¿Policias Militarizadas, Policias Civiles o Gendarmerias?

[Batalla de Matasiete]

Quiero proponer el siguiente tema:

¿Nuestros cuerpos policiales deben ser: Policias Militarizadas, Policias Civiles o Gendarmerias?

Esta diatriba excluye los cuerpos que ya son Gendarmerias: la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Carabineros de Chile, y la Gendarmeria Nacional de Argentina.

Varias ONG´s (sin entrar muy en profundidad sobre el origen de estas), como RESDAL, Human Rights Watch, y otras, han denunciado que muchas policias latinoamericanas, han sufrido un proceso de militarización que atenta con los DD.HH., por ejemplo, esto me lleva a preguntar: ¿Debe una policia entrar en abierto reto a grupos armados bajo un conflicto irregular? ¿No estan para ello las Gendarmerias y en caso extremo, el propio Ejército? ¿Deben los cuerpos policiales salir a patrullar con fusiles automaticos de alto calibre?.

El tema da para mucho. Ire subiendo algun material al respecto, pero el tema queda abierto: ¿Policias Militarizadas, Policias Civiles o Gendarmerias?.

[Batalla de Matasiete]

08/06/2007
¿Militarización de la seguridad pública en América Latina?

Lucía Dammert y John Bailey


El 11 de diciembre de 2006, 10 días después de asumir la presidencia de México, Felipe Calderón envió una fuerza federal de casi 7000 efectivos al estado de Michoacán para controlar la violencia entre bandos criminales vinculados con el tráfico de drogas.

Casi al mismo tiempo, la ciudad de Rio de Janeiro se vio convulsionada por enfrentamientos armados entre policías y narcotraficantes, situación que trajo aparejado un llamado al involucramiento de los militares en el combate al crimen organizado en Brasil. Llama la atención que dos países de extrema importancia en la región, y con gobiernos de tendencias políticas opuestas, respondan al narcotráfico con una estrategia similar vinculada con la participación de los militares en el combate a la delincuencia.

Pero este tipo de táctica antidelincuencia no es una novedad en América Latina. Por el contrario, ya sea en las dictaduras militares en el Cono Sur, las guerras civiles en América Central o incluso en procesos de crisis institucionales (como en Ecuador y Perú), los militares tienen un largo historial de intervencionismo en temas de seguridad pública. De hecho, durante estos periodos históricos las instituciones policiales se convirtieron en subordinadas de las fuerzas armadas, en muchos casos encargadas de las tareas más duras de represión.

La seguridad pública está en el centro de la agenda latinoamericana debido al aumento de los delitos denunciados (en especial, los violentos), así como al temor que experimenta la población. La percepción de ineficiencia y corrupción de las policías y del sistema de justicia penal es una de las principales razones para recurrir a los militares y de que éstos asuman funciones cada vez más importantes en el mantenimiento del orden interno. Sin duda, esta participación militar está en proceso de expansión en la región, aunque con una diversidad de formas que van desde el desarrollo de modelos organizativos o estratégicos conjuntos, hasta el nombramiento de militares al mando de las instituciones policiales, o el desarrollo de mecanismos informales en donde las principales áreas son controladas por militares en retiro.

El aún cercano recuerdo de cruentas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en diversos países de la región establece un antecedente complejo y de preocupación para los especialistas en el tema. De esta forma, en algunos países los grupos de defensa de los derechos humanos han manifestado su preocupación por el involucramiento de militares en la seguridad interna.

Estos argumentos que buscan afianzar la exclusión de los militares de las tareas de seguridad interna pierden relevancia en el contexto actual marcado por la urgencia y emergencia de la inseguridad pública. El aumento de los delitos violentos, la proliferación de armas de grueso y bajo calibre, la percepción de corrupción e ineficacia del accionar policial y de la justicia, así como la exigencia ciudadana por respuestas efectivas, son los principales elementos del contexto. Paralelamente, la ciudadanía confía en los militares y considera que pueden ser mucho más efectivos en el control de la delincuencia.

El presente artículo busca reintroducir el debate sobre la participación militar en la seguridad pública con el objetivo de fortalecer políticas públicas de seguridad enmarcadas en procesos de consolidación democrática aún incipientes en América Latina. En primer término el artículo presenta una breve definición de los motivos por los cuales los militares están siendo convocados en América Latina para involucrarse en el combate a la delincuencia. Luego se pone énfasis en los elementos principales de la relación militar-policial en la región y, finalmente, se presentan recomendaciones que deberían considerarse en el diseño e implementación de políticas que involucren a los militares en la seguridad pública.

LA "INEVITABLE" PARTICIPACIÓN MILITAR

A inicios de los noventa la subordinación política de los militares, así como su especialización en temas de defensa, fueron ejes centrales de análisis debido a su participación negativa en la política nacional durante las décadas previas. En ese entonces, proponer su reinstalación en temas internos era prácticamente impensable. Sin embargo, en la actualidad se experimenta una situación especial respecto de la participación militar en funciones policiales que tiende a considerarse inevitable por diversos motivos.

Por un lado, se evidencia una tensión política estructural ya que los gobiernos democráticos sienten la necesidad político-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad, pero sus cuerpos policiales son, en el mejor de los casos, ineficientes, cuando no corruptos. Los políticos se dan cuenta de que una solución a la inseguridad es de muy largo plazo, mientras que los ciclos electorales son de seis años o menos. Por ende, parece poco "racional" asumir los costos de corto plazo para reformas que podrían dar fruto en un futuro lejano. Por el contrario, se tiende a avanzar con medidas simbólicas, como el endurecimiento de las sentencias, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el aumento de la capacidad carcelaria, entre otras iniciativas. Así, la politización del problema de la seguridad impacta negativamente sobre la calidad de las iniciativas de reforma necesarias para enfrentar la criminalidad y se instala una lógica perversa, en la que las políticas son vistas como una forma para responder a la ansiedad pública en el menor tiempo posible.

