La Guardia Civil redistribuirá sus efectivos
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Noticias sobre Seguridad Pública de España
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ZULU 031
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Gatillo fácil?
Permiso para disparar en la calle
En Estados Unidos, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que permitirá a los habitantes del estado matar en defensa propia en la calle. La ley aún debe ser firmada por el gobernador Jeb Bush.
Según las leyes estatales, los ciudadanos ya tenían el derecho a dispararle a alguien que irrumpe en propiedad privada o para defender su lugar de trabajo y su automóvil.
Pero hasta este martes, los tribunales de Florida habían insistido en que antes de disparar contra un atacante potencial en un lugar público, primero era necesario intentar escapar.
Con la nueva legislación aprobada por la Cámara de Representantes de Florida, eso ya no es necesario.
Sin embargo, para que la ley entre en vigencia se necesita la firma del gobernador, Jeb Bush, y aunque el líder no ha indicado si la firmará, sus palabras no parecen dejar dudas: "Se trata de enfrentar la fuerza con la fuerza".
Lejano Oeste
Los críticos de este proyecto de ley son varios.
Algunos aseguran que es posible que llegue a Florida una actitud del Lejano Oeste.
El representante demócrata Dan Gelber dice que es irónico que los mismos conservadores que hablaban de la cultura de la vida en el caso de Terri Schiavo, aprueben ahora una ley que, según él, la devalúa.
Pero los partidarios de la legislación afirman que la proposición protege la vida de los inocentes y está dirigida a reducir el delito en Florida, uno de los estados más violentos de la nación, porque los criminales lo van a pensar dos veces antes de molestar a alguien en la calle.
Estados Unidos
Fuente: BBC
Permiso para disparar en la calle
En Estados Unidos, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que permitirá a los habitantes del estado matar en defensa propia en la calle. La ley aún debe ser firmada por el gobernador Jeb Bush.
Según las leyes estatales, los ciudadanos ya tenían el derecho a dispararle a alguien que irrumpe en propiedad privada o para defender su lugar de trabajo y su automóvil.
Pero hasta este martes, los tribunales de Florida habían insistido en que antes de disparar contra un atacante potencial en un lugar público, primero era necesario intentar escapar.
Con la nueva legislación aprobada por la Cámara de Representantes de Florida, eso ya no es necesario.
Sin embargo, para que la ley entre en vigencia se necesita la firma del gobernador, Jeb Bush, y aunque el líder no ha indicado si la firmará, sus palabras no parecen dejar dudas: "Se trata de enfrentar la fuerza con la fuerza".
Lejano Oeste
Los críticos de este proyecto de ley son varios.
Algunos aseguran que es posible que llegue a Florida una actitud del Lejano Oeste.
El representante demócrata Dan Gelber dice que es irónico que los mismos conservadores que hablaban de la cultura de la vida en el caso de Terri Schiavo, aprueben ahora una ley que, según él, la devalúa.
Pero los partidarios de la legislación afirman que la proposición protege la vida de los inocentes y está dirigida a reducir el delito en Florida, uno de los estados más violentos de la nación, porque los criminales lo van a pensar dos veces antes de molestar a alguien en la calle.
Estados Unidos
Fuente: BBC
EX NOTITIA VICTORIA
EX PLURIBUS UNUM
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ZULU 031
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Crimen organizado
Una mafia emergente
El tráfico de documentos robados o falsificados rivaliza en ganancias con el narcotráfico y acecha el proceso de regularización de inmigrantes. Todos los implicados en el 11-M portaban pasaportes falsos.
Millones de personas abandonan anualmente sus países, emigran a terceros y necesitan documentación para cruzar fronteras y regularizarse en la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá. Parte de estos flujos migratorios depende de mafias que trafican con identidades falsas y certificados. Un pasaporte bien falsificado puede salir por 6.000 euros.
Los tres enmascarados que el pasado 7 de febrero asaltaron el Consulado español en Berna preguntaron directamente por la caja fuerte. "No sabemos si querían los pasaportes, los visados, el dinero, o las tres cosas", dice el diplomático Angel Vázquez, portavoz en la Dirección General de Comunicación Exterior. La policía española apenas duda: fundamentalmente, buscaban pasaportes y visados. Huyeron de vacío al no conseguir la clave de la caja, en poder de un funcionario de la embajada. Hace un año, otro grupo asaltó el consulado en São Paulo para robar 1.397 pasaportes en blanco y 682 etiquetas de visado y trucarlos. El tráfico de documentos falsificados, que también acecha el proceso de regularización de inmigrantes abierto en España en febrero, es un negocio de escala planetaria y ha llegado a ser casi tan lucrativo y corruptor como el narcotráfico. Hace pocos años, un estudio canadiense calculaba que generaba ganancias equivalentes a las de un cartel de Colombia. Hoy se han multiplicado porque el desplazamiento de personas desde su país a un tercero es masivo, mayoritariamente ilegal, y proclive a pagar por su legalización si no puede lograrla en las ventanillas oficiales.
30 millones de documentos
"La irregularidad conduce a la invisibilidad social y coloca al inmigrante en una situación de vulnerabilidad y explotación", según Carlos Giménez, profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Qué es la inmigración. Terroristas, delincuentes comunes y flujos migratorios de África, América Latina, Asia y del Este europeo requieren certificados de todo tipo. Cerca de 30 millones de documentos de identidad, robados o falsificados, circulan ilegalmente por todo el mundo, según Interpol. El banco de datos de este organismo nació en el año 2002 y almacena información sobre aproximadamente seis millones de ellos. Fuentes españolas precisan que cinco millones del total circulan por la Unión Europea.
El gran tráfico de documentos es controlado por multinacionales del delito que blanquean sus propios ingresos. Esas fraternidades del delito expiden tarjetas de residencia o de crédito, cartas de invitación, resoluciones, permisos de trabajo, certificados de penales, médicos, de buena conducta o carnés de conducir. Son documentos insuficientemente protegidos. Un buen equipo informático, una buena fotocopiadora y un sello fabricado en Quito o en Bucarest son, en ocasiones, herramientas suficientes para engañar a empleados de organismos administrativos escasamente adiestrados en la mecánica de las trampas.
"Todos los implicados en el 11-M portaban pasaportes falsos. Valen oro", subraya un jefe policial. Valen oro en el mercado negro, entre 5.000 y 6.000 euros, aquellos que, primorosamente adulterados, permiten la entrada en el área Schengen (España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia), son de imposible detección salvo con aparatos especiales. Las falsificaciones perfectas se venden fácilmente porque el comprador viajará por todo el mundo sin problemas y, además, franqueará cualquier proceso de regularización o de acreditación de identidad. Así, desde el año 2000, miles de irregulares fueron dados de alta en la Seguridad Social española con permisos de trabajo falsificados. "Sólo en Madrid, calculamos más de 100.000", asegura un inspector de la brigada de extranjería de la Comunidad de Madrid. Por uno de ellos llegó a pagarse 4.500 euros. Y el asesino del primer ministro serbio Zoran Djinjic, cometido en el año 2003, se movía libremente, de un país a otro, desde dos años antes con un pasaporte robado en 1999, según reveló en Madrid el director de los Servicios Policiales de Interpol, Jean Michel Lubotin.
