La reunión, desarrollada en la Sala del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, ha sido para explicar a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional sobre el procedimiento del referido proceso contencioso y el trabajo que el Ejecutivo ha realizado en las distintas fases del litigio.
Pineau escribió:Perdón, Perú no tiene nada adjudicado, y si eventualmente sea el caso la ejecución será de acuerdo a las negociaciones conjuntas entre ambos, el fallo lo más probable que tenga sus matices, y desde luego no será cien por ciento para el demandante, si es que el fallo es así. Hasta ahora solo sueños mojados y supuestos. Y por supuesto que los intereses de Chile que sean favorables en el fallo no serán negociables.
ROL DE LA INTELIGENCIA NACIONAL ANTE FALLO DE LA HAYA
21 de enero de 2014 a la(s) 10:02
En el proceso contencioso “PERÚ vs CHILE” el próximo 27 de enero los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitirán luego de seis años, un fallo de puro derecho, que será de trascendencia para las relaciones bilaterales de ambos países, pues se pondrá en vigencia el límite marítimo y los derechos de soberanía y jurisdicción del Estado peruano y el de Chile, sobre sus correspondientes espacios marinos hasta las 200 millas.
Esa sentencia tendrá el carácter de definitiva, inapelable y de vigencia inmediata como de cumplimiento obligatorio para las partes de acuerdo a sus propios términos. En consecuencia, a partir de ese momento, nuestro país estará facultado de poder ejercer, sin limitación alguna, los nuevos derechos de soberanía y jurisdicción sobre su mar adyacente en aquellas zonas que le sean señaladas o determinadas- por dicho fallo – le corresponden.
Y, esto será así, porque ambos estados se sometieron a la jurisdicción y competencia de dicho Órgano Jurisdiccional Supranacional, obligándose a aceptar como acatar el fallo. Aquí se aplicara el viejo aforismo jurídico del derecho romano: “Roma locuta, causa finita. Roma habló la causa terminó”. Esto es, la Corte de La Haya se pronuncia, el proceso contencioso concluye definitivamente. Sólo cabe el irrestricto cumplimiento por las partes.
Además, la sentencia no requerirá de ninguna condición resolutoria para que entre en vigencia el límite marítimo que sea establecido por la Corte. Recordemos que el petitorio de la demanda peruana en el 2008, fue para que se fije la frontera marítima entre ambos países, con el argumento de que no había sido trazado anteriormente. Mientras Chile sostiene que el límite está fijado dizque en dos tratados, suscritos en 1952 y 1954, que Perú considera sólo acuerdos pesqueros. Y no reconoce calidad de tratados internacionales a esos documentos invocados por el vecino país del sur.
Nos encontramos ante un escenario en donde la Corte decidirá en su fallo a cual de los dos estados dará el derecho, ya sea en todo, sólo en parte o desestimar la demanda. En los dos primeros casos a Perú que ha demostrado en la fase oral no existió acuerdo de límites. O a Chile que ha sostenido que si existen tales acuerdos. En estos dos el meollo del tema radica en evaluar hasta qué extremo del reordenamiento territorial podría llegar la sentencia. Si ordena que Chile devuelva parte del mar por debajo de la bisectriz perpendicular. O si se dispone que dicho país reconozca como límite la bisectriz y/o inclusive el espacio oceánico por encima de ella.
Es tarea de la Inteligencia Nacional del Estado peruano anticiparse a los hechos proyectando escenarios de riesgos, amenazas y oportunidades para comprender y pronosticar como inteligencia predictiva, lo que podría ocurrir en el campo de la seguridad y la defensa después del 27 de enero de 2014. No obstante que Chile le asigna especial importancia a la solución pacifica de las controversias en el ámbito de las relaciones internacionales. Ello según las sendas declaraciones de las más altas autoridades políticas de ese país.
El éxito de todo servicio de inteligencia en el cumplimiento de sus fines, de brindar a sus principales usuarios conocimiento útil para defender la soberanía nacional, promover el bienestar general, el desarrollo integral de la Nación y proteger a la población de amenazas externas contra su seguridad, depende en buena medida, de su capacidad para contribuir a optimizar el proceso de toma de decisiones al más alto nivel de conducción política del Estado ante cualquier situación que podría derivar en un escenario de conflicto.
