Hola:
Los emplazo a demostar el supuesto "exterminio" de los mapuche por el Gobierno de Chile.
Vale, ahí va:
Marcos Roitman Rosenmann
El gobierno chileno extermina al pueblo mapuche
Chile es un país cuyos dirigentes políticos se vanaglorian de poseer un orden democrático, velando la práctica consentida de torturas y de políticas etnocidas. Lo anterior es consecuencia de estar regidos por la Constitución promulgada durante el régimen de Pinochet; sin embargo, el mayor símbolo de esta contradicción, ser demócrata y practicar el exterminio al pueblo mapuche, se produce por la existencia de otra ley de la dictadura. Se trata de la N1 18.314, conocida popularmente como Ley antiterrorista. En vigor desde el 16 de mayo de 1984, fue ideada por el entonces ministro del Interior de la Junta Militar, Sergio Onofre Jarpa, para dejar sin efecto el habeas corpus y aplicar la doctrina del enemigo interno. Instrumento que permitía a las fuerzas de seguridad actuar a sus anchas
Se encarceló y torturó a miles de ciudadanos con el pretexto de violar la propiedad privada, el territorio y ser enemigo interno de la patria. Tras años de lucha, cuando muchos han creído superados los tiempos negros de la infamia, el gobierno mandará aplicar dicha ley contra el pueblo mapuche. Al hacerlo, se sitúa al mismo nivel de quienes la promulgaron y viola todos los principios democráticos de igualdad, justicia y dignidad. Se condena al pueblo mapuche al exterminio. Es la solución para acallar la voz reivindicativa de sus dirigentes en estos años de enfrentamiento a las políticas de usurpación.
Aplicar la Ley antiterrorista es parte de la solución final. Conlleva imputar a dirigentes mapuches su participación en actividades contra la seguridad del Estado y la propiedad privada. En la actualidad más de medio millar está en prisión por dicha ley. Para evitar ser descubiertos, esta es la estrategia elaborada por el Estado chileno para provocar el etnocidio y garantizar su ejecución:
1) La mordaza comunicativa. Censura y control de los medios de comunicación. Nada debe conocerse sobre dicha actividad. La prensa privada también participa; 2) La oposición es cómplice con la política del gobierno; 3) Los terratenientes campan por sus fueros y no dudan en utilizar la fuerza paramilitar a sabiendas que las fuerzas de seguridad dejarán hacer; 4) El colonialismo interno es el mecanismo de explotación vigente de los pueblos mapuches e indígenas en Chile, y 5) Las trasnacionales esperan beneficiarse del etnocidio y alzarse como las máximas propietarias de las riquezas hidráulicas. La española Endesa ya lo hizo en 1999 con la presa Ralco, al quedarse con los territorios del pueblo pehuenche y causar la desaparición del patrimonio cultural del mismo. Así, todos son parte de un festín propio de la globalización neoliberal no apto para demócratas.
La lucha fue dura. Ralco, un punto de inflexión. Ahora se pasa al ataque final. En diciembre de 2001 se acusa de un incendio intencionado de pinos, propiedad de Forestal Mininco, a líderes de la coordinadora Arauco Malleco y comuneros mapuches. Se les aplicará la Ley antiterrorista, entre otros a Héctor Llaitul, Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil, Patricia Troncoso y José Henchunao.
Esta estrategia pueril es la forma de mostrar al pueblo mapuche el descontento por su correosa defensa de los derechos territoriales. No deben levantar la cabeza frente al hombre blanco. Y si lo hacen, sufrir las consecuencias. El gobierno aplica la Ley antiterrorista como montaje del Estado. Posteriormente simula un juicio donde los testigos de la acusación salen encapuchados, sin rostro, sin nombre real. Donde comuneros mapuches inculpan a sus compañeros tras torturas, amenazas de muerte a sus familias y el allanamiento de sus domicilios. Y cuando superan el miedo y cuentan la verdad de los hechos, el juicio es suspendido sine die por orden del Estado, pero no se paralizan las sentencias.