La chapuza también tiene su mercado y un chorizo de la Gran Vía puede colocar un pasaporte a un inmigrante de patera por 500 euros o menos. Las legislaciones de casi todos los países son muy débiles a la hora de castigar el documento falso, contrariamente a la severidad contra el tráfico de heroína, cocaína, crack o de moneda. El tráfico de papeles no figura como delito en la mayoría de los códigos, y la falsificación se castiga únicamente con dos o tres años de cárcel. Esa benevolencia penal mortifica a los cuerpos de seguridad del Estado y obstaculiza la erradicación de mafias internacionales de estructura piramidal y ramificaciones locales. El Gobierno español trata de impedir su interferencia en el proceso de regulación, que finaliza en mayo. El número de irregulares se acerca al millón, según datos oficiales.
"Buena parte de la delincuencia internacional, incluido el terrorismo, se está financiando con documentos falsos", subraya Eduardo Rentero, jefe de la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, que dispone de equipos muy sofisticados para descubrir las trampas. Durante el año 2003, se incautaron en España 8.614 documentos falsificados, y el pasado año, 9.013, según datos oficiales. Otros miles habrán sorteado las batidas policiales y blanqueado a sus eventuales portadores, pues la cruzada contra el fraude es ardua y las mafias internacionales, asociadas con bandas locales, no cejan. Cuando se les cierra un centro abren otro. Los más importantes de todo el mundo funcionan en Bangkok.
Durante los dos últimos años, las policías española y tailandesa desarrollaron importantes operaciones contra esas redes clandestinas: contra cuatro fábricas de moneda y timbre de los malos, regentadas por chinos y malayos. Las grandes factorías de la falsificación tienen de todo: la materia prima, el papel y la tinta, los sistemas y medidas de seguridad de los pasaportes, los operarios, la maquinaria y un mercado. Sus capos cuentan con estructuras y profesionales bregados en el narcotráfico, y plantillas de captadores, pasadores e intermediarios. Compran y venden, llevan y traen, y contratan correos: las mulas del tráfico de estupefacientes. Un agente al mando de un grupo operativo español resume el trato: "La organización les encarga qué hacer: Vas a Bangkok y recoges 1.500 pasaportes: 300 franceses, 200 alemanes, 500 tal, 500 cual. Te van a pagar tanto y por ese viaje nosotros te vamos a dar 1.500 euros".
Las falsificaciones más frecuentes
Esos carteles utilizan también la paquetería postal. Cientos de miles de documentos circulan a diario a través del correo normal o urgente y el escrutinio de sacas, sobres y envoltorios es trabajoso. La cooperación de España con policías alemanes, franceses o británicos fue necesaria para interceptar paquetes con pasaportes en blanco o a la carta, es decir, con la identidad del comprador ya impresa. El negocio mueve mucho dinero, muchísimo. ¿Cuáles son las falsificaciones más frecuentes? En primer lugar, los documentos para cruzar las fronteras de la Unión Europea, pasaportes, visados y permisos de residencia, y después, los requeridos por los procesos nacionales de normalización de inmigrantes.
España pide el carné de identidad del extranjero, un contrato de trabajo expedido por el empleador y sendos certificados de penales y de empadronamiento.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calcula que cerca de 600.000 solicitarán la regularización. Pero el tiempo pasa, llegará mayo, y legiones con problemas para conseguirlos, entre ellos cerca de 10.000 indígenas andinos, artesanos por cuenta propia, tendrán la tentación de pagar a gánsteres. Los más desesperados estarán dispuestos a invertir el equivalente a su salario semestral promedio, en torno a los 4.000 euros, para comprar oficios amañados, susceptibles de evitar el quebranto de la repatriación forzosa.
"Ahora mismo es imposible la regularizacion con documentos falsos porque todo se comprueba en bancos de datos interconectados", afirma Félix Albertos, portavoz del Ministerio de Trabajo. No todos están tan seguros de que vaya a ser así. La banda liquidada en Navarra a principios de mes estaba formada por peruanos que engañaron a irregulares de esa misma nacionalidad ofreciéndoles fraudulentos contratos de trabajo a 3.500 euros cada uno. "He hecho mis cuentas y por 1.000 euros consigo todos los papeles", confiesa Héctor, un ilegal brasileño en una peluquería de Carabanchel, en cuya junta municipal se produjo un robo revelador: dos sellos utilizados para los certificados de empadronamiento.
Pero no todo es coser y cantar, porque la Administración también ha establecido sus cautelas, según advierte Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. "Durante la normalización detectamos que la mafia estaba poniéndose en el mercado de compra-venta de contratos".
Las luces rojas del sistema
La primera alarma se activa, según explica la secretaria de Estado, cuando una empresa no dada de alta en la Seguridad Social, y al día con sus obligaciones, propone la legalización de un inmigrante con un contrato de trabajo. "¿Por qué salta la alarma? Pues porque quien pasa por el primer filtro es la empresa. Si todo está correcto en la empresa, continúa el proceso". Después, a través de los registros suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprueba que el certificado procede realmente del ayuntamiento que lo ha emitido. "Si no, salta otra luz roja", agrega Rumí.
La convalidación del certificado de antecedentes penales emitido en origen pasa por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el cotejo de las firmas de los funcionarios extranjeros acreditados para expedirlo. Un certificado de la policía ecuatoriana, colombiana o de otro país tiene que pasar por el Ministerio de Exteriores de aquel país para evitar connivencias. "Y luego, de oficio, nosotros comprobamos que el inmigrante no tiene antecedentes penales en nuestro país", precisa Consuelo Rumí. Preocupa a las autoridades la corrupción en naciones donde la venta de carnés y certificados es habitual. "¿Está usted interesado en una licenciatura por una universidad marroquí?", ironiza un funcionario que cumplió destino en Rabat. "Hablo con una gente de Ceuta y son 100.000 pelas".
No obstante, el ministro consejero de la Embajada de Marruecos en Madrid, Fouad Yazourh, califica de "habladurías sin fundamento ni pruebas" ese tipo de imputaciones. Los antecedentes penales, según afirma, son imposibles de falsificar. "Están expedidos por un ordenador central de la Dirección General de Seguridad Nacional". Portavoces del Ministerio del Interior español admiten que, efectivamente, no es uno de los documentos donde se observen falsificaciones: "Es más frecuente en los pasaportes y en los carnés de identidad". El colectivo marroquí en España se acerca a las 370.000 personas y se han despachado cerca de 100.000 certificados de penales.
Pero el dinero mueve montañas y expedientes. Los siete inmigrantes marroquíes detenidos el pasado día 8 en Alicante escondían los útiles para ello: un tampón de autenticación judicial, sellos del Registro Civil y de distintas empresas y réplicas con estampaciones de la Diputación de Alicante. Una sucesión de fotocopias alteraban datos, firmas originales y fotografías y suplantaban nóminas y personalidades.