Con tal finalidad los servicios de inteligencia movilizan todos sus recursos disponibles a partir de la obtención, el análisis y la interpretación de información de diversas fuentes para producir, mediante el ciclo de inteligencia, conocimiento sobre una situación determinada, un hecho o un objetivo que se puedan percibir como un factor de riesgo o una amenaza para la seguridad, y difundirlo oportunamente a quienes deben de adoptar una decisión como hacedores de la política nacional.
Bajo esa línea de pensamiento, el trabajo que desarrolla un servicio de inteligencia puede ser descrito como el descubrimiento de lo que se desconoce a través de la búsqueda y obtención de indicios y el análisis como la correcta valoración de los hallazgos a partir de lo que ya se conoce. Los riesgos y amenazas a conjurar pero también las oportunidades a aprovechar con el propósito de conseguir su desactivación, forman parte de la esencia y sustancia de estos servicios. ¿Por qué motivo?
Pues porque sirve para extraer la certeza de la incertidumbre y facilitar el soporte necesario al proceso de toma de decisiones del jefe de Estado, en donde la certeza de sus productos depende de la objetividad de los analistas, cuando éstos saben dejar al margen sus prejuicios bajo el principio doctrinario de objetividad que ha de regir sus funciones dentro del proceso de producción de inteligencia.
Únicamente de esta manera la Inteligencia Nacional alcanza un valor estratégico de primera magnitud, bien como medio activo de defensa, esto es conocer para prevenir o como reactivo, conocer para actuar. En consecuencia la utilidad de la inteligencia depende, además de la certeza de sus juicios, de la pertinencia, la relevancia y la eficacia de sus análisis.
Un Estado para hacer valer sus intereses en el campo de las relaciones internacionales, debe poder anticipar las reacciones del Estado adversario, para lo cual es necesario conocer sus objetivos políticos como determinar sus reales intenciones. El conocimiento y el saber de ambos factores, aparecen entonces como los fundamentos esenciales de la Inteligencia Nacional. Ello, frente a lo que podría suceder después de la lectura de la sentencia.
Hoy la aparición del concepto doctrinario de multinteligencia[1] (Multi-Int, por sus siglas en inglés) por el que se entiende el rechazo del uso de una única autoridad informativa para crear inteligencia y la consiguiente exigencia de emplear, integrar y analizar datos procedentes de diversos tipos de fuentes y haciendo uso de toda clase de tecnologías[2], obliga a los servicios de inteligencia a recabar, analizar y evaluar información de índole muy variada y en materias donde las fuentes abiertas (Open, Source Intelligence: OSINT por sus siglas en ingles) son imprescindibles en la generación de conocimiento empleando sus recursos de información y capital intelectual de los analistas.
Pero se debe tener en consideración que la inteligencia no es el resultado de una simple sumatoria de datos obtenidos a partir de diversas fuentes. Y que la información no es en su misma inteligencia, sino solamente su materia prima, que sirven al analista de inteligencia para efectuar las tres clásicas operaciones: evaluación de los datos; integración de los datos e interpretación de los datos orientado a la comprensión del problema analizado como el pronóstico de sus consecuencias y su previsible evolución[3].
Hechas estas precisiones doctrinarias que son útiles en el proceso de producción de inteligencia, en el escenario actual y estando ad portas el fallo de La Haya, la formulación de la Inteligencia Nacional debería considerar como hechos relevantes, que forman parte de la denominada inteligencia básica, la historia de las relaciones entre las repúblicas de Perú y Chile. ¿Por qué motivo?
Pues porque se debe tener en consideración que las relaciones han sido complejas, conflictivas y presididas, casi siempre, por la desconfianza y el resquemor. El pasado histórico del vecino país del sur genera dudas. La experiencia de esas relaciones no ha sido buena debido a que Chile no cumplió con lo establecido en el artículo tercero del Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883 (que puso fin a la guerra de 1879) por el cual Perú cedió a perpetuidad Tarapacá y entregó las provincias de Tacna y Arica por diez años.