El llamado a los militares es otro de estos impulsos cortoplacistas que descansa en tres procesos fundamentales. En primer lugar, con el fin de la Guerra Fría y la disminución de las hipótesis de conflicto entre países latinoamericanos, las funciones históricas de las fuerzas armadas han cambiado. Situación que se ha cristalizado en la participación de Chile y Brasil en la misión en Haití o en la importante disminución presupuestaria de las fuerzas armadas argentinas. Además, en muchos países de la región los militares han mantenido su papel de presencia de Estado en todo el territorio, colaborando con el mantenimiento de carreteras, escuelas y puestos de salud. Todo lo anterior ha tenido un impacto positivo en la percepción ciudadana que valora su profesionalismo, su mayor presencia disuasoria y mejores entrenamiento y disciplina. En segundo lugar, tras los atentados del 11-S apareció una nueva "amenaza" a la seguridad regional y nacional definida por un modelo antiterrorista estadounidense, en el cual los militares se están acercando a los cuerpos de inteligencia y las agencias policiales. Ello tiene implicaciones en algunos países donde el crimen organizado es designado oficialmente como amenaza a la seguridad nacional, lo que implica una importante función de las fuerzas armadas. Esta situación se manifiesta principalmente en México y América Central; en esta última región las maras son consideradas una amenaza nacional, por lo que en muchos casos se ha involucrado a los militares en su detención.

Una tercera arista está marcada por la importancia que representa la inseguridad para la población latinoamericana; preocupación que coloca a la delincuencia entre los dos o tres temas principales de debate durante las elecciones presidenciales en prácticamente todos los países de la región. Ello, vinculado no sólo con el aumento de la criminalidad, sino también con la percepción generalizada de que las instituciones gubernamentales encargadas no funcionan o están infiltradas por el crimen organizado.

En otras palabras, el temor público, la lógica democrática electoral y la disponibilidad de las fuerzas armadas muestran un panorama caracterizado por la prácticamente inevitable participación militar en las políticas de seguridad pública. Ello parecería lógico, pero involucra una serie de problemas y limitaciones que se presentan a continuación.

PROBLEMAS DE LA MILITARIZACIÓN DE LA POLICÍA

La participación militar en funciones policiales presenta una solución aparente a la crisis de inseguridad pero también, al mismo tiempo, problemas que deben reconsiderarse. Uno de ellos es la formación y la naturaleza de la institución militar, que no son apropiadas para la función policial. La formación castrense pone énfasis en la jerarquía, la disciplina y las estructuras de mando. Se cultiva un sentido de espíritu de cuerpo desligado de la sociedad, lo cual refuerza sus niveles de autonomía política y profesional. Además, el entrenamiento militar hace hincapié en el uso de las armas, temas de logística, movilización y transporte de tropas, la importancia del secreto, así como estrategias y tácticas diseñadas para aniquilar al enemigo. En contraste, la función policial busca prevenir y controlar la delincuencia dentro del marco legal con estrategias de disuasión y control que involucren el menor uso de la fuerza necesaria para solucionar problemas y preservar el orden público. Si bien muchas instituciones policiales de la región tienen estructura militar, no deberían consolidarse como un cuerpo que observa de lejos a la sociedad. Por el contrario, las policías profesionales deben establecer una relación cercana y colaboradora con la ciudadanía.

Además de no estar preparados para enfrentar la criminalidad, existen dos áreas de problemas potenciales que deben tomarse en cuenta antes de avanzar en esquemas de participación de militares en temas de seguridad pública. En primer lugar, los operativos policiales se enfrentan muchas veces a intereses político-partidarios, por lo que el ejército podría encontrarse en medio de los conflictos entre partidos y facciones políticas sobre los logros y errores en el control de la criminalidad.

En segundo lugar, este tipo de intervenciones pueden generar o intensificar las tensiones sociales, pues sin duda el peso de los operativos policiales suele recaer en los estratos marginados de la sociedad, siendo ellos grupos indígenas, los varones jóvenes de clase trabajadora o los habitantes de los barrios marginales. Esta estigmatización de la población puede mezclarse peligrosamente con una concepción militarizada del nuevo "enemigo interno" en la que el estado de derecho se vea afectado directamente. Todo lo anterior establece un escenario preocupante donde las fuerzas armadas podrían desarrollar o aumentar su capacidad de presión política y, por ende, desempeñar un papel poco feliz del cual América Latina ya conoce los resultados.

Además de los motivos de preparación y conflictos políticos y sociales potenciales, establecidos previamente para limitar la intervención militar en temas policiales, también deben ser considerados diversos problemas de orden logístico y administrativo. En primer lugar, el establecimiento de cadenas de mando e información dentro de una unidad policial-militar queda en duda. ¿Cómo y por cuánto tiempo se definen los mandos de las operaciones conjuntas? Aún más importante: ¿quién es responsable de los resultados? En segundo lugar, las malas acciones militares son analizadas en juzgados especiales, por lo que en estos casos de acción conjunta la interrogante se instala sobre los mecanismos de control civil de su accionar. Tradicionalmente débil, el control civil de las instituciones de orden y seguridad puede incluso desaparecer ante mecanismos conjuntos en los que no existen responsabilidades claras.

Todo lo anterior marca un panorama menos que favorable para las múltiples iniciativas en desarrollo que involucran a militares en tareas policiales. Sin embargo, éstas no van a desaparecer, sino que es posible que tiendan a multiplicarse. Es por ello que, a continuación, se presentan las principales recomendaciones de política que deben considerarse en el marco de iniciativas eficaces, eficientes y de respeto al estado de derecho.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

El proceso incremental de involucramiento de los militares en temas de seguridad pública genera diversos problemas y desafíos a la hora de enfrentar la criminalidad en América Latina. Las recomendaciones de política que se presentan a continuación parten del reconocimiento de que dicha participación se justifica sólo en casos extremos en que la institución policial carece de capacidad de respuesta frente a la crisis. En cualquier caso, esta "fuerza de tarea" debería estar bajo el control y mando civil y recibir entrenamiento en funciones policiales y acciones de control de la criminalidad.

La respuesta rápida no debe invisibilizar las estrategias de mediano y largo plazos, pues es urgente que se empiecen a implementar en la región cambios profundos que puedan controlar efectivamente el aumento de la criminalidad. Entre las principales reformas necesarias se resaltan cinco.