Las manipulaciones permitían la renovación de permisos de residencia, el acceso a prestaciones de la Seguridad Social, el cobro de baja por accidente y la obtención de créditos hipotecarios.
Pedro Zerolo, responsable de inmigración en la ejecutiva del PSOE, descarta que la falsificación vaya a ser "un elemento fundamental" en el proceso de regularización de inmigrantes, porque hay reglamento que lo regula. "Eso sí, tenemos que ser muy exigentes en las comprobaciones". El fenómeno ya existía, pero ahora aflora al vincularse la estancia en España al contrato de trabajo. "Justamente es lo que pretendíamos: sacar todo lo que había a nivel de economía sumergida y todas las mafias relacionadas".
El estigma de Chamba Jaramillo
Para María Ángeles Muñoz, portavoz de asuntos migratorios del Partido Popular, ha habido mucha improvisación. El proceso de de regularización, según sus pronósticos, difícilmente conseguirá la regularización de 800.000 personas, poner el contador a cero, terminar con la inmigración irregular y el afloramiento del empleo sumergido en los niveles pretendidos. "Además ha habido falsificaciones y venta de contratos o el hecho de que una misma persona aparezca inscrita cinco veces en Seguridad Social", añade, "y eso ya se puso encima de la mesa desde el principio". Las irregularidades comienzan en los países de procedencia. Ecuador, la primera comunidad extranjera en España con cerca de medio millón de intregrantes, una de las menos conflictivas, carga con el estigma de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, detenido el pasado mes de diciembre por el asesinato de la joven catalana María Isabel Bascuñana, estudiante de Derecho. No se trata de un caso de falsificación, sino de doloso abandono de las responsabilidades oficiales, una auténtica lacra en las naciones de emigrantes. Para España, aquel carecía de antecedentes penales, según el certificado número 1840724, expedido en papel timbrado el 23 de junio del año 2003 por la Policía Nacional de Ecuador. Chamba Jaramillo, sin embargo, había violado y matado a ocho mujeres en Ecuador.
Este país autoriza la eliminación de antecedentes del reo previo informe favorable de la prisión donde cumplió la pena, examen psicológico, determinado plazo y otras garantías. "De haberse cumplido esos requisitos no hubiera sido posible limpiar su récord policial", admite un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Su embajador en Madrid, Francisco Carrión, subraya que el colectivo de compatriotas no ha causado colapsos, ni grandes problemas, "entre otras razones, porque han tenido trabajo y por la acogida de la afinidad".
Otras nacionalidades suscitan muchos más recelos. No obstante, la continuada entrada de extranjeros en España, el 80% a través de los Pirineos, y casi todos precariamente documentados o investigados, es asunto grave. Rodrigo Gavilán, portavoz de inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP), niega cualquier intención política en sus críticas, pero incide en un aspecto a tener en cuenta: un argelino, por poner un ejemplo, puede demostrar que no tiene antecedentes penales ni en España ni Argelia, pero resulta que ha cumplido 16 años de cárcel en Francia por un delito de sangre. Serán regularizados numerosos extranjeros con causas judiciales pendientes "porque aunque ahora mismo no tienen antecedentes penales, el 3% o el 4% de los residentes en España tiene pendiente juicio y eventual condena", según ese delegado sindical. "Estamos hablando de más de 30.000 con causas judiciales si se regulariza a 800.000 inmigrantes".
Irregulares de Marruecos, Argelia, Nigeria y el resto de África encabezan la clasificación de detenidos. Más de 120.000 de diferentes nacionalidades fueron repatriados el pasado año, y más de 10.000 en lo que va de año, según datos oficiales. Las redes clandestinas acuden en ayuda de quienes consiguen quedarse. Algunas mafias chinas son imaginativas en origen y aprovechan la ingenuidad de las empresas españolas, francesas o belgas para colar a clientes suyos en España, que aprobó cerca de 21.000 visados a ciudadanos chinos para visitar España. Muy pocos, en comparación con Alemania, 168.000, y Francia, 170.000 visados. Se calcula que en torno al 3% de los beneficiarios se queda ilegalmente en la Unión Europa. Datos aportados por agentes policiales y corroborados por fuentes diplomáticas permiten reconstruir algunas de las maquinaciones urdidas para hacerse con el permiso de entrada en España.
El cebo de un buen negocio
El papeleo comienza así: una supuesta compañía china se pone en contacto con otra española que promociona sus productos por Internet. Los chinos envían un e-mail, o varios, identificándose como gente del mismo sector. Piden más y más información y manifiestan su disposición a una compra millonaria. El cebo anima a la empresa española.
Tras un nuevo cruce de correos, los chinos abordan los precios, que regatearán lo justo para no descubrir el embauque. Poco después, expresan su deseo de viajar a España. La petición se redacta en términos parecidos a éstos: "Una delegación de la empresa, encabeza por nuestro presidente, el director general, el mánager y los siguientes empleados... estaría interesada en visitar las instalaciones de su empresa para concretar el pedido". Puede ser una comitiva de once personas que en cuanto aterrice en Barajas se integrará en la maraña de la ilegalidad.
El careo consular con los empresarios puede demostrar que portan certificados, obviamente falsificados, ya que nada saben sobre lo que supuestamente van a comprar. Otros acuden con la lección bien aprendida y documentos auténticos adquiridos previo soborno de funcionarios..
"Pero lo que de verdad nos debe preocupar", avisa un funcionario español, "es que en las fronteras de los países del Este europeo hay 20 millones de chinos intentando entrar en la Europa comunitaria".
Fuente: Belt
Una mafia emergente
El tráfico de documentos robados o falsificados rivaliza en ganancias con el narcotráfico y acecha el proceso de regularización de inmigrantes. Todos los implicados en el 11-M portaban pasaportes falsos.
Millones de personas abandonan anualmente sus países, emigran a terceros y necesitan documentación para cruzar fronteras y regularizarse en la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá. Parte de estos flujos migratorios depende de mafias que trafican con identidades falsas y certificados. Un pasaporte bien falsificado puede salir por 6.000 euros.
Los tres enmascarados que el pasado 7 de febrero asaltaron el Consulado español en Berna preguntaron directamente por la caja fuerte. "No sabemos si querían los pasaportes, los visados, el dinero, o las tres cosas", dice el diplomático Angel Vázquez, portavoz en la Dirección General de Comunicación Exterior. La policía española apenas duda: fundamentalmente, buscaban pasaportes y visados. Huyeron de vacío al no conseguir la clave de la caja, en poder de un funcionario de la embajada. Hace un año, otro grupo asaltó el consulado en São Paulo para robar 1.397 pasaportes en blanco y 682 etiquetas de visado y trucarlos. El tráfico de documentos falsificados, que también acecha el proceso de regularización de inmigrantes abierto en España en febrero, es un negocio de escala planetaria y ha llegado a ser casi tan lucrativo y corruptor como el narcotráfico. Hace pocos años, un estudio canadiense calculaba que generaba ganancias equivalentes a las de un cartel de Colombia. Hoy se han multiplicado porque el desplazamiento de personas desde su país a un tercero es masivo, mayoritariamente ilegal, y proclive a pagar por su legalización si no puede lograrla en las ventanillas oficiales.
