hoy se cumplen SEIS MESES DE LA TRAGEDIA DEL SAN-100 en calidonia
SAN avanza a media máquina
El servicio aéreo solo tiene un helicóptero operativo, y otros dos esperan la llegada de varios repuestos al país.
Ya transcurrieron seis meses desde que 11 personas perdieran la vida en la tragedia del helicóptero SAN-100, y aunque el informe definitivo del accidente no ha sido entregado todavía, son varias las cosas que han cambiado en el Servicio Aéreo Nacional (SAN) desde aquel fatídico 29 de mayo.
Si bien el plan de modernización del SAN fue presentado en el mes de febrero pasado, tres meses antes del siniestro en Calidonia, no hay duda de que su ejecución se aceleró tras el accidente; a tal punto que el Ejecutivo ha autorizado desde esa fecha el desembolso de unos 28 millones de dólares para la adquisición de nuevas aeronaves, la reparación de otras tantas, y la capacitación de pilotos y técnicos.
Pero mientras los desembolsos se hacen efectivos, actualmente el servicio aéreo tiene solo un helicóptero operativo, y otros dos esperan por la llegada de varios repuestos al país, cuya orden de compra ya fue gestionada. Además, otros dos aviones están en mantenimiento.
Contratos millonarios
Los desembolsos incluyen unos 10 millones de dólares aportados por el Gobierno de Taiwan, y abarcan además la suscripción de, por lo menos, tres contratos millonarios.
Rigoberto Gordon, hasta la semana pasada director del SAN y ahora director del Servicio Nacional Aeronaval –que iniciará operaciones el próximo 22 de diciembre–, dijo a este diario que, aunque el informe final del siniestro no ha sido difundido aún, desde el mismo momento de la tragedia –como ocurre con cualquier accidente– la propia institución empezó una revisión de todos los procedimientos, con miras a adecuarlos para evitar nuevos incidentes.
Equipos y capacitación
Pero como quiera que las necesidades más apremiantes de la entidad guardan relación –antes y después de la tragedia– con la flota del servicio y su personal, en esa misma dirección han estado orientados los mayores esfuerzos del denominado “plan de modernización”.
Es así como en los últimos meses se concretó la adquisición de dos nuevos helicópteros –ambos de paquete–, un Eurocopter EC 145, valorado en 7.5 millones de dólares, y otro Bell 412, cuyo costo asciende a 10 millones de dólares, estos últimos donados por Taiwan.
Según Gordon, la primera de esas naves, comprada a la empresa Eurocopter de México S.A., debe llegar al país en enero de 2009; mientras que la segunda, adquirida directamente a la estadounidense Bell, debe aterrizar en febrero del próximo año.
Además, para el mes de marzo de 2009 está previsto que regresen al servicio aéreo tres de los cinco helicópteros Bell 212 que son reparados actualmente por Helitech Canadá, a un costo de 5 millones de dólares.
Y para el primer trimestre del año entrante también está previsto que concluya el contrato de modernización suscrito entre Panamá y la empresa española Aeds Casa, por un monto de 4.7 millones de dólares, el cual incluye la reparación de tres de las aeronaves Aviocar C 212 del Primer Escuadrón de la institución.
“También hemos realizado esfuerzos significativos en la capacitación de nuestro personal. Por ejemplo, mandamos a Estados Unidos a 10 nuevos pilotos que tomamos de las filas de la Policía Nacional, y a otros países a por lo menos 40 de nuestros técnicos, estos últimos para que hicieran cursos de actualización”, señaló Gordon.
50% de avance
De acuerdo con el funcionario, el plan de modernización ha avanzado hasta ahora cerca del 50%. Ya para el año que viene está previsto, según explicó, suscribir los contratos para la adquisición de otras aeronaves, que llegarían al país en un período de dos o tres años.
Asimismo, informó que para comienzos de 2009 está programada la firma de un contrato con la Empresa Nacional Aeronáutica de Chile, para la reparación y modernización de seis aviones T-35 Pillán modelo Delta, pertenecientes al Tercer Escuadrón del servicio y con los que se pondrá en marcha el proyecto de la escuela de aviación de Chiriquí. Gordon detalló que en el presupuesto de 2009 se incluyó una partida de poco más de medio millón de dólares, con la que se construirá parte de la infraestructura de la escuela, mientras que con los aviones Pillán se entrenará y capacitará a los pilotos. “De la primera fase del plan de modernización, resta poco. Ahora nos toca a todos poner nuestra voluntad y mejor esfuerzo para que la institución salga adelante. La segunda fase, que consiste en la compra de aeronaves nuevas, debe ser aprobada el año que viene”, apuntó.