Tras siete años y ante la ignominia, en octubre de 2007 iniciaron una huelga de hambre. Hoy, en 2008, Patricia Troncoso va a cumplir 80 días sin alimentos. Está a punto de morir. El resto de los inculpados desisten esperando una rectificación por parte del gobierno. Su pliego de peticiones es simple: libertad a presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin de los allanamientos policiales. La mediación del obispo de Temuco parece no ser suficiente. Patricia ha perdido 22 kilos. Su carta a Bachelet es descarnada, aquí algunos párrafos: “Yo quiero preguntarle(...) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta?(...) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.
El informe del relator especial de las Naciones Unidas y las libertades fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a dos años del caso, en 2003, recomendó al gobierno de Chile no criminalizar y penalizar las legítimas actividades de protesta social de las comunidades indígenas, la no aplicación de la Ley antiterrorista, la revisión del caso de los lonkos procesados, la reforma del proceso penal de testigos sin rostro, no aplicar el concepto de amenaza terrorista o asociación delictuosa para hechos relacionados con la lucha por la tierra o reclamos legítimos de los pueblos indígenas. Asimismo, mostró, en nombre del comité, la preocupación por aplicar dos leyes: la antiterrorista y la de Seguridad del Estado en las tierras ancestrales mapuches. Sin embargo, sus recomendaciones han quedado sin efecto. El plan del gobierno de la Concertación y la oposición sigue siendo el exterminio mapuche. Para este objetivo, Chile desconoce tratados internacionales, no cumple convenios ni respeta acuerdos. Esperemos que el Estado chileno no consume su crimen de lesa humanidad contra el pueblo mapuche. Si lo hacen, los actuales dirigentes políticos pasarán a la historia como etnocidas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/05/i ... e=014a2polEx Juez Guzmán: "al gobierno chileno le quedó grande el 'buque indígena'"
Enviado por ikindoran el Dom, 20/01/2008 - 12:26 análisis | Chile | indígenas
mapuexpress.net
El poder gubernamental no ha sabido manejar el conflicto, y ejerce la fuerza como medio de represión tanto en el plano judicial como en el policial, afirma. Guzmán, juez que procesó al dictador Pinochet, considera que los pueblos mapuche sufren "la peor invasión por las grandes potencias económicas, las que determinan el exterminio de las poblaciones originarias".
Por Oscar Bravo Fong
Santigo de Chile, 19 de enero 2008
Gentileza: Crónica Digital
El asesinato de un joven mapuche en la sureña región de la Araucanía por carabineros, los más de 90 días de huelga de una prisionera de esa etnia y sistemáticas protestas, aumentaron las tensiones del conflicto indígena chileno.
Para analistas, esos aparentemente hechos aislados tienen como trasfondo la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, entre ellas la defensa de sus tierras, aguas y protección del ecosistema.
Al referirse a esa situación, el ex juez Juan Guzmán Tapia, vinculado a la causa de los pueblos originarios, dijo en entrevista a Prensa Latina que desde hace más de 500 años la etnia mapuche fue víctima de la ocupación europea.
Esta nueva invasión, robo, ocupación y estafa, se incrementó con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en la que se exterminó a un elevado número de mapuche, denuncia.
Muchos pensaron -afirma- que en los posteriores cuatro gobiernos de la Concertación la situación iba a cambiar, pero como la Constitución chilena es neoliberal y discriminatoria, el Ejecutivo continuó con el mecanismo de dominación contra los mapuche.
Para el también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el propio estado chileno favorece la invasión de tierras por transnacionales, además de permitir la toma de predios forestales.
También contribuye a acrecentar las ganancias de las entidades forestales, de celulosa y eléctricas, aseguró.
Guzmán, juez que procesó al dictador Pinochet, considera que los pueblos mapuche sufren "la peor invasión por las grandes potencias económicas, las que determinan el exterminio de las poblaciones originarias".
De ahí -manifiesta- la resistencia y la reivindicación de las comunidades originarias, y también, el que se haya recrudecido la violencia, como el reciente crimen por carabineros del joven de esa etnia Matías Catrileo, de sólo 22 años.
Un dictamen del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones determinó que la bala que puso fin a la vida del joven, segunda víctima fatal por acciones de la policía contra activistas mapuche, fue disparada por su espalda.
AL GOBIERNO LE QUEDO GRANDE EL "BUQUE INDIGENA"
Recientemente usted planteó que al gobierno chileno le quedó grande el "buque indígena". ¿A qué se refería?, le pregunto.
