursos humanos merecen distinguirse tres componentes que influyen sensiblemente en la capacidad del conjunto: el personal directivo, los cuadros de mando y la tropa. En la actualidad, los directivos que ocupan los cargos de responsabilidad en el Ministerio proceden mayoritariamente de las esferas políticas civiles y su permanencia, por lo general, es temporalmente corta. Aportan a las Fuerzas Armadas una supuesta mayor preparación en tareas administrativas pero, fuera de éstas, adolecen de experiencia específica por lo que cuando deben decidir en temas operativos son proclives a la aplicación de criterios extraprofesionales, alejados en tiempo y esencia de las necesidades funcionales reales, y realmente son un estorbo, cuando no un control de los militares profesionales.
Los cuadros de mando en activo, que en todos los tiempos y latitudes constituyen la espina dorsal de los ejércitos, ofrecen en España una aceptable preparación profesional, un notable grado de subordinación y disciplina, y una consistente moral basada en valores espirituales transcendentes. Pese a estar sometidos a continuas reducciones de plantillas y a discutidos sistemas de promoción profesional, conservan una cierta capacidad tanto para obtener el debido rendimiento de los medios puestos a su disposición como para secundar con eficacia reformas futuras. La bolsa de cuadros de reserva, sustancial para su utilización en caso de crisis, se ve negativamente afectada por normas que, para incentivar el aligeramiento de los escalafones, permiten la evasión de especialistas de alta cualificación, sin establecer compromiso alguno de aprovechamiento futuro.
La tropa es un factor personal indispensable para la acción bélica que, hoy, plantea la más grave y honda problemática, como ya se ha dicho. A nivel mundial, domina la tendencia a la profesionalización de las tropas por las necesidades de especialización y dedicación que impone la tecnificación de los ejércitos. Las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, desde 1996, resultan especialmente alarmantes y han colocado a la Fuerzas Armadas de España en el punto más bajo de su descendente trayectoria.
Pero aún quedó más de manifiesto el desinterés del poder ejecutivo por la Defensa con sus primeras decisiones de mantener los presupuestos militares en el 1 por 100, escaso, del PIB y confiar el diseño de las futuras Fuerzas Armadas a una Comisión de Parlamentarios encabezada por políticos practicantes de la objeción de conciencia, algunos de los cuales son además defensores del pacifismo a ultranza y de la desmilitarización.
Se está, por lo tanto, en una fase en la que el Gobierno de España acepta continuar con una fuerza militar cada vez más débil en medios, armamento y material; dependiente de criterios políticos partidistas para su obligada reorganización; y con una tropa de mínima preparación y de dudosa disponibilidad en caso de conflicto armado. Esta es la realidad de 2011, que muy difícilmente podrá rectificar ningún cambio electoral. Zapatero y sus colaboradores han cumplido su misión. Siempre se dice que los ejércitos solo aprenden con las derrotas, pero las derrotas no tienen porqué producirse en el campo de batalla. El Ejército español de 2011 –las Fuerzas Armadas en general-, han sido derrotados en los despachos, y derrotados no ya por una reducción presupuestaria sin parangón en la historia reciente, sino más bien por no saber explicar correctamente la importancia de mantener unas capacidades aceptables y de no saber hacer ver el estado desesperado en el que en muchos aspectos se encuentran.
No es fácil definir cual es el límite aceptable en lo relativo al gasto en defensa. Si por una parte los poco más de 7.100 millones de euros con los que ha contado el Ministerio de Defensa en 2011, parecen escasos para un estado que presume de estar entre las diez primeras potencias económicas, que está integrado en las principales organizaciones defensivas occidentales y que está poblado por 45 millones de almas, esto solo es una verdad a medias.
Para empezar, se deberían seguir tres líneas de actuación, en orden decreciente de importancia: La línea central impone la obligación urgente de aclarar la política militar de una vez por todas. Hay que elegir si se quieren unas fuerzas armadas simplemente expedicionarias y una estrategia basada en participar y contribuir a los mismos conflictos en que se involucren los aliados, aunque esto suponga enviar tropas a miles de kilómetros, o si la única preocupación es el Norte de África y la defensa de los archipiélagos y líneas de comunicación marítimas. Se necesita una estrategia clara de seguridad, y no el bodrio vago y difuso que ha presentdo el Sr Solana. Se haga lo que se haga, estará bien. El peligro es no hacer nada, que es lo que se está haciendo.