Sin embargo, fueron retenidas durante cuarenta años pues la llamada “chilenizacion” no rendía los frutos esperados a pesar de las persecuciones y torturas contra tacneños y ariqueños, quienes fueron auténticos patriotas que soportaron con estoicismo los abusos y prepotencia del invasor. Además, sabotearon postergándola en todos esos años la posibilidad de realizar un plebiscito para resolver el destino de ambas provincias cautivas. Y, después ¿Qué sucedió? Veamos:
Perú reclamo en 1925 y como consecuencia ambos países se sometieron al arbitraje del presidente de los Estados Unidos quien estableció las reglas del plebiscito que Chile se negó a cumplir tratando de imponer por la fuerza uno que sea fraudulento. Motivo por el cual los generales del Ejército John Pershing y William Lassiter, como representantes del árbitro emitieron un informe en cuya conclusión final precisaron que: “Chile ha incumplido su compromiso de hacer el plebiscito justo y honrado que dispone el Tratado de Ancón como el Fallo Arbitral”[4]
Por eso, Augusto B. Leguía tuvo que firmar el Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, en cuya virtud cedimos Arica, pese a su peruanidad mantenida, incluso cincuenta años después de la derrota. Luego Chile para cumplirlo se demoró 70 años para construir el muelle a favor de Perú. Eso, sin considerar que el terreno peruano del Chinchorro fue mutilado de la noche a la mañana.
En el presente siglo el acto de mayor lesividad realizado por Chile en contra del Estado y la Defensa Nacional de nuestro país, se conoció en noviembre de 2009, cuando la emisora radial Radio Programas del Perú (RPP) reveló que un miembro de la Fuerza Aérea del Perú, el técnico inspector FAP, Víctor Ariza Mendoza, había sido descubierto realizando actos de espionaje a favor de Chile[5]. Ello, sucedió durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2011).
Las operaciones especiales de inteligencia encubiertas de espionaje que venían desarrollando los aparatos de inteligencia militar chilenos lograron producir una peligrosa brecha en nuestra seguridad causando grave daño a la Defensa Nacional del Perú, mediante el empleo de espías y a través de medios no legales para favorecer sus posiciones de defensa y seguridad.
Esto, aprovechando a que el régimen de Alejandro Celestino Toledo Manrique, había desarticulado el Sistema de Contrainteligencia (SICON) que en la década de los 90 tuve la delicada misión de organizar y hacer que funcione como el “sistema inmunológico” del Estado peruano durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori.
Lo de Ariza es grave. ¿Por qué motivo? Pues porque ha proporcionado a los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, conocida bajo el acrónimo de DIFA, planes clasificados como secreto y de alto valor sobre nuestra Defensa Nacional que revelan no sólo el nivel de operatividad de la Fuerza Aérea del Perú, sino los sistemas defensivos que actualmente disponemos.
Entre la valiosa información que sobre la Defensa Nacional del Perú, entregó por dinero el espía Ariza, a exigencia de los agentes de la DIFA, tenemos a los siguientes documentos de la más alta clasificación de seguridad[6]:
El Plan estratégico de la Fuerza Aérea del Perú, diseñado para poder alcanzar una óptima operatividad bélica de dicha Institución hasta el año 2021.
El proyecto Revoredo, que comprende la modernización de toda la flota de aeronaves de transporte.
El proyecto Caballero, que abarca la reparación de todas las aeronaves de instrucción.
El proyecto Shenone, que completa la reparación de todos los helicópteros.
El proyecto Maldonado, que abarca la modernización de los aviones MIG-29, SU-25, Mirage-2000 y A-37B.
Cuando se suscitó este escandaloso caso de espionaje y se hizo de público conocimiento, la presidenta Michelle Bachelet, astutamente se lavó las manos y los políticos peruanos durante el gobierno de Alan García Pérez, ingenuamente se dieron por satisfechos con tan sólo una promesa de investigación que nunca se hizo hasta hoy ¡Increíble! Y ella asumirá por segunda vez la presidencia de Chile en marzo de 2014, como si nada hubiera pasado sobre esa agresión contra al Perú durante su gobierno.
El caso Ariza demuestra indubitablemente la peligrosidad de la inteligencia Militar chilena y nuestro desamparo y debilidad al respecto. Mientras en ese país los militares, políticos y diplomáticos trabajan en un solo equipo nacional alrededor de su Inteligencia, aquí hay un divorcio fatal entre el trabajo profesional especializado de la Inteligencia y la actuación de nuestros gobernantes.
