1. EL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE CONTRA CUBA: IMPLANTACIÓN, APLICACIÓN Y FORTALECIMIENTO.
Toda consideración de la política del bloqueo debe realizarse desde una óptica histórica, pues solo así podrán tomarse en cuenta los graves desafíos enfrentados por la nación cubana por más de dos siglos. Nunca un país se ha visto sometido de manera tan continuada y permanente al peligro que representa un vecino tan poderoso y que históricamente ha pretendido dominarlo y anexarlo. La historia no ha dejado espacio a la duda acerca de las intenciones reales de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959.
En su afán de destruir el sistema político, económico y social establecido por el pueblo cubano con su Revolución -sostenido, consolidado y desarrollado por la firme y abrumadoramente mayoritaria voluntad soberana del pueblo- la aplicación de sanciones económicas ha sido una pieza clave de la política de hostilidad y agresión de los Estados Unidos contra Cuba.
Estudios preliminares dan fe de que las afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida podrían superar ya los 72 mil millones de dólares. Esta cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.
La absoluta falsedad de las muy diversas excusas, que por más de cuatro décadas han empleado las sucesivas administraciones norteamericanas para intentar justificar la imposición de una guerra económica y política contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales estadounidenses desclasificados en 1991 . En estos aparecen testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.
La guerra económica contra Cuba comenzó mucho antes de que el bloqueo fuera formalmente establecido por una orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. Su carácter extraterritorial, que se institucionalizó con la Ley Torricelli de 1992, afectó siempre el comercio, las relaciones financieras y las inversiones no sólo entre ambos países, sino de Cuba con terceros.
El bloqueo privó de forma abrupta y drástica a Cuba de todo vínculo con Estados Unidos, nuestro más cercano mercado, donde se realizaba históricamente la mayor parte del comercio exterior cubano y al cual estábamos vinculados tecnológicamente.
Cuba tuvo entonces que reorientar sus vínculos económicos, buscando en regiones lejanas fuentes de suministros y nuevos mercados para sus exportaciones. Todo esto implicó enormes gastos en transportes y fletes y el sobredimensionamiento de inventarios y reservas, con un elevado costo de inmovilización de recursos.
Los problemas que enfrentaba la economía cubana debido al bloqueo se vieron acrecentados cuando, luego del proceso de desintegración del sistema de cooperación económico socialista y de la propia Unión Soviética, Cuba sufrió nuevamente la desarticulación de sus relaciones con sus antiguos socios comerciales: la URSS y los países de Europa del Este. Estados Unidos consideró, entonces, que era el momento indicado para asestarle el golpe final a la Revolución Cubana.
Así, en 1992 se aprueba la Ley Torricelli, que cortó abruptamente el comercio de medicinas y alimentos que Cuba mantenía con subsidiarias de compañías estadounidenses asentadas fuera del territorio norteamericano, y estableció severas prohibiciones contra la navegación marítima desde y hacia Cuba.
Sin embargo, insatisfechos aún por no haber logrado el colapso del sistema económico y político del país, en 1996 se adopta la Ley Helms-Burton . Esta última, confirió jerarquía de ley a todas las prohibiciones del bloqueo e intentó impedir la inversión extranjera en Cuba, a la par que institucionalizó la subversión, financiada y dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos, como método para quebrar la voluntad independentista del pueblo cubano.
Este marco legislativo, que extiende su acción contra toda la comunidad internacional, ha sido complementado con ulteriores disposiciones y medidas para recrudecer el bloqueo.
El declarado irrespeto a las normas del Derecho Internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, no concluyó con la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996. En franca violación de la legislación y los compromisos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual y, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se aprobó la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias para el año 1999. A resultas de la Sección 211, se intenta escamotear la marca de ron cubano Havana Club a sus legítimos propietarios, con el objetivo de otorgar la comercialización del producto, primero en los Estados Unidos y después en terceros países, a espurios e ilegales reclamantes.