Hay que acometer las reformas que –valga la redundancia-, en la última reforma se dejaron de lado. Hay que eliminar cuarteles sin contenido, racionalizar los organigramas y suprimir una buena cantidad de vacantes y puestos de trabajo redundantes. Hay que concentrarse en los medios y sobre todo, en la preparación. Se debe marcar una línea clara, sin miedo a enterrar algunos programas de equipamiento que, de hecho, hace tiempo que duermen el sueño de los justos. Sobre todo, el objetivo debe ser la operatividad, esto es, conseguir que el material y el personal puedan llevar a cabo todas las maniobras, ejercicios, salidas, prácticas y en resumen, cualquier cosa que sea necesaria para estar a un nivel óptimo de eficacia, a pesar de las carencias.
Y, sobre todo, hay que inculcar entre los ciudadanos el amor por las Fuerzas Armadas y por lo que significan, es decir, el deseo que como Estado se tiene perpetuarse en el tiempo. Y no como Estado con un destino manifiesto, ni como una gran potencia, ni como nada raro. Más bien como Estado de derecho en el que sus ciudadanos gozan de una serie de libertades que, en más de medio mundo son un privilegio, cuando no algo totalmente desconocido. Pero, sobre todo, hay que alcanzar una situación en la que se pueda hablar y debatir sin nervios, olvidando el Sin Novedad, sin recurrir a las descalificaciones, y sin despertar miedos infundados. Es hacia esa dirección a la que apunta la tercera línea de esta receta para garantizar el futuro y las capacidades de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, un presupuesto mayor o menor no conllevará ninguna diferencia.
Las declaraciones de “excelencia” efectuadas a finales de 2010 –durante las XIV Jornadas de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, en Madrid-,por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército –teniente general Ignacio Martín Villalaín- que aseguraba que el ET se encontraba en “un momento magnífico”, y que junto con los demás segundos jefes, del Aire y de la Armada, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto –teniente general López Rose-, los cuatro altos mandos de las Fuerzas Armadas coincidieran en señalar que los ejércitos se encontraban entonces "mejor que nunca" a todos los niveles, resultó sorprendente , aunque la realidad es que no convencieron a casi nadie, y resultó penoso ver tal ejercicio de servilismo y obediencia al poder político –en claro agradecimiento por ocupar los puestos que detentan-, por parte de unos excelentes profesionales como son los citados militares, o por lo menos lo eran hasta alcanzar el generalato.
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En el curso de un debate organizado el 10/10/2011 por el diario La Razón, el general Francisco Pérez Muinelo, anterior Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, fue tajante, asegurando que "la situación de la Defensa es preocupante, crítica y difícil de resolver", poniendo de manifiesto que el presupuesto de Defensa se ha reducido en un 31%. En ese mismo debate, el teniente general Luis Feliú, anterior Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército y Representante Militar ante la OTAN, señalaba que a España se la ve hoy como «un aliado no de fiar –no por culpa de nuestros soldados–», y apuntaba que España está perdiendo prestigio por la política exterior y la política de defensa que se llevan a cabo.
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Cuando se analizan los presupuestos de defensa de 2011, es una realidad constatada que son unos presupuestos para una época compleja e incierta en el presente momento político, en el que nunca hasta ahora había tenido lugar un deterioro de las cuentas públicas y de la actividad económica tan grave como el que existe hoy en la hacienda pública española. Otra cosa es que se podrían haber tomado las medidas adecuadas antes y paliar los problemas actuales, en alguna medida. Y ciertamente, además, no son unos presupuestos que permitieran hacer esas declaraciones de excelencia aludidas antes. No se estaba –ni se está-, en un momento magnífico, sino todo lo contrario, se está en un momento pésimo.