De otro lado, como actividades reveladoras de la preocupación e interés que tiene la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, sobre los asuntos de seguridad, política y estrategia, existen tres hechos objetivos de la mayor importancia que así lo acreditan. ¿Cuáles?
Primero, cuando se desempeñó como ministra de Defensa durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en mayo de 2003, le entregó a dicho jefe de Estado el segundo “Libro de la Defensa Nacional de Chile 2003” que contenía la política pública conocida como política de defensa.
Segundo, durante su gestión como ministra de Defensa, la inteligencia militar a través de los agentes de la DIFA, activaron en el 2003 a Ariza Mendoza como espía para que sustraiga los referidos documentos.
Tercero, cuando ejerció la presidencia de la República, el 14 de enero de 2010, en ceremonia pública, ella fue la que presentó el tercer “Libro de la Defensa Nacional de Chile” que contiene los nuevos principios de la política de defensa de Chile y cómo funciona el Sistema de Defensa en los distintos niveles, sobre todo el político y el estratégico, los organismos asesores y los órganos ejecutores. Este documento está en plena vigencia.
A guisa de ilustración es menester señalar, según lo que refiere este tercer libro, que la política de defensa de Chile se enmarca dentro de nueve principios generales del Estado, de los cuales sólo citaré los tres que se refieren a la conducción de la defensa.[7]
“El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para concurrir a facilitar el logro de los intereses y objetivos del país cuidando que el desarrollo de esa capacidad militar guarde proporción con el resto de las capacidades del país.
El Estado de Chile tiene el derecho y la responsabilidad de emplear todas las capacidades nacionales, y en particular su potencial bélico, si fuese necesario, para la defensa del país y el resguardo de los intereses nacionales frente a amenazas externas.
Para el Estado de Chile es de particular interés y conveniencia la estrecha vinculación y coordinación entre su política de defensa y su política exterior, complementándose y potenciándose mutuamente, aunque actuando la primera en respaldo de la última”.
Con respecto a lo que se denomina como la relación vecinal en defensa y seguridad, en cuanto a Perú se señala en dicho libro lo siguiente:
“La presentación de la demanda contra Chile que Perú hizo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 16 de enero de 2008 ha constituido un hecho que nuestro país ha lamentado y que culmina un esfuerzo peruano de revisión de los tratados vigentes, particularmente a partir de la adopción de una ley de líneas de base del dominio marítimo y el mapa que muestra la pretensión marítima del Perú. Esta demanda peruana desconoce el límite marítimo común entre ambos países, NO EXISTIENDO MERITOS NI FUNDAMENTOS para controvertir este tema…”
Asimismo, se precisa que: “…los límites de Chile con Perú fueron definitivamente fijados hace más de medio siglo mediante tratados internacionales plenamente vigentes y respetados integralmente, como lo son los tratados de 1952 y 1954, basados en las respectivas proclamaciones de 200 millas marinas de 1947…”[8]
Por otra parte, tenemos como hechos objetivos un conjunto de expresiones belicistas de diversas autoridades políticas y militares chilenas, las cuales fueron dadas públicamente durante el último lustro, desde cuando nuestro país interpuso la demanda contra el Estado chileno ante la Corte de La Haya. Y que para cualquier analista constituyen importantes insumos en el proceso de producción de inteligencia pues revelan cuál es la línea de pensamiento imperante en Chile sobre este tema.
El ex canciller Foxley advirtió que “su país no cederá ni un milímetro marítimo”; el ex ministro de Defensa Vidal precisaba “tenemos las mejores fuerzas armadas de los últimos 100 años listas para actuar”; el ex ministro de Defensa Allamand exortaba “tenemos que estar plenamente preparados con nuestras fuerzas militares para lo que pudiera venir”; y el ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Ortega, fue el más agresivo “todos los que estén alrededor nuestro saben que tenemos la capacidad de pegar fuerte, o sea es mejor que nos dejen tranquilos”.