Profundos cambios en la institución policial. Una de las principales consecuencias del involucramiento de las fuerzas armadas para enfrentar la seguridad interna es la invisibilización de los problemas de la institución policial. Es evidente que no se puede justificar esta intervención por los niveles de corrupción policial (como en el caso mexicano) sin desarrollar paralelamente procesos de reforma policial profundos.

Cuatro son las áreas fundamentales que deben ser intervenidas en la mayoría de instituciones policiales de América Latina: a) sistemas de ingreso y formación; b) sistemas de control interno y externo; c) definición de estrategias de prevención y control del delito, y d) programa de protección social policial. En primer lugar, es vital avanzar en un programa de profesionalización de los cuerpos de policía que incluya barreras de ingreso con requisitos de mayores niveles de educación. Además, el proceso de formación policial debe asumirse como una tarea de relevancia tanto en el ingreso como durante la carrera policial, pensando en policías profesionales con niveles de focalización temática incremental. Es decir, pasar de la situación actual en la que los policías se trasladan de las diversas áreas de trabajo a una especialización mayor. En segundo lugar las instituciones policiales deben consolidar mecanismos de control interno (áreas de asuntos internos) por los que se castiguen los actos indebidos y se incentiven los comportamientos destacados. En la actualidad, muchas de estas áreas no son nada más que una formalidad en el interior de la institución, donde los castigos son en general menores y, por ende, se potencia una visión negativa de cuerpo. Pero el control interno no es suficiente en sí mismo; también es necesario avanzar con mecanismos de control civil democrático sobre la institución policial, control externo que limite los niveles de autonomía política presentes en la mayoría de las policías de la región, y que supervise sus responsabilidades en actos de corrupción y uso excesivo de la fuerza.

Una tercera área de reforma que ha sido enfrentada en algunos casos es la redefinición de las estrategias policiales de prevención y control de la criminalidad. Esta situación es necesaria por la constante mutación del accionar del crimen organizado, así como por su avance tecnológico y operacional, por lo que las estrategias tradicionales de investigación y patrullaje se han visto largamente sobrepasadas.

Finalmente, un tema muchas veces olvidado en la definición de políticas de seguridad, pero que requiere atención primordial, es la protección social de los oficiales de la policía. En la mayoría de los países de la región, los salarios de sus elementos son insuficientes para la labor que realizan; de igual manera, en muchos casos no cuentan con coberturas de salud o educación para ellos o sus familiares que redunden en un sentido de pertenencia institucional. En este punto no sólo se evidencian claras desigualdades en la definición de los ingresos y prestaciones, sino también desigualdades en la distribución dentro de las instituciones. Así, en la mayoría de casos los privilegios de los altos niveles de conducción no se condicen con las precariedades de los rangos más bajos.

Mejor formación policial. En la mayoría de los países de América Latina los policías pasan por mínimos programas de formación antes de salir a realizar sus labores. Esta escasa formación profesional impacta claramente en la calidad y efectividad del servicio. Temas del marco jurídico, e incluso de operacionalidad cotidiana, se tratan de manera superficial en la capacitación preliminar de la policía.

La formación policial es básica para realizar tareas con diversos grados de complejidad. Así, por ejemplo, las tareas de inteligencia policial en un extremo, y las de vinculación con la comunidad en el otro, requieren habilidades personales y profesionales específicas para las cuales no están preparados los funcionarios de la institución.

En los países federales, como Argentina, Brasil y México, los programas de formación son diversos, dependiendo del tipo de policía (nacional o estatal) y de su función (preventiva o investigativa). Lo anterior demuestra una enorme disparidad entre los niveles de formación de las diversas instituciones, así como los ejes centrales y las definiciones estratégicas y operacionales. Paradójicamente, este nivel de desconcentración de la actividad formativa de las policías en muchos casos amplía los niveles de competencia entre las instituciones, por lo que se debería avanzar en mecanismos de formación policial que incluyan la definición de contenidos mínimos, así como del establecimiento de políticas de intercambio entre las diversas instituciones policiales (federal, estatal y local).

Presupuesto y "nuevas amenazas". La preocupación estadounidense por las nuevas amenazas, y en especial por el terrorismo y el narcotráfico, debería traducirse en inversión en el mejoramiento de la calidad del servicio policial. De hecho, es necesario avanzar en un proceso de desmilitarización de la ayuda de Estados Unidos hacia las policías latinoamericanas. En este sentido, se debe reconocer que los cambios necesarios no pasan por la hipercalificación de un pequeño segmento de la institución policial, sino más bien por un proceso global de mejoramiento de calidad y eficiencia.

Cabe resaltar que el aporte internacional es relevante sólo en algunos países de la región, en especial los que han sido impactados por la producción y tráfico de drogas. No obstante, la inversión pública en seguridad ha aumentado de forma sostenida en toda la región, por lo que es vital avanzar en la reformulación presupuestaria de militares y policías para enfrentar con firmeza los temas urgentes. En este sentido, la compra de armamento militar, por ejemplo, podría ser revisada como una prioridad en países cuya infraestructura policial es precaria. De igual manera, dentro de las propias instituciones policiales se torna cada vez más evidente la necesidad de balancear el gasto en infraestructura por un lado y la calidad del servicio por otro. Si bien es mucho más tentadora la inversión en patrullas policiales o sistemas de televigilancia por su impacto comunicacional, no es posible dejar en el olvido la requerida formación policial.

Coordinación entre dependencias. La criminalidad, en especial la de carácter organizado y global, requiere respuestas complejas y coordinadas por parte del Estado. De lo contrario, se encuentran los espacios grises que facilitan la corrupción y la ineficacia de la respuesta gubernamental. Si bien el desafío de la coordinación en el diseño e implementación de políticas se vincula con el Estado en general, en temas de seguridad la complejidad es aún mayor por los grados de autonomía que detentan las instituciones vinculadas con esta temática. Los países federales cuentan con instituciones policiales de carácter nacional, estatal e incluso local que, en la mayoría de los casos, no se vinculan en términos de definición o implementación de estrategias, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de México donde, para solucionar un delito en el que es posible que participen diversas instituciones policiales, éstas a veces presentan serias discrepancias o enfrentamientos.