Tal como fuera denunciado en el informe que Cuba presentó el pasado año, contenido en el documento A/57/264, el fraudulento arribo al poder en los Estados Unidos de la Administración de Presidente George W. Bush, ha impuesto un recrudecimiento de la retórica anticubana y un mayor apoyo a las organizaciones extremistas y terroristas de origen cubano en el Estado de la Florida, con las que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene deudas electorales. Su vínculo con estos grupos, cuyas acciones terroristas y pro-anexionistas son bien conocidas, ha estimulado el endurecimiento de la política de bloqueo contra el pueblo cubano.
Si a lo largo de más de cuatro décadas las sanciones y restricciones económicas han estado acompañadas de iniciativas para crear, financiar y dirigir la subversión interna en la Isla, es esta Administración la que ha elevado a niveles inéditos su apoyo abierto a la subversión del orden constitucional cubano. De esta manera, se ha venido utilizando a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para proveer de medios y financiamiento e impartir instrucciones a grupos de mercenarios pagados por y al servicio de la superpotencia, con el fin de que ejerzan su labor subversiva y pro-anexionista en Cuba, en franca violación y desafío de la institucionalidad cubana y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
A lo anterior se añade la decisión del Presidente George W. Bush de designar y promover a funcionarios con una connotada posición anticubana, a cargos claves en el gobierno de Estados Unidos. El discurso siempre amenazante del Presidente Bush y de estos funcionarios respecto a Cuba, es una clara evidencia de los peligros que enfrenta el pueblo cubano. Algunos entre ellos han aclarado que la agresión militar contra Cuba no está definitivamente descartada.
El aumento de la escalada propagandística anticubana y la violación por Estados Unidos de los acuerdos bilaterales en materia migratoria, que entre otros graves aspectos incluye una drástica reducción del otorgamiento de visas tanto a emigrantes, como a visitantes temporales procedentes de nuestro país, tienen el objetivo de generar una crisis migratoria que ofrezca el pretexto para intervenir en Cuba.
El pasado 26 de marzo el Secretario de Estado, Colin Powell, anunció el otorgamiento de importantes fondos federales para apoyar las ilegales transmisiones de radio y televisión contra Cuba, lo que contradice las reglamentaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La violación de nuestro espacio radioelectrónico, con más de 2 200 horas semanales de transmisiones hacia Cuba, tiene como objetivo estimular la subversión interna, los planes de sabotaje, la emigración ilegal, y difundir las más insólitas mentiras y patrañas contra nuestro país.
Como parte de los compromisos asumidos por la Administración Bush con la mafia cubano-americana de Miami, el pasado 20 de mayo, en una clara escalada en la agresión radioelectrónica, la emisora de radio creada y operada por el Gobierno estadounidense con el objetivo de promover la subversión en Cuba, pérfida y ultrajantemente bautizada con el nombre de José Martí, transmitió en cuatro nuevas frecuencias. Con esta agresión se provocaron interferencias a las transmisiones radiales cubanas.
En horas de la tarde del mismo día, la señal televisiva transmitida con iguales propósitos hacia Cuba por los servicios oficiales de propaganda norteamericanos, salió al aire de seis a diez de la noche, transmitiendo desde una aeronave de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y utilizando canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión e inscritas debidamente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que afectó severamente servicios de televisión cubanos, en particular programas educativos y culturales.
Anteriormente, el 24 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
una de las oficinas del gobierno norteamericano que velan por el cumplimiento del bloqueo, había emitido nuevas regulaciones que endurecen tal política. Con ello, se limitaron todavía más los viajes de los norteamericanos a Cuba y fueron totalmente eliminadas las licencias que se otorgaban para viajes de intercambio educacional pueblo a pueblo. Además, a tono con esta escalada agresiva, se aumentaron las facilidades para aquellos que pretendan viajar a nuestro país con el fin de aprovisionar a los grupúsculos mercenarios que conspiran para subvertir el orden constitucional cubano.
Estas nuevas regulaciones se añaden al recrudecimiento de las sanciones a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba. Uno de los casos más divulgados ha sido el de la anciana Joan Slote trabajadora jubilada del sector de la salud, quien hace dos años viajó a Cuba por ocho días. ¿Cuál fue el grave delito de esta señora de 74 años? Ir de excursión a Cuba y recorrer parte de la Isla en bicicleta. Por esta “gravísima violación” de las regulaciones del bloqueo, le fue impuesta una multa de 8 500 dólares.