En alguna manera se ha entrado, desde 2004, en una auténtica carrera de desarme, sin coordinación y sin más criterio que luchar contra el déficit económico. No es la primera vez. Cuando llegó el PSOE al poder en 1982, se recortaron sustancialmente los ejércitos (Plan META, Plan NORTE,..). Pero aquello podía responder, si se quiere, a una “lógica” tras la desaparición de la dictadura, el ingreso en la OTAN, y por supuesto, el 23-F, pero ahora no hay ya más lógica estratégica ni política alguna, habida cuenta de que se están realizando más operaciones que nunca en la historia de las fuerzas armadas españolas, se libra una guerra real en Afganistán –le guste o no al ex – ministro Alonso y a la ministra Chacón-, y la amenaza del terrorismo radical islámico sigue presente.
Si se trabaja con seriedad, primero hay que definir las amenazas, luego analizar los medios para luchar contra ellas y, finalmente, elegir entre las diversas alternativas disponibles. Esto es, si se realiza un recorte, se debe hacer pensando estratégicamente, y con la finalidad de no poner en peligro la seguridad nacional. Aquí sigue sin definirse ninguna estrategia, y además, el flamante informe del Sr. Javier Solana, ha resultado, como era previsible, un bodrio inasumible por nadie. No hay otro calificativo que el de incompetencia manifiesta, y desinterés patente.
Resulta imposible de entender esa profesión de fe de que “los ejércitos se encuentran hoy mejor que nunca” , ya citada y expuesta por los segundos jefes de Estado Mayor , cuando, sin ir más lejos el propio Segundo Jefe del Aire –teniente general Abad Cellini-, dice que el Ejército del Aire lleva el camino de perder el 80% de sus plataformas aéreas y, por tanto, de sus capacidades por la obsolescencia del material hacia 2025, en el contexto de las restricciones presupuestarias actuales, y añade que sí la situación económica perdura, de las 470 aeronaves de las que dispone la Fuerza Aérea española hoy correspondientes a 27 clases diferentes, ¡nada menos! - y en algún caso con una edad en torno a los 40 años, como son los cazas Mirage F1-, se reducirían en los próximos 15 años a tan sólo seis clases, más dos nuevas: el avión de transporte militar A400M y el helicóptero polivalente NH-90, sin duda dos aeronaves que “definen” la capacidad real de un poder aéreo: una fuerza de transporte mediocre. Menudo panorama.
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Estas declaraciones tuvieron lugar en las exposiciones efectuadas por los citados generales, durante las XIV Jornadas de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, organizadas por la Fundación Circulo de Tecnologías, en Madrid, los dias 26 y 27 de octubre de 2010, en la Real Casa de la Moneda.
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En el mismo escenario de crisis económica y fuertes recortes presupuestarios que viven Tierra y Aire, la Armada "no puede tener todas sus unidades preparadas para todo, sino para lo que se va a hacer a corto plazo", según el vicealmirante Fernando García Sánchez, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, sabia decisión equivalente a “hacemos lo que podemos”, pero eso sí,”nos encontramos mejor que nunca”. Naturalmente, el que no se contenta es porque no quiere.
Todo lo expuesto resulta obvio cuando es patente el desinterés real del gobierno y de las máximas autoridades, por lo que afecta a la defensa y seguridad de los españoles. Así, el Rey presidió por vez primera el Consejo de Defensa Nacional el 10 de octubre de 2007, siendo como este organismo es, el máximo órgano asesor y consultivo del presidente del Gobierno en materia de defensa. A lo que hay que añadir que la creación de este órgano estaba prevista en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, en vigor desde noviembre de 2005, pero pendiente hasta entonces de un decreto que se aprobó, como mero trámite en esa fecha. Claro es que, en honor a la verdad, también hay que decir que la Junta de Defensa Nacional, antecesora del Consejo, se reunió por última vez en 2002, entonces bajo el gobierno del Sr. Aznar, y desde entonces hasta 2007, nada. Ni siquiera con ocasión del 11-M, ni en momentos graves de los conflictos en Irak o Afganistán, se reunion este organo consultivo del máximo rango,…¿para qué?
Con motivo de la retirada de las tropas españolas de Bosnia-Herzegovina, después de 18 años de presencia ininterrumpida en el marco de las diferentes misiones internacionales, un militar español en Sarajevo, se expresaba de este modo:
“…Hoy es un día triste, hoy se ha despedido el ultimo contingente, una Compañia de Infanteria de Marina perteneciente al Batallon Multinacional, de BiH; despues de 18 años, 36.000 hombres y 23 muertos, NADIE, NADIE de nuestro Gobierno, ni de nuestro Ministerio de Defensa, se ha dignado a venir para despedir a los últimos del primer gran esfuerzo exterior de las FAS españolas.