Las más recientes fueron las que dieron el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, vicealmirante José Romero y su antecesor en el cargo, general Hernán Mardones, quienes en diciembre de 2013 manifestaron: “estando ad portas el fallo de La Haya, las Fuerzas Armadas chilenas están listas y en condiciones de responder a la conducción política en caso de crisis u conflicto armado”.
Y, el propio presidente Piñera ha reiterado que sus Fuerzas Armadas “tienen capacidad operativa para proteger, defender y garantizar su territorio, mar, límites y soberanía”. Además, debemos tener en consideración que la Estrategia chilena de Seguridad y Defensa 2012-2024, incluye lineamientos doctrinarios como “tener superioridad en el enfrentamiento” o “decidir un conflicto en corto tiempo aplicando la parálisis estratégica”.
Ahora bien, de acuerdo al método de los escenarios, que debería utilizar la Inteligencia Nacionale por ser el más adecuado a la situación actual, en el hipotético caso que el fallo modifique una buena parte de trozo de mar, esa decisión jurisdiccional constituiría un revés que afectaría la tesis chilena contenida, nada menos en el Libro de la Defensa Nacional de Chile que es obra de la presidenta electa Bachelet.
Entonces, la pregunta que fluye clara e ineluctablemente: ¿Cuál es la posición de Michelle Bachelet como presidenta electa de Chile? Veamos:
Después de una reunión de tres horas que sostuvo con el presidente Sebastián Piñera, en La Moneda, brindó una declaración pública en donde resumió cual es la política de Estado acordada con el mandatario saliente. “Nosotros esperamos que el fallo sea ajustado a derecho, porque Chile tiene una clara opinión y muy unánime en donde están los limites. Hay que esperar el fallo porque su implementación depende del fallo”.
Y, ya conocemos que “esa clara opinión y muy unánime en donde están los límites” a que se ha referido la presidente electa de Chile, está contenida, insisto, en el referido libro que es de su autoría. En consecuencia, es tarea de la inteligencia predictiva evaluar cuál podría ser su posición, la de los políticos y militares chilenos si el fallo se resuelve modificando en cierta medida los limites estableciendo una nueva realidad geográfica. ¿Mantendrán esa unánime opinión? Pronto lo sabremos.
El fallo no será fácil, tampoco su cumplimiento. Y de lo que se infiere Chile tiene un plan de contingencia para hacer frente al escenario que se presentara a partir del 27 de enero de 2014. De eso que no quepa duda.
A ello obedece la amplia difusión al encuentro sostenido en La Moneda entre el presidente Piñera y su sucesora Michelle Bachelet. Como la posterior reunión - después demostrar un tour en Palacio de Gobierno entre el presidente Piñera y los ex jefes del Estado: Patricio Aylwen, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Se mostró la imagen de una férrea unidad entre la clase política chilena.
Conocido el fallo, existe la posibilidad que en el mensaje a la Nación del presidente Piñera anuncie entre otras cosas que Chile interpondrá un recurso de interpretación o aclaración del fallo ante la misma Corte de La Haya ¿Por qué motivo?
Pues porque de esta manera evitaría el cumplimiento inmediato de lo resuelto por dicho Órgano Jurisdiccional Supranacional pues no desea ser el presidente chileno que cedió soberanía a Perú.
Y con esta articulación – prevista en el reglamento de la Corte – le permitiría ganar tiempo para concluir los 40 días que le quedan para finalizar su gobierno. Es decir, no desea que el fallo se convierta en un episodio de su gestión por el cual sea acosado y acusado en los años sucesivos. Las declaraciones que ha brindado después de la reunión del Consejo de Defensa Nacional (COSENA) constituyen otro indicio que apunta en ese sentido al afirmar que la ejecución del fallo “necesariamente será gradual”.
Asimismo, como Michelle Bachelet, no desea iniciar su administración haciendo lo mismo, la presentación de dicho recurso también le daría tiempo a partir del 10 de marzo de 2014, luego podría adoptar la posición de tener que estudiarlo por la compleja situación que produciría en la economía de la población del norte de Chile.
Esto es, se valdría de cualquier argumento para no acatar el fallo que se convierte en Ley chilena y peruana de imperativo cumplimiento para ambos Estados. En conclusión, buscará ganar tiempo y un indicio de ello son las recientes declaraciones del canciller Alfredo Moreno quien ha señalado que: “De ninguna manera vamos a tener una aplicación inmediata del fallo debido a la necesidad de revisar modificaciones antes de implementarlas”. Más claro, el agua.
