Baltasar Garzón sigue en Colombia, a pesar de condena y descrédito
A pesar de la condena impuesta al juez español Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo de su país, por ordenar ilegalmente interceptar y grabar conversaciones entre abogados y sus defendidos, el Gobierno colombiano sorprendió ayer al anunciar que el hombre criticado por personificar la "justicia espectáculo" seguirá como asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. Y que no solo continuará, si no que le buscarán otros "frentes de trabajo".
En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República informó que el juez condenado seguirá con su labor actual en Colombia: "el señor Baltasar Garzón viene desempeñando un importante papel de apoyo al Gobierno Nacional a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. (...) Seguirá al frente de dichas tareas hasta tanto hayan finalizado". Y agrega que "en el marco de la cooperación de la OEA, el Gobierno estudiará, conjuntamente con Baltasar Garzón, otros frentes de trabajo en los que pueda seguir contando con su valiosa colaboración".
El espaldarazo a Garzón llega un día después de su regreso a Colombia y cuando es inminente que, en cumplimiento de la condena impuesta por unanimidad de la sala penal del Tribunal Supremo, la otra instancia de gobierno de los jueces en España, el Consejo General del Poder Judicial, formalice su expulsión de la carrera judicial.
Por otra parte, el pasado lunes se conoció otro duro pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Esta vez, por el proceso por cohecho y prevaricación (prevaricato, en terminología penal colombiana) que se adelantaba a Garzón, por haber recibido indirectamente dineros del Banco Santander para financiar su estadía en la Universidad de Nueva York, cuando en paralelo, el mismo Garzón llevaba una investigación contra directivos del banco, que luego archivó. Si bien el Tribunal Supremó declaró la prescripción (ya había pasado el plazo legal para poder juzgarlo), en su decisión dejó claramente dicho que si no hubiese operado la prescripción a su favor, la conclusión del proceso era la condena por cohecho. En términos corrientes, cohecho es solicitar beneficios de cualquier índole a alguien para beneficiarlo con una decisión o resolución judicial. Para el magistrado ponente del auto, era claro que Garzón se benefició de los aportes del banco y que como juez "actuó bajo esa circunstancia".
Es decir, condenado por prevaricato (tomar una decisión judicial manifiestamente contraria a la ley, a sabiendas de que lo es) y "salvado por la campana" por cohecho, a Garzón la máxima instancia judicial de su país le ha comprobado la comisión de los delitos más graves que puede cometer un juez en ejercicio de sus funciones.
El respaldo del Ejecutivo va en contravía de posiciones críticas como la del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien ha cuestionado la legitimidad del trabajo del jurista español en Colombia por sus extralimitaciones.
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