El poder gubernamental no ha sabido manejar el conflicto, y ejerce la fuerza como medio de represión tanto en el plano judicial como en el policial, afirma.
Por otra parte -argumenta- se le ha ido de las manos el caso particular indígena, en el que se exige el diálogo, se reclama la creación de una comisión de ministros qu profundicen en el tema y resuelvan el conflicto.
Ello -precisa- mediante acciones como la creación de un ministerio que trate el tema indígena, tal como se hizo, por ejemplo, en Perú.
Pese a que el actual gobierno no ha aplicado la Ley sobre Conductas Terroristas, la anterior administración de Ricardo Lagos (2000-2006) hizo uso de esa legislación, la que fue promulgada en el régimen militar (1973-1990), consideró.
Un ejemplo de ello es la causa de la activista indígena Patricia Troncoso, quien juzgada en virtud de la Ley sobre Conductas Terroristas, al igual que otros mapuche, se le niegan beneficios carcelarios como el derecho a visita y las salidas dominicales.
Según Guzmán, "en Chile se castiga un homicidio con cinco años y un día de cárcel, sin embargo, en la práctica se sancionaron con penas de 10 años conductas terroristas como incendios a predios forestales".
-La presidenta Bachelet nombró este mes una comisión de ministros para enfrentar la crisis. ¿Esa medida podría resolver los problemas existentes con las comunidades mapuche?
Siempre y cuando esto no sea una medida política -apunta- podría dar grandes satisfacciones a ese pueblo, porque en el fondo no se trata de prometer, sino de consensuar medidas que vayan en su beneficio.
-¿De demorarse la solución al conflicto, qué consecuencias podría traer esta situación?
Chile está pidiendo formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, sin embargo, no estamos respetando las garantías de cada ciudadano, manifiesta.
También -expresa- afectaría el desarrollo turístico de regiones del país como Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, pues nadie quiere ir a las áreas donde existe un conflicto ni invertir en ellas.
Creo que la situación mapuche es una bomba de tiempo, lo que hoy es un conflicto localizado en algunos focos del país, podría extenderse a otros lugares y las consecuencias serían aún más drásticas, considera.
-En 2006, usted presentó ante la comisionada de las Naciones Unidas un documento redactado por un líder mapuche en el que planteaba detalladamente las reivindicaciones de dicho pueblo. ¿Qué otras acciones piensa desarrollar a favor de esta causa?
Me nombraron werkén (vocero) las comunidades lafkenche del sur de Chile y otras agrupaciones indígenas en forma oficiosa, y me dieron la posibilidad de hablar en nombre de ellos.
Sigo con la mejor disposición a intervenir a favor de las demandas indígenas porque es una causa justa, subraya.
-¿Considera a los mapuche presos políticos?, le interrogo.
Ellos -asegura- luchan por su mejora socio-económica, por la recuperación de tierras, el idioma, las costumbres y la religión, para que puedan practicarse abiertamente.
¬_¿Qué lo anima en términos personales a asumir la defensa mapuche?
Es un tema que me ha interesado siempre. Desde mi juventud fui americanista, en el sentido de que entendía y privilegiaba las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Hoy, naturalmente uno debe ser más selectivo y dirigir la mirada hacia algo más concreto. Ese algo es precisamente el pueblo mapuche, del que estoy más cerca, asevera.
Autonomía mapuche: aproximaciones a un derecho
La Nación (Chile)
Para recuperar derechos territoriales de los mapuches es necesario cuestionar premisas liberales.
Álvaro Ramis | Chile de un vistazo.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas [59,59 kB]
Manifestación en repudio por la muerte del universitario mapuche Matías Catrileo.
A finales del siglo XIX el pueblo mapuche fue diezmado y arrinconado en escasos territorios, perdiendo la autonomía que tuvo de modo incuestionable hasta entonces.
Ya en el siglo XVII, la corona española había reconocido la inviolabilidad del suelo y de la autodeterminación mapuche mediante el Pacto de Quilín, de 1641, acuerdo ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803 (el último celebrado con España) y por el cuarto Tratado de Tapihue de 1825.
Este último, firmado por la nueva república chilena, estableció que ella no violaría la mutua frontera, al afirmar que: "Haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían de una y otra parte, queda desde luego establecido, que el Chileno que pase a robar á la tierra y sea aprehendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere, así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Bío bío que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos".