Si la falta de coordinación afecta la efectividad de las políticas de seguridad, esta situación se incrementa exponencialmente cuando se analizan las estrategias de inteligencia. En la mayoría de países de la región no existe control civil sobre las actividades de inteligencia, las cuales se desarrollan desde diversas instituciones con responsabilidades y mandos diversos. Sin duda la implementación de iniciativas conjuntas requiere la integración de los servicios de inteligencia.

Importancia del nivel subregional. Cada vez es más evidente que las iniciativas nacionales son necesarias, pero no suficientes, para enfrentar un problema que tiene ramificaciones en otros países de la región. Así, por ejemplo, la implementación de políticas contra las maras en Honduras tendrá un impacto limitado si no se desarrolla una iniciativa conjunta con otros países centroamericanos que enfrentan realidades similares. Si bien el desarrollo de políticas hemisféricas efectivas puede enfrentar más problemas que resultados en el mediano plazo, las de carácter subregional tienen mayor probabilidad de éxito, especialmente por la preocupación respecto a problemáticas similares y con niveles de influencia directa debido a la proximidad geográfica.

El problema no se solucionará con el diseño de una policía del Mercosur o un contingente unificado en América Central, sino más bien con el fortalecimiento de las instituciones nacionales que resulte en la mejora de las políticas desarrolladas en el combate a la delincuencia. No obstante lo anterior, no es posible esperar que las instituciones nacionales se consoliden para luego generar los mecanismos de trabajo subregional. Por el contrario, los avances encontrados en algunos países deben convertirse en referencia obligada para otros contextos y, por ende, servir en un proceso de aprendizaje que aún está en sus inicios.

Derechos de Autor ©2003 reservados para el Council on Foreign Relations.

Foreign Affairs (Estados Unidos)


http://www.offnews.info/verArticulo.php ... idoID=8624

[Batalla de Matasiete]

Este es un articulo que aborda el tema, aunque tambien toca otros asuntos, pero para el debate esta muy bien:

PNUD no ve militarización en Policia Nacional Civil (El Salvador)
Domingo, 05 Febrero 2012

Gestión de la seguridad pública en el país no se ha militarizado, según observa el representante residente adjunto del PNUD, Richard Barathe

Por Gerardo Arbaiza
Foto: Luís Velásquez

SAN SALVADOR – La representación en El Salvador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha mantenido especialmente el dedo en el renglón sobre el problema de la delincuencia en el país y la necesidad de políticas consensuadas para enfrentarla.

A la luz de los más recientes cambios de funcionarios en el gabinete de seguridad, el PNUD señala que no le corresponde cuestionar las decisiones del presidente Mauricio Funes, pero que de manera preliminar se puede decir que no ha habido una militarización de la gestión de seguridad, ni de la Policía Nacional Civil (PNC).

Así lo menciona Richard Barathe, un ciudadano francés que funge como el representante residente adjunto del PNUD en El Salvador y que conoce la realidad centroamericana, debido a su trabajo previo en Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Barathe considera que las actuales autoridades de seguridad han mostrado indicios de no solamente querer inclinarse a medidas de “mano dura”, que podrían descuidar otros frentes en la lucha contra el crimen, sino de priorizar el acompañamiento policial en las comunidades y buscar involucrar a la sociedad en la denuncia de delitos.

En esta entrevista, el funcionario de Naciones Unidas también expresa que son necesarios más esfuerzos por parte de las instancias de medir la incidencia criminal, como la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), de coordinarse y aportar datos consolidados que contribuyan a evaluar mejor el problema que se está enfrentando, que de por sí califica como muy complejo y en constante sofisticación.

Hace un año, el PNUD observó que el país no contaba con datos consensuados para determinar la magnitud de la criminalidad. ¿Cuánto se ha avanzado en este aspecto?

Creo que las cifras revelan la magnitud del problema, cuando hablamos de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, que son de las más altas del mundo, es una situación seria que para nadie es secreto, creo que ningún país centroamericano estaba preparado para enfrentarse a la profesionalización de la criminalidad organizada y esto requiere de respuestas innovadoras y mucha inteligencia por parte de los estados.

Desde que en 2005 se conforma esta Mesa Técnica integrada por la PNC, FGR e IML, desde la que por fin se armoniza información estadística respecto a los homicidios, precisamente porque todas las instituciones tienen su forma de registrar, ha habido un esfuerzo de la armonización hasta la fecha. Pero todavía prevalecen diferencias entre las instituciones en cuanto a la forma que lo registran.

Ahí siempre está la necesidad de fortalecer la capacidad de coordinación institucional y también los criterios que se usan para levantar estas cifras.

La debilidad que vio el PNUD era que estos problemas de coordinación aún existentes, dificultarían el diseño de políticas públicas más certeras para combatir el crimen.

Claro, tener claridad en las cifras es una condición para poder diseñar una buena política que atienda la problemática y poder evaluar su impacto.

Ahora, la información está clara, pero el problema es que parece que las instituciones no la comparten todavía y hay una posibilidad de mejorar la comunicación y el tema de criterios. Es muy difícil levantar esta información porque no hay un número único para cada uno de los casos y si hubiese un número único, sería una persona con un solo expediente para las tres instituciones.

Aparte de las cifras, está el problema de determinar qué figura delictiva es la responsableinnerbarathe1 por la mayor cantidad de homicidios

Como decía, no todos lo registran de la misma forma y hoy en día las pandillas no son lo que eran antes y se hace más difícil identificar cuándo un delincuente se puede considerar o no de pandillas y puede ser que una pandilla se instrumentalice en el marco del crimen organizado o no necesariamente.

Hay formas de mejorar la calidad de la información y yo creo que se está impulsando ese esfuerzo y va a requerir una coordinación interinstitucional similar al modelo que se ha hecho con la mesa técnica, que reúne a todos los sectores que tienen que ver con la problemática.

¿El PNUD maneja su banco de cifras?