¿Cómo se explica, por otra parte, que más de 10 pacientes estadounidenses que el pasado año 2002 solicitaron viajar a Cuba para recibir los servicios de ozonoterapia en una institución cubana de gran prestigio científico, no pudieron visitar el país y beneficiarse de estos tratamientos como resultado de la política de bloqueo? ¿Tiene acaso algún sentido esta política?
Finalmente cabe recordar, que Cuba es el único país vedado, por ley, a los ciudadanos norteamericanos.
Por su parte, las ventas de alimentos a Cuba, solo autorizadas recientemente, están sometidas a complejos procedimientos y normas que dificultan enormemente su realización.
Las empresas estadounidenses deben realizar engorrosos trámites burocráticos para obtener la licencia que las autorice a vencer sus productos a Cuba. Asimismo, nuestro país debe efectuar las compras en efectivo; sin posibilidad de créditos financieros, ni siquiera privado; a través de bancos ubicados en terceros países; y en otras monedas, con las consiguientes pérdidas en las operaciones bancarias.
La transportación de productos que finalmente sean comprados, debe realizarse en buques norteamericanos o de terceros países, luego de obtener una licencia para ello. Cuba no puede utilizar su flota marítima en tales operaciones mercantiles, lo que provoca considerables perjuicios.
A ello se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.
Por último, no es posible concebir el comercio entre dos Estados soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones inter-empresariales, que permita la negociación, flujos financieros regulares, el transporte aéreo y marítimo, el beneficio de fórmulas habituales de apoyo al comercio exterior y el imprescindible acceso a créditos.
El gobierno de los Estados Unidos, valiéndose de sus poderosos medios de comunicación, trata de imponer a la opinión pública nacional y extranjera, una imagen demoníaca del sistema político, económico y social que libremente, y por abrumadora mayoría, ha elegido para sí el pueblo de Cuba. Sin embargo, impone al mismo tiempo el silencio sobre el rechazo de la comunidad internacional a la política genocida de bloqueo, que han sufrido varias generaciones de cubanos.
Por otra parte, dicho Gobierno ignora y pretende ocultar las resoluciones aprobadas cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 en rechazo al bloqueo, y que el año pasado alcanzó una votación sin precedentes en ese órgano de participación universal.
Lejos de atender al reclamo de la comunidad internacional y de un creciente grupo de sectores de la propia sociedad estadounidense, incluyendo legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso, de realizar un cambio en la política hacia Cuba, la actual Administración no solo ha endurecido su discurso haciéndolo más confrontacional, sino que ha continuado incrementando las medidas y acciones para recrudecer aún más el bloqueo a la nación cubana.
Sin embargo, son cada día más las voces que se unen al rechazo de la política de bloqueo a Cuba. La visita, en el primer trimestre del 2003, de 13 Congresistas estadounidenses a nuestro país, y la introducción en el Congreso de seis iniciativas que favorecen el levantamiento del régimen de sanciones, constituye un ejemplo palpable del creciente rechazo de importantes sectores de la sociedad norteamericana a la actual política de su Gobierno contra Cuba.
La aplicación sostenida de esta política agresiva por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y la creciente hostilidad desplegada por la actual Administración contra el pueblo cubano, son pruebas irrebatibles del total desprecio de las principales autoridades de la superpotencia por el Derecho Internacional y los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.
En momentos en que se ciernen sobre el mundo amenazas de guerra, y en que la potencia más poderosa de la historia intenta imponer una tiranía nazi-fascista a nivel mundial, el pueblo cubano continuará denunciando la política genocida de bloqueo, y con igual entereza y decisión, defenderá los logros y conquistas alcanzados en su proceso de profundas transformaciones revolucionarias.
ningún deportista se ha ido de Cuba buscando libertad, ninguno, todos los que han dado ese paso lo han hecho por dinero, puro mercantilismo, nada de derechos humanos o soflamas similares de cara a la galería.
