AUDIENCIA DE SEVILLA, JUNIO DE 1915.El Gobierno Dato había dado muestras de su preocupación por el incremento de los precios de los comestibles, una de las causas del malestra entre los trabajadores de la industria de las grandes urbes.
Se sabía desde siempre la sisa en los pesos del grano tanto en origen como en los mercados de abasto; y desde luego incrementadas con la obligación de los cultivadores de vender a precio fijo un porcentaje de su producción a los Ejércitos.
Don Cosme Larios, pariente de los Marqueses de Larios, era uno de los terratenientes sevillanos que había ocultado parte de su producción de arroz en septiembre, para esperar el lógico aumento del precio del grano con el transcurso de la Guerra. Acostumbrado a las corruptelas en el peso de los sacos, en la mezcla de calidades, vio una oportunidad de enriquecerse con la contienda; creyendose a salvo gracias a las dádivas repartidas con anterioridad, y a sus contactos con la llamada Bu
ena Sociedad de Sevilla.
No contaba con la firmeza exigida por el Almirante Bustamante contra la corrupción y el acaparamiento de los suministros vitales para el Ejército, la Marina de Guerra, la Guardia Civil y las Milicias Provinciales. Poco a poco, el Ministerio de Armamento se ocupó de la Intendencia Militar. Don Eduardo Dato tenía en su gabinete al hombre adecuado para perseguir a los corruptos, y poder ofrecer a los líderes sindicales pruebas de su lucha contra el encarecimiento ficticio de los alimentos.
Entre los primeros investigados, se encontraban los productores de arroz, y de tabaco; ya que el fácil almacenamiento del cereal y su longevidad y su aporte nutritivo hacían a este muy adecuado para la dieta de la tropa. El tabaco formaba parte del estipendio entregado a los soldados junto con su magra paga. Muchos de los soldados destinados en el frente de Farncia revendían o canjeaban su tabaco a los civiles, completando de este modo su sustento y el de las familias.
Miembros de la Guardia Civil, los Carabineros y del Cuerpo de Intervención del Ejército y la Marina, estudiaron a fondo la documentación en manos de los agricultores, especialmente de los grandes latifundistas andaluces y extremeños. El caso de Larios llamaba la atención; su producción manifestada al Ministerio correspondía a una tercera parte a la obtenida el año anterior, y las condiciones climatológicas e hídricas de la cuenca del Guadalquivir no presentaban variaciones significativas entre 1913 y 1914. Posteriores investigaciones llevaron a descubrir los almacenes donde Larios ocultaba el grano no declarado.
Dato y Bustamante tenían su primera víctima propiciatoria. Siguiendo instrucciones del Ministreio de Gracia y Justicia, la Fiscalía de Sevilla dio amplia publicidad al arresto y puesta a disposición judicial de Larios. Si bien Bustamante deseaba un juicio por un Tribunal Militar, la opinión de que se siguiera un juicio por la vía ordinaria era mayoritaria en el Consejo de Ministros. Las dilaciones acostumbradas en los procesos judiciales fueron esquivadas, dada la intencionalidad última del proceso contra Larios.

La puesta en escena fue bien estudiada, pues LArios no entró en la Audiencia por los calabaozos, si no esposado por la entrada principal. Su juicio debía cumplir a rajatabla con el espíritu del Código penal, la ejemplaridad.
Acusado de varios delitos, entre ellos contra el Tesoro Real, inteligencia para alterar el precio de las cosas, y el de traición, que conllevaba la pena de muerte; Larios fue rapidamente juzgado. La Sentencia le condenaba a cadena perpetua, salvandose del garrote vil gracias a la inesperada colaboración mostrada por Larios al dar los nombres de otros latinfundistas que obraban prácticas similares; al saberse condenado de antemano desde el primer momento del juicio. Años después, Larios esperaba un indulto Real que nunca llegaría.
La noticia fue bien recibida por los medios liberales,también los alineados con Romanones; e izquierdistas, e incluso entre la prensa próxima al tradicionalismo; aunque algun medio como ABC, de línea conservadora, apuntaban a una caza de brujas entre los propietarios agrícolas, muchos de ellos acomodados rentistas residentes en Madrid y próximos a Su Majestad.
A cambio de la caza de defraudadores y escamoteadores, Dato debería ahora incrementar la presión contra los libertarios; sin enfurecer a Pestaña, Seguí o Peiró. El difícil juego de la política española.