Investigación continúa
La Fiscalía Tercera Superior, a cargo del fiscal Dimas Guevara, que lleva el caso del SAN-100, aún espera las conclusiones del informe de la Junta Técnica Investigadora de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá y de la fabricante de los motores (Pratt & Whitney).
De hecho, este retraso en la entrega de los informes –que se había anunciado estarían listos este mes– es el principal obstáculo que enfrenta la investigación penal sobre el accidente del pasado 29 de mayo, en el que falleció el general director de Carabineros de Chile, José Alejandro Bernales, y su comitiva .
El informe preliminar de la Junta Técnica Investigadora señaló que el SAN-100 se precipitó a tierra por un error humano del piloto Juan Delgado. Sin embargo, el fiscal Guevara –quien sustituyó a la fiscal Maruquel Castroverde, que inició la investigación– ha dicho que se requieren los informes finales para concluir la instrucción sumarial.
Al respecto, las autoridades chilenas prefieren que las investigaciones sigan su curso, y evitaron hacer comentarios por el momento.
Reclamos pendientes
Por su parte, el abogado de la familia Bernales, Álvaro Baeza, dijo a este diario desde Chile que sus esfuerzos están encaminados a que se constituya finalmente la “mesa de acuerdo reparatorio”, fijada entre Chile y Panamá, para responder las demandas de los familiares de las víctimas de la tragedia aérea.
En este sentido, Baeza informó que entre el próximo 8 y el 15 de diciembre vendrá a Panamá una comitiva chilena para formar la mesa. “Preliminarmente –dijo– la mesa estará integrada por cuatro miembros de lado y lado”. El objetivo es “analizar el alcance que ha tenido esto y llegar a un acuerdo reparatorio”, explicó Baeza.
Por tal razón, aseguró, “no nos involucraremos en la investigación” ni se gestionarán indemnizaciones con la compañía de seguros, “sino con el Gobierno, que es el responsable”. “Esto es una conversación entre gobiernos” y a ese nivel se debe mantener, puntualizó Baeza.
El pago de los seguros del SAN-100
Amelia Valdés, dueña de uno de los 12 quioscos afectados por la caída del SAN-100, estaba ayer en calle Q, donde ocurrió la tragedia, en un puesto improvisado de venta de llaveros (antes vendía guineos). Valdés dice que la indemnización de 400 dólares que recibió (200 en bonos del súper Xtra y los otros 200 en efectivo) no es suficiente para volver a poner su tienda, por eso ahora vende otras cosas. En otra esquina estaba Carlos Evers, un anciano vendedor de cigarrillos que vio cómo se precipitó el helicóptero aquella tarde del 29 de mayo de 2008. Con voz baja y pausada dijo que tras el accidente las ventas por esa calle bajaron.
En la calle Q de Calidonia aún hay rastros del accidente. El Banana Price, donde se chocó la aeronave, está cerrado.
A la fecha, 11 de los 12 dueños de quioscos fueron indemnizados, dijo Mauricio de la Guardia, vicepresidente de la Internacional de Seguros, S.A., la aseguradora del SAN-100. Además, agregó, se indemnizó a tres dueños de carros afectados y a un transeúnte que quedó lesionado.
Solo falta la indemnización a los dueños del edificio donde se estrelló el helicóptero y a los dueños del almacén afectado, señaló de la Guardia. En cuanto a los pasajeros del SAN-100, dijo que para pagar a las víctimas chilenas falta un juicio de sucesión.
Rigoberto Gordon, director del Servicio Aéreo Nacional, dijo que la aseguradora ya pagó a los familiares del piloto Juan Delgado y del mecánico Reynaldo Serna, ambos del servicio aéreo, la póliza por muerte de 70 mil dólares a cada uno. Aclaró que en el caso de los funcionarios de la Policía Nacional Gerardo Polanco, María de Célis y Calixto Cedeño, la aseguradora no ha pagado debido a que también falta un proceso judicial de sucesión.