Hay que tener presente para la formulación de la Inteligencia Nacional que hoy Chile es un país insertado en la vida internacional a través de su presencia en los organismos internacionales. Y al formar parte de una orden internacional jurídico lo obliga a cumplir con las instituciones y los fallos que emitan esas instituciones. En consecuencia debería acatar la sentencia de la Corte en respeto por el derecho internacional y consolidación del principio de la solución pacifica de las controversias.
Finalmente, los peruanos no debemos olvidar las lecciones que nos da la historia, por más dolorosas que sean. Ello sirve para estar siempre alertas en el campo de la seguridad y la defensa.
Y, como información histórica, cito algunos fragmentos del parte de guerra que como Ideario Vigente publicó el diario “El Ferrocarril” de Santiago de Chile el 18 de junio de 1880. Veamos:
“Ni una choza debe quedar en pie estando al alcance de nuestra artillería naval (…) nuestros buques deben sembrar por todas partes la desolación y el espanto, preparemos el camino de nuestras fuerzas expedicionarias sobre Lima, abrazando las ciudades enemigas de la costa. Es necesario que la muerte y destrucción, ejercida sin piedad en los hogares del Perú no le deja un momento de aliento ni respiro y que su sucumban al piso de nuestra superioridad militar (…) Adelante, que sea Lima el calvario de la expiación de sus hijos y la hogera del castigo y la muerte[9]”
Que la lectura de este fragmento forje conciencia en los peruanos: nunca más permitamos esos hechos.
[1] Pappas, Aris. A y Simon, James M (2002) “Dauting Challenges, Hard Decisions: The Intelligence Community: 2001-2015”, Studies in Intelligence, volume 64, número 1.
[2] Isaacson, Jeffrey A, y O´Connell, Kevin M. (2002): “Beyond Sharing Intelligence, We must generate Knowledge”
[3] Esteban Navarro, Miguel Ángel: “Reflexiones sobre las fuentes de información abierta para la producción de Inteligencia Estrategica en los Servicios de Inteligencia para la Seguridad” pp. 14-15.
[4] Yepez, Ernesto: “El Informe Secreto Pershing - Lassiter” Asociacion Perú Soberania y Desarrollo. Segunda Edicion: junio del 2013. p. 25
[5] Montesinos, Vladimiro: “Espionaje Chileno. Operaciones Especiales de Inteligencia contra el Estado peruano”. Ezer editores. Primera Edición, Lima, agosto 2010
[6] Ibíd. pp. 295-302.
[7] Libro de la Defensa Nacional de Chile 210. pp. 111-112
[8] Ibíd. p. 149.
[9] Montesinos, Vladimiro: “Espionaje Chileno. Operaciones Especiales de Inteligencia contra el Estado peruano”. Ezer editores. Primera Edición, Lima, agosto 2010. p. 5.
¿Tiene temor de que Bachelet patee el tablero?
No, yo descarto que alguien en Chile vaya a patear el tablero. Chile es un país moderno, que ha firmado acuerdos de libre comercio que estipulan cláusulas de solución pacífica de controversias. Y si no cumplen el fallo, les están dando un mal mensaje a sus socios e inversionistas. Además, ¿cómo Chile siendo miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debe velar por la paz, seguridad y primacía del derecho internacional, no va a cumplir con el fallo? Sería una gran incongruencia.
jandres escribió:Una pregunta:
Chiabra.
Ese general, está en activo?
Tiene algún cargo estatal en politica exterior?
Es normal por aquellos pagos,que un militar, haga ese tipo de manifestaciones?
1 de enero de 2014
Ex presidente del Congreso peruano
Carlos Ferrero Costa: “La agenda post fallo debe analizar el armamentismo chileno que los peruanos consideramos una amenaza inaceptable”
Abogado e influyente hombre de Estado, señala que sí quedarán varios temas pendientes con Chile luego de conocerse el fallo de La Haya. Ferrero Costa es miembro del Grupo Basadre, un comité de análisis sobre política exterior compuesto por cerca de 200 políticos, militares y personeros de ese país que abogan por restablecer el equilibrio entre Perú y Chile, limitando la inversión y la influencia política de nuestro país en áreas estratégicas de la economía peruana.
