Al lehendakari Imanol Pradales (PNV) le sentó mal que el expresidente de Cataluña, Pere Aragonés, dijera que su partido había logrado un pacto fiscal que sí sería solidario al anunciar el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para investir como su sucesor a Salvador Illa. El presidente del País Vasco detectó en esa frase cierta intención de "contraponerlo a un presunto modelo insolidario", el suyo, el del cupo vasco, algo que consideró "innecesario y desacertado".
Así lo admitió este domingo en una entrevista en La Vanguardia en la que defendió que el concierto económico con su comunidad foral es solidario con el resto de territorios. Sin embargo, la defensa plantea dos problemas de partida. Por un lado, el cálculo del cupo (la aportación que hace anualmente el País Vasco al Estado para compensarle por los servicios que le ofrece y que no están transferidos) es tan poco transparente que una defensa de su solidaridad es complicada. Y, por otro, expertos consultados por este periódico apuntan a que lejos de ser solidario con el resto de comunidades, son el resto las que lo son con el País Vasco.
"Los contribuyentes del resto de España están financiando políticas en el País Vasco con 2.000 millones, mientras ellos no aportan nada al resto", apunta a EL MUNDO Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y exdiputado por Ciudadanos.
"Son receptores netos del resto del país porque se benefician de una parte del IVA del resto de España y porque el déficit de las pensiones de la Seguridad Social se financia con impuestos de los contribuyentes que no están ni en la Comunidad Foral de Navarra ni en el País Vasco", agrega, en alusión a las transferencias que anualmente hace el Estado Central -con cargo a los impuestos que recauda en las autonomías del régimen común a la Seguridad Social-.
El País Vasco paga anualmente un cupo al Estado que en 2023 se situó en 1.471 millones de euros, lo que teóricamente sirve para cubrir un 6,24% de los gastos generales del Estado de los que se beneficia el País Vasco. Ese porcentaje se fijó en 1981, porque entonces era el peso que tenía esta comunidad en el total del PIB español y desde ese año no ha variado a pesar de que la región ha ido perdiendo dinamismo y representatividad en la economía nacional. Este es uno de los argumentos que utilizan los defensores de la solidaridad del cupo para alegar que lo es, ya que su PIB supone con datos de 2022 un 5,89%.
"Hay que tener en cuenta: primero, que históricamente ha sido al revés, la economía vasca tenía un peso superior a ese 6,24%; segundo, que la diferencia entre ambas medidas es mínima [se calcula que la aportación debería ser de tan sólo 83 millones menos si se usara ese porcentaje]; y, tercero, que si nos creemos los datos del instituto de estadística vasco la participación del País Vasco en el PIB del país está por encima. En todo caso, esa sería su contribución teórica a la solidaridad, que sería mínima; pero es que además cuando se analizan las variables que se computan para calcular el concierto se ve que todas están medidas para favorecer al País Vasco, así que su teórica pequeña aportación a la solidaridad quedaría muy difuminada", apunta por su parte a este periódico Ignacio Zubiri, doctor en Economía por la Universidad de Princeton, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco y uno de los economistas que más ha estudiado el sistema del cupo.
Más allá de que esa presunta contribución sea "ridícula", en palabras de Zubiri, hay que tener en cuenta que hay dos ajustes que se hacen para llegar a determinar la cuantía que debe abonar el País Vasco al Estado que le benefician sobremanera.
El primero es el que se hace por el IVA. Cualquier empresa grande que facture en toda España liquida el IVA y el Impuesto de Sociedades en todas las haciendas -es decir, la Agencia Tributaria y las cuatro forales- y luego la parte de la recaudación que se reparte entre las comunidades del régimen común se articula en función de su porcentaje de consumo. En 2022, las diputaciones forales vascas recaudaron 4.230 millones de euros (el 4,64% del total nacional), mientras que su consumo final interior medio es del 5,4%. Si se aplicase este último porcentaje para calcular cuánta de la recaudación del IVA pueden quedarse -como ocurre con el resto de regiones- saldría que el Estado debe abonar 784 millones al País Vasco, sin embargo esa cuantía en verdad ascendió a 2.692 millones en 2022, con lo que recibió unos 1.900 millones de más. De la diferencia de esta cuantía y el cupo se deduce que la región recibe ya una transferencia de unos 440 millones del resto de autonomías.
A esto se suma que la Seguridad Social viene necesitando en la última década transferencias milmillonarias de la Administración Central para poder hacer frente a sus gastos, aquellos que son considerados impropios (como los complementos a mínimos), pero también otros como la paga extra de las pensiones, dado que el Fondo de Reserva -la llamada 'hucha de las pensiones'- está prácticamente vacía.
Ese dinero procede de los impuestos que pagan sólo los territorios del régimen común, pero de él se benefician los pensionistas de todo el país, incluidos los vascos y navarros.
En 2022, por ejemplo, del déficit de 33.428 millones, 4.270 millones procedían del País Vasco. Esto último no se tiene en cuenta al calcular el cupo. Los expertos consultados por este diario ven razonable que ese déficit sea asumido por el País Vasco o bien que asuma la parte que le corresponde de las transferencias del Estado, el equivalente a unos 1.500 millones.
Al no hacerlo, se beneficia de una contribución del resto de comunidades superior a los 2.000 millones de euros.
Un sistema cada vez más insolidario
Además, Zubiri señala que más allá de estas transferencias el País Vasco recibe una aportación del resto de España porque el sistema es de caja única.
"Tiene una sociedad más envejecida y menos cotizantes por pensionista que en el promedio de España, así que se están utilizando cotizaciones del resto de España para pagar sus pensiones. La cotización media del País Vasco es verdad que es superior a la del resto, pero también lo es la pensión media y en ese diferencial gana la pensión, así que la comunidad recibe una aportación del resto de España", apuntala.
A futuro, De la Torre cree que este asunto "será explosivo", porque
"el sistema será cada vez más insolidario conforme vaya aumentando el déficit de la Seguridad Social, que aumentará más aún en el País Vasco porque sus índices de natalidad son los peores de España, porque han tenido los mejores empleos y cotizaciones más altas, pero también las pensiones más elevadas".
La solidaridad del cupo está, por tanto, en entredicho, como lo ha estado siempre dada la opacidad de su cálculo, pero ahora centra las conversaciones a raíz del pacto fiscal alcanzado con Cataluña y la intención de los partidos nacionalistas de articular un sistema similar al vasco. Ahora bien, por más que se cuestione el modelo foral -blindado en la Constitución y con raíces históricas- los expertos descartan que ningún partido político se atreva a intentar cambiarlo.
Por si acaso, el lehendakari y la presidenta de Navarra ya han salido a defender sus sistemas forales, llegando incluso a publicar un artículo de opinión firmado conjuntamente en varios periódicos. Algo que no se había visto nunca.
https://www.elmundo.es/economia/macroec ... b459f.html