30 millones de documentos
"La irregularidad conduce a la invisibilidad social y coloca al inmigrante en una situación de vulnerabilidad y explotación", según Carlos Giménez, profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Qué es la inmigración. Terroristas, delincuentes comunes y flujos migratorios de África, América Latina, Asia y del Este europeo requieren certificados de todo tipo. Cerca de 30 millones de documentos de identidad, robados o falsificados, circulan ilegalmente por todo el mundo, según Interpol. El banco de datos de este organismo nació en el año 2002 y almacena información sobre aproximadamente seis millones de ellos. Fuentes españolas precisan que cinco millones del total circulan por la Unión Europea.
El gran tráfico de documentos es controlado por multinacionales del delito que blanquean sus propios ingresos. Esas fraternidades del delito expiden tarjetas de residencia o de crédito, cartas de invitación, resoluciones, permisos de trabajo, certificados de penales, médicos, de buena conducta o carnés de conducir. Son documentos insuficientemente protegidos. Un buen equipo informático, una buena fotocopiadora y un sello fabricado en Quito o en Bucarest son, en ocasiones, herramientas suficientes para engañar a empleados de organismos administrativos escasamente adiestrados en la mecánica de las trampas.
"Todos los implicados en el 11-M portaban pasaportes falsos. Valen oro", subraya un jefe policial. Valen oro en el mercado negro, entre 5.000 y 6.000 euros, aquellos que, primorosamente adulterados, permiten la entrada en el área Schengen (España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia), son de imposible detección salvo con aparatos especiales. Las falsificaciones perfectas se venden fácilmente porque el comprador viajará por todo el mundo sin problemas y, además, franqueará cualquier proceso de regularización o de acreditación de identidad. Así, desde el año 2000, miles de irregulares fueron dados de alta en la Seguridad Social española con permisos de trabajo falsificados. "Sólo en Madrid, calculamos más de 100.000", asegura un inspector de la brigada de extranjería de la Comunidad de Madrid. Por uno de ellos llegó a pagarse 4.500 euros. Y el asesino del primer ministro serbio Zoran Djinjic, cometido en el año 2003, se movía libremente, de un país a otro, desde dos años antes con un pasaporte robado en 1999, según reveló en Madrid el director de los Servicios Policiales de Interpol, Jean Michel Lubotin.
La chapuza también tiene su mercado y un chorizo de la Gran Vía puede colocar un pasaporte a un inmigrante de patera por 500 euros o menos. Las legislaciones de casi todos los países son muy débiles a la hora de castigar el documento falso, contrariamente a la severidad contra el tráfico de heroína, cocaína, crack o de moneda. El tráfico de papeles no figura como delito en la mayoría de los códigos, y la falsificación se castiga únicamente con dos o tres años de cárcel. Esa benevolencia penal mortifica a los cuerpos de seguridad del Estado y obstaculiza la erradicación de mafias internacionales de estructura piramidal y ramificaciones locales. El Gobierno español trata de impedir su interferencia en el proceso de regulación, que finaliza en mayo. El número de irregulares se acerca al millón, según datos oficiales.
"Buena parte de la delincuencia internacional, incluido el terrorismo, se está financiando con documentos falsos", subraya Eduardo Rentero, jefe de la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, que dispone de equipos muy sofisticados para descubrir las trampas. Durante el año 2003, se incautaron en España 8.614 documentos falsificados, y el pasado año, 9.013, según datos oficiales. Otros miles habrán sorteado las batidas policiales y blanqueado a sus eventuales portadores, pues la cruzada contra el fraude es ardua y las mafias internacionales, asociadas con bandas locales, no cejan. Cuando se les cierra un centro abren otro. Los más importantes de todo el mundo funcionan en Bangkok.
Durante los dos últimos años, las policías española y tailandesa desarrollaron importantes operaciones contra esas redes clandestinas: contra cuatro fábricas de moneda y timbre de los malos, regentadas por chinos y malayos. Las grandes factorías de la falsificación tienen de todo: la materia prima, el papel y la tinta, los sistemas y medidas de seguridad de los pasaportes, los operarios, la maquinaria y un mercado. Sus capos cuentan con estructuras y profesionales bregados en el narcotráfico, y plantillas de captadores, pasadores e intermediarios. Compran y venden, llevan y traen, y contratan correos: las mulas del tráfico de estupefacientes. Un agente al mando de un grupo operativo español resume el trato: "La organización les encarga qué hacer: Vas a Bangkok y recoges 1.500 pasaportes: 300 franceses, 200 alemanes, 500 tal, 500 cual. Te van a pagar tanto y por ese viaje nosotros te vamos a dar 1.500 euros".
Las falsificaciones más frecuentes
Esos carteles utilizan también la paquetería postal. Cientos de miles de documentos circulan a diario a través del correo normal o urgente y el escrutinio de sacas, sobres y envoltorios es trabajoso. La cooperación de España con policías alemanes, franceses o británicos fue necesaria para interceptar paquetes con pasaportes en blanco o a la carta, es decir, con la identidad del comprador ya impresa. El negocio mueve mucho dinero, muchísimo. ¿Cuáles son las falsificaciones más frecuentes? En primer lugar, los documentos para cruzar las fronteras de la Unión Europea, pasaportes, visados y permisos de residencia, y después, los requeridos por los procesos nacionales de normalización de inmigrantes.
España pide el carné de identidad del extranjero, un contrato de trabajo expedido por el empleador y sendos certificados de penales y de empadronamiento.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calcula que cerca de 600.000 solicitarán la regularización. Pero el tiempo pasa, llegará mayo, y legiones con problemas para conseguirlos, entre ellos cerca de 10.000 indígenas andinos, artesanos por cuenta propia, tendrán la tentación de pagar a gánsteres. Los más desesperados estarán dispuestos a invertir el equivalente a su salario semestral promedio, en torno a los 4.000 euros, para comprar oficios amañados, susceptibles de evitar el quebranto de la repatriación forzosa.
"Ahora mismo es imposible la regularizacion con documentos falsos porque todo se comprueba en bancos de datos interconectados", afirma Félix Albertos, portavoz del Ministerio de Trabajo. No todos están tan seguros de que vaya a ser así. La banda liquidada en Navarra a principios de mes estaba formada por peruanos que engañaron a irregulares de esa misma nacionalidad ofreciéndoles fraudulentos contratos de trabajo a 3.500 euros cada uno. "He hecho mis cuentas y por 1.000 euros consigo todos los papeles", confiesa Héctor, un ilegal brasileño en una peluquería de Carabanchel, en cuya junta municipal se produjo un robo revelador: dos sellos utilizados para los certificados de empadronamiento.