Carlos Ferrero Costa ha sido un hombre transversal en el escenario político peruano. Inició su carrera en la década de los 60 de la mano de la Democracia Cristiana y 30 años después, se sumaba a las filas de la alianza fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría, con quienes logró ser electo y reelecto congresista entre 1992 y 2000, mientras su hermano, Eduardo Costa Ferrero, asumió como canciller de Alberto Fujimori.
Sin embargo, fue frente al evidente declive del fujimorismo que, en 1999, se incorporó a Perú Posible, logrando en 2011 –tras dos intentos en las elecciones generales de 2001 y 2006– llevar a Alejandro Toledo a la primera magistratura de la nación. Costa alcanzó no sólo otra reelección como congresista, sino además obtuvo la presidencia del Congreso Nacional.
CAMINO A LA HAYA
Ferrero Costa recién había entregado la presidencia del Consejo de Ministros de Perú en manos de Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Economía y Finanzas de Toledo, cuando en noviembre de 2005 el presidente Toledo envió a trámite legislativo el proyecto de ley que establecía las líneas de base para la definición del dominio marítimo en el Pacífico. Cinco años antes, Chile había depositado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) sus cartas náuticas, que indicaban al paralelo 18º21’00” como frontera marítima con Perú, motivando una protesta formal de Perú, que no tuvo eco en la Cancillería chilena.
El evidente acercamiento entre Chile y Ecuador –los presidentes Ricardo Lagos y Alfredo Palacio, firman la ratificación de los Tratados de 1952 y 1954–, además de la puesta en marcha de una agenda de trabajo entre Santiago y La Paz que incluía conversaciones sobre la pretensión marítima boliviana, y la insistencia chilena de afirmar que “no hay temas limítrofes pendientes con Perú”, convencieron a Torre Tagle de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya durante la presidencia de Alan García, aun cuando el mandatario peruano había asegurado en visita oficial a nuestro país que “el tema limítrofe no estaría en la agenda”.
-Tras 6 años de proceso judicial, en menos de una semana conoceremos el fallo de la Corte Internacional (CIJ). ¿Considera usted que con esto se cierran finalmente los temas pendientes con Chile?
-No, el fallo de la Corte resolverá el más importante tema pendiente con Chile. Sin embargo, existen otros asuntos distintos del límite marítimo que, a mi parecer, conforman una agenda post-La Haya. Un grupo de ellos tiene que ver directamente con nuestra relación con Chile; y otro, independiente, es la agenda interna peruana.
-¿En qué consisten estas agendas?
-En primer lugar, la agenda con Chile post fallo debe analizar la cuestión del armamentismo chileno que los peruanos consideramos una amenaza inaceptable. El segundo, es la alarmante desigualdad entre la inversión chilena en el Perú y la peruana en Chile, tema que preocupa porque eso genera una penetración económica perjudicial a la seguridad del Perú. También están pendientes otros problemas: la cuestión del terreno del Chinchorro o el funcionamiento eficiente del ferrocarril Tacna-Arica y su arribo libre al muelle; la devolución de bienes y sobre todo libros extraídos del Perú por la invasión chilena. Y la agenda interna peruana debe abordar, de una vez por todas, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena hacer dos enmiendas al TLC firmado con Chile. El segundo, es que el Congreso apruebe al convenio que da facilidades a Bolivia en Ilo. Y, último, es no dilatar más la adhesión peruana a la Convención del Mar.
REGULACIÓN A EMPRESAS CHILENAS
En la actualidad, Ferrero Costa divide su tiempo entre dos actividades que lo apasionan: sus clases en la Universidad Ignacio de Loyola y su participación en el Grupo Basadre, un comité de análisis sobre política exterior compuesto por cerca de 200 políticos, militares e independientes de tendencia republicana, que abogan por restablecer el equilibrio entre Perú y Chile, limitando la inversión y la influencia política de nuestro país en áreas estratégicas. Según datos de la Dirección Económica de la Cancillería chilena (Direcon), Perú es hoy el cuarto destino de inversión directa de capitales chilenos en el exterior, con un stock de un poco más de US$13 mil millones o un 15,8% del total invertido en el exterior. Vale además destacar que, entre 1990 y 2013, un 62,6% se invierte en servicios; 22,9% en energía; 13,1% en industria; y el resto corresponde al sector agropecuario y minería. La actividad de capitales chilenos tiene un importante rol como generador de empleo. De 117.313 personas empleadas por empresas chilenas, el 69,8% corresponde a empleos directos y un 30,2% a empleo indirecto, liderado por área servicios (71,4% sobre empleo total generado) e Industria (28,6%).
