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terrorismo
ETA presiona a las familias de los presos para frenar la disidencia
EL CORREO| BILBAO
La banda ordena a su entorno poner en marcha medidas de coacción y silenciar el debate interno sobre el final del terrorismo
Responde así a la estrategia del Gobierno de acercar a los críticos
ETA ha dado órdenes a los sectores más duros de su entorno para que comience a utilizar medidas de presión entre los familiares de los presos y ponga fin a las disidencias que se están produciendo cada vez con más frecuencia en los sectores más moderados. Un informe policial sobre la situación de las prisiones describe un aumento de la tensión entre la cúpula de la banda y una parte de los reclusos -que contaría con el apoyo de sus allegados-. Todo a raíz de que se comenzasen a conceder beneficios penitenciarios a los etarras encarcelados que han rechazado de manera expresa la violencia y que, en algunos casos, han firmado textos en los que piden perdón a las víctimas.
Como ejemplo de esta fractura aluden a un episodio reciente. Una asamblea de familiares de presos decidió mantener las fotos de sus allegados de la herriko taberna de su localidad, pese a que los internos se habían acogido a beneficios penitenciarios, práctica prohibida en ETA durante décadas. Días más tarde, un joven radical se presentó en el local de la izquierda abertzale y las retiró, tras afirmar que los retratos «los había pagado Gestoras y pertenecían al colectivo y no a las familias».
Las discrepancias han llegado a tal punto, según explican diferentes fuentes, que en algunas reuniones se han lanzado acusaciones de traición y mostrado actitudes de rechazo y aislamiento hacia los allegados de reclusos que no suscriben la línea oficial. Las presiones han pasado, incluso, de las palabras a los hechos. A algunos familiares se les ha impedido subirse a los autobuses que contratan los colectivos de apoyo a los presos para viajar y visitar a los internos y también se han realizado pintadas amenazantes en los pueblos de origen de los disidentes. Según las fuentes consultadas, la banda tiene como objetivo silenciar cualquier voz que cuestione su línea de actuación y evitar así gestos de indisciplina que pudieran extenderse dentro de los centros penitenciarios.
La moral de los presos de ETA sufrió un grave revés cuando la banda decidió romper su alto el fuego en junio de 2007. El retorno a las armas acabó de un plumazo con las posibilidades que el propio colectivo atisbaba de mejorar su situación. Dirigentes históricos y con peso dentro de la organización terrorista como José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', y Kepa Pikabea, no dudaron en escribir desde sus celdas cartas con duras críticas hacia la banda.
'Txelis' y Pikabea
Aunque 'Txelis' ya había expresado con anterioridad se rechazo a la violencia, su mensaje se vio reforzado por otro texto de Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito', quien -junto a otros dirigentes presos- ya pidió en 2004 el abandono de las armas. A ellos se sumaron figuras referenciales como José Luis Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola, que en septiembre del año pasado redactaron una misiva en la que, además de pedir el cese de la actividad terrorista, animaban a los miembros de ETA a dejar la organización, en una llamada a la deserción sin precedentes en la historia de la banda.
En ese ambiente de desánimo, uno de los factores que ha tenido influencia ha sido la puesta en marcha por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ciertos cambios en la política penitenciaria, con un claro objetivo: hacer aflorar la división en el colectivo de presos. El Ministerio de Interior ha trasladado a prisiones algo más próximas a Euskadi a una veintena de presos disidentes como 'Pakito' o el propio Urrusolo. De la misma manera, se ha alejado a aquellos reclusos más radicalizados. La intención del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba es favorecer la reinserción social en aquellos casos en los que sea evidente que se respetan todos los requisitos que exige la legislación penitenciaria, como el cumplimiento de las normas internas de las prisiones, el rechazo evidente de la violencia o la petición de perdón a las víctimas.
El debate se ha visto favorecido por la debilidad que está mostrando la banda y las continuas detenciones en Francia de sus principales líderes. Según los expertos consultados, un aumento de la presión policial sobre la organización terrorista podría provocar un aumento paulatino de la disidencia interna.
Todos estos movimientos han provocado un terremoto en la izquierda abertzale. El 13 de diciembre del año pasado, alrededor de un centenar de ex presos organizaron un acto en Usurbil en el que rechazaron la política penitenciaria del Gobierno. Según un informe de las fuerzas de seguridad, algunos de los antiguos internos fueron obligados a acudir al evento, pese a que no compartían el contenido del acto, que pretendía ser una llamada a cerrar filas. Aquella rueda de prensa en Usurbil tuvo una rápida respuesta, dentro del propio entorno de la banda, en lo que se ha interpretado como un desafío sin precedentes a la cúpula terrorista. Familiares de presos disidentes organizaron una comida en la localidad vascofrancesa de Mugerre para apoyar a internos como 'Txelis', que han sido expulsados del colectivo de reclusos. En aquella reunión, a la que fue convocada la prensa, asistieron 160 personas, que también reclamaron el fin de la violencia.
Perdón a las víctimas
Desde ETA se ha pedido a los sectores más duros de Ekin -el colectivo que sustituyó a KAS y que agrupa a los sectores más ortodoxos- que controle con más celo a los familiares de los presos. Pese a todo, los comisarios políticos de la izquierda abertzale se han visto desbordados por la propia situación. Es el caso de un recluso vizcaíno que a finales del año pasado consiguió salir de prisión para residir en su domicilio, de forma controlada, ante su delicado estado de salud.
En un principio, la izquierda abertzale había hecho bandera de su caso. Sin embargo, el auto de libertad recogía que, el 19 de octubre, el interno había manifestado que se comprometía a «no utilizar las vías armadas o violentas para defender ideas políticas». Cuando el juzgado le pidió por escrito que firmase un texto de arrepentimiento antes de abandonar la cárcel, el preso aceptó, con fecha del 29 de noviembre, pedir perdón a las víctimas por sus actividades.
Según fuentes de las fuerzas de seguridad, este caso «hizo saltar todas las alarmas dentro de la banda». El núcleo que controla la situación de los presos -denominado KT (Koordinatzioa Taldea), grupo de coordinación- pidió a ETA órdenes sobre cómo debía actuar. La banda dispuso que se le hiciera llegar al preso «de forma discreta, sin ninguna publicidad» una recriminación, aunque sin tomar «por el momento» ninguna medida disciplinaria. Respecto a la familia, la cúpula terrorista ordenó que se rompiera cualquier relación entre los allegados y los abogados.
El caso obligó a la banda a utilizar un doble discurso y a tener prevista una respuesta ante la posibilidad de que se registraran casos similares de presos enfermos. La organización decidió entonces que la situación de los internos con problemas de salud «fuese una variable de la lucha» en la que se podía aceptar la prisión atenuada, «puesto que queremos a nuestros compañeros vivos y libres». Pese a ello, prepararon represalias internas para los familiares que se salgan de la doctrina ortodoxa.
Los expertos de las fuerzas de seguridad creen que la situación en estos momentos es la de una «mayoría silenciosa» dentro de los presos y su entorno que se muestra disconforme con la línea de la banda, según expresó en una entrevista en EL CORREO el fundador de la banda y miembro de Aralar, Julen Madariaga. Para las citadas fuentes, Madariaga acertaba en el diagnóstico cuando afirmó que el acto de Mugerre era «un termómetro que revela un estado de cosas impresionante desde el punto de vista sociológico».