Sin embargo, pocas décadas después, el Gobierno dictó las leyes del 2 de julio de 1852 y el 4 de diciembre de 1866 que constituyen el inicio de un proceso de apropiación del territorio indígena.
Las sangrientas campañas militares de Cornelio Saavedra en 1862 y 1868-1869 no pudieron acabar por completo con la autonomía territorial, que sólo terminó con la campaña de exterminio indígena lanzada desde Argentina por el general Julio A. Roca en 1878, concluida en Chile en 1883.
Los territorios conquistados se declararon terra nullius, y el Estado chileno procedió al despojo de millones de hectáreas, que pasaron a manos de los colonizadores. Para fijar la residencia indígena se formó una Comisión Radicadora, a cargo de asignar los límites de las nuevas tierras mapuche y otorgar nuevos títulos de dominio, conocidos como Títulos de Merced.
Entre 1884 y 1929 se entregaron 3 mil 78 títulos, correspondientes a 475 mil 194 hectáreas, destinadas a 77 mil 751 personas. Cada título conformó una reducción indígena.
La política asimilacionista implementada por el Estado ha variado históricamente en cuanto a medios y formas jurídicas de desposeimiento. Hoy, el proceso sigue operando, bajo el sustento legal del artículo N 1 de la Constitución: "La Nación Chilena es única e indivisible".
Así, se impide cualquier posibilidad de plantear el establecimiento de un Estado plurinacional, como el logrado en otros países latinoamericanos. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que incorpora a las legislaciones nacionales sus derechos colectivos, como el a la tierra, a la consulta, a la participación, al territorio, y la libre determinación.
El escaso territorio mapuche hoy es absorbido por las nuevas inversiones extranjeras, caracterizadas por su desarticulación de la economía local y su falta de sostenibilidad ambiental. Grandes proyectos energéticos, forestales o de infraestructura vial.
La única relación de las compañías con las comunidades mapuches es contratar peones de construcción de carreteras, obreros no-calificados en la explotación de plantas, personal de servicio o a veces, proveedores de conocimiento tradicional para la bio-prospección.
Para el pueblo mapuche es imposible llegar a establecer una relación armoniosa con una economía de mercado, en las condiciones en que se implementa hoy. Si bien los mapuches demandan un tipo de inserción económica que permita satisfacer sus necesidades materiales, el objetivo no puede alcanzarse si implica sacrificar su seguridad alimentaria, su identidad cultural y su control de los recursos naturales, tanto hoy como en el futuro.
Los inversionistas, animados en exclusiva por obtener un retorno rápido de su dinero, caracterizan a los indígenas como un obstáculo en la realización de sus planes, y tratan descaradamente de arrebatarles el control de su territorio. No trepidan en ejercer las formas más agresivas y humillantes de discriminación y abuso.
Para tener avances significativos en recuperar los derechos territoriales y autonómicos del pueblo/nación mapuche es necesario cuestionar las premisas liberales que suponen la neutralidad del Estado y avanzar hacia "derechos diferenciados".
No basta decir, como Jürgen Habermas, que la ciudadanía multicultural consistiría sólo en adherir de modo voluntario a los principios constitucionales, lo que permitiría a cada cual seguir "las tradiciones de su tribu".
Este tipo de afirmaciones oculta la trama histórica en la que se tejieron los marcos legales de nuestras sociedades. Se requiere una nueva concepción de la identidad cívica, fundada en el criterio de la solidaridad, no en el de homogeneidad legal.
Anda, no era la Corona la exterminadora. Curioso que es al Corona la que garantiza la existencia del pueblo mapuche, 1641 y 1803. A nosotros, los españoles, no nos carguen el debe de las acciones de Saavedra, y de Roca. Es el Chile independiente el que lanza una campaña en la decada de 1860, de verdadero exterminio, al estilo de los estadounidenses, con reservas, llamadas "comisiones radicadoras"... debe ser la herencia de los bebedores de Té que llegaron una vez independizado Chile. Con razón los mapuches eran realistas, su vida estaba asegurada con la Corona.
Un Saludo.
a cambio de reconocer como soberano a C4. Mira por donde, inventamos la Commonwealth antes que los bebedores de Té.