Pero no todo es coser y cantar, porque la Administración también ha establecido sus cautelas, según advierte Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. "Durante la normalización detectamos que la mafia estaba poniéndose en el mercado de compra-venta de contratos".
Las luces rojas del sistema
La primera alarma se activa, según explica la secretaria de Estado, cuando una empresa no dada de alta en la Seguridad Social, y al día con sus obligaciones, propone la legalización de un inmigrante con un contrato de trabajo. "¿Por qué salta la alarma? Pues porque quien pasa por el primer filtro es la empresa. Si todo está correcto en la empresa, continúa el proceso". Después, a través de los registros suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprueba que el certificado procede realmente del ayuntamiento que lo ha emitido. "Si no, salta otra luz roja", agrega Rumí.
La convalidación del certificado de antecedentes penales emitido en origen pasa por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el cotejo de las firmas de los funcionarios extranjeros acreditados para expedirlo. Un certificado de la policía ecuatoriana, colombiana o de otro país tiene que pasar por el Ministerio de Exteriores de aquel país para evitar connivencias. "Y luego, de oficio, nosotros comprobamos que el inmigrante no tiene antecedentes penales en nuestro país", precisa Consuelo Rumí. Preocupa a las autoridades la corrupción en naciones donde la venta de carnés y certificados es habitual. "¿Está usted interesado en una licenciatura por una universidad marroquí?", ironiza un funcionario que cumplió destino en Rabat. "Hablo con una gente de Ceuta y son 100.000 pelas".
No obstante, el ministro consejero de la Embajada de Marruecos en Madrid, Fouad Yazourh, califica de "habladurías sin fundamento ni pruebas" ese tipo de imputaciones. Los antecedentes penales, según afirma, son imposibles de falsificar. "Están expedidos por un ordenador central de la Dirección General de Seguridad Nacional". Portavoces del Ministerio del Interior español admiten que, efectivamente, no es uno de los documentos donde se observen falsificaciones: "Es más frecuente en los pasaportes y en los carnés de identidad". El colectivo marroquí en España se acerca a las 370.000 personas y se han despachado cerca de 100.000 certificados de penales.
Pero el dinero mueve montañas y expedientes. Los siete inmigrantes marroquíes detenidos el pasado día 8 en Alicante escondían los útiles para ello: un tampón de autenticación judicial, sellos del Registro Civil y de distintas empresas y réplicas con estampaciones de la Diputación de Alicante. Una sucesión de fotocopias alteraban datos, firmas originales y fotografías y suplantaban nóminas y personalidades.
Las manipulaciones permitían la renovación de permisos de residencia, el acceso a prestaciones de la Seguridad Social, el cobro de baja por accidente y la obtención de créditos hipotecarios.
Pedro Zerolo, responsable de inmigración en la ejecutiva del PSOE, descarta que la falsificación vaya a ser "un elemento fundamental" en el proceso de regularización de inmigrantes, porque hay reglamento que lo regula. "Eso sí, tenemos que ser muy exigentes en las comprobaciones". El fenómeno ya existía, pero ahora aflora al vincularse la estancia en España al contrato de trabajo. "Justamente es lo que pretendíamos: sacar todo lo que había a nivel de economía sumergida y todas las mafias relacionadas".
El estigma de Chamba Jaramillo
Para María Ángeles Muñoz, portavoz de asuntos migratorios del Partido Popular, ha habido mucha improvisación. El proceso de de regularización, según sus pronósticos, difícilmente conseguirá la regularización de 800.000 personas, poner el contador a cero, terminar con la inmigración irregular y el afloramiento del empleo sumergido en los niveles pretendidos. "Además ha habido falsificaciones y venta de contratos o el hecho de que una misma persona aparezca inscrita cinco veces en Seguridad Social", añade, "y eso ya se puso encima de la mesa desde el principio". Las irregularidades comienzan en los países de procedencia. Ecuador, la primera comunidad extranjera en España con cerca de medio millón de intregrantes, una de las menos conflictivas, carga con el estigma de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, detenido el pasado mes de diciembre por el asesinato de la joven catalana María Isabel Bascuñana, estudiante de Derecho. No se trata de un caso de falsificación, sino de doloso abandono de las responsabilidades oficiales, una auténtica lacra en las naciones de emigrantes. Para España, aquel carecía de antecedentes penales, según el certificado número 1840724, expedido en papel timbrado el 23 de junio del año 2003 por la Policía Nacional de Ecuador. Chamba Jaramillo, sin embargo, había violado y matado a ocho mujeres en Ecuador.
Este país autoriza la eliminación de antecedentes del reo previo informe favorable de la prisión donde cumplió la pena, examen psicológico, determinado plazo y otras garantías. "De haberse cumplido esos requisitos no hubiera sido posible limpiar su récord policial", admite un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Su embajador en Madrid, Francisco Carrión, subraya que el colectivo de compatriotas no ha causado colapsos, ni grandes problemas, "entre otras razones, porque han tenido trabajo y por la acogida de la afinidad".
Otras nacionalidades suscitan muchos más recelos. No obstante, la continuada entrada de extranjeros en España, el 80% a través de los Pirineos, y casi todos precariamente documentados o investigados, es asunto grave. Rodrigo Gavilán, portavoz de inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP), niega cualquier intención política en sus críticas, pero incide en un aspecto a tener en cuenta: un argelino, por poner un ejemplo, puede demostrar que no tiene antecedentes penales ni en España ni Argelia, pero resulta que ha cumplido 16 años de cárcel en Francia por un delito de sangre. Serán regularizados numerosos extranjeros con causas judiciales pendientes "porque aunque ahora mismo no tienen antecedentes penales, el 3% o el 4% de los residentes en España tiene pendiente juicio y eventual condena", según ese delegado sindical. "Estamos hablando de más de 30.000 con causas judiciales si se regulariza a 800.000 inmigrantes".
Irregulares de Marruecos, Argelia, Nigeria y el resto de África encabezan la clasificación de detenidos. Más de 120.000 de diferentes nacionalidades fueron repatriados el pasado año, y más de 10.000 en lo que va de año, según datos oficiales. Las redes clandestinas acuden en ayuda de quienes consiguen quedarse. Algunas mafias chinas son imaginativas en origen y aprovechan la ingenuidad de las empresas españolas, francesas o belgas para colar a clientes suyos en España, que aprobó cerca de 21.000 visados a ciudadanos chinos para visitar España. Muy pocos, en comparación con Alemania, 168.000, y Francia, 170.000 visados. Se calcula que en torno al 3% de los beneficiarios se queda ilegalmente en la Unión Europa. Datos aportados por agentes policiales y corroborados por fuentes diplomáticas permiten reconstruir algunas de las maquinaciones urdidas para hacerse con el permiso de entrada en España.
El cebo de un buen negocio
El papeleo comienza así: una supuesta compañía china se pone en contacto con otra española que promociona sus productos por Internet. Los chinos envían un e-mail, o varios, identificándose como gente del mismo sector. Piden más y más información y manifiestan su disposición a una compra millonaria. El cebo anima a la empresa española.
