Autentic escribió:Por supuesto amigo Zyrux, la Administración de Justicia, como tal, no es la responsable de la situación, sus medios, e incluso las Leyes, no dependen de ellos, ademas, aunque a toda costa, logren emitir una sentencia, después aparece el satrapa de turno, y pasándose Leyes, Jueces, y Justicia, por los atributos viriles, dicta lo que le parece, y nada, delincuente a la calle.
Un cordial saludo.
emanuel escribió:Pues este otro tic de la cuestion seria que la politica,no deberia inmiscuirse,en el terreno de lo judicial,
asi los magistrados (apoliticos),se hallarian mas libres para dictar sentencias mas justas y equilibradas.
Con respecto a la profesionalidad,se ven casos que te hacen dudar un poquito,y piensas ¿ Es que faltara vocacion,
entre los magistrados ?.Pues hay cada dia mas,sentencias bochornosas.En fin,la cosa podria mejorar un monton.
saludos
Noticia de ayer
Han pasado casi 150 años y la ley sigue siendo la misma. Sin embargo, el indulto concedido a un conductor 'kamikaze' ha reabierto esta semana el debate en torno al ejercicio de esta potestad incontestable del Gobierno.
El derecho de gracia, una prerrogativa real heredada de los regímenes absolutistas, pasa con la monarquía parlamentaria a ser competencia del Gobierno. En España se rige por una ley aprobada en 1870, y permite al ministro de Justicia la remisión total o parcial de la pena que debe cumplir el reo sin motivar su decisión y sin que quepa recurso sobre la misma.
Miembros de la judicatura, la opinión pública, hasta el ministro del Interior han criticado la decisión del Ministerio de Justicia de conmutar la pena de 13 años de cárcel a un hombre que, tras circular varios kilómetros en sentido contrario en una autopista, colisionó con otro turismo, resultando en la muerte del conductor, un joven de 25 años al que acompañaba su novia.
El indulto chirrió a unos por revocar una sentencia ejemplar en el terreno de la seguridad vial, por el que tanto se ha apostado en los últimos años; a otros, porque se producía en contra de los informes de la Audiencia Provincial que le había condenado y de la Fiscalía; y a los familiares de la víctima, por la celeridad de la tramitación y el hecho de el hijo de Alberto Ruiz-Gallardón trabajase en el bufete encargado de tramitar el indulto, pese a que Justicia ha negado que haya ningún tipo de relación al respecto.
¿Choque de poderes?
"Creemos que el indulto no está regulado de forma adecuada", explican desde Jueces para la Democracia. El hecho de que "no se ofrezca la más mínima explicación" sobre las razones que llevan a conceder esta gracia "es contrario a la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos", dice Joaquim Bosch, portavoz de la asociación, que precisa que "atenta contra principios constitucionales como el de igualdad o el de seguridad jurídica".
Curiosamente, la ley inicial de 1870 fue reformada en enero de 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, de forma que el "decreto motivado" que recogía originalmente fue sustituido, simplemente, por la promulgación en forma de "real decreto", eliminando la obligación del Ejecutivo de tener que razonar su decisión.
Y así, han quedado en libertad condenados por los delitos más variados: estafa, cohecho, robo, agresiones, torturas, prevaricación... Mientras, otros casos de menor entidad caen en saco roto. "El Gobierno indulta siguiendo criterios desconocidos, no hay que motivar la decisión y esto produce este tipo de situaciones sorprendentes", se queja Guillermo Presa, abogado de David Reboredo, que ingresó en prisión en diciembre tras serle denegado el indulto. Este ex toxicómano vigués, completamente reinsertado socialmente, deberá pasar cinco años en la cárcel en cumplimiento de dos condenas por el intercambio de unas papelinas de heroína.
Pero el conflicto no quedaría aquí. Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO, va más lejos. En su opinión, el problema viene cuando la decisión del Ministerio de Justicia choca con el criterio de los tribunales, como en el caso del 'kamikaze' de Valencia. El indulto, incide De Esteban, debería contar con el consenso de la autoridad que haya impuesto la condena porque "si no, es una intromisión del poder ejecutivo en el judicial. Con esta idea del indulto se está anulando la división de poderes, sin la cual no hay democracia".
Sin embargo, para el ministro de Justicia, que ya vio muy cuestionada su decisión de conmutar la pena a cuatro Mossos d'Esquadra condenados por torturas, la división es meridiana: "El indulto es potestad del Ejecutivo y no del poder Judicial".
El proceso es relativamente sencillo: el preso, o alguien en su nombre, realiza la solicitud al Ministerio de Justicia, adjuntando la información relativa a su causa judicial y cualquier documentación que acredite su reinserción en la sociedad. Ademas, el tribunal que lo ha sentenciado y el establecimiento en que haya estado recluido deberán remitir igualmente un informe, incorporando el parecer del Ministerio Fiscal y la parte ofendida. A partir de ahí, la decisión queda en manos del ministro de Justicia y la luz verde del Consejo de Ministros, que aprobará el real decreto final.
Medidas de control
El catedrático de Derecho y eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner es muy gráfico: "¿Han indultado a una persona? Pues todos los que estén en igualdad de condiciones deberían ser indultados también", reprocha, tras admitir que el indulto "es una figura que no me gusta nada, porque banaliza el tipo penal", y menos cuando se trata de la seguridad vial, "un delito nuevo, por lo que hay que ser especialmente cuidadoso con ello".
Desde Jueces para la Democracia creen que la concesión del indulto debería "estar reservado a una serie de casos", y debería ejercitarse "partiendo de unos criterios de equidad y proporcionalidad, además de poder ser sometido a control de los tribunales de manera que no pueda ser objeto de abusos". Y en el Congreso, Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en la que pide excluir el indulto por delitos como la tortura y el terrorismo, los ecológicos y electorales, y los de 'guante blanco'.
Los indultos deberían darse "con cuentagotas y motivados", apostilla Jorge de Esteban. Y es que aunque la ley especifica que se trata de una medida de "carácter excepcional", los sucesivos Gobiernos no han sido especialmente recatados en este aspecto. En 2012 se concedieron 534 indultos, frente a los 301 registrados el año anterior, cifra que palidece ante los 1.443 indultos que Ángel Acebes otorgó de un plumazo en diciembre de 2000 atribuyéndolos al fin del milenio, la petición del Papa y el XXII aniversario de la Constitución. En comparación, Barack Obama ha aprobado 22 indultos desde que fue elegido presidente de Estados Unidos en 2008.
En definitiva, resume el abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Álvaro Vidal, "el derecho de gracia debería motivarse por la transparencia del ejercicio de los poderes públicos, para evitar la arbitrariedad; debería existir la posibilidad de que las partes hicieran alegaciones y que éstas se tuvieran en cuenta; y dar la posibilidad al Ministerio Fiscal de recurrir la decisión. Luego, los ciudadanos que juzguen en la urnas".
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/1 ... 13724.html
seria que la politica,no deberia inmiscuirse,en el terreno de lo judicial,