Hace pocos días los españoles se felicitaban al conocer la sentencia, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sobre Batasuna que quedó definida para los europeos, de una vez por todas, como una organización terrorista enemiga de la democracia española, y que ésta tiene
“no sólo el derecho, sino la obligación de utilizar todos los instrumentos a su alcance para defender los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos”.
Hace unos días se han vuelto a vulnerar los derechos – aunque su inicio, en este tema, viene de lejos – mediante la ley que se acaba de aprobar, en Cataluña, contra la libertad de elección lingüística. Es increíble que un gobierno elegido democráticamente, en Europa, restrinja derechos de los ciudadanos y lo es más cuando sucede ante el silencio del Gobierno de la Nación y, también ¿por qué no decirlo? ante la pasividad complaciente de la mayor parte de los medios.
No es este un tema menor. Para comprender a donde se ha llegado podemos recordar lo sucedido hace unos días en el Senado. Había traductores a cinco lenguas españolas cooficiales para que
sus señorías, los senadores, “pudieran entender” al vicepresidente del Gobierno. Ha renacido la torre de Babel, se alcanza el esperpento y un indicio de un país sin autoestima, en el que todo se banaliza. Y la cosa sigue. Ahora resulta que el PSOE - que gobierna en Aragón - presenta una proposición de ley. Se trata de la Ley de Lenguas que trata de impulsar el uso del catalán en la enseñanza, la administración y la vida de los municipios de la zona oriental de Aragón - como reclaman CiU y ERC -.
Los poderes públicos de las comunidades, en las que existen dos lenguas oficiales, tienen la obligación de ofrecer a sus ciudadanos todas las posibilidades para conocer y aprender a expresarse en ambas lenguas. La Constitución establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». ¿Cómo es posible que en Cataluña se obligue a conocer y hablar en la lengua española cooficial, el catalán, y se niegue el derecho a los padres para educar a sus hijos en la lengua común de los españoles? Y el Gobierno de España - y la oposición - no es ajeno en la gestación y extensión de estas y otras leyes discriminatorias. Cuando el presidente Zapatero dice, como respuesta a la ley catalana, que en Cataluña hay “paz lingüística” está cometiendo un grave error porque la afrenta no es a la lengua sino a los derechos de los ciudadanos.
Se puede leer en un editorial de ABC (5/7/09) :
“Cuando un presidente del Gobierno jura o promete guardar y hacer guardar la Constitución no se trata de una fórmula ritual sino de un compromiso político y jurídico que está por encima del oportunismo y las conveniencias coyunturales. De ahí que sea inaceptable la actitud de Rodríguez Zapatero ante la Ley de Educación aprobada por el Parlamento catalán con el voto favorable de socialistas y nacionalistas. La vulneración de los derechos de los ciudadanos y el desconocimiento del castellano como lengua común a todos los españoles no puede ser analizada desde una perspectiva partidista. El presidente incumple sus obligaciones cuando mira para otro lado, en un asunto tan grave, porque prefiere mantener una supuesta «paz social» y criticar el «empeño» en hacer batalla política del bilingüismo. Sin embargo, el interés particular de un partido político en apuros, para completar mayorías parlamentarias, nunca puede justificar la pasividad del Ejecutivo y la permisividad del presidente, puesto que la propia Constitución exige que el Gobierno garantice la igualdad de derechos y deberes de los españoles en todas las partes del territorio nacional...”.
Mientras tanto el Tribunal Contitucional despues de tres años de “intensos trabajos” – según su presidenta - aun no ha sentenciado sobre la constitucionalidad del estatuto catalán pero, añade que, ya están a punto de publicar su dictamen. Seguramemente el parto se producirá en agosto - todos de vacaciones y nadie se entera -. Como en el franquismo. En realidad, se publique cuando se publique, la sentencia llega tarde y sus efectos dificilmente paliarán los “hechos consumados”.
España tiene que ser, para tener peso político en Europa, una nación cohesionada de ciudadanos libres e iguales ante la ley que propugne normas comunes de convivencia, de respeto a las leyes... No es aceptable que un gobernante ponga en primer plano sus intereses oportunistas cuando están en juego competencias estatales y derechos básicos de los ciudadanos.
Es posible que algún día, como en el caso de Batasuna, el Gobierno tenga que acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
http://www.abc.es/20090706/opinion-terc ... 90706.html
Saludos.
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