Como PNUD, en el tema de seguridad hacemos uso de las cifras oficiales y eso nos permite alimentar nuestros análisis, proyecciones, etc. Nuestra forma de incidir es acompañar y fortalecer los sistemas en la institucionalidad pública nacional ya sea a nivel central o local, pero no conducir de forma directa un levantamiento de información estadístico sobre la problemática de seguridad.

Una de las justificaciones para los más recientes cambios en seguridad es que el Gabinete de Seguridad no tenía un trabajo de coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). ¿Cree que con los ajustes en dicho gabinete, se mejoraría la coordinación?

Siempre se puede mejorar la coordinación y creemos que se necesita hacer esfuerzos grandes en ese aspecto. Ya había esfuerzos con el gabinete de seguridad que se reunía periódicamente, pero esperamos que también se mejore la coordinación, ya que es importante porque sabemos que la problemática no se resuelve con una actividad de represión o con una de prevención, se hace con un conjunto de actividades y se deben hacer de forma holística.

La problemática trasciende un Ministerio de Seguridad o una Policía, hay que trabajar en toda la cadena de valor del sistema de justicia. La capacidad de carga de ese sistema ya se agotó hace mucho tiempo, por eso todavía hay estadísticas de 93 por ciento de impunidad en homicidios, porque el sector no tiene la capacidad de procesar estos casos.

También hay que hacerle frente a la problemática de sobrepoblación en las cárceles y qué va a pasar con todas las personas que van a ir entrando a ese sistema. No se debe abordar el problema desde un solo ángulo, hay que abordarlo no perdiendo de vista los distintos ingredientes de éxito de una política eficiente de respuesta a la violencia.

Hemos escuchado al canciller y al presidente y nos alegra que creen y apuestan a lo que llamamos la “mano inteligente”, porque al final de cuentas, de la misma forma que las estadísticas son importantes para una política, la inteligencia del territorio es importante para dar una respuesta eficaz a la violencia.

La policía de proximidad es sumamente importante por el involucramiento con las comunidades y la ciudadanía proporciona los elementos de información que permiten a los sectores involucrados en el problema de seguridad el poder actuar correctamente y eso es algo de lo que está haciendo falta. Hoy día hay una gran resistencia por parte de la población a pronunciarse sobre los delitos, tienen miedo por los problemas en el sistema de protección de testigos, etc. Y hay una necesidad de sensibilizar a la población en su conjunto para que sea participe de la respuesta a la problemática de la violencia.

Ése es el reto del nuevo ministro de Justicia y Seguridad, el acentuar ciertos aspectos de la respuesta y mantener una visión más amplia de la problemática, siempre respetando los derechos humanos, que como Naciones Unidas consideramos importante.

¿Qué indicios ha mostrado el gobierno de apostar a esto que llama “mano inteligente?

Las demandas de apoyo y los observatorios de la violencia. Para nosotros es un indicador que a las autoridades les interesa saber dónde está la problemática.

Para ser franco, ninguno de nosotros ha tenido una plática larga y tendida con el actual ministro de Justicia y Seguridad (David Munguía Payés), pero lo que hemos observado nos parece que se han mantenido los programas de prevención, porque de nada sirve detener provisoriamente la violencia por un lado si se sigue propagando por el otro; hemos visto también una intención en modernizar la respuesta y sentimos que es importante, sabiendo que la problemática ya no es lo que era antes con todo lo que implica la infiltración del narcotráfico al país y la criminalidad organizada, tomando en cuenta además su poderío económico y sus redes sólidas, capaces de desarticular policías como hemos visto en varias partes.

¿No cree que el ministro Munguía Payés, al manejar que el 90 por ciento de los homicidios son cometidos por las pandillas, está queriendo justificar una ofensiva a esta figura delictiva, en la que se podría descuidar el control hacia otros delitos?

innerbarathe2Difícil decirle lo que está pensando el ministro, tendrá sus fuentes para decir que es el 90 por ciento. Como le repito, nosotros no tenemos el dato exacto, pero confiamos en que él sí lo tenga.

Ahora, independientemente que sea el 10, 20 o 30 por ciento, el problema de las pandillas es serio y combatirlo es ampliamente justificado; lo que no sería positivo es que haya un descuido en los demás frentes. Pero como le decía en un inicio, no vemos indicios que se quieran descuidar los demás frentes y nosotros estamos acá para apoyar la institucionalidad nacional para mantener esa respuesta integral.

Es por eso del llamado del presidente Mauricio Funes, aunque era algo que veníamos viendo desde años anteriores, que hay una necesidad de mayores recursos en esta temática. Cálculos nuestros de años atrás nos indican que el costo de la inseguridad es mas del 11 por ciento del PIB, que es enorme, y la inversión en comparación es mucho menor y toda la cadena de justicia debe verse involucrada, incluyendo la FGR, en la que algunos fiscales tratan hasta 500 casos al año. ¡Eso es inhumano!

No es fácil ni barato, pero es una inversión importante porque la inseguridad le está creando problemas de otra índole al país, está ahuyentando la inversión nacional, inversión extranjera y todo lo que representa el motor de crecimiento y desarrollo del país y sin eso va a ser difícil prosperar y por eso es que no podemos desasociar la problemática de seguridad del resto del desarrollo del país.

¿Que alternativas tomar para inyectar la inversión necesaria para solventar la problemática de seguridad?

Los recursos del Estado son siempre los mínimos. Ahora hubo una reforma fiscal y además de eso, debe haber un diálogo mucho más directo con los sectores privados para levantar los recursos necesarios para una respuesta consensuada y bien estructurada con estos sectores. Eso es difícil porque este es un país que no está acostumbrado al diálogo para consensuar políticas públicas, pero es más fácil levantar recursos de inversión a través de ciertas reestructuras fiscales si hay un acuerdo político y social sobre qué se va a hacer. Para eso se necesita un plan claro, comunicado y consensuado.

En Colombia y en otros países se hizo lo mismo; lo hablaron con su gente, con sus empresas, sus gremios organizados, sus tanques de pensamiento e intelectuales y llegaron a la conclusión de que, efectivamente es una buena inversión pagar más por seguridad si ese plan tiene el abordaje integral para que dé resultado. Pero de nuevo, son temas que hay que tratar a largo plazo porque la criminalidad no se va a resolver del día para la mañana, obviamente la comunidad internacional está tratando de dar el apoyo necesario, pero nada va a sustituir los recursos del Estado y la responsabilidad de la población de solidarizarse para dar solución concertada y estructurada a un problema que el 67 por ciento de la población considera que es el mayor desafío del país.

