En su discurso, el presidente de la Corte Suprema recordó que el Plan Laboral, esa “política reformadora de la institucionalidad del trabajo diseñada e implementada en pleno gobierno militar, condicionó la discusión en torno a las posteriores propuestas reformistas presentadas durante la democracia” y, por lo mismo, sentenció que “el debate de estos meses tiene su origen y explicación en las medidas de corte neoliberal que entraron a regir 35 años atrás”.
Tras recordar que Chile participó “efusivamente” en el esquema neoliberal que aplicaron las dictaduras de América Latina, que impuso como ejes rectores de las políticas públicas conceptos como desregulación, privatización, reducción o eliminación, aperturas y equilibrios, Muñoz hizo notar que ya en el primer programa de Gobierno de la Concertación, elaborado en 1989, se señaló que esa institucionalidad puso a los trabajadores en una situación de grave desprotección, que ha impedido la constitución de un sindicalismo fuerte y representativo y que, 24 años después, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile del 2014, editado por la Universidad Diego Portales, planteó que las reformas impulsadas en los gobiernos democráticos hasta hoy “solo han sido simples retoques o ajustes al modelo imperante, dejando intactas sus bases esenciales: sindicalismo minimalista, negociación colectiva radicada en la empresa, un derecho de huelga reducido a su más mínima expresión, ausencia del conflicto colectivo”.
Con el debate de la reforma laboral en la agenda durante los últimos meses, el juez Muñoz puso ejemplos de las distintas posturas que genera el tema como los resquemores del mundo empresarial y los argumentos que apelan a los efectos económicos y recordó que los jueces y juezas de la jurisdicción laboral, “quienes cotidianamente conocen y resuelven conflictos entre trabajadores y empleadores, están en la primera línea de los problemas que arrastra en esta materia el país, son propietarios de un acervo de conocimientos y experiencia insoslayables para quienes diseñan y deciden políticas públicas”.
“Los capitalistas están agrupados por actividad, pesca, minería, construcción, agricultura, a través de cúpulas empresariales de alcance nacional, que les permiten tener una voz para que la consecuencia pueda ser mucho más eficaz que lo que ocurre con el trabajador en una reforma que pretende reivindicarle parte de su poder. Dicen que la reforma va destinada a darles poder a unos dirigentes sindicales, que en el fondo lo que van a hacer es entorpecer la productividad y el crecimiento económico”, criticó el magistrado y pidió que, ante esta realidad, debe existir “en el seno de la sociedad erudita y lega, una discusión que ponga los puntos verdaderamente sobre las íes”.
Tras recordar que, así como la Constitución que nació en dictadura, “el derecho del trabajo no lo hemos podido cambiar” y que hay sectores de la sociedad para quienes cualquier cosa “tendiente a reforzar el derecho laboral es per se odiosa, persecutora”, Cerda precisó que en Chile “el empresario, el empleador, es el dueño prácticamente, es el organizador, el director, el tutela lo que aquí pasa”, por lo que será clave y todo dependerá de cómo se establezcan los equilibrios entre el factor capital y el factor trabajo.
Con jueces asi de politizados, dificil que la lucha contra la delincuencia prospere.