Y ahí estaban solos, la única persona que se ha dirigido a ellos ha sido el embajador. El ha sido el único que ha reconocido que gracias a ellos, hubo muchas personas que pudieron salir de lugares en donde estaban asediados, muchos recibieron apoyo médico, muchos pudieron comer y lo que es más importante, se salvaron muchas vidas humanas, la verdad es que aunque solamente una se hubiera salvado hubiera valido el esfuerzo. NADIE ha venido ni siquiera a reconcerles ese gran esfuerzo……..
Esto es una gran vergüenza nacional, una gran vergüenza. Lo que no se cuenta NO EXISTE.
Aquí hay 23 vidas españolas, aqui hay plazas con el nombre de ESPAÑA, y sobre todo aquí hay un gran esfuerzo de las FAS españolas que lo han pagado los españoles de a pie. Que se pregunte donde estan nuestros generales, nuestros políticos de la defensa, y que se cuente ésto para que por lo menos durante el momento en que se este preguntando, EXISTAN esas 23 vidas que aquí se dejaron y se reconozca el esfuerzo que aquí se ha hecho….”
Esta es la realidad de la defensa y seguridad de España. No les importa ni a los propios españoles, ni a la cúpula militar. Solo a unos pocos, quizás.
No es fácil tener ministros de Defensa que se entusiasmen con su puesto. Naturalmente que un ministro de Defensa no puede ser un político fijo o sin ambiciones, pero hacen falta ministros que acepten que la Defensa precisa dedicación, es importante y es pieza clave en la seguridad de España. Rodríguez Zapatero ha hecho gala de un defecto colosal: ha demostrado que no tiene sensibilidad alguna para los asuntos de seguridad y defensa, ni le importan. Por eso estas páginas pasarán sin pena ni gloria.
Toda la clase política debería ver el clásico del cine sobre la relación entre militares y civiles en una democracia, tal como se expone en “Siete días de mayo”, de John Frankenheimer, de 1964. Hoy esas situaciones no ocurren en las naciones civilizadas occidentales –o si ocurren es porque se orientan y manipulan como fue el caso del 23-F, que no viene ahora al caso-, pero atender a los que garantizan la supervivencia de la sociedad y su bienestar en momentos de crisis, no solo no es perder el tiempo, sino que es imprescindible. Que nadie se sorprenda si alguna vez este país necesita de sus Fuerzas Armadas, y éstas llegan a mirar para otro lado como el país hace con ellas desde hace ya mucho tiempo.
Conseguir, en España, que un civil se interese por la Defensa es muy complicado. Salvo que se encuentre a ese militar que pueda ser piedra de escándalo; entonces un olvidado militar se convierte en ariete contra alguien. Y, quizás, hasta se le contrata. Para utilizarlo políticamente, lo hace el PP, IU y lo hace el PSOE, luego se le olvida, y ahí están los Pitarch, Alejandre y el colectivo Atenea. Nada más lejos de mi intención que ser piedra de escándalo, y doy fé de mi independencia política al escribir estas líneas.
La cuestión de expresar la opinión de los militares requiere una meditación ponderada. No hay ninguna duda de que un militar retirado puede decir lo que quiera –o así parece-, pero a un militar en la reserva se le ponen ciertos límites, aunque si dice lo que se quiere oir entonces esté bien visto. Un militar en la reserva es un militar a casi todos los efectos, soy consciente. Si un militar en la reserva se pronuncia públicamente contra algo que ha decidido el poder democráticamente elegido, tiene que asumir responsabilidades, y quien escribe estas líneas quiere despedirse asumiéndolas. Ya estoy en la reserva y como ya dijo Quevedo: "No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, o ya la frente,silencio avises, o amenaces miedo ¿No ha de haber un espíritu valiente?¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?¿Nunca se ha de decir lo que se siente?"
A quien suceda a Zapatero, le expongo: acuérdese de la seguridad y defensa de los españoles y explíqueles su conveniencia y necesidad.
Muchas gracias a quienes hayan leído estas líneas.
. Para leer con tranquilidad 