El tema de recursos es neurálgico y puede ser el talón de Aquiles de una buena política y hay que sensibilizar sobre hacer el levantamiento de estos recursos, pero también se puede entender la parte que dice: ¿cómo voy a pagar más si todavía no se para dónde va exactamente? Así que hay que hacer un esfuerzo de comunicación sobre la estrategia, para hacer participes a estos actores de esta visión. Es necesario el diálogo porque éste posibilita que una política de gobierno se convierta en una política de Estado a largo plazo, con el sustento y el acompañamiento de la sociedad.

Siendo el sistema de Naciones Unidas el principal dinamizador del Proceso de Paz en El Salvador ¿cómo evalúa la llegada de un elemento que procede directamente del Ejército a dirigir la PNC?

Ya no estamos evaluando los Acuerdos de Paz y no nos corresponde cuestionar las decisiones del presidente de la República. Lo que sí observamos con claridad es que no hay tal cosa como una militarización de la PNC en sí. El hecho que si fueron o no fueron militares no es un hecho que estemos analizando y cuestionando y nadie nos lo ha pedido, más allá de eso es ver que la gestión de la PNC y del Ministerio de Seguridad no ha sido militarizada, es importante acá el uso del lenguaje y hay que subrayarlo.

Hasta el momento, no hemos constatado lo que le digo. En la práctica, la sociedad está enfrentando una situación que nadie se imaginaba hace 20 años, el nivel de sofisticación de la violencia en el Triángulo Norte es sin precedente, las respuestas de hace cuatro años son obsoletas el día de hoy y son necesarias respuestas nuevas y esto pasa por cambios que nos cuesta entender; pero creo que no se debe perder de vista las apuestas estratégicas para que el concepto de “mano inteligente” sea veraz y que no se está en ninguna ecuación de mano dura.

Esto va también por una cuestión de eficiencia, si usted tiene una policía que no sabe los puntos que concentran mayor criminalidad y en los horarios de mayor criminalidad no se está haciendo un uso eficiente del recurso, pero creemos que el espíritu de lo que se ha querido hacer es eso, tener una Policía conducida por civiles y hasta el momento no hemos visto ministros uniformados.

En el mismo sentido, el nuevo ministro de Seguridad pidió a las cúpulas de los partidos que lo apoyaran en el fortalecimiento de legislación, no descartando la implementación de estados de excepción ¿Cree necesario llegar a esta situación?

Con toda franqueza, en un país donde se tiene una tasa de homicidios por encima de Afganistán o Irak combinados, es posible que se llegue a dar una situación de estas, por el momento lo desconozco y no creo que sea la intención de la política. Lo que creo que es parte de una estrategia más integral de darle respuesta a una criminalidad cada día más organizada a través de actores como carteles, que tienen cada vez más influencia en una delincuencia más común.

Ahora, no creo que se tenga que revisar los marcos legales a la luz de una población meta, sino que tiene que ver la problemática en su conjunto, pero no considero que se trate de endurecer los marcos legales, sino más bien mejorarlos continuamente para adaptarlos al contexto. Además que cualquier medida de estas pasa por un debate en la sociedad, a través del parlamento y eso es lo lindo de la democracia, que al final posibilitará la discusión de la problemática en su conjunto.

En contrapartida, ¿en qué otras medidas se deben insistir y que no generen tanta polémica?

Hemos tenido experiencias muy lindas en lo territorial en municipios como Sonsonate, Sonzacate, Acajutla, San Martín, Colón; en donde hemos podido desarrollar el abc del abordaje a la prevención de violencia y nos permitieron aterrizar mejores prácticas internacionales a El Salvador, alimentando con asesoría la política pública nacional con ejemplos que sí funcionan.

Por ejemplo la veda de armas; en el municipio de San Salvador se sabe que el 70 por ciento de los crímenes son cometidos con armas de fuego. La veda de armas no se ha generalizado a nivel nacional, pero se ha demostrado en el mundo entero que no se puede combatir los crímenes cometidos con arma de fuego si no se ejerce un control sobre los mismos. Se dice que en el país circulan 500 mil armas de manera legal o ilegalmente y solo en San Salvador se redujo, gracias a este tipo de medidas, los crímenes con arma de fuego en 30 por ciento.

Pero esto no sirve de nada si no se tiene lo demás, como por ejemplo la dinamización de espacios públicos para que la población no se esté criminalizando.


http://www.contrapunto.com.sv/cparchivo ... ion-en-pnc

[Rafael777]

Quiero proponer el siguiente tema:

¿Nuestros cuerpos policiales deben ser: Policias Militarizadas, Policias Civiles o Gendarmerias?

Esta diatriba excluye los cuerpos que ya son Gendarmerias: la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Carabineros de Chile, y la Gendarmeria Nacional de Argentina.

Varias ONG´s (sin entrar muy en profundidad sobre el origen de estas), como RESDAL, Human Rights Watch, y otras, han denunciado que muchas policias latinoamericanas, han sufrido un proceso de militarización que atenta con los DD.HH., por ejemplo, esto me lleva a preguntar: ¿Debe una policia entrar en abierto reto a grupos armados bajo un conflicto irregular? ¿No estan para ello las Gendarmerias y en caso extremo, el propio Ejército? ¿Deben los cuerpos policiales salir a patrullar con fusiles automaticos de alto calibre?.

El tema da para mucho. Ire subiendo algun material al respecto, pero el tema queda abierto: ¿Policias Militarizadas, Policias Civiles o Gendarmerias?.

Me gusta este tema.

Pienso que las tanto policías, como los ejércitos, deben adaptarse al contexto y a la situación por la que atraviesa el país. Si se enfrentan a irregulares, a bandas de narcotrafico que usan armamento de alto calibre, a bandas criminales con formación militar, deben estar militarizados. Si, en cambio, se vive en un país donde la delincuencia sea muy baja, no tienen, ni siquiera porque estar armados. Todo depende.

En nuestro país ya tenemos una Gendarmería, no hacen falta policías militarizadas, no obstante organismos como el SEBIN deben ser militarizados debido a las funciones que desempeña.

[Batalla de Matasiete]

no obstante organismos como el SEBIN deben ser militarizados debido a las funciones que desempeña.

No entendí esto compatriota.

El SEBIN es un organismo de Inteligencia e Investigación, no es un cuerpo uniformado. Aunque como lo dije en otro tema, hasta donde tengo conocimiento retiene las unidades anti-explosivistas y anti-terroristas.


-/-


Ahora bien,

Claramente Venezuela esta nuevamente yendo contra-corriente respecto a la Región, aqui hemos creado una Policia Civil (CPNB) y se le ha restituido esa condición a las policias estadales y municipales, más enfocada a tareas de prevensión y represión de primer escalon (esto lo acabo de inventar yo, no me vengan a acribillar!), como policia de proximidad.

A esto, hay que añadir, que como bien dice Rafael777, Venezuela ademas cuenta con una Gendarmeria (la GNB), y la Milicia esta facultada para determinadas tareas de vigilancia y prevención, pero ademas se ha creado un Cuerpo de Vigilancia Gubernamental, para vigilar las 24 horas todas las instalaciones gubernamentales, en sustitución de las empresas privadas de vigilancias.

Venezuela no tiene los problemas internos que padecen Mexico o Colombia, ni tampoco confrontaciones de Maras como Honduras, El Salvador y Guatemala, mas sin embargo aun seguimos teniendo altos indices de delincuencia comun, microtrafico, y ademas, en la frontera con Colombia, debemos enfrentar el desbordamiento del conflicto interno del vecino pais.

Sin embargo, en toda la región la tendencia es otra.

Brasil envió al Ejército a las favelas, Mexico convocó a su Ejército e Infantería de Marina a la lucha contra los Carteles de la Droga, la PNC de Colombia y otras policias en la región, estan en un franco proceso de militarización.

Chile ha mantenido alejada a sus FF.AA. de los problemas internos.

Yo opino, que muchos de nuestros paises necesitan crear un cuerpo como nuestra GNB, o la GNA argentina, para atender ciertos problemas, que ni las policias civiles pueden y deben atender, ni los Ejércitos pueden y deben atender. Las criticas en Mexico sobre la participación del Ejército y la Infantería de Marina, son abundantes.

[Andrés Eduardo González]

La Policía de Colombia hace rato que es un cuerpo civil-militar. Es un cuerpo Armado permanente de carácter civil...

http://www.policia.gov.co/portal/page/p ... strategico

[Andrés Eduardo González]

Pues en realidad, en Colombia consideramos que así cómo está la PONAL está bien. Creo que no es necesario crear más cuerpos armados o civiles-armados como Gendarmerías o Guardias Nacionales. La PONAL cumple todas esas funciones y lo hace más que satisfactoriamente. Además, para eso la PONAL tiene sus especialidades: la Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, que es la de calle, la Antinarcóticos, la Antiterrorista, la Ambiental, la Víal o de Carreteras, la Aeroportuaria, la Portuaria, los Carabineros y sus Escuadrones Móviles, el Servicio Aéreo, la Infantil y Adolescencia, la de Animales (no es broma, la hay) y el grupo de Fuerzas Especiales.

Todo eso hace la PONAL y lo hace muy bien.

[Rafael777]

:cool: Pues en realidad, en Colombia consideramos que así cómo está la PONAL está bien. Creo que no es necesario crear más cuerpos armados o civiles-armados como Gendarmerías o Guardias Nacionales. La PONAL cumple todas esas funciones y lo hace más que satisfactoriamente. Además, para eso la PONAL tiene sus especialidades: la Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, que es la de calle, la Antinarcóticos, la Antiterrorista, la Ambiental, la Víal o de Carreteras, la Aeroportuaria, la Portuaria, los Carabineros y sus Escuadrones Móviles, el Servicio Aéreo, la Infantil y Adolescencia, la de Animales (no es broma, la hay) y el grupo de Fuerzas Especiales.

Todo eso hace la PONAL y lo hace muy bien.

Si ustedes logran acabar con las FARC, con las bandas criminales emergentes y con otros grupos de carácter terrorista, insurgente o paramilitar, deberían ir pensando en desmilitarizar a sus policías.

[Andrés Eduardo González]

:cool: Pues en realidad, en Colombia consideramos que así cómo está la PONAL está bien. Creo que no es necesario crear más cuerpos armados o civiles-armados como Gendarmerías o Guardias Nacionales. La PONAL cumple todas esas funciones y lo hace más que satisfactoriamente. Además, para eso la PONAL tiene sus especialidades: la Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, que es la de calle, la Antinarcóticos, la Antiterrorista, la Ambiental, la Víal o de Carreteras, la Aeroportuaria, la Portuaria, los Carabineros y sus Escuadrones Móviles, el Servicio Aéreo, la Infantil y Adolescencia, la de Animales (no es broma, la hay) y el grupo de Fuerzas Especiales.

Todo eso hace la PONAL y lo hace muy bien.

Si ustedes logran acabar con las FARC, con las bandas criminales emergentes y con otros grupos de carácter terrorista, insurgente o paramilitar, deberían ir pensando en desmilitarizar a sus policías.

Con el tiempo. Hay muchas cosas que hacer en la era post-conflicto....

Por ejemplo y saliendo un poco de tema, se dice que reducir el personal del Ejército y para no "perder la forma", pegarnos de cuanta misión de la ONU salga...

[Dany Jimenez]

:cool: Pues en realidad, en Colombia consideramos que así cómo está la PONAL está bien. Creo que no es necesario crear más cuerpos armados o civiles-armados como Gendarmerías o Guardias Nacionales. La PONAL cumple todas esas funciones y lo hace más que satisfactoriamente. Además, para eso la PONAL tiene sus especialidades: la Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, que es la de calle, la Antinarcóticos, la Antiterrorista, la Ambiental, la Víal o de Carreteras, la Aeroportuaria, la Portuaria, los Carabineros y sus Escuadrones Móviles, el Servicio Aéreo, la Infantil y Adolescencia, la de Animales (no es broma, la hay) y el grupo de Fuerzas Especiales.

