Combates aéreos hubo en 1933 en el conflicto de Leticia, y los hubo también en 1934 en la guerra del Chaco.
Y en las Malvinas qué?
Oscar1984 escribió:Combates aéreos hubo en 1933 en el conflicto de Leticia, y los hubo también en 1934 en la guerra del Chaco.
Y en las Malvinas qué? Esos numerosisimos combates fueron en sur America porque sea como sea Malvians queda sobre la plataforma continental del continente. Que uno de los contendientes no fuera de la region no desplaza los hechos de su ubicación geografica.
nestor vargas escribió:comando_pachacutec escribió:ChamoDvenezuela escribió:Y un comentario que queria hacerles
Es que hace años Ecuador compraba armamento para cuidarse del Peru
Y ahora en la Actualidad se Cuidan mas de Colombia
Las vueltas que da la vida no
Salu2 cordiales!!!
Cuidarse de Peru y ahora de Colombia... que cosas tiene que leer uno.
Te falta gritar "vivas las FARC" y ya le pones la cereza a la torta
Wenas,te falto poner''VENEZUELA TRAICIONA AL PERU''.
Saludos.
Jorge Gonzales escribió:comprado!! y sin pensarlo un segundo! gracias por el link!
JG
JavierLR said 22 minutes ago
Será cierto???
Pues han pasado 15 años, y entre los ridículos videos falsos posteados por ecuatorianos en la red, la "supuesta" grabación del audio de la cabina de los Mirage...y ahora último, el papelito "manuscrito" que un iluminado a posteado en el FMG (se supone es la bitácora de la misión de marras)..... Me creo tanto lo de este combate aéreo, como lo del Bigfoot en Yellowstone!!! Como sea, dicen las malas lenguas que la necesidad por creer, es muchas veces más fuerte que la histeria colectiva.
lunes 08 de febrero del 2010
Cartas al Director
Del general Gallardo
El miércoles 27 de enero del presente año se publicó un artículo titulado ‘Justicia y verdad’, escrito por Nelsa Curbelo, en el que se distorsionan los hechos sucedidos en relación con la emboscada perpetrada por las FARC en el río Putumayo, en 1993, contra una patrulla de la Fuerza Pública, que causó la muerte de doce de sus miembros.
La verdad de los hechos, totalmente respaldada por documentos públicos, es la siguiente: en los meses finales de 1993 patrullaban conjuntamente el río Putumayo miembros del Ejército y de la Policía Nacional, para impedir el tráfico de drogas, armas, explosivos y municiones, que beneficiaba a las FARC. En retaliación, el 17 de diciembre de ese año, alrededor de 200 guerrilleros de dicha organización, violando la soberanía nacional, se parapetaron en las dos orillas del mencionado río limítrofe y realizaron una emboscada que causó la muerte de cinco militares y siete policías, quedando numerosos heridos, varios de ellos de suma gravedad. En conocimiento de lo ocurrido, el ministro de Defensa Nacional envió de urgencia al lugar de los hechos al general José Herrera Ruiz, con la misión de dirigir la investigación para capturar, si era del caso, a los causantes de la masacre y para evitar que se cometieran excesos en los interrogatorios. Pocos días después, los detenidos fueron entregados en Quito a las autoridades competentes mediante un examen médico individual realizado ante los medios de comunicación social y el público en general, lo que permitió verificar que ninguno de ellos había sido torturado durante los interrogatorios, que se iniciaron al descubrir que uno de los implicados en el crimen llevaba puesto un reloj de uno de los asesinados. Inmediatamente se presentaron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la prensa, los activistas de derechos humanos y la ciudadanía, los videos de los interrogatorios en los que aparecen declaraciones como la siguiente, ante la pregunta: “¿Por qué le disparaste en la cabeza al policía herido?”. El detenido contestó: “Porque el comandante Pedro me dijo: Lo matas o te mato”.
Varios de los detenidos eran “guerrilleros de finca”, insurgentes que se enmascaran bajo la apariencia de personas inofensivas, pero que mantienen enterradas las armas para participar en las masacres que ejecutan las columnas de guerrilleros, para poder moverse ocultas y con el mínimo de recursos logísticos, lo cual facilita su movilidad; normalmente fluctúan entre 30 y 40 individuos. Los resultados de los interrogatorios efectuados en el Carmen del Putumayo fueron entregados a las autoridades de justicia, pudiéndose comprobar su veracidad al compararlos con los resultados del interrogatorio hecho en Quito con la participación de un fiscal.
Los detenidos fueron visitados frecuentemente por varios abogados y, seguramente bajo su influencia, cambiaron sus declaraciones cuando tuvieron que rendirlas en un juzgado y en la Corte Superior del Tena. En ambos casos, los detenidos fueron condenados, en consideración de las pruebas contundentes que existían del crimen cometido y teniendo en cuenta que se había levantado una conspiración en contra de la verdad y la justicia.
Apeló la defensa de los detenidos ante la Corte Suprema, que los sobreseyó, dando ocasión para que cada uno de ellos reciba una indemnización de 100.000 dólares.
José Gallardo Román,
general, Quito
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