-¿Por qué afirma que la presencia de empresas chilenas sería una amenaza para la seguridad?
-Perjudica la seguridad porque, cuando un país tiene excesiva presencia económica en otro, se genera una disminución de la autonomía en este último y la influencia del vecino inversionista a veces sólo indirectamente proyecta su influencia política.
-¿Cuál es su opinión respecto a la política de las cuerdas separadas que se ha implementado en los últimos años?
-No comparto la tesis de las cuerdas separadas que el gobierno de García llevó a cabo con entusiasmo y Humala ha dejado pasar. La experiencia mundial demuestra que existe evidente relación entre el comercio y la inversión con la política. No tiene sentido que, por ejemplo, los chilenos compren aquí todo lo que quieren cuando todavía no sabemos si modificaran su carrera armamentista. Más concretamente, no entendemos cómo se quiere llevar adelante una Alianza del Pacífico con un país que desacata a la Corte o que no sabemos si cumplirá el fallo. Las cuerdas separadas favorecen a los empresarios peruanos y chilenos interesados en hacer negocios y aumentan sus ingresos con intereses más allá de los valores nacionales.
-¿Cree que hay que regular la inversión chilena en Perú?
-Lo que debe hacerse es modificar la legislación peruana referida a la inversión extranjera en general, ya que ella ahora iguala la nacional con la extranjera. De otro lado no se aplica la reciprocidad que teóricamente se plantea con la inversión chilena. Ustedes tienen varios bancos en Lima y nosotros no tenemos ninguno en Santiago.
-¿Cuál debe ser la postura chilena para avanzar hacia la recuperación de las confianzas entre dos países limítrofes con una historia de altibajos como la nuestra?
-En 1986, Perú expresó oficialmente que no teníamos límites marítimos con Chile. En el 2004, siendo presidente Alejandro Toledo y canciller Rodríguez Cuadros, reiteramos el asunto, proponiendo negociaciones bilaterales para resolver esta controversia. Sin embargo, Chile respondió que no resultaba procedente referirse a negociaciones sobre contratos pendientes. La confianza por recuperarse está dada principalmente cuando Chile acate y cumpla de inmediato el fallo.
-¿Y si Chile no cumple de inmediato el fallo?
-Prefiero no opinar sobre eso ahora.
....................Perú reclamando por el desequilibrio militar, Bolivia hinchando en la CIJ (ahora con menores posibilidades de una salida soberana)..................espero la Pdta. Bachelet ponga a alguien con la suficiente experiencia diplomática y política (que nos saque del aislacionismo regional, especialmente ante Brasil), para dar vuelta la página a esta lamentable administración exterior de tono 100% mercantilista, de la mano de un ex director de Falabella, como el Sr. Moreno. Falcon Sprint escribió:Una muestra del por qué de mi desconfianza
jandres escribió:Una pregunta:
Chiabra.
Ese general, está en activo?
Tiene algún cargo estatal en politica exterior?
Es normal por aquellos pagos,que un militar, haga ese tipo de manifestaciones?
comando_pachacutec escribió:Las operaciones especiales de inteligencia encubiertas de espionaje que venían desarrollando los aparatos de inteligencia militar chilenos lograron producir una peligrosa brecha en nuestra seguridad causando grave daño a la Defensa Nacional del Perú, mediante el empleo de espías y a través de medios no legales para favorecer sus posiciones de defensa y seguridad
comando_pachacutec escribió:Y bueno, para que los amigos del sur entiendan porque se desconfía de ellos
CZEKALSKI escribió: y que por tanto deberían saber que las sentencias de la CIJ se cumplen y de las consecuencias de no hacerlo.
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