Tras un nuevo cruce de correos, los chinos abordan los precios, que regatearán lo justo para no descubrir el embauque. Poco después, expresan su deseo de viajar a España. La petición se redacta en términos parecidos a éstos: "Una delegación de la empresa, encabeza por nuestro presidente, el director general, el mánager y los siguientes empleados... estaría interesada en visitar las instalaciones de su empresa para concretar el pedido". Puede ser una comitiva de once personas que en cuanto aterrice en Barajas se integrará en la maraña de la ilegalidad.
El careo consular con los empresarios puede demostrar que portan certificados, obviamente falsificados, ya que nada saben sobre lo que supuestamente van a comprar. Otros acuden con la lección bien aprendida y documentos auténticos adquiridos previo soborno de funcionarios..
"Pero lo que de verdad nos debe preocupar", avisa un funcionario español, "es que en las fronteras de los países del Este europeo hay 20 millones de chinos intentando entrar en la Europa comunitaria".
Fuente: Belt
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EL CONFIDENTE
Pluriempleo en la Guardia Civil: por la noche se afanan en capturar a peligrosos terroristas; por el día hacen de camareros para los ministros de ZP
http://www.elconfidencial.com/elconfide ... ce_hoy.asp
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La Guardia Civil se beneficiará de las mismas mejoras salariales que la Policía
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac48186.htm
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Opinión de Interpol
Consideran a España paraíso de mafias
España ya es el paraíso de las mafias de delincuentes. Así se desprende de sendos informes elaborados por la Policía y la Fiscalía General del Estado. La última memoria de Europol sobre el crimen organizado revela que la `mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España´.
La situación comienza a ser preocupante y la oficina del fiscal general en España advierte de la llegada de muchos grupos más en los próximos años, con la explotación de inmigrantes como fuente de negocio principal.
La última memoria de Europol sobre el crimen organizado revela que la "mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España". El motivo principal es que nuestro país es el portón de entrada de la droga en el continente. Pero hay más. La eliminación de fronteras, buenas condiciones meteorológicas, calidad de vida por encima de la media europea, tranquilidad, posibilidades de inversión, poder pasar desapercibidos entre la gran cantidad de turistas extranjeros y cierta permisividad con los inmigrantes han provocado un efecto llamada al que ha sabido responder también la delincuencia organizada.
Inicialmente se pensaba casi exclusivamente en el tráfico de drogas, al ser España la puerta de entrada a Europa de hachís y cocaína, pero lo cierto es que, actualmente, la cantidad que mueven los estupefacientes es muy inferior a la que genera el tráfico de personas, por lo que, según la Europol, "las actividades están cambiando".
Fuentes de la Fiscalía General explican que los fiscales antimafia "coordinarán a la Policía para dar una respuesta eficaz al incremento del bandas que se espera en un futuro próximo". Entretanto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un panorama de 542 bandas organizadas para el crimen, según un informe de la Policía Judicial. Para hacer frente a esta amenaza, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes, como la creación de las Fiscalías Especiales Antimafia y la puesta en marcha de unidades especiales de agentes de elite. Un buen ejemplo de su funcionamiento se pudo apreciar en el desarrollo de la operación Ballena Blanca, en Marbella.
De las 542 mafias detectadas en España, más de una cuarta parte están establecidas en Madrid, donde también tienen su base de operaciones un 70 por ciento de estas redes. Según la Jefatura de Policía, son unos 160 grupos que se dedican a todo tipo de delitos: extorsión, tráfico de seres humanos, blanqueo de capitales, robos...
La estadística revela, además, que Madrid también es la capital de las desarticulaciones. De hecho, en 2003, se detuvo a 537 presuntos integrantes de al menos 74 bandas, cifras que apenas se redujeron en 2004.
Grupos operativos en Galicia
Las fuerzas policiales investigaron durante el año pasado en Galicia a 63 grupos organizados, lo que representa un 13 por ciento del total nacional. Los resultados indican que el crimen organizado en la comunidad gallega no es fenómeno alarmante, aunque preocupa el hecho de que las estimaciones de las autoridades apunten a un crecimiento a corto plazo. De las 63 bandas, 31 estaban instaladas en Pontevedra, 17 en A Coruña, 10 en Lugo y 5 en Ourense. Suelen ser grupos mixtos formados por individuos de varias nacionalidades, entre los que destacan colombianos, marroquíes y turcos.
Las actividades más frecuentes en Galicia son, en orden de preferencia, el tráfico de drogas, blaqueo de capitales, atracos, tráfico de seres humanos, prostitución, comercio de armas y tráfico de coches robados.
Paralelamente, se detectaron grupos organizados que visitaron Galicia para delinquir, sobre todo albanokosovares, especialistas en practicar butrones en los polígonos industriales, y rumanos, expertos en clonar tarjetas de crédito.
Consideran a España paraíso de mafias
España ya es el paraíso de las mafias de delincuentes. Así se desprende de sendos informes elaborados por la Policía y la Fiscalía General del Estado. La última memoria de Europol sobre el crimen organizado revela que la `mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España´.
La situación comienza a ser preocupante y la oficina del fiscal general en España advierte de la llegada de muchos grupos más en los próximos años, con la explotación de inmigrantes como fuente de negocio principal.
La última memoria de Europol sobre el crimen organizado revela que la "mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España". El motivo principal es que nuestro país es el portón de entrada de la droga en el continente. Pero hay más. La eliminación de fronteras, buenas condiciones meteorológicas, calidad de vida por encima de la media europea, tranquilidad, posibilidades de inversión, poder pasar desapercibidos entre la gran cantidad de turistas extranjeros y cierta permisividad con los inmigrantes han provocado un efecto llamada al que ha sabido responder también la delincuencia organizada.
Inicialmente se pensaba casi exclusivamente en el tráfico de drogas, al ser España la puerta de entrada a Europa de hachís y cocaína, pero lo cierto es que, actualmente, la cantidad que mueven los estupefacientes es muy inferior a la que genera el tráfico de personas, por lo que, según la Europol, "las actividades están cambiando".
Fuentes de la Fiscalía General explican que los fiscales antimafia "coordinarán a la Policía para dar una respuesta eficaz al incremento del bandas que se espera en un futuro próximo". Entretanto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un panorama de 542 bandas organizadas para el crimen, según un informe de la Policía Judicial. Para hacer frente a esta amenaza, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes, como la creación de las Fiscalías Especiales Antimafia y la puesta en marcha de unidades especiales de agentes de elite. Un buen ejemplo de su funcionamiento se pudo apreciar en el desarrollo de la operación Ballena Blanca, en Marbella.
De las 542 mafias detectadas en España, más de una cuarta parte están establecidas en Madrid, donde también tienen su base de operaciones un 70 por ciento de estas redes. Según la Jefatura de Policía, son unos 160 grupos que se dedican a todo tipo de delitos: extorsión, tráfico de seres humanos, blanqueo de capitales, robos...