Todo eso hace la PONAL y lo hace muy bien.

Si ustedes logran acabar con las FARC, con las bandas criminales emergentes y con otros grupos de carácter terrorista, insurgente o paramilitar, deberían ir pensando en desmilitarizar a sus policías.

Con el tiempo. Hay muchas cosas que hacer en la era post-conflicto....

Por ejemplo y saliendo un poco de tema, se dice que reducir el personal del Ejército y para no "perder la forma", pegarnos de cuanta misión de la ONU salga...

Yo no estaría de acuerdo, primero colombia es un pais muy grande con demasiados problemas de orden publico, no solo son las guerrillas, y tambien hay que pensar en los de afuera; para disminuir nuestras fuerzas armadas y de la policia nacional desmilitarizar la no creo que sea una opción a considerar

[Andrés Eduardo González]

Personalmente, sí se va a reducir el Ejército, la PONAL no. Y sabe cómo: se elimina el Servicio Militar Obligatorio y sólo se deja el soldado voluntario, el soldado profesional y todo el componente de fuerzas especiales. Si lo suma con los números actuales, aún queda una fuerza importante en pie, por ahí unos 200.000 miembros del EJC, además que quedan más recursos disponibles para adquirir cosas "convencionales" sin tanto problema...

[Batalla de Matasiete]

No entiendo bien tampoco la separacion que distingue en tres las fuerzas de policia
policias-militarizadas-policias-civiles-o-gendarmerias-t36187.html

las Gendarmerias son policias militares y militarizadas

pero la Gendarmeria Movil en Francia (a diferencia de la "blanca" la gendarmeria departamental) tiene tambien vehiculos blindados y organizada en verdaderos escuadrones de intervencion urbana

por otra parte en el pasado cabe recordar que México tenia una gendarmeria, los Rurales, y un Escuadron de Gendarmeria, pero sòlo para la capital creo bajo el Porfiriato, que era una herencia de la intervencion Francesa y del Segundo Imperio de Maximiliano,
México forma parte de los paises que tienen una tradicion gendarmica

Esto es un tema que no inventé yo, sino que es un tema recurrente entre diversos organismos de DD.HH., y otros organismos multilaterales.

No es cosa de nombres, en Chile por ejmeplo la seguridad penitenciaria se llama "Gendarmería", pero la Gendarmería de la nación como tal, son los Carabineros.

El tema se inicia, al ver que muchas policias nacionales en Latinoamerica estaban recibiendo "armamento de guerra" (es el termino que utilizan estas organizaciones), la PONAL colombiana por ejemplo, esta equipada y adiestrada como una Gendarmería, al punto que puede "batirse" en campo abierto con un grupo de guerrilleros armados con morteros, RPG, fusiles de alto calibre, ecetera. Esto lejos de ser una bendición, podría suponer una desventaja, porque dotas a una policia de medios que son muy "grotescos" para el cumplimiento de la mayor parte de sus funciones.

Asi que no es cosa de nombres, sino de organización, equipamiento y formación.

[Ouroboros]

Eso es no es cuestión de nombres, si a una policía civil la armas y la adiestras para cumplir funciones militares será eso un a agencia policial civil con funciones militares, si a una fuerza gendármica la desarmas y la pones a dirigir el tráfico será eso una agencia de carácter militar con funciones de vigilantes de tránsito.
Por otro lado en el debate sólo debe caber las agencias policiales integrales (las que cubren todo el espectro de la seguridad ciudadana: seguridad ciudadana, investigación, policía judicial , órden público, etc) hay muchas agencias que sólo cubren parte o alguna de ellas como vigilancia de fronteras, policía fiscal, etc.

[F15.]

:cool: Pues en realidad, en Colombia consideramos que así cómo está la PONAL está bien. Creo que no es necesario crear más cuerpos armados o civiles-armados como Gendarmerías o Guardias Nacionales. La PONAL cumple todas esas funciones y lo hace más que satisfactoriamente. Además, para eso la PONAL tiene sus especialidades: la Policía de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, que es la de calle, la Antinarcóticos, la Antiterrorista, la Ambiental, la Víal o de Carreteras, la Aeroportuaria, la Portuaria, los Carabineros y sus Escuadrones Móviles, el Servicio Aéreo, la Infantil y Adolescencia, la de Animales (no es broma, la hay) y el grupo de Fuerzas Especiales.

Todo eso hace la PONAL y lo hace muy bien.

Si ustedes logran acabar con las FARC, con las bandas criminales emergentes y con otros grupos de carácter terrorista, insurgente o paramilitar, deberían ir pensando en desmilitarizar a sus policías.

Con el tiempo. Hay muchas cosas que hacer en la era post-conflicto....

Por ejemplo y saliendo un poco de tema, se dice que reducir el personal del Ejército y para no "perder la forma", pegarnos de cuanta misión de la ONU salga...

A mi no me suena para nada la idea de desmilitarizar la PONAL... al contrario, yo soy de los que creen que la Policía debería volver a integrar el Comando General de las Fuerzas Militares, como era antes el 91... (Un cuerpo militar, como Carabinieri...Gendarmerie Nationale... o de cierta manera la GNB)...

Si bien, la labor del Policía es muy diferente a la del militar, El Policía debe tener la misma disciplina, (ojo disciplina no significa crear policías tipo maquinas de matar ), es hacer que los policías se hagan respetar... Y que respete la institución...
Por otro lado, tener policías que hagan cumplir la ley en cualquier situación, Policías que inspiren respeto, y que disuadan... y mas con los niveles de criminalidad que manejamos en latam...

[Batalla de Matasiete]

Yo opino que en el caso colombiano, hay que crear una Gendarmeria, a mitad de camino entre el Ejército (EJC) y la Policia (PONAL), y que esta ultima vuelva a sus funciones civiles de prevención y represión de delitos comunes, y no que entre en abierto combate contra grupos que son "mini-ejércitos".