Estimado JRIVERA:
Permite que me centre en el asunto del debate y omita referencias culturales, religiosos o intereses de inversores.
La realidad es que existe un problema de trabajo infantil, reconocido por el propio gobierno. La protección de los derechos de formación infantil, así como los del cuidado y manutención de ancianos o la garantía de un sistema de salud efectivo, son algunos ejemplos de actividades que dan idea de la capacidad de un Estado para proporcionar seguridad y estabilidad social.
Sin un gasto social suficiente que resuelva las demandas básicas de protección, educación, formación, garantía del respeto de los derechos básicos ciudadanos, sanidad y pensiones no hay posibilidad de conseguir un Estado sólido. No es el momento de discutir si ese gasto debe ser público o privado. Me da lo mismo. Sin una respuesta adecuada que satisfaga esas demandas básicas, no hay posibilidad de plantearse un desarrollo sostenido a largo plazo.
Los gobiernos podrán destinar cantidades modestas o astronómicas para esos objetivos en función de la riqueza disponible y del coste real que implique pagar esas necesidades. Hay es asumible que haya diferencias entre países diferentes, pero no es asumible que un Estado no aspire a hacer tanto como pueda para atender a las demandas básicas de sus ciudadanos.
Como indicaba en el mensaje anterior, en Bolivia se transforma el deber irremplazable de luchar contra el trabajo infantil intolerable -y el Gobierno establece qué trabajos son intolerables en un niño- por un mérito voluntario del que pueden presumir las empresas que deseen tener una política de Responsabilidad Social reconocida. Es sorprendente.
Mucho más sorprendente cuando se constata que el Gobierno luce con orgullo el establecimiento de programas sociales como el del Bono Juancito Pinto para beneficiar la escolarización de niños o el Bono Juana Azurduy en beneficio de mujeres embarazadas y sus niños. Son planes estrella del Gobierno, junto al Sistema de pago de pensiones universal que beneficia incluso a aquellos que nunca cotizaron, algo que en Bolivia llamaron Renta Dignidad. Esos dos Bonos y esa Renta da idea de que el Gobierno es plenamente consciente de la importancia de atender a la infancia y a los ancianos en la medida que de las finanzas nacionales. Basta con revisar la prensa boliviana y los menajes oficiales bolivianos para ver que el Gobierno usa y cita como ejemplo de su éxito esos planes.
Bueno... he aquí que esos Planes estrella suponen al gobierno un gasto ciertamente menor: En 2012 se gastaron 54 millones de dólares en el Bono Juancito Pinto; 13 millones de dólares en el Bono Juana Azurduy y 250 millones de dólares en la Renta Dignidad.
http://www.sedem.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=70:uso-de-los-recursos-del-estado&catid=1:latest-news&Itemid=50Retén esos números y compáralos con los del superávit público en 2013; el 4,5% del PIB. O sea, 1.300 millones de dólares.
Me pregunto: ¿El Gobierno hace realmente lo que puede para eliminar o reducir el trabajo infantil inaceptable o tiene recursos suficientes adicionales como para elaborar Planes de tanto impacto social como los Bonos y las Rentas para reducir ese problema?
En definitiva: qué difícil es asumir que un Estado tenga superávit -y Bolivia, gracias a sus recursos lo tiene de manera habitual- mientras aún persisten problemas de desarrollo social que deberían estar resueltos desde hace décadas.
Los ciudadanos bolivianos podrán darse por satisfechos por los avances relativos de la economía boliviana. Pero no creo que un observador externo tenga motivos para estar satisfecho con un Estado que no da el 100% de las capacidades públicas para construir un Estado que escape definitivamente de la pobreza y el subdesarrollo.
Saludos.