La estadística revela, además, que Madrid también es la capital de las desarticulaciones. De hecho, en 2003, se detuvo a 537 presuntos integrantes de al menos 74 bandas, cifras que apenas se redujeron en 2004.
Grupos operativos en Galicia
Las fuerzas policiales investigaron durante el año pasado en Galicia a 63 grupos organizados, lo que representa un 13 por ciento del total nacional. Los resultados indican que el crimen organizado en la comunidad gallega no es fenómeno alarmante, aunque preocupa el hecho de que las estimaciones de las autoridades apunten a un crecimiento a corto plazo. De las 63 bandas, 31 estaban instaladas en Pontevedra, 17 en A Coruña, 10 en Lugo y 5 en Ourense. Suelen ser grupos mixtos formados por individuos de varias nacionalidades, entre los que destacan colombianos, marroquíes y turcos.
Las actividades más frecuentes en Galicia son, en orden de preferencia, el tráfico de drogas, blaqueo de capitales, atracos, tráfico de seres humanos, prostitución, comercio de armas y tráfico de coches robados.
Paralelamente, se detectaron grupos organizados que visitaron Galicia para delinquir, sobre todo albanokosovares, especialistas en practicar butrones en los polígonos industriales, y rumanos, expertos en clonar tarjetas de crédito.
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El PSOE insiste en desmilitarizar la Guardia Civil y su director dice que no es necesario
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac49190.htm
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Alonso inaugurará el Congreso del SUP, que pedirá la absorción de la Guardia Civil por la Policía
http://www.abc.es/abc/pg050422/prensa/n ... AC-026.asp
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Las parejas de la GC ya no son como las de antes ...... ni se llevan igual de bien.
http://actualidad.terra.es/sucesos/arti ... 283495.htm
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De la comunidad israelita de Melilla
- F.R de Miranda
http://es-israel.org/modules.php?name=N ... e&sid=2256
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GEO tiene poco más de la mitad de los hombres que necesita
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac52941.htm
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saludos cya:
el mundo 11/05/05
YA EN ANDALUCÍA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
La Guardia Civil proyecta ampliar el Sistema de Vigilancia del Estrecho a Murcia y Comunidad Valenciana
EFE
Patera interceptada esta madrugada en Tarifa. (Foto: EFE)
A D E M Á S ...
Las rutas de las pateras y el SIVE
NOTICIAS RELACIONADAS
ALICANTE.- La Guardia Civil proyecta ampliar el sistema integral de vigilancia del Estrecho de Gibraltar (SIVE) a las costas de Murcia, Comunidad Valenciana y resto del Mediterráneo español al observar que las organizaciones de tráfico ilícito de personas y drogas desplazan su actividad hacia el norte.
Así lo expresó a los periodistas el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Díez Ticio en la inauguración del seminario "La cooperación de los servicios marítimos policiales y aduaneros", que se celebra en Alicante y en el que participan representantes de 22 países de la UE y delegados de Europol.
El teniente coronel recordó que el SIVE está implantado en toda la costa andaluza, Ceuta, Melilla y las Canarias, y añadió que su despliegue es "costoso", ya que supone el desembolso de 232 millones de euros para el periodo 2000-2008 (32 de ellos en el ejercicio 2004).
Gracias a los modernos sistemas técnicos que contempla, indicó que, hasta el momento, ha permitido "resolver" la amenaza de las organizaciones criminales que operaban en las costas que circundan el Estrecho.
Sin embargo, según el responsable de la Guardia Civil, los sistemas que usan las bandas ilegales cambian y van por delante de las medidas preventivas de las fuerzas policiales. Explicó que "ese blindaje de la frontera sur" ha obligado a las organizaciones delictivas de tráfico de drogas y de personas a "intentar evadirlo" desplazándose "hacia el Mediterráneo y las costas atlánticas de Portugal", ya que son zonas "que no están cubiertas por este sistema".
Además, últimamente las bandas de tráfico de inmigrantes usan barcos mayores para repartir en alta mar a las personas en embarcaciones más pequeñas antes de llegar a la costa y añadió que se han detectado avionetas desde el norte de Africa que se dirigen a Europa con hachís, sustancia de la que el pasado año se decomisaron en España 700 toneladas.
El teniente coronel admitió que la "idea" del instituto armado es extender este operativo SIVE "a todas las comandancias costeras" para afrontar este desplazamiento desde el sur incluso hasta las playas de Tarragona, aunque precisó que eso "depende de los presupuestos" y de la decisión política.
Por ello, consideró que aunque provincias como la de Alicante inicialmente no están incluidas en el SIVE, "en un futuro no muy lejano sí" pasarán a estarlo.
En el transcurso del seminario en Alicante, Díez Ticio ofreció a los representantes policiales de 22 países de la UE y de la Europol algunas de las características del SIVE y del servicio marítimo de la Guardia Civil.
Confió en que este encuentro internacional contribuya a crear una "unidad de doctrina" entre todos los países, y puso de manifiesto que las conclusiones serán remitidas a la Comisión Europea.
el mundo 11/05/05
YA EN ANDALUCÍA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
La Guardia Civil proyecta ampliar el Sistema de Vigilancia del Estrecho a Murcia y Comunidad Valenciana
EFE
Patera interceptada esta madrugada en Tarifa. (Foto: EFE)
A D E M Á S ...
Las rutas de las pateras y el SIVE
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ALICANTE.- La Guardia Civil proyecta ampliar el sistema integral de vigilancia del Estrecho de Gibraltar (SIVE) a las costas de Murcia, Comunidad Valenciana y resto del Mediterráneo español al observar que las organizaciones de tráfico ilícito de personas y drogas desplazan su actividad hacia el norte.
Así lo expresó a los periodistas el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Díez Ticio en la inauguración del seminario "La cooperación de los servicios marítimos policiales y aduaneros", que se celebra en Alicante y en el que participan representantes de 22 países de la UE y delegados de Europol.
El teniente coronel recordó que el SIVE está implantado en toda la costa andaluza, Ceuta, Melilla y las Canarias, y añadió que su despliegue es "costoso", ya que supone el desembolso de 232 millones de euros para el periodo 2000-2008 (32 de ellos en el ejercicio 2004).
Gracias a los modernos sistemas técnicos que contempla, indicó que, hasta el momento, ha permitido "resolver" la amenaza de las organizaciones criminales que operaban en las costas que circundan el Estrecho.
Sin embargo, según el responsable de la Guardia Civil, los sistemas que usan las bandas ilegales cambian y van por delante de las medidas preventivas de las fuerzas policiales. Explicó que "ese blindaje de la frontera sur" ha obligado a las organizaciones delictivas de tráfico de drogas y de personas a "intentar evadirlo" desplazándose "hacia el Mediterráneo y las costas atlánticas de Portugal", ya que son zonas "que no están cubiertas por este sistema".
