La Mesa del Parlament ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama a la Cámara catalana declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. La tramitación del proyecto legislativo, presentado por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència, ha prosperado gracias al respaldo de la CUP y de Junts, con lo que la formación dirigida por Carles Puigdemont presiona a Pedro Sánchez con un texto de alto voltaje político mientras negocia la modificación de la ley de amnistía para que ampare los presuntos delitos de terrorismo cometidos por el prófugo.
La admisión a trámite de dicha iniciativa ha sido decidida por la Mesa a pesar de que contaba con un informe desfavorable de los letrados de la Cámara. En la resolución del pasado 14 de febrero, a la que EL MUNDO ha tenido acceso, los juristas consideran que el texto incurre en varias causas de "inadmisibilidad" que no pueden ser enmendadas.
El documento, firmado por el letrado Xavier Muro, subraya que la ley "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y "no busca la fundamentación en la Constitución" ya que "pretende aprobar una declaración de independencia estableciendo un procedimiento a tal efecto".
"Este objeto supone una modificación sustancial de la forma de Estado y de Gobierno establecida y definida en la Constitución", "además de repercutir en la definición del sujeto de soberanía", añade el informe, que precisa: "Cualquier regulación que altere o contradiga el diseño constitucional requiere de una previa reforma constitucional".
ERC SE ABSTIENE
El apoyo de la formación neoconvergente ha sido decisivo, pues ERC ha decidido abstenerse, volviendo a demostrar ser el aliado más dócil de Sánchez, y el PSC se ha opuesto a la tramitación del texto. "Recogiendo firmas no se hace la independencia, pero dejamos hablar de todo", alegan fuentes de los republicanos.
Ciudadanos y Vox, que no cuentan con representantes en el órgano rector de la Cámara, ya han advertido de que llevarán a los tribunales a los miembros de la Mesa por permitir que el Parlament discuta una medida inconstitucional y de declarada vocación separatista si no rectifican. Las dos formaciones constitucionalistas han presentado una solicitud de reconsideración para que se dé marcha atrás, como también lo han hecho los socialistas. "La proposición de ley admitida a trámite, en tanto que pretende la secesión de Cataluña del resto de España, topa con la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y que establece que se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación", aduce el PSC, que, visiblemente molestos con Junts, los socialistas han cuestionado que se dé cabida en la Cámara a "una iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado en un momento en el que la sociedad catalana apuesta por pasar página a diez años que no han sido nada buenos para Cataluña". El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido a la Fiscalía "que actúe de oficio". "Se ha producido una desobediencia en el Parlamento de Cataluña y una prevaricación", ha sostenido.
La proposición de ley defiende que "la decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Cataluña, como titular de la soberanía nacional, y al Parlament de Cataluña como representante suyo democráticamente elegido", y establece que, por medio del texto, "se faculta al Govern de la Generalitat a negociar el reconocimiento internacional de la declaración de independencia".
Asimismo, precisa que "la declaración de independencia será efectiva cuando sea aprobada la presente ley, cuando sea negociada con la comunidad internacional la forma y el momento de la declaración de independencia y cuando sea declarada una mayoría absoluta de diputados en sesión solemne del Parlament convocada a tal efecto".
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