Además, últimamente las bandas de tráfico de inmigrantes usan barcos mayores para repartir en alta mar a las personas en embarcaciones más pequeñas antes de llegar a la costa y añadió que se han detectado avionetas desde el norte de Africa que se dirigen a Europa con hachís, sustancia de la que el pasado año se decomisaron en España 700 toneladas.
El teniente coronel admitió que la "idea" del instituto armado es extender este operativo SIVE "a todas las comandancias costeras" para afrontar este desplazamiento desde el sur incluso hasta las playas de Tarragona, aunque precisó que eso "depende de los presupuestos" y de la decisión política.
Por ello, consideró que aunque provincias como la de Alicante inicialmente no están incluidas en el SIVE, "en un futuro no muy lejano sí" pasarán a estarlo.
En el transcurso del seminario en Alicante, Díez Ticio ofreció a los representantes policiales de 22 países de la UE y de la Europol algunas de las características del SIVE y del servicio marítimo de la Guardia Civil.
Confió en que este encuentro internacional contribuya a crear una "unidad de doctrina" entre todos los países, y puso de manifiesto que las conclusiones serán remitidas a la Comisión Europea.
Servir hasta morir
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CEOE pide a los partidos que no rompan sino que refuercen la «unidad de la nación»
La CEOE pidió ayer «prudencia» y el mayor consenso posible entre todos los partidos políticos ante el debate político que se ha abierto en torno a las reformas de la Constitución y de los estatutos autonómicos. En un comunicado de cuatro .. [+]
http://www.abc.es/abc/pg050512/prensa/n ... CO-068.asp
La CEOE pidió ayer «prudencia» y el mayor consenso posible entre todos los partidos políticos ante el debate político que se ha abierto en torno a las reformas de la Constitución y de los estatutos autonómicos. En un comunicado de cuatro .. [+]
http://www.abc.es/abc/pg050512/prensa/n ... CO-068.asp
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SANCIÓN
Un guardia civil multa a una mujer y le pide una cita para «arreglarlo»
:: 12/05/2005
El Tribunal Militar Central le impuso la pérdida de destino como autor de una falta grave
El agente de Tráfico pertenece a la plantilla de la Comandancia de Pontevedra
(l. p. | pontevedra)
Un guardia civil del subsector de Tráfico de la comandancia de Pontevedra ha sido sancionado con la pérdida de destino por exagerar el importe de una multa a una conductora para conseguir una cita con ella. El Tribunal Militar Central, ratificado ahora por el Supremo, entendió que el funcionario había cometido una falta grave consistente en «llevar a cabo acciones contrarias a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o menosprecio de la institución».
Los hechos se remontan a principios de junio del 2001. El agente, destinado en el destacamento de O Porriño, observó cómo la mujer realizaba una maniobra antirreglamentaria en la N-552 que conllevaría una leve sanción de 60 euros. Sin embargo, el agente indicó a la conductora que la infracción cometida era grave y que estaba sancionada con 300 euros y la posible retirada del carné durante un mes.
La víctima comenzó a sollozar, momento que aprovechó el funcionario para extender una multa por 60 euros. Al mismo tiempo, preguntó a la conductora sobre su puesto de trabajo y su estado civil -viuda-, proponiéndola una cita para el día siguiente «para tomar café y arreglar la denuncia».
Aconsejada por sus compañeros de trabajo, la víctima denunció lo ocurrido en las dependencias del subsector de Tráfico de Pontevedra. Allí accedió a grabar con un magnetofón el encuentro.
A la hora convenida, el guardia civil recogió en su coche particular a la mujer. Mientras circulaban, el funcionario volvió a incidir en la supuesta gravedad de la infracción cometida y sobre las consecuencias económicas y de retirada de carné podrían derivarse de ella.
Simultáneamente, el agente de Tráfico «pretendió entablar relaciones con ella proponiéndole varias veces acudir a un local para tomar algo y bailar». La mujer rehusó tales proposiciones y se bajó del coche tras apenas unos cincuenta minutos de conversación. El guardia civil insistió. Le pidió su número de teléfono para concertar una nueva cita y ante la negativa de la mujer, optó por entregarle el suyo escrito en un papel.
Días después, el servicio burocrático del destacamento de Porriño tuvo que requerir personalmente al agente que entregara el boletín de denuncia extendido a la mujer.
Un juzgado civil de Porriño abrió diligencias contra el guardia civil por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Finalmente, el caso quedó sobreseído, dada la atipicidad de los hechos que se investigaban.
http://www.lavozdegalicia.es/inicio/not ... TO=3719415
Un guardia civil multa a una mujer y le pide una cita para «arreglarlo»
:: 12/05/2005
El Tribunal Militar Central le impuso la pérdida de destino como autor de una falta grave
El agente de Tráfico pertenece a la plantilla de la Comandancia de Pontevedra
(l. p. | pontevedra)
Un guardia civil del subsector de Tráfico de la comandancia de Pontevedra ha sido sancionado con la pérdida de destino por exagerar el importe de una multa a una conductora para conseguir una cita con ella. El Tribunal Militar Central, ratificado ahora por el Supremo, entendió que el funcionario había cometido una falta grave consistente en «llevar a cabo acciones contrarias a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o menosprecio de la institución».
Los hechos se remontan a principios de junio del 2001. El agente, destinado en el destacamento de O Porriño, observó cómo la mujer realizaba una maniobra antirreglamentaria en la N-552 que conllevaría una leve sanción de 60 euros. Sin embargo, el agente indicó a la conductora que la infracción cometida era grave y que estaba sancionada con 300 euros y la posible retirada del carné durante un mes.
La víctima comenzó a sollozar, momento que aprovechó el funcionario para extender una multa por 60 euros. Al mismo tiempo, preguntó a la conductora sobre su puesto de trabajo y su estado civil -viuda-, proponiéndola una cita para el día siguiente «para tomar café y arreglar la denuncia».
Aconsejada por sus compañeros de trabajo, la víctima denunció lo ocurrido en las dependencias del subsector de Tráfico de Pontevedra. Allí accedió a grabar con un magnetofón el encuentro.
A la hora convenida, el guardia civil recogió en su coche particular a la mujer. Mientras circulaban, el funcionario volvió a incidir en la supuesta gravedad de la infracción cometida y sobre las consecuencias económicas y de retirada de carné podrían derivarse de ella.
Simultáneamente, el agente de Tráfico «pretendió entablar relaciones con ella proponiéndole varias veces acudir a un local para tomar algo y bailar». La mujer rehusó tales proposiciones y se bajó del coche tras apenas unos cincuenta minutos de conversación. El guardia civil insistió. Le pidió su número de teléfono para concertar una nueva cita y ante la negativa de la mujer, optó por entregarle el suyo escrito en un papel.
Días después, el servicio burocrático del destacamento de Porriño tuvo que requerir personalmente al agente que entregara el boletín de denuncia extendido a la mujer.
Un juzgado civil de Porriño abrió diligencias contra el guardia civil por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Finalmente, el caso quedó sobreseído, dada la atipicidad de los hechos que